News, Seguridad y defensa

ASESINATO EN EL METRO. Humberto Julio Reyes

                                                            ASESINATO EN EL METRO

  Humberto Julio Reyes. General de Brigada (R). Past Presidente de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

A través de una carta en El Mercurio del sábado 16 de diciembre, me entero del asesinato de un ingeniero de 75 años de edad, en el Metro Los Héroes, noticia que me parece ha pasado desapercibida en medio del reciente plebiscito de salida.

Como un hecho delictual de esta gravedad no es habitual, uno podría esperar mayor cobertura al respecto o algún seguimiento de la noticia, pero, si ha existido, no me he enterado y, aunque no soy devoto de noticieros o matinales, me considero una persona medianamente informada.

También alguien podría argumentar que, dado el nivel de delincuencia que soportamos hoy en día, esta noticia sería algo ya rutinario y sólo la calidad de la víctima, un profesor guía de prestigio en la USACH, constituiría la excepción a la regla de que nadie está a salvo de ser asesinado, sea en un medio de locomoción, asaltado en su domicilio o en la calle, víctima de un portonazo o por bala loca.

Frente a un escenario tan negativo, varios alcaldes han solicitado que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional o que en sus comunas se establezca estado de excepción, cosa que a más de alguna autoridad le ha parecido un despropósito y también nos hemos enterado de la organización de un “batallón de protección ciudadana” de guardias privados para colaborar con las policías que, aparentemente, estarían sobrepasadas por delincuentes que, al decir de una autoridad, no temen ser enfrentados.

¿Ese sería el problema?

¿Policías sobrepasadas que requieren que otras organizaciones les colaboren en forma directa a controlar la delincuencia?

Posiblemente sea prematuro emitir juicio respecto al mencionado “batallón” donde sin duda habrá personas que tengan las competencias requeridas, aunque otra cosa es que cuenten con atribuciones para actuar en forma efectiva.

Donde sí me adelanto a pronunciarme es respecto a un estado de excepción que implique desplegar personal militar, que carece de preparación y equipamiento para funciones policiales, esperando sean eficientes y efectivos para enfrentar delincuentes dispuestos a todo.

¿No sería mejor solución contar con más y mejores policías y el respaldo de una legislación que no los convierta en “victimarios” si deben actuar con la firmeza que requiere la actual situación?

Se me dirá que eso requiere tiempo y que, en el intertanto y tal como ya se ha hecho en las macrozonas norte y sur, también se pueden emplear las fuerzas armadas “en subsidio”, pero puedo imaginar la reacción que provocaría el uso de sus armas, aún cumpliendo con las restrictivas RUF, si se diera muerte a los delincuentes que lleguen a enfrentar.

Un regalo caído del cielo para el INDH y jueces que practican el activismo judicial. Sin olvidar a dirigentes políticos que expresan sin tapujos que siguen considerando a las fuerzas armadas como sus declarados enemigos.

Por ello, antes de pedir, proponer o adoptar soluciones de dudoso efecto, convendría que se definiera el problema con la mayor claridad posible, evitando toda ambigüedad, por difícil que sea.

La situación lo exige.

18 de dic. de 23

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión, News

EL HURACÁN DOROTHY: EN SU PRIMER DÍA COMO CONTRALORA SUBROGANTE ELIMINÓ SEIS JEFATURAS Y REESTRUCTURÓ POR COMPLETO EL ORGANISMO Leslie Ayala

                                                                                  EL HURACÁN DOROTHY: EN SU PRIMER DÍA COMO                                                                                              CONTRALORA SUBROGANTE ELIMINÓ SEIS JEFATURAS Y                                                                                    REESTRUCTURÓ POR COMPLETO EL ORGANISMO

Leslie Ayala

La Tercera PM, 18/12/2023

Alta tensión se vivió durante la mañana de este lunes 18 de diciembre en la Contraloría General de la República. La abogada Dorothy Pérez, actual subcontralora del organismo, asumió como subrogante tras la partida de Jorge Bermúdez y lo primero que hizo fue dictar una resolución en la que modifica de forma estructural el funcionamiento del ente fiscalizador. La situación causó sorpresa debido a que su cargo es transitorio hasta que el Gobierno proponga un nombre al Senado. Junto con esto, decidió crear una división especial para perseguir actos de corrupción en municipalidades y Gobiernos Regionales. Con todo, las aguas están lejos de calmarse al interior de Teatinos 56.

El lunes 20 de agosto de 2018 el entonces contralor Jorge Bermúdez le pidió la renuncia a la subcontralora Dorothy Pérez. ¿El motivo? La pérdida de confianza, ya que había sido citada como testigo en la investigación del fraude en Carabineros.

La abogada se negó a dejar su cargo y se generó un litigio que llegó hasta la Corte Suprema que le dio la razón y la dejó como una inamovible del organismo.

Un estallido social, un proceso constituyente, una pandemia y cinco años pasaron hasta que este lunes 18 de diciembre Dorothy Pérez hizo su llegada triunfal al edificio de Teatinos 56 como contralora general de la República subrogante.

Había expectación de cómo sería su arribo. Llegó a primera hora y se reunió con su círculo más cercano. Su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete Tomás Mackenney.

¿La segunda? Dictar dos resoluciones en las que restructura por completo el funcionamiento del organismo. Una de ellas cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían en la “era Bermúdez” en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de 9 unidades a sólo tres y para ello argumentó el buen control de los recursos públicos.

“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional, que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, se lee en la resolución.

Junto con esto Pérez desliza una férrea crítica a cómo se utilizó el personal de su exjefe. “el Gabinete de la Contraloría General fue creado para desarrollar labores de apoyo a la jefatura de servicio. Sin embargo, pese a que sus tareas son principalmente de soporte y no sustantivas de línea, en la actualidad, luego de las diversas adecuaciones que le han sido realizadas (…) ha llegado a contar con una dotación funcionarial de 133 personas, que representan un 6,09 % de la dotación total de la institución, por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, pues además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas, como se aprecia en su organigrama”.

Esta resolución provocó el primer batacazo: sacó seis unidades de gabinete. El personal, según la resolución, se irá a labores en regiones o a la nueva división estrella creada esta mañana: División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Esta última, comentan, busca adaptar la fiscalización a los actos de corrupción de los gobiernos locales y regionales que tanto han impactado a la opinión pública, como lo que ocurre con el caso “líos de platas” y los alcaldes hoy formalizados por mal uso de recursos fiscales.

“Conforme a la presente resolución sus unidades bajaran de 9 a 3 y se reducirá su dotación destinando parte de ella a realizar labores directas de fiscalización, jurídicas, o de control de personal, ya sea en las Contralorías Regionales, en la nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades o en otros equipos de línea”, se lee en la resolución que deja un organigrama más reducido.

Una nueva división. Pese a que todas estas resoluciones resultan transitorias, ya que un nuevo contralor o contralora podría revertir las medidas, se sabe que la nominación de una nueva autoridad fiscalizadora será difícil por el consenso que debe buscar La Moneda con el Congreso.

Es por eso que no pocos aventuran que el “reinado” de Pérez podría extenderse. Por eso los primeros movimientos de la abogada causaron alta tensión en Teatinos 56, una entidad que suele estar alejada de las polémicas.

Aprovechando además la contingencia, Pérez y su equipo decidieron poner énfasis en auditorías a municipios y gobiernos regionales.

“Tres dependencias de la Contraloría General cuentan con cerca de 60 jefaturas superiores e intermedias a cargo de equipos de trabajo cuyas labores son principalmente de soporte y coordinación. Es decir, realizan tareas diversas de las actividades sustantivas de línea y esenciales de control que la Constitución y la ley mandatan realizar, por lo que se debe modificar la estructura organizacional, a fin de optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, para el cumplimiento directo de las funciones institucionales, y de manera que también resulte más coherente con el proceso de descentralización del país”, se lee en los argumentos de Pérez.

Para la contralora (S) era necesario dotar al organismo de una “dependencia especializada y robusta en el ámbito de la regionalización y descentralización administrativa del país, que se encargue del control jurídico, contable y financiero de los gobiernos regionales y de los municipios. RESUELVO: Crease la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, como dependencia de la Contraloría General de la República”.

Entre las funciones, se lee en la resolución, está “fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República”.

Su círculo de hierro. Junto a Pérez arribaron esta mañana quien oficiará como su jefe de gabinete, Alejandro Riquelme, además de quien reemplazará a Camilo Mirosevic en la División Jurídica, el abogado Víctor Hugo Merino.

Se espera que también durante este mandato transitorio asuman funciones su ex jefa de prensa Helena Martínez, el exjefe informático Luis Lara y la abogada Priscilla Jara quien podría ser la nueva “sheriff” de la división para perseguir corrupción municipal.

Todos estos cambios en un escenario de fin de año mantienen en alerta a los funcionarios del organismo, muchos de los cuales creen serán enviados a labores en regiones.

La última palabra la tendrá Pérez o el Ejecutivo si es que acelera el proceso de un nuevo contralor o contralora.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

LA SOCIEDAD CONTRA LA CONSTITUCIÓN.Daniel Chernilo

                                                    LA SOCIEDAD CONTRA LA CONSTITUCIÓN

Daniel Chernilo, Profesor Titular de Sociología en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y Director del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas.

El Mostrador, 18/12/2023

Si el triunfo del Rechazo el año pasado había sepultado la promesa refundacional de un Chile “socialista” e “interseccional”, es de esperar que a contar de hoy nadie siga pensando que en el futuro el país consiste en emular a Trump, Bolsonaro o Milei.

Pasó lo peor: el holgado triunfo de anoche del “En contra” nos libró de lo que habría sido a todas luces un retroceso para un país que aún busca asentar su democracia y acercarse a estándares tolerables de desigualdad.

Si el triunfo del Rechazo el año pasado había sepultado la promesa refundacional de un Chile “socialista” e “interseccional”, es de esperar que a contar de hoy nadie siga pensando que en el futuro nuestro país consiste en emular a Trump, Bolsonaro o Milei.

La lección inicial más clara, me parece, es lo mal que intelectuales y políticos han venido interpretando la insatisfacción de una sociedad diversa, compleja y que cambia aceleradamente.

Un punto de partida para corregir la comprensión de lo que está sucediendo es aceptar de una buena vez que la Constitución que nos rige, con todas sus deficiencias, no es hace ya mucho tiempo la Constitución de Pinochet.

Puede ser deficiente y “neoliberal”, pero no es la que el dictador ofreció al país hace más de 40 años, con prohibiciones ideológicas, con sistema binominal, con Doctrina de Seguridad Nacional y cerrojos inamovibles.

Varios lo dijimos en ese momento: el estallido social no debió nunca asociarse al proyecto de una nueva Constitución, sino a reformas estructurales orientadas a resolver al menos algunas de las grandes desigualdades del país.

Si esa noche tensa en noviembre de 2019 hubo disposición para negociar “hasta” un nuevo proceso constitucional –incluida la rebaja de los quórums para futuras reformas constitucionales–, perfectamente pudo (debió) esa noche haberse acordado un programa concreto de reformas en pensiones y salud.

Pero el enamoramiento de los intelectuales de izquierda y centroizquierda con la idea de la “Constitución tramposa” –Fernando Atria, Jaime Bassa, Claudio Fuentes– se tradujo en una trampa para los partidos políticos que la apoyaron: una sociedad no se reduce a su Constitución y las crisis sociales se encauzan, mas no resuelven institucionalmente, pero se impuso la tesis errada de que la Constitución es más importante que la sociedad.

Y eso es lo que estamos pagando aún.

Una segunda lección de este resultado es que Chile no era ni es el paraíso neoliberal donde la preocupación principal de sus ciudadanos es consumir tanto como sea posible.

La elección de Gabriel Boric, aun bajo un padrón electoral diferente al actual, nos mostró que las causas del estallido seguían presentes porque la desigualdad estructural no ha desaparecido.

A ello se suman nuevas preocupaciones, en seguridad y migración, que refuerzan la sensación de que, cuando las cosas funcionan bien, lo hacen solo para algunos.

El rechazo de ambos procesos constituyentes no reafirma sino que refuta las ideas de la derecha, repetidas hasta el cansancio por Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar y Carlos Peña, de que los chilenos no aspiran a otra cosa que a que los dejen hacer su vida en paz.

Pero esas opiniones no alcanzan para comprender que la modernización de la sociedad no se ajusta a trayectorias lineales, preferencias individuales ni formas racionales puras: se trata de procesos complejos, con demandas y conflictos que se superponen de forma inconsistente y de soluciones siempre imperfectas.

Para el ciclo que viene, el desafío para la elite política e intelectual es cómo no quedar atrapados entre la hipocresía del “no lo vimos venir” y la “amenaza” de un nuevo estallido, porque la refundación sigue, ahora sí que sí está a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, la sociedad seguirá su propio camino de demandas por una mejor distribución del ingreso, igualdad ante la ley para una población cada vez más educada y diversa, y equidad en el acceso a los servicios básicos.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

LA DEUDA. Javier Sanjuria

 

                                                           LA DEUDA

Javier Sanjuria

La Tercera, Opinión, 18/12/2023

Tras cuatro años y dos procesos constituyentes fallidos, las élites chilenas siguen en deuda. Más allá de las piruetas argumentativas que den para apropiarse del resultado del plebiscito, al final queda la sensación de que quienes acaparan para sí mismos el control del poder político y económico, tienen muy poca capacidad de mirar a largo plazo y fuera de sus propios sesgos.

El resultado del domingo no es una reivindicación del orden establecido por la clase política pre-2019, si no que un reconocimiento a que son incapaces de hacerse cargo de los problemas sociales que llevaron a estos cuatro años de turbulencia.

Tal como planteaba la destacada socióloga chilena, Florencia Torche, durante el fin de semana, los niveles de desigualdad en Chile son extremadamente altos y dañinos.

Torche viene, por años, cuestionando la poca atención que se le había prestado a esta desigualdad, la misma que estuvo en el centro de las protestas y reivindicaciones del 2019.

Ante la violencia y la movilización social, la política ofreció una salida institucional, pero sin comprometerse a cumplirla con éxito. Cuatro años después, nos encontramos en un momento más complejo ya que las desigualdades e injusticias del 2019 son aún peores, pero esta vez sin un liderazgo legítimo que logre enfrentarlas.

Una vez concluido el frenesí constitucional, al menos en lo que resta de este gobierno, vale la pena preguntarse si es que es cierto que no hemos logrado nada en cuatro años.

Quienes promueven esta idea, particularmente desde sectores autodenominados moderados, parecieran pensar que estuvimos en una especie de anomia política, un estado de protesta sinsentido o, simplemente, una pérdida de tiempo.

Así como en 2019, parecen incapaces de entender que el país ha sufrido cambios estructurales y que, a pesar de los anhelos autocomplacientes, el resultado de los 30 años post democracia están lejos de ser una alegría compartida.

El principal problema del doble fracaso constituyente no es el fracaso en sí mismo: los mejores aprendizajes ocurren cuando fracasamos en algo. Sin embargo, eso requiere que nuestras élites sean suficientemente humildes para escuchar el mensaje.

Después de cuatro años, la ciudadanía está aún más agotada y decepcionada de quienes dirigen la política y la economía. La deuda que tenían con el país en 2019, compuesta de desigualdad y lejanía, no parece haber sido pagada.

A la luz de todos estos problemas, sumado a un aumento explosivo de la delincuencia, nos encontramos con liderazgos que prefieren seguir mirando los procesos de elección en elección, de matinal en matinal.

Pero a la hora de plantear reformas de largo plazo, de volver a intermediar entre la ciudadanía y el poder, de buscar soluciones complejas a problemas difíciles, prefieren pasar de largo.

Gran parte de los discursos que hemos escuchado desde los perdedores del plebiscito se enfocan en un retorno a la normalidad, a lo que vale preguntarse de qué normalidad hablan.

Si es a la de un país injusto, en la que sus gobernantes prefieren pelear en vez de ceder, entonces el problema no es que estos cuatro años no hayan servido de nada, sino que precisamente hayan servido para aumentar la deuda entre quienes tienen el poder para pagarla y quienes llevan años reclamándola.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

¿DÓNDE ESTÁN LOS $873 MILLONES DE PROCULTURA EN PROCULTURA EN ANTOFAGASTA?: CDE PIDIÓ A LA FISCALÍA REQUERIR INFORMACIÓN DEL SII Y LA UNIDAD QUE REPORTA LAVADO DE ACTIVOS. Catalina Batarce y Víctor Rivera

 

                                                                              ¿DÓNDE ESTÁN LOS $873 MILLONES DE PROCULTURA EN                                                                                    ANTOFAGASTA?: CDE PIDIÓ A LA FISCALÍA REQUERIR                                                                                         INFORMACIÓN DEL SII Y LA UNIDAD QUE REPORTA                                                                                                LAVADO  DE   ACTIVOS.

Catalina Batarce y Víctor Rivera

La Tercera, 18/12/2023

El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.

Cuatro diligencias concretas son las que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió realizar al Ministerio Público en relación con la Fundación ProCultura, una de las entidades privadas que son indagadas por fraude y malversación de caudales públicos en varias regiones del país producto del denominado caso líos de platas.

Esto, como se lee en un escrito enviado por el organismo al fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, el pasado 8 de noviembre, porque las acciones desarrolladas por la ONG liderada por el siquiatra Alberto Larraín, según sus evaluaciones, “constituyen a lo menos una presunción grave de la eventual distracción de recursos públicos”.

Dados los antecedentes que han surgido desde que estalló el caso -como la inexistencia de fondos en cuentas bancarias que la fundación mantenía y las irregularidades en la ejecución de convenios que celebraron-, el CDE solicitó que organismos especializados pesquisen la ruta de los dineros que recibió la misma.

De esta forma, pidieron al ente persecutor que requiera a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) un “levantamiento patrimonial de ProCultura y de su directiva, conformada por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch, conforme certificado de directorio de fecha 6 de noviembre de 2023, que se adjunta a esta presentación”, se lee en el documento que remitieron el pasado 8 de noviembre.

Asimismo, quieren que el Servicio de Impuestos Internos (SII) también entregue información respecto a la fundación y de los miembros de su directiva, y que la acción se replique ante la Comisión para el Mercado Financiero o directamente en los bancos o mutualidades que operan en Chile.

Esto último, para determinar que ProCultura mantiene productos tales como cuentas corrientes, cuentas a la vista, cuentas de ahorro, chequeras electrónicas, boletas en garantía, vales vista, créditos o cualquier otro producto o acreencia en su institución.

Solicitan, en el mismo sentido, requerir autorización judicial para que la entidad bancaria o mutualidad que corresponda realice el levantamiento de secreto bancario total de lo informado “desde a lo menos el día 29 de diciembre del año 2022 hasta la fecha efectiva de la entrega de información”.

El sustento de las sospechas. De acuerdo con los detalles que se entregan en el mismo escrito, uno de los elementos que dan sustento a las diligencias solicitadas es que el Ministerio de Vivienda puso término anticipado a convenios que tenía con la ONG, dado que advirtieron “una serie de incumplimientos e irregularidades”.

Mencionan, asimismo, la querella que presentó el Gobierno Regional de Antofagasta en contra de María Constanza Gómez, en su calidad de representante de ProCultura, “por presunta apropiación indebida respecto de fondos transferidos en el marco del programa de Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica de Antofagasta”.

Suman, igualmente, que la entidad es investigada en diversas zonas del país, no solo en Antofagasta. Se menciona, entre ellas, causas iniciadas en Puerto Montt, Coyhaique, Concepción y Punta Arenas.

Junto con esto, se subraya que trabajadores de la misma en Antofagasta ya iniciaron acciones legales en su contra por incumplimientos.

Y por último, resaltan que el CDE ya había intentado retener fondos a la fundación por irregularidades en tratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, pero que no les fue posible ejecutarla ya que no había ni un solo peso en su cuenta.

“El receptor judicial que practicó la diligencia certificó que, habiéndose constituido en el Banco Santander con el objeto de proceder a la retención de bienes decretada, dicha diligencia no se pudo cumplir por haber informado el agente de dicha entidad que la demandada no mantiene fondos en su cuenta”, argumentaron desde el CDE.

En esa cuenta, además, se constató que también habían sido depositados $218.000.000 correspondientes a un convenio suscrito entre la fundación y el Gore del Ñuble.

De esta forma, desde el CDE manifestaron: “En este estadio procesal de la investigación ya es posible establecer que la Fundación Procultura actualmente se mantiene investigada por diversos convenios y transferencias de recursos celebrados con instituciones públicas en numerosas regiones del país, manteniendo, consecuentemente, que tiene distintos procesos vigentes de cobros judiciales, extrajudiciales y laborales, además de sendos compromisos financieros derivados de aquello.

En tal sentido, consta que solo en la Región de Antofagasta ha sido requerida extrajudicialmente por la suma total de $873.002.500, desde Seremi Minvu y Gore; fondos que no restituyó, y que incluso no mantiene saldo alguno en la cuenta corriente dispuesta para, supuestamente, custodiar dichos recursos”.

Arremetidas contra ProCultura. Junto con la serie de acciones mencionadas que ya se han iniciado, cabe hacer presente, trabajadores de la ya cerrada fundación siguen denunciando el no pago de sus finiquitos y alistan acciones para recurrir en su contra.

Pero además de aquello, recientemente el diputado Andrés Longton ingresó una nueva denuncia en contra de la ONG ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por “actos posiblemente delictivos relacionados con fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y otros”.

La arremetida dice relación, como pudo constatar este medio, con las irregularidades que detectó Contraloría en la ejecución de los convenios que la ONG suscribió con el Gobierno Regional de Valparaíso para la realización de un proyecto cultural ligado a murales.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional