¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? EL ENREDO DE UNA FRUSTRADA CONSULTA INDÍGENA AL ANTEPROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN QUE SALPICA A JACKSON
Juan Manuel Ojeda y Helen Mora
La Tercera PM, 13/06/2023
El consejero mapuche Alihuén Antileo solicitó un pronunciamiento a la mesa directiva. Su petición incomoda a la derecha y a ciertos sectores de republicanos que ven en esto una jugada para deslegitimar el proceso. Más aún cuando dicen que el diseño del proceso es responsabilidad del Congreso y los temas indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. Desde esa cartera, en todo caso, aseguran que “no ha llegado ninguna solicitud u oficio formal de pronunciamiento”.
Durante el primer pleno del Consejo Constitucional, el consejero indígena Alihuén Antileo (mapuche) sorprendió ingresando una solicitud que incomodó a algunos representantes del pleno.
Antileo ingresó un escrito a la mesa directiva solicitando una consulta indígena respecto de dos artículos del anteproyecto redactado por la Comisión Experta que son susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.
Pese a que su solicitud era previsible, incomodó a la derecha del Consejo Constitucional. En algunos sectores de republicanos tomaron la petición de Antileo como una jugada para forzar a que la presidenta Beatriz Hevia (republicana) tenga que tomar una postura al respecto.
En esa misma línea, interpretan que detrás de eso habría un interés por dejar instalado, desde un inicio, que el proceso tendrá una deslegitimidad de origen.
El problema de todo esto, y que se comenta en los pasillos del Congreso en Santiago, es que nadie sabe qué hacer con esta solicitud, porque no hay claridad de quién es el responsable.
Este tema no es algo nuevo en este proceso constitucional. Ya en marzo los comisionados Antonia Rivas (CS) y Alexis Cortés (PC) pidieron que existiera consulta indígena.
De hecho, el experto comunista se lo planteó explícitamente a la exministra Ana Lya Uriarte cuando fue a exponer al pleno de la comisión, pero la exsecretaria de Estado, al momento de responder, no se refirió al tema.
Entre los republicanos plantean que el asunto no es de responsabilidad de la mesa, más aún cuando el Consejo no tiene injerencia en el diseño del proceso constitucional y menos en el reglamento.
Todo fue regulado por el Congreso, institución que, además, es la que mandata e impulsa este nuevo intento por escribir una Constitución.
Incluso en la derecha van más allá. Si lo que se solicita es consulta indígena de un texto que ni siquiera es del Consejo, sino que de la Comisión Experta, cualquier organismo podría someterlo a consulta, y ante eso las miradas apuntan directamente al Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por el ministro Giorgio Jackson, que es el órgano del Ejecutivo encargado de los asuntos indígenas.
La Tercera PM consultó a esa cartera sobre el rol del organismo en el tema. “La responsabilidad del ministerio en estas materias se limita a resolver las solicitudes de procedencia de la consulta indígena, la cual no ha sido solicitada a este ministerio”, afirmaron desde la cartera.
Desde la institución explicaron que “según la legislación vigente que regula los procesos de consulta indígena en Chile, corresponde al órgano que adopta medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas realizar la correspondiente consulta indígena, como se dispone en el Decreto Supremo N°66 que la reglamenta”.
En esa misma línea añadieron que “la solicitud del consejero Alihuén Antileo se trata de un requerimiento sometido al pronunciamiento de la mesa directiva del Consejo Constitucional, por lo que corresponde a dicha instancia resolver la petición”.
Junto con eso, comentaron que “a este ministerio no ha llegado ninguna solicitud u oficio formal de pronunciamiento sobre procedencia de consulta indígena respecto del trabajo realizado por el Consejo Constitucional o la Comisión Experta y el ministerio en esta materia no actúa de oficio”.
Sin responsables. La comisionada Rivas coincide en que la consulta no es responsabilidad de Desarrollo Social. “La consulta indígena es una obligación del Estado. Esta vez es el Congreso el que mandata el proceso constitucional, es el Poder Legislativo y no el Ejecutivo”, dijo la experta de Convergencia Social.
Una opinión similar tiene Andrés Cortés, exasesor especial de Asuntos Indígenas entre 2018 y 2019. “De acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la responsabilidad de llevar a cabo un proceso de consulta recae en el órgano responsable de la medida en cuestión. Dicha responsabilidad recae en el Consejo, encargado de elaborar la propuesta final de la nueva Constitución. Si bien el ministerio de Desarrollo Social podría brindar asesoría técnica, es el Consejo el que debe implementar el proceso y asumir la responsabilidad del diálogo con los pueblos indígenas”, dice Cortés.
El consejero Antileo, en tanto, fue enfático en apuntar a la mesa directiva del Consejo. Consultado por La Tercera PM, el escaño indígena explicó que “primero tiene que pronunciarse el Consejo Constitucional y eso está radicado en la mesa directiva”.
Antileo agregó que al ministerio que lidera el ministro Giorgio Jackson solo le correspondería hacer el “informe de procedencia jurídica”. Pero dice que él estima que sí procede: “Normalmente quien realiza la consulta es el órgano que trata los temas que van a afectar a los pueblos indígenas y, por lo tanto, corresponde que sea el Consejo quien se pronuncie. En esto quien dirige o hace ese procedimiento y establece las medidas para que se realice la consulta es la presidenta del Consejo, eso debería quedar radicado así”.
Antileo es claro en señalar las consecuencias de no realizar la consulta indígena: “Eso significa que de no realizarse es probable que haya alguna asociación indígena, de cualquier pueblo indígena, que pueda recurrir a tribunales y judicializar esto, tanto a nivel interno como también internacional. Ese es un escenario que debería haberse previsto por parte de los actores políticos que tomaron parte en este proceso”.
Se acaba el tiempo. Las palabras del consejero mapuche preocupan en ciertos sectores de la derecha del Consejo, quienes saben que este tema, al no estar resuelto, será un obstáculo que incluso, en caso de que el proceso concluya de forma exitosa, termine en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quienes diseñaron el proceso, es decir los parlamentarios, afirman que el asunto nunca se quiso incorporar en el reglamento.
Dos fuentes que participaron de la comisión bicameral que elaboró el reglamento que regula, entre otras cosas, la participación ciudadana afirma que se discutió brevemente, pero nunca prosperó, porque además sabían que si entraban en ese tema se iba a trabar la tramitación del reglamento.
Además, dicen las mismas fuentes, la Convención tuvo un proceso de consulta indígena pero que “fue un fracaso”.
En el informe final sobre Participación y Consulta Indígena de la Convención se consignó que el proceso consultó a 7.549 personas. Si se toman como referencia los registros de la Conadi, eso significa que en la consulta indígena de la Convención solo participó el 0,6% de las personas registradas como parte de algún pueblo originario.
Inicialmente, la Secretaría de Participación y Consulta Indígena había estimado que la cobertura sería de 18.790 personas. Además, al momento de presentarse los resultados de la consulta el tema quedó extemporáneo, porque todas las normas que afectaban a los pueblos originarios ya se habían debatido.
Por lo mismo, en el Consejo nadie se atreve a reconocer y admitir que no habrá consulta indígena. “En menos de cuatro meses es imposible hacerlo”, dice en privado un consejero de izquierda.
Lo único que queda es lo que se pueda conseguir en la Secretaría de Participación Ciudadana que lideran la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
Algo de eso fue abordado por la comisionada Rivas en el pleno del martes. “Si bien la consulta excede reglamentariamente los plazos de este proceso sería interesante incorporar en los elementos de participación específicos la participación de los pueblos indígenas. La participación de los pueblos indígenas como una participación diferenciada no solo es una obligación del Estado, sino que también es una ganancia”, dijo la experta.
Sus palabras apuntan a que los informes de participación incorporen la opinión diferenciada de las personas que se declaren como indígenas y que opten por dar su opinión en los distintos mecanismos que son parte del proceso que ya está en curso.
Un aporte del Director de la Revista, Antonio Varas Clavel
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