JUAN IGNACIO LATORRE FUE ALERTADO 10 DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA EL ESCÁNDALO DEMOCRACIA VIVA POR ANDRADE Y EXSEREMI DE VIVIENDA
Rocío Latorre
La Tercera PM, 04/07/2023
Antes de que se revelaran los convenios entre Democracia Viva y el Minvu, la directiva nacional de RD sostuvo un reservado encuentro telemático con parte de los involucrados, donde se detallaron los antecedentes respecto del conflicto de interés y la existencia de una investigación de la prensa regional. La conversación concluyó en torno a la primera versión respaldada por RD: la de un error político, sin irregularidades a la vista.
Diez días antes de la publicación del medio regional que destapó el caso Democracia Viva, el 6 de junio, el senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre -junto al resto de la directiva de la colectividad- conocieron de primera fuente los antecedentes iniciales del mayor escándalo político que hoy impacta al gobierno de Gabriel Boric y que cuestiona los cimientos el discurso fundacional del Frente Amplio en torno a la probidad y su postura anticorrupción.
La cita se realizó a través de Zoom -según pudo confirmar La Tercera PM– y se coordinó entre la directiva y parte del equipo de la diputada Catalina Pérez, quienes ya habían recibido las primeras alertas sobre una publicación que la involucraba a ella como nexo entre el -ahora- exseremi de Vivienda y Urbanismo y exjefe de gabinete de la parlamentaria, Carlos Contreras; y su hoy expareja, Daniel Andrade en la firma de convenios con el Minvu.
Todos, hasta ese entonces, militantes de RD.
En la reunión telemática se hizo presente el senador Latorre -junto a parte de la mesa nacional-, Contreras, Andrade, parte de la directiva regional de RD Antofagasta -liderada por la Core, Paula Orellana- y algunos miembros del equipo de la diputada Pérez.
Allí la directiva escuchó los primeros antecedentes de lo que en un inicio era un rumor de irregularidades en “boleteos” por parte de militantes RD en la repartición ministerial regional.
El relato de la exautoridad regional de Vivienda detalló, por ejemplo, que el nivel central -en ese entonces- la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), le había requerido más información sobre la legalidad de los convenios con Democracia Viva (fundada y presidida por Andrade), afirman quienes lo escucharon.
Contreras y Andrade -sin embargo- desestimaron eventuales irregularidades y enfatizaron que los convenios estaban en regla y los trabajos estaban en desarrollo.
Así, distintas fuentes señalaron que la reunión concluyó sin mayores alarmas internas: que, si en caso de llegar a la prensa, podría implicar un flanco comunicacional, pero que pese los nexos evidentes entre los tres implicados, la situación se circunscribía a un “error político” y que los antecedentes daban respaldo a que no existían irregularidades.
En la militancia que está al tanto de la privada reunión previa al escándalo hay miradas contrapuestas sobre la información con la que contó la directiva: algunos plantean que la mesa de RD debió tomar un rol más proactivo desde el principio, “detectando” el manifiesto conflicto de interés previo a la publicación en prensa.
Otros, en cambio, asumen que no había cómo anteponerse a una situación donde las dirigencias contaban sólo con la información proporcionada y -hoy- señalan que hay antecedentes que fueron ocultados.
El relato del “error político” fue el primero adoptado por Juan Ignacio Latorre en sus primeras declaraciones respecto al caso durante el lunes 19 de junio en La Moneda, tras una reunión de comité político.
El líder RD -en todo caso- ha mantenido en reserva la reunión que sostuvo el 6 de junio.
“Nosotros nos tomamos muy en serio los principios de probidad, transparencia y ética en política y combatimos justamente cualquier atisbo de corrupción, de conflicto de interés. Y por lo mismo hemos impulsado como directiva nacional varias acciones. En primer lugar, que los militantes que firmaron el convenio entre el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva (…) pongan todos los antecedentes en nuestro Tribunal Supremo y se sometan a la investigación (…)”, señaló.
Y agregó: “Por otro lado, le hemos pedido a la diputada Catalina Pérez, y ella ha accedido, obviamente con muy buena disposición, a poner un oficio y un requerimiento en Contraloría para que se investigue este convenio. La información que tenemos hasta el día de hoy, insisto, la información preliminar que tenemos hasta el día de hoy es que acá no hay nada ilegal. De hecho, son convenios que se están ejecutando, son programas que forman parte del Ministerio de Vivienda con muchas fundaciones de la sociedad civil. Lo que sí hay es una arista, más bien, si usted quiere, de ética política”, detalló en ese entonces el senador.
En la misma declaración, calificó de “error político” e “imprudencia” los hechos conocidos.
Hasta el cierre de esta edición, y requerido el equipo del senador Latorre y de Revolución Democrática acerca de una versión sobre los hechos, no se obtuvo una respuesta.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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