HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS

Perla Histórica. Arturo Prat, el Jurista. Por Mario Barrientos Ossa

PERLA HISTORICA.

         Con motivo de conmemorarse hoy el aniversario del Combate Naval de Iquique y la gloriosa muerte de Arturo Prat Chacón, cuya figura fulgura en nuestra historia, acompaño un estudio acerca de su desconocida faceta de abogado, que portaba nuestro héroe naval máximo. Asimismo, rindo un tributo de admiración a Miguel Grau, cuya hidalguía fulguró en ese épico combate.

ARTURO PRAT, EL JURISTA.

Mario Barrientos Ossa.

Me parece necesario recordar que Prat fue abogado, que se sintió llamado por el mundo del Derecho, y que con grandes sacrificios pudo conciliar su labor como oficial de la Armada con las aulas universitarias, hasta lograr su meta.

Considero un agrado reproducir en estas líneas una reseña de esta poco conocida etapa en la vida de Prat, que nos hace sentir el orgullo de proclamar que nuestro héroe es el abogado de muerte más gloriosa en nuestra historia.

La autoridad universitaria extendió el siguiente informe, con fecha 23 de julio de 1876: “Señor Rector: Don Arturo Prat Chacón ha rendido examen de Código de Minas y Práctica Forense y en ambos salió aprobado unánimemente. Puede ser admitido a las pruebas finales. Enrique Tocornal”.

El 26 de julio se informa que rindió su examen de grado, ante los profesores Ocampo, Cerda, Vergara Albano, Lira y Tocornal, y fue aprobado unánimemente. Enseguida leyó una memoria sobre la Ley de Elecciones y fue igualmente aprobado. Firma el mismo Enrique Tocornal.

El 31 de julio rindió su examen ante la Corte Suprema y fue aprobado. Cabe recordar que en esos años, la Excma. Corte examinaba a cada uno de los postulantes al diploma, y esa es la explicación que hasta hoy, el título no lo otorga la Universidad, sino la Excma. Corte, aunque se haya perdido la razón de ser que le dio origen, puesto que tales exámenes ya no se llevan a cabo.

A título de anécdota, cabe recordar lo que publicó el decano de nuestra prensa nacional, “El Mercurio” de Valparaíso, con fecha 2 de agosto de 1876, con el siguiente tenor:         “Ayer rindió examen de abogado ante la Corte  Suprema de Justicia, el capitán de corbeta, segundo comandante de la Esmeralda, don Arturo Prat.  El señor Prat solo ha concurrido  a las aulas del Instituto Nacional, para rendir siempre las más brillantes pruebas de competencia en los diversos ramos del Derecho. Nuestro foro  ha hecho, con el ingreso del señor Prat, una valiosa adquisición. A su talento distinguido para apreciar con rapidez las más intrincadas  cuestiones de Derecho, une  un carácter investigador  y un espíritu analítico que le permite profundizar   y resolverlas con el acierto de un viejo jurisconsulto. Es un abogado en la más estricta acepción de la palabra y de ello tenemos pruebas evidentes  en algunos escritos que la prensa ha registrado sobre cuestiones de jurisprudencia y en los cuales campean  la observación certera y el lógico razonamiento. Lo mismo nos prueban algunas defensas que el señor Prat  ha hecho con brillo en consejos de guerra y que también se han publicado. Nuestra Armada, cuenta desde hoy, con un abogado, que es el primero salido de su seno. Lo felicitamos por ello y felicitamos también al joven jefe cuyo amor a la ciencia no podía menos que servir de poderoso estímulo a sus alumnos de la Escuela Naval”.

Nótese que Prat no fue un alumno del montón, y que su aventura de titularse de abogado mereció elogiosos comentarios en la prensa, lo que revela que era conocido por sus condiciones intelectuales y morales.

El 27 de julio de 1876, su esposa Carmela Carvajal le había escrito, refiriéndose a la aprobación de su examen de grado: “Mi Arturo adorado: En la mañana de hoy recibí juntas tus cartas del 25 y 26 portadoras de tan buenas nuevas, que me hicieron derramar lágrimas de felicidad. Recibe, mi bien, mil y mil felicitaciones de toda la familia y en particular de tu Carmela que da gracias al Todopoderoso que ha premiado tus nobles esfuerzos. Lo único que siento es que me voy poniendo orgullosa pero esto no te dé cuidado, porque yo sé serlo a mi modo, tal vez el solo que lo sufrirá eres tú, porque te tendré más regalón…” En ese matrimonio reinaba el amor.

Casi tres años después de estos hechos, el héroe de la paz pasaba a la inmortalidad como el gran héroe de la guerra.

En ambas conductas, el código moral fue uno solo: terminar lo empezado, cumplir la palabra, aunque cueste la vida.

¡Cuán olvidado y envejecido yace ese mismo código, si observamos la realidad actual!

Un aporte del Pas Presidente Gustavo Basso Cancino

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

¿VA SIENDO HORA?

 

¿VA SIENDO HORA?

GDB Fernando Hormazábal Díaz

19/05/2023

¿Estado de Sitio en la macrozona Sur? Cada día se hace más recurrente escuchar a parlamentarios y en general a la comunidad afectada pedir medidas más drásticas y declarar el Estado de Sitio, ante la ola de atentados terroristas que pese a los sucesivos estados de emergencia –por más de un año– habiéndose renovado 23 veces están lejos de disminuir.

Los más exaltados claman contra las Fuerzas Armadas y Carabineros –con comprensiva razón– incluso algunos pidiendo la cabeza de los jefes de la Defensa Nacional; sentimiento que poco a poco ha comenzado a tomar cuerpo en el resto de la población del país.

Surgen entonces las preguntas del millón de dólares: ¿Han sido ineficientes y poco eficaces dichos estados de excepción? ¿Está preparado el personal de las instituciones para cumplir dichas tareas?

A la primera interrogante, sí bien algunos datos oficiales conocidos hasta el momento arrojan que habrían ocurrido menos hechos delictuosos, la sensación térmica parece indicar todo lo contrario; porque continúan las conductas delictivas y terroristas con la misma o mayor intensidad.

Con respecto a la segunda pregunta, es obvio que están preparados.

¿Dónde está la papa entonces? Toribio que un poco cree conocer del tema, expresa que siempre había tenido dudas sobre el particular y no por el régimen de excepción ni por los jefes de la Defensa Nacional como tampoco de su personal, sino por un estado de excepción acotado a determinadas rutas o caminos, con limitaciones propias de la protección a la infraestructura crítica y con las reglas de uso de la fuerza ridículas -por decir lo menos- a lo que se suman algunos jueces y fiscales que han hecho su agosto en juzgar a militares y policías.

Como muestra un par de botones: En los próximos días será juzgado un excarabinero que según la fiscal Chang alzó y tiró por sobre las rejas de un puente a un participante de una protesta no pacífica que huía de la policía, cual símil del hombre verde y el caso del exsoldado conscripto Jorge Saavedra M., un verdadero cadáver viviente que requiere atención de terceros a raíz de su delicado estado de salud, recientemente ingresado al penal de Colina 1 por un supuesto delito cometido hace varios decenios.

Hoy se clama el Estado de Sitio –Toribio en más de una ocasión lo ha sugerido– pero, como corresponde si de verdad se quiere terminar con el terrorismo, pero sin las consecuencias que ha traído después de 50 años a los que terminaron con la guerrilla del comandante Pepe.

Me atrevería a afirmar que muchos que lo imploran, jamás se han interiorizado de este; Toribio –con su falsa modestia– se permite, dar “algunas luces” al respecto, como respuesta a las siguientes interrogantes de las coordenadas de la acción.

¿Qué es el Estado de Sitio? Es uno de los 4 estados de excepción constitucional establecidos en el Art. 40 de nuestra C.P.E y regido además por la Ley. O.C. N°18415.

¿Quién está facultado para decretarlo? El presidente de la República (P. de la R.) con aprobación del Congreso Nacional. Si el Congreso no se pronuncia dentro de 5 días aceptando o rechazándolo tal cual se entenderá que se aprueba la petición del presidente.

¿Cuándo se decreta? En caso de guerra interna o grave conmoción interior.

¿Dónde se establece? En las zonas sujetas al Estado de Excepción Constitucional que la autoridad determine.

¿Cómo se establece? Mediante decreto supremo firmado por: el P. de la R., el ministro de Interior y el ministro de Defensa Nacional. Comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el diario oficial. El plazo será de 15 días, sin perjuicio que el presidente solicite su prórroga.

Las atribuciones que tendrá la autoridad serán las siguientes:

Restringir la libertad de locomoción; arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles determinadas por la ley y que no estén destinados a reos comunes; suspender o restringir el derecho de reunión.

Estas facultades podrán ser delegadas total o parcialmente en intendentes, gobernadores o jefes de la Defensa Nacional que él designe.

Serán facultadas por decreto supremo exento de la Toma de Razón, con la firma del ministro de Interior bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”.

¿Para qué se decreta? Para restablecer la normalidad constitucional sin afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus titulares y solo durante la vigencia del Estado de Sitio.

Los tribunales no podrán cuestionar los fundamentos ni circunstancias que tuvo la autoridad para decretar el Estado de Sitio, pero se podrá recurrir a las instancias de los recursos en el caso particular de las medidas adoptadas que afecten los derechos constitucionales.

Algunas precisiones. El P. de la R. puede aplicar el Estado de Sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión, medidas que pueden ser revisadas por los tribunales de justicia.

El decreto correspondiente con acuerdo del Congreso Nacional debe publicarse dentro de tres días, contado desde la fecha del acuerdo aprobatorio; o bien contado desde el vencimiento del plazo de diez días a partir de los 5 días si no hubiere habido pronunciamiento del Congreso.

Sin embargo, si el P. de la R. resuelva aplicar el Estado de Sitio con el sólo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, (COSENA) dicho estado comenzará a regir a contar de la fecha del acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Diario Oficial dentro del tercer día. (Art. 7 de su reglamento).

Con respecto a esta facultad, Toribio –a su modesto juicio– estima que existiría un contrasentido por cuanto según la Constitución Política (Art. 107) dicho organismo es solo un ente asesor del P. de la. R. y el único acuerdo que se puede tomar es para redactar su reglamento.

Sin embargo, en opinión de un destacado abogado de la plaza, al parecer Toribio estaría hilando muy fino, pues la referencia de esta atribución guarda relación con el hecho que mientras se pronuncia el Congreso, habiendo sido convocado el COSENA y solicitado por el P. de la R. la opinión al respecto y logrado el acuerdo de dicho órgano asesor –mayoría absoluta–podría declarar el Estado de Sitio de manera inmediata con la sola limitación del ejercicio de derecho a reunión.

No obstante, Toribio estima que el P. de la R. en dicho caso podría declarar el Estado de Sitio sin necesidad de consultar al COSENA y dando cumplimento a los plazos antes señalados.

Como los pacientes lectores de Toribio podrán apreciar, no solo se trata de que las fuerzas encargadas puedan hacer uso de sus armas –como lo señaló un diputado– sino el problema es más complejo.

Las organizaciones mapuches que están organizadas en armas contra el Estado y que lo han declarado públicamente, ejercen un control sobre determinadas zonas, hacen uso del terrorismo e impiden en consecuencia el Estado de Derecho.

La única forma de obtener éxito es recuperar el Estado de Derecho mediante una operación militar contra los diferentes núcleos subversivos que están ya individualizados y que el P. de la R. delegue sus facultades en Jefes de la Defensa Nacional, con Reglas de Uso de la Fuerza propias de esta operación –caso contrario será más de lo mismo– lo que obviamente ocasionará las consecuencias que se deducen por si solas.

Si alguna persona tiene una mejor solución sería bueno darla a conocer, porque han pasado más de 30 años y la situación se agrava cada día más.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

 

Columna de Opinión

REPUBLICANOS Y EL PELIGROSO SÍNDROME DE LA LISTA DEL PUEBLO

 

REPUBLICANOS Y EL PELIGROSO SÍNDROME DE LA LISTA DEL PUEBLO

Germán Silva Cuadra, Psicólogo, Académico, Consultor y Socio EQL

El Mostrador, 15/05/2023

No cabe duda de que el resultado obtenido por el Partido Republicano en las elecciones del 7 de mayo fue sorpresivo, no por la tendencia –se proyectaba que sería la colectividad más votada– sino por la magnitud del triunfo.

Un 35% que lo dejó no solo en una posición inigualable para lo que vendrá en el nuevo proceso constituyente, sino que también le puede abrir serias perspectivas de acercarse a algo que hace unos años era impensado: que la extrema derecha se convierta en gobierno, luego de un periodo marcado por el estallido social y de numerosos cambios en materia social y política que parecían indicar que Chile se inclinaba por una mirada cultural progresista.

Ya analizamos, en este mismo espacio, algunas de las variables que permiten entender –o al menos intentan explicar– qué le está pasando a la sociedad chilena, sometida a un incansable tobogán que nos ha llevado a movernos entre la izquierda y derecha –qué más claro que la dupla Bachelet/Piñera–, con pérdida total del centro y asumiendo posiciones extremas que hablan de un país muy polarizado.

Se podrá culpar a la Convención y la actitud arrogante de algunos de sus integrantes que pensaron que, con “pasar máquina” a los otros, conseguirían cambios radicales.

Por supuesto que se puede responsabilizar al Gobierno de Boric y a la sensación de inseguridad, lo que facilitó que las “ofertas” que trajeran más tranquilidad –aunque no tuvieran nada que ver con la nueva Constitución– fueran recompensadas por los electores.

Es un hecho, también, que el voto obligatorio transparentó a una población –hablamos casi del 50 % de los chilenos en edad de sufragar, los que solían tomar palco en las elecciones– que, al verse obligada a cumplir con el trámite, prefiere al ambiente conservador y que implique menor riesgo y costos.

Sin duda, el voto obligatorio es clave para entender las variaciones del péndulo entre el 18/O y el 7M, pasando por el 80 % que quería cambiar el texto, el 62 % de convencionales electos en calidad de independientes al año siguiente y, claro, la elección de un hombre de izquierda, quien obtuvo la votación más alta registrada por un Mandatario, hace poco más de un año.

¿Bipolaridad?, ¿esquizofrenia?, ¿miedo? O tal vez algo más simple: el chileno(a) se ha convertido en alguien exigente, sin paciencia y vocación opositora. No le importa que lo encasillen en la izquierda o en el Gobierno. Su pragmatismo es a toda prueba. Y sus oscilaciones también.

En ese contexto, Republicanos obtuvo un triunfo inobjetable. Y aunque las cifras dan cuenta de una nación completamente dividida y polarizada, lo cierto es que el partido de Kast puede hacer y deshacer lo que quiera en el Consejo.

No necesita más que unos pocos votos de Chile Vamos para aprobar, uno a uno, todos los artículos de la nueva Constitución sin contrapeso.

Claro que tampoco el partido de derecha pareciera temerle al fracaso. En redes sociales han dejado entrever que en ese escenario igual ganarían, porque quedará vigente la actual Carta Fundamental firmada en su origen por Pinochet. Una provocación innecesaria justo cuando en septiembre se celebran los 50 años del golpe de Estado.

Sin duda, el voto obligatorio es clave para entender las variaciones del péndulo entre el 18/O y el 7M, pasando por el 80 % que quería cambiar el texto, el 62 % de convencionales electos en calidad de independientes al año siguiente y, claro, la elección de un hombre de izquierda, quien obtuvo la votación más alta registrada por un Mandatario, hace poco más de un año. ¿Bipolaridad?, ¿esquizofrenia?, ¿miedo? O tal vez algo más simple: el chileno(a) se ha convertido en alguien exigente, sin paciencia y vocación opositora. No le importa que lo encasillen en la izquierda o en el Gobierno. Su pragmatismo es a toda prueba. Y sus oscilaciones también.

Por supuesto que el Partido Republicano tiene razones de sobra para celebrar. Sin embargo, las señales entregadas en estos primeros días representan una alerta no solo para el país –de repetir nuevamente la historia– sino incluso para sus propias aspiraciones políticas.

El rechazo de un nuevo texto representaría un fracaso para la sociedad chilena que podría generar una crisis política mayor, pero también significaría tirar por la borda lo logrado por Republicanos el 7M.

Eso de que igual ganarían con que se mantuviera la Constitución de Pinochet, es la explicación más infantil que podría esgrimir un partido político, en cuya esencia está la vocación de poder.

Veamos algunas de estas señales de alerta, que parecieran ser la copia calcada de los errores cometidos “por los otros” en el proceso anterior, es decir, eso mismo que ellos criticaron con acidez.

Declaraciones torpes y soberbias, como esa de que ellos podrían cambiar las bases del acuerdo –los famosos bordes– o que podrían eliminar reivindicaciones y derechos conquistados por la sociedad chilena hace décadas –incluido el aborto en tres causales–, que nada tienen que envidiar a Stingo –lo usan de ejemplo para todo–.

Y para qué decir del peor error de diagnóstico que podría hacer este partido: olvidar que una parte importante de ese 35 % votó por ellos como castigo a otros o porque pensaron que el Partido Republicano lograría –por obra de magia– controlar la delincuencia y no porque compartan todas sus posiciones extremas.

Como un espejo de la historia, la Lista del Pueblo –había sacado 20 escaños, de manera sorpresiva– cometió exactamente el mismo error de diagnóstico y ya sabemos cómo terminó la aventura.

Antes de asumir, Republicanos ya cuenta simbólicamente con su propio Pelao Vade, el consejero Aldo Sanhueza –acusado de abusos sexuales–, quien, pese a renunciar a la colectividad, se integrará al Consejo, convirtiéndose de seguro en un ícono de críticas de diversos sectores.

La asociación entre el Partido Republicano y Sanhueza será inevitable, más aún cuando este partido tiene precedentes en cuanto a que quienes renuncian –como Kaiser– siguen siendo voceros de la colectividad.

Pero también se equivoca el Partido Republicano al sobreestimar ideológicamente a sus electores, pensando que ese 35 % corresponde a gente radical-conservadora y de derecha. Esto fue lo mismo que hizo la Lista del Pueblo en su borrachera triunfal.

¿Qué pensarán las personas de sectores populares de la oposición de ese partido ante el aumento del salario mínimo o del royalty, de cuyos fondos saldrán 350 millones de dólares para combatir la delincuencia?

¿Supondrá Republicanos que la mayoría del país aún cree que Iglesia y Estado son indivisibles, de acuerdo con el relato del supranumerario del Opus Dei que los representará como consejero? ¿Qué pensará la gente que votó por ellos cuando uno de sus integrantes reivindica la Constitución vigente porque, dice, ahora los niños no andan a pata pelada?

Sin embargo, a partir del 7 de junio empezaremos a vivir la paradoja más grande de la historia política de nuestro país, esa de que quienes no querían cambiarle una coma a la Constitución vigente podrán imponer su mayoría sin contrapeso –ya han dicho que no apoyarán el cambio del Estado subsidiario a uno social, el único punto de consenso que hubo en los nueve meses en que se gestó el acuerdo de todos los partidos chilenos– y, por tanto, imponer sus términos en lo que podría ser, de acuerdo a lo que les hemos escuchado esta primera semana, una especie de refundación conservadora, es decir, la otra cara de la moneda del intento fracasado de la refundación progresista.

¿Alguna duda sobre la bipolaridad nacional?

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

 

Seguridad y defensa

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

 

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

Catalina Batarce

La Tercera PM, 19/05/2023

A la espera de diligencias clave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que lleva la indagación por el secuestro de tres funcionarios penitenciarios de la cárcel de Angol, ocurrido el domingo 7 de mayo.

Esto, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, dado que con dichos insumos los persecutores pedirán audiencia para formalizar a los involucrados: 17 comuneros mapuche que estaban, en esa fecha, habitando el módulo F y que incluso han iniciado huelga de hambre para oponerse a sanciones.

Como dan cuenta datos de la causa, enfrentarían cargos por los delitos de secuestro, maltrato de obra, lesiones, amenazas y atentado contra la autoridad, que son los ilícitos que, hasta ahora, han pedido indagar los querellantes.

“La Fiscalía de Alta Complejidad está a la espera de los resultados de las diligencias encomendadas a la PDI, las cuales dicen relación con el análisis de las grabaciones de los hechos, además de toma de declaraciones a víctimas y testigos, entre otras pericias. De esta forma, se busca determinar la dinámica de los hechos, la calificación jurídica que corresponda y la participación que cabe a cada uno de los imputados”, comentó a La Tercera Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Y agregó que cuando se cuente con los referidos informes policiales “se tomará decisiones respecto de la causa y se pedirá, eventualmente, audiencia de formalización de la investigación y también las medidas cautelares que corresponda”. Como los involucrados están actualmente privados de libertad, la vocera explicó que igualmente se podría solicitar que quedasen sujetos a prisión preventiva; esto, ante la posibilidad de que pudiesen quedar libres en otra indagación.

En concreto, se analiza la participación en los hechos de: Fabián Llanca Nahuelpi, Juan Queipul Millanao, Hanthu Llanca Quidel, Máximo Queipul Huenchullan, Joaquín Millanao Queipul y de Freddy Marileo Marileo, quienes fueron identificados como “cabecillas del motín” y que, por lo mismo, fueron trasladados a distintos penales de la zona centro sur del país.

Además, se evalúa el rol que tuvieron los otros 11 internos del citado módulo: Juan Ignacio Cortés Penchulef, Ismael Fritz Ñancul, Simón Huenchullán Millanao, Joaquín Huenchullan Queipul, Sergio Huentecol Melinao, Alejandro Liguen Venegas, Boris Llanca Nahuelpi, Pedro Palacios Cañuta, Jorge Palacios Cañuta, Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro.

Consultado respecto del curso de la indagación, el abogado que representa a dos de los gendarmes secuestrados, Óscar Ulloa, de Ulloa Oviedo Abogado y Asociados, manifestó a este medio que espera que las diligencias sean agilizadas por parte de los investigaciones y que “ojalá los responsables sean sentenciados a las penas más altas y se apliquen condenas efectivas”.

“Es hora de dar una señal respecto de lo que está ocurriendo en La Araucanía y específicamente en Angol, porque estos internos no pueden hacer lo que quieran, no están sobre la ley. Los gravísimos hechos que se han suscitado en la zona las últimas semanas pueden tener vinculación con lo ocurrido en el penal, pero que en esta ocasión hayan existido consecuencias para los internos mapuche que infringieron la norma, era lo que debía hacerse. Gendarmería hace ya bastante tiempo no aplicaba traslados para mapuche, con estos señores no se estaba haciendo nada”, manifestó.

A su juicio, aquello deriva directamente de asuntos políticos y de una “laxa” interpretación del Convenio 169 de la OIT. “Es cierto que hay ciertos criterios especiales a tener en cuenta con esta parte de la población penal, pero eso no puede implicar que estén por sobre la ley. Y esto viene desde hace varios gobiernos y administraciones de Gendarmería”.

“Aquí claramente los responsables directos del secuestro y lesiones de los funcionarios son los 17 comuneros, pero también hay responsabilidades políticas que se deben hacer valer”, sentenció, haciendo referente a que, por lo menos, deben hacerse sumarios efectivos que puedan dilucidar el rol que cumplieron las autoridades administrativas.

Los seis cabecillas. Seis internos, de acuerdo con el parte denuncia de los hechos elaborado el domingo 7 de mayo, fueron quienes inicialmente habrían incitado los movimientos y bloqueos al interior del módulo.

Se precisa, en ese sentido, que Llanca Quidel fue quien manifestó al jefe de Régimen interno (S) del penal, que no iban a dejar retirarse al personal que se encontraba en el módulo hasta que se apersonara el director regional de Gendarmería.

Él, se agrega en el escrito, fue quien ordenó “a los demás comuneros no dejar huir al personal y que continuaran bloqueando la totalidad de los accesos”.

Ahí, cuando el reloj marcaba las 9:40 de la mañana, continúa el relato, fue cuando Llanca Nahuelpi y Marileo Marileo entraron a escena. Ambos, junto a Llanca Quidel -siempre según se indica en el parte- insistieron en que “los tres funcionarios que se mantenían al interior de la dependencia iban a quedar retenidos”.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía está a la espera de pericias clave que le permitirán pedir audiencia de formalización contra los 17 internos que son indagados por el motín ocurrido el pasado 7 de mayo. Entre otras diligencias se revisan las grabaciones de esa jornada a fin de definir el grado de participación de los involucrados. A juicio del abogado que representa a dos de los gendarmes afectados, se requiere que los comuneros reciban máximas sanciones.

Ellos, se describe, fueron quienes ordenaron al resto de los comuneros actuar. Pidieron que con sus weños (implemento de madera para jugar palín) y elementos contundentes, “se mantuvieran de custodia del personal no permitiéndoles el libre desplazamiento por el patio de dicho modulo”, lo que derivó en la adopción de los procedimientos correspondientes y que a eso de las 10:00 horas, se diera cuenta al fiscal de turno.

  • Hanthu Llanca Quidel: Permanece en prisión preventiva y ha sido formalizado en reiteradas ocasiones por diferentes delitos. Entre ellos, por homicidio frustrado de carabineros, robo con violencia, porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación de vehículo motorizado y receptación de especies. En 2020 fue sindicado como proveedor de marihuana, en medio de la investigación que incluyó un mega allanamiento en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla. Anteriormente, había sido detenido por porte ilegal de armas, y en 2017 y 2019, fue arrestado por participar de una toma de terrenos en Pailahueque.
  • Fabián Llanca Nahuelpi: En febrero fue condenado a cuatro años de cárcel, en calidad de autor del delito consumado de receptación, ilícito perpetrado en mayo de 2020, en la comuna de Ercilla. En la misma instancia, fue condenado como autor del delito de conducción de vehículo motorizado con placas patentes falsificadas. Se le absolvió, eso sí, por los delitos de disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.
  • Freddy Marileo Marileo: Condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales y por porte ilegal de arma. Es sindicado por investigadores policiales de la zona como un exintegrante del grupo Weichan Auka Mapu (WAM), el cual en medio de ataques que ha reivindicado ha dejado una serie de lienzos donde exigen su liberación.
  • Juan Queipul Millanao: Fue condenado en 2022 por el homicidio frustrado de un trabajador forestal al cual hirió al dispararle con un fusil de guerra en Ercilla, en junio de 2019. Cometió este ilícito, como expuso en su momento en el Ministerio Público, mientras cumplía una condena -en libertad vigilada- de tres años y un día por delito de incendio y otra de 541 días por el porte ilegal de armas.
  • Máximo Queipul Huenchullan: Es el hijo del lonko de Temucuicui Víctor Queipul, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de receptación de vehículo motorizado, receptación de especies y por porte ilegal de armas de fuego y municiones. Anteriormente, cuando sólo tenía 17 años, fue formalizado por delito de incendio.
  • Joaquín Millanao Queipul: Fue formalizado por robo con intimidación y homicidio frustrado de carabineros en servicio. Esto, luego de que intentara concretar, junto a otros dos sujetos, el asalto a tres locales comerciales, entre ellos un local de venta de semillas de marihuana.

Otros 11 investigados. Como dan cuenta elementos de la causa, la totalidad de los internos del módulo estuvieron involucrados. Y aunque sólo los seis antes mencionados fueron trasladados a otras regiones, los otros 11 también son indagados y han sido objeto de sanciones internas en el penal, como la prohibición de recibir visitas.

Dado lo anterior, de hecho, el pasado martes 9 de mayo los internos comunicaron a la unidad que decidieron iniciar una huelga de hambre líquida y varios se han negado a recibir atención médica.

  • Juan Ignacio Cortés Penchulef: Condenado como autor del delito consumado de robo con violencia, en la comuna de Galvarino.
  • Ismael Fritz Ñancul: Es apodado “El Comandante”. En agosto de 2022 fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones
  • Simón Huenchullán Millanao: Condenado por delitos de robo, incendio y receptación cometidos en 2020.
  • Joaquín Huenchullan Queipul: En marzo quedó en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a carabineros durante un ataque contra un cuartel en Ercilla.
  • Sergio Huentecol Melinao: Es investigado por un ataque incendiario a un camión en la Ruta 5 Sur y por amenazas contra un empresario forestal y sus trabajadores.
  • Alejandro Liguen Venegas: Apodado como “El Chino”, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar.
  • Boris Llanca Nahuelpi: Fue condenado a tres años y un día como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en grado de consumado. Tiene antecedentes, además, por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, lanzamiento de artefacto incendiario y por maltrato de obra a Carabineros.
  • Pedro Palacios Cañuta y Jorge Palacios Cañuta: Ambos fueron condenados a más de ocho años de cárcel por los delitos de robo con violencia e incendio perpetrado el 21 de mayo de 2020, en un camino rural de Victoria. Como se acreditó, en esa oportunidad rompieron con piedras el parabrisas del vehículo y el vidrio del copiloto, hiriendo a uno de los trabajadores que se movilizaba en el móvil embestido. Los obligaron a descender mediante amenazas, sustrajeron del pick up dos tinajas de pintura y dos trajes desechables, provocaron un incendio al interior de la cabina que destruyó la estructura en su totalidad.
  • Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro: Encausados por incendio con daños, robo con intimidación y microtráfico.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional