Día: 1 Septiembre 2023

Víctor Rivera y José Carvajal

La Tercera, 01/09/2023

Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.

Si bien fue el jueves 31 de agosto que  evacuó el informe de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Serviu de esa región, las repercusiones del caso no terminarán ahí.

El lunes será el propio contralor, Jorge Bermúdez, quien expondrá ante la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades detectadas, donde mantendrá en la palestra un caso que desde junio no deja de incomodar al gobierno.

Es que el informe de Contraloría identificó nueve irregularidades en la forma de operar entre estos servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, donde cinco tienen indicios penales. Por lo mismo, esos hallazgos ya fueron despachados al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde hay uno que no deja de llamar la atención en la Fiscalía y en el ente contralor: la contratación de empleados de las fundaciones, pero que trabajaban en la Seremi de Vivienda y el Serviu.

“Se constató que, en dependencias del Serviu de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública. Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas”, dice el informe de Contraloría.

Según detalla la investigación del ente contralor, estas personas fueron contratadas por “los organismos receptores de fondos”, las que desarrollaban actividades propias de los organismos públicos indagados, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable y otros trabajos institucionales.

“Dichas personas cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, atendido que fueron contratadas por entidades privadas sin fines de lucro y sus remuneraciones-honorarios fueron financiadas con recursos asignados a aquellas por ambas entidades públicas, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño, por no revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, lo señalado da cuenta del uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios”, se lee el documento de Controlaría.

Esta situación, calificó el organismo fiscalizador, “no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”. Además, se advierte que debió haber una obligación “de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia”.

Quiénes se sentaban en los lados del mesón. Sin embargo, hay otro elemento que llamó la atención de los auditores. El caso de dos personas que trabajaban en el Serviu, pagadas por dos fundaciones, pero que el 1 de agosto fueron contratadas por el organismo público, es decir, una vez estallado el caso, el 16 de junio.

Se trata de Camila Fernanda Prado Barrías, de profesión administradora pública de la Universidad de Antofagasta, de la cual egresó el 2017. Ese mismo año comenzó a trabajar como “asistente de proyectos Innova” en la Corfo. El 2021 comenzó a ser “analista de gestión” en el Serviu de Antofagasta.

En su LinkedIn se define como “con experiencia activa en proyectos. Caracterizada por excelente rendimiento, funcional, integración, y aceptación de usuarios”.

Contraloría sostiene que Prado en el Serviu realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, esto mientras estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas. Sin embargo, la institución asegura que fue contratada el 1 de agosto de 2023 en la repartición en la que trabajaba.

Misma situación que Karla Paulina Farías Olivares, quien también prestaba funciones en el Serviu de Antofagasta, pero que estaba contratada por Corporación Espacio Lúdico.

Farías, desde el 2020 trabajaba en el Programa Asentamientos Precarios de la Intendencia, un año después desempeñó las mismas funciones, pero en la ahora Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. El 2022 llegó a la fundación en labores de “asistencia técnica”.

En la misma Corporación Espacio Lúdico, figura contratado Adolfo Enrique Carpio Miranda, funcionario del Serviu de Antofagasta. El ingeniero en construcción fue identificado por Contraloría como “apoyo técnico”.

Ya en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, aparece contratada por dos fundaciones, Camila Constanza Ortiz San Martín, quien recibió remuneraciones de la Fundación Un Techo Para Chile y Corporación Espacio Lúdico. Lo mismo que Jacqueline Nattaly Véliz Avendaño, quien junto con prestar servicios para la Corporación Espacio Lúdico, también recibía la remuneración de Asociación Campamento de Ideas.

Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, por su parte, estaba contratada en la Fundación Democracia Viva, según Contraloría, “para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”. También prestaba funciones en la Fundación Campamento de Ideas.

Otra de las personas por las cuales Contraloría cuestionó que estuvieran contratadas en las fundaciones mientras trabajaban en la Seremi, es Claudio Andrés Cárdenas Campillay, quien es diseñador gráfico pero que aparece como contratado en la Fundación Movimiento Fibra.

Misma fundación en la que está contratada Nicole Carolina Salinas Rivera, quien es “analista técnica del Programa Habitabilidad” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) según su LinkedIn. La arquitecta de la Universidad de Antofagasta también ha trabajado anteriormente en oficinas privadas y en la Fundación Para la Superación de la Pobreza, así como también en la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los lazos políticos y otra vez RD. En la Fundación ProCultura, figura como contratado el abogado Wilson Ernesto Ahumada Zepeda, sin embargo este se desempeñaba en la seremi de Vivienda de Antofagasta.

También en esa fundación estaba contratada Liliana Ivania González Cortés, quien también es egresada de derecho de la Universidad de Antofagasta y fue candidata a consejera constituyente, es militante de Revolución Democrática y “se ha desempeñado como asesora jurídica de fundaciones en el marco de la colaboración con organismos de Estado y como investigadora académica (en pasantía) en el Primer Tribunal Ambiental”, según detalló en el Match Constituyente de La Tercera.

Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras, quien recibió su sueldo desde la Fundación Superación de la Pobreza. Según dio a conocer este medio en junio pasado, Fuica es concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, pero además fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, además trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

“Ella prestó servicios a honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante esos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos”, comentaron desde la fundación en junio.

En esa fundación, también estaba contratada Ignacia Carolina Yáñez Arancibia, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio.

Según su LinkedIn, es diseñadora gráfica y trabajó hasta junio pasado en la Seremi como analista urbano, donde debía “realizar control y seguimiento de las gestiones asociadas al área técnica constructiva, apoyar técnicamente la coordinación Regional de la Secretaría Ministerial de Antofagasta”.

Sin ningún lazo político, Contraloría también detectó que estaba contratado en la Asociación Campamento de Ideas, Diego Exequiel Barrera Venegas. Además de Marcela Paz Oyanedel Barrera, en Un Techo Para Chile.

De aquí en más, en Teatinos N°56 esperan cambios y subsanar las irregularidades detectadas, en 30 días más, pues no sólo se identificaron problemas a nivel regional, sino que a “nivel central” -es decir el Ministerio de Vivienda- también fue duramente cuestionado por no intervenir prácticas que, a juicio de Contraloría, están en el borde de la legalidad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

                                                            Libro del General Martínez.

Señor Director:

Recientemente se lanzó un libro “Un Ejército de todos”, que no es el nombre usado por esta institución, dado que en el distintivo que se usa en la tenida de combate o vestuario de uso diario es: “Ejército de Chile”. Entonces estamos frente a un nombre sugerente o político como título para un libro que sin dudas despierta el interés y consustancialmente invita a leer, más si existe o se presume una intencionalidad clara de generar una visión contrapuesta en un año sensible donde se conmemoran los 50 años del quiebre democrático.

En las instituciones Armadas es sabido que el único que puede hablar a nombre de ellas son los comandantes en Jefe en ejercicio, el General Martínez está retirado.

Es lamentable hacer juicios de valor y comentar que en su acción de mando dedicó tiempo en analizar el pasado por parte de alguien a quien el Estado en su momento le confió la conducción profesional del Ejército y, en ésta tarea su única responsabilidad “era o fue” el desarrollo y capacitación profesional de la institución y alejarla de cualquier atisbo político.

JORGE VILLARROEL CARMONA

Publicado en El Mercurio el 01 de septiembre del 2023

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

“OTROS MUEREN DE MANERA COBARDE”: CÓMO BORIC CRISPÓ EL AMBIENTE AD-PORTAS DEL 11 Y LAS OTRAS VECES QUE SUS DICHOS HAN GENERADO POLÉMICA

Isabel Caro

La Tercera, 30/08/2023

El Mandatario realizó ayer declaraciones que fueron leídas como una crítica directa al exbrigadier Hernán Chacón, quien se suicidó tras ratificarse su condena por el secuestro y homicidio de Víctor Jara. No es primera vez que sus palabras tensionan las relaciones con la oposición.

“Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”.

La frase la dijo ayer el Presidente Gabriel Boric tras asumir la guardia de honor del féretro del líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien falleció la madrugada de este martes a los 79 años de edad. Sus palabras no dejaron a nadie indiferente.

Horas antes, también había muerto uno de los condenados por el secuestro y homicidio del cantante Víctor Jara, el exbrigadier del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años. El otrora militar, sin embargo, se quitó la vida antes de ser detenido por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios habían llegado a buscarlo a su departamento en Las Condes para hacer efectiva la condena que en la previa había ratificado la Corte Suprema en contra suya y de otros cinco exmilitares.

La alusión al suicidio de Chacón por parte de Boric fue evidente y nadie en La Moneda se molestó en aclarar sus dichos ni menos dar contexto respecto de lo que quiso decir.

La frase, dicen en el gobierno, fue lo suficientemente elocuente. Por lo mismo, en la oposición se encendieron de inmediato las alarmas y varios dirigentes del sector salieron a cuestionar duramente al Mandatario por lo que podría considerarse como una nueva salida de libreto.

“Este comentario es una vergüenza. Pida perdón, porque no solo no ayuda en nada a la unidad con que tanto fanfarronean, sino que denota una falta total de conciencia del cargo que ostenta”, dijo el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, mientras que el timonel UDI, Javier Macaya, cuestionó que “usar la muerte de una persona para hacer apología a la división y ofender a las familias que han sufrido la muerte de algún ser querido a causa del suicidio no es la forma de trabajar por la unidad del país. ¿Busca dar señales a los propios? ¿Qué hay de la investidura del cargo?”.

El exministro da Salud Enrique Paris, por otro lado, señaló en Emol que “con esa frase el Presidente destruye y hace poco creíble su convencimiento de que está preocupado de la salud mental de las personas (…). Cuando un Presidente, que se ha pasado hablando de la salud mental y tiene un amigo siquiatra que ha ganado millones con programas de prevención del suicidio, se burla en el fondo de una persona que se suicida, es muy grave”.

En esa misma línea, el diputado UDI Jorge Alessandri agregó: “El Presidente que, se supone, está preocupado por la salud mental, no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida. Las personas que se quitan la vida merecen nuestro respeto, nuestros cuidados antes de que eso ocurra y jamás un juicio de valor, jamás una descalificación. Presidente Boric, nunca pensé que caería tan bajo”.

El senador Manuel José Ossandón (RN), recalcó que “el Presidente llama como estadista a los partidos a La Moneda para construir acuerdos y luego hace declaraciones de guerrilla. Él no está para definir cuándo una muerte es digna o no. Él está para gobernar a todos, respetar a todos, incluido los muertos, y buscar la unidad para Chile”.

En La Moneda hay quienes reconocen que “no fue una buena frase”, mientras que otros apuntan a que el Jefe de Estado pudo haber sido más cuidadoso en las palabras, pero desdramatizan sus declaraciones. Lo que sí admiten es que su intervención crispa aún más los ánimos en el país cuando quedan solo días para el 11 de septiembre, fecha en que se conmemorarán 50 años del Golpe de Estado.

Una situación compleja, sobre todo cuando el propio Presidente recalcó ayer que va a insistir en generar un consenso de todo el arco opositor para que ese día firmen una declaración que selle un compromiso irrestricto con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En el oficialismo, en todo caso, salieron a defender a Boric. “Creo que el Presidente reveló en eso probablemente la impotencia en muchos familiares de las víctimas, que después de muchos años obtienen sentencia y se producen circunstancias como estas, y yo entiendo esas declaraciones en ese contexto. Lo que nosotros estamos teniendo en los últimos años es el cierre de una serie de investigaciones que han demorado bastante tiempo”, dijo esta mañana su ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se ha caracterizado por ser el secretario de Estado que sale a blindar al Mandatario cuando realiza declaraciones poco claras o que son cuestionadas.

“Son tan claras y categóricas las palabras del Presidente… Al que le venga el sable que se lo ponga. Hay gente que, estoy pensando en Pinochet, se escudó en una demencia senil para no enfrentar a la Justicia”, dijo, por su parte, el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en tanto, recalcó que “las encuentro ajustadas a la realidad, no por este caso en particular, sino porque ¿cuántos se han escapado de la justicia?”.

Un hecho sintomático del ambiente entre Boric y la derecha se dio justamente este miércoles. Según el Mandatario, La Moneda invitó a todos los presidentes de partidos -incluyendo a la oposición- a la ceremonia de lanzamiento del Plan de Búsqueda que fue anunciado, justamente, en el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Al evento, que se realizó en la Plaza de la Constitución esta mañana, no llegó ningún dirigente de la derecha.

Esto, sin embargo, fue desmentido por Macaya. “Yo pongo en conocimiento al Presidente Boric. No sé si es una confusión, entiendo que puede estar mal asesorado, no creo que esté mintiendo. Nosotros no fuimos convocados al acto de la mañana. Y al final del día lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición emplazándolos en cuestiones que terminan dividiendo el país”, dijo.

Las otras declaraciones. No es primera vez que las intervenciones del Presidente crispan el ambiente. El Mandatario, por ejemplo, también generó incomodidad el 15 de julio pasado, cuando en el marco de su gira or Europa anunció que convocaría a ese acuerdo a todos los partidos de cara a la conmemoración del Golpe de Estado, sin antes haber socializado los márgenes de su propuesta con los dirigentes políticos ni siquiera de su propio sector.

De hecho, el propio oficialismo ha reconocido públicamente que el Presidente se apresuró en ese anuncio y que, pese a todos los esfuerzos, será complejo que la derecha le conceda la firma de un documento de esas características de aquí al 11 de septiembre.

En su paso por París, también a mediados de julio, el Mandatario metió más leña al fuego al señalar que la oposición en Chile tenía ánimos de “desestabilizar” a su gobierno, algo que también levantó cuestionamientos en la derecha en esa oportunidad.

A inicios de agosto, Boric también crispó el ambiente con la derecha. En menos de 48 horas, el Jefe de Estado pidió a la oposición buscar consensos en torno a las reformas que propone en materia de pacto fiscal y pensiones y, luego, los acusó de retroceder en “la valoración irrestricta de la democracia y, por ende, la no justificación de un Golpe de Estado”.

Hace algunas semanas, el Mandatario, además, se enfrascó con la oposición por la ofensiva contra el ahora exministro Giorgio Jackson.

“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Y que lo digan públicamente”, dijo cuando el Partido Republicano anunció un libelo en su contra, acción que terminó haciéndolo renunciar en el marco de la crisis por el lío de platas.

Pero eso no fue todo. El viernes 11 de agosto, en el marco de un homenaje que se realizó en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos para Rodolfo Seguel, Boric cuestionó a uno de los fundadores de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, lo que desató la molestia de la derecha. En la ocasión, afirmó que “desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional