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UNA ABOGADA TRABAJA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR: EL PERFIL DE JURISTAS TRAS LA QUERELLA POR LA QUE SE FORMALIZARÁ AL GENERAL YÁÑEZ. El Líbero

 

                                                           UNA ABOGADA TRABAJA EN EL MINISTERIO DEL                                                                     INTERIOR: EL PERFIL DE JURISTAS TRAS LA QUERELLA                                                         POR LA QUE SE FORMALIZARÁ AL GENERAL YÁÑEZ

El Líbero, 05/01/2024

La causa contra el alto mando de Carabineros fue presentada por abogados cercanos al oficialismo. Una de estas juristas es la actual coordinadora de la División Jurídica del ministerio dirigido por Carolina Tohá. La situación no sólo complica al general director, sino que también al Ejecutivo, pues desde que la seguridad es el principal tema de la agenda, Yáñez es visto como un aliado.

Un incómodo escenario es el que vive el gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong decidieran pedir la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por el supuesto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el contexto del estallido de 2019, cuando el uniformado era director Nacional de Orden y Seguridad.

Y es que si bien en el pasado tanto Boric como varios miembros de su gabinete fueron los más duros críticos de Carabineros y de los generales al mando de la institución, desde que la seguridad se instaló como tema principal de la agenda, el gobierno ha visto en la policía uniformada y en Yáñez a un aliado.

De hecho, según el abogado del general director de Carabineros, el Mandatario llamó a Yáñez “y le manifestó todo su apoyo, tanto como Presidente de la República, como persona”.

Pero lo paradójico es que la formalización de Yáñez que hoy complica al gobierno se desencadenó por una querella interpuesta por abogados cercanos al oficialismo. De hecho, una de estas profesionales trabaja actualmente en el Ministerio del Interior y otra pasó por el Ministerio del Deporte.

Se trata de Javiera Corvalán Schindler y Natalia Bravo Peña, por la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem); Karinna Fernández Neira, Sebastián Velásquez Díaz y Magdalena Garcés Fuentes, por Londres 38, casa de la memoria; y Miguel Astudillo Lara y Francisca Hernández Mardones, del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Coordinadora de la División Jurídica de Interior. Javiera Corvalán Schindler estudió en la Universidad de Chile y juró como abogada en 2019, siendo socia de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

Trabajó como procuradora en Carey y como interrogadora en Abusleme Pinto Muñoz & Campos, pero en 2019 entró a trabajar como asociada en el área de litigios penales y civiles Chaves Awad Contreras Schürmann; con Miguel Schürmann y Alejandro Awad, quienes durante 2023 también acapararon prensa al ser los abogados de Rodrigo Topelberg, uno de los involucrados en el Caso Audio, y defender al ex ministro Giorgio Jackson en el Caso Convenios.

El actual bufete de ambos, (BACS, junto a Antonio Bascuñán, Esteban Barra y Marcos Contreras), es uno de los favoritos del gobierno, que también es el escenario laboral de la hija de la periodista Mirna Schindler.

En efecto, según DFMás, fue desde BACS que recomendaron a Javiera y a otra jurista para trabajar en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública cuando abogados de la División Jurídica fueron desvinculados en abril de 2022.

Cuando llegó a Jurídica, Corvalán estaba trabajando como asesora legal de Izkia Siches.

El que fuera titulada de la Universidad de Chile, dice la publicación, fue un plus, pues compartía el alma mater con otros importantes asesores de gobierno.

Su llegada a Interior como asesora del Área Judicial de Interior a inicios de 2022 no pasó inadvertida, pues aunque no era coordinadora, críticos de su arribo aseguraron que hacía lo mismo que el desvinculado coordinador Carlos Flores (funcionario desde 2004), en quien recaía la presentación y seguimiento de las querellas en que el ministerio se hacía parte, entre ellas, las del estallido.

Durante este gobierno se retiraron 139 acciones judiciales relacionadas a ese tiempo.

A noviembre de 2023, Corvalán figuraba en Transparencia como coordinadora de la División Jurídica de Interior, teniendo a su cargo la “tramitación, conducción y completa consecución de investigaciones criminales y causas judiciales” en que el ministerio o las delegaciones presidenciales intervengan.

Antes de llegar al gobierno en marzo de 2022 -cuando renunció a ser querellante de esta causa contra el general Yáñez- apoyaba con retuits la reforma de Carabineros, daba a conocer irregularidades y apoyaba la idea de que el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos.

Deportes y feminismo. Natalia Bravo Peña también es abogada de la Universidad de Chile y trabajó en el gobierno de Gabriel Boric.

Fue jefa de gabinete de la ministra del Deporte cuando ese cargo lo ostentaba la exfutbolista Alexandra Benado y el área no era desconocida para ella, pues en 2020 fue abogada de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, labor que compatibilizó con su rol de directora de la comisión de derecho al trabajo en Abofem.

A raíz de esa mezcla de fútbol con derecho laboral, escribió algunas columnas de opinión en medios.

Pero así como la gestión de Benado no estuvo exenta de críticas, el paso de Bravo por Deportes también lo fue, pues se levantaron voces que consideraban “excesivo su protagonismo”, lo que habría dificultado la relación de la exministra con las federaciones.

Durante el estallido social, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile convocó a Abofem a trabajar con la Defensoría Jurídica que habían levantado y en ese marco, Bravo fue la “coordinadora de comisarías”.

En esa labor en terreno, dijo haber constatado “que los agentes del Estado nos vulneran. ¿A quiénes? a niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidades LGBTI e incluso hombres. En ese contexto, nosotras hemos constatado humillaciones, vejaciones, abusos sexuales, violaciones”.

Según su LinkedIn, actualmente sigue trabajando de manera independiente como socia principal de Bravo Abogadas.

Candidata a fiscal nacional y a relatora de la ONU. Tras incursionar en esta mediática querella, Karinna Fernández, que es abogada de la Universidad de Valparaíso, siguió trabajando en la materia a la que se ha dedicado durante toda su carrera: derechos humanos.

Sin embargo, tuvo una especial visibilidad en 2022, cuando postuló para ser la primera mujer de América Latina en ser Relatora de la ONU sobre tortura y fue una de las 17 candidatas a fiscal nacional. Lo primero no prosperó y a lo segundo terminó renunciando al tercer proceso que buscaba reemplazante para Jorge Abbott, acusando “guerra sucia”.

Al igual que Corvalán y Bravo, tuvo un paso por el gobierno, pero no en el actual, sino entre la administración de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (2009-2010). “Cuando terminé mis estudios entré a trabajar en un Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y llevé causas de la dictadura, tratando de darle un enfoque vinculado a Valparaíso y el rol de la fuerza marítima en la dictadura”, contó en El Mostrador.

Durante el estallido defendió casos como el del Colectivo Las Tesis, que resultaron absueltas de atentados contra la autoridad y amenazas contra Carabineros.

Ella sigue representando a Londres 38. El año pasado incluso le pidió una reunión a la ministra Carolina Tohá sobre las medidas que se adoptaron para que el general Yáñez fuera a declarar, “pero se me negó esa reunión”. Ayer, en tanto, opinó que Yáñez debía renunciar.

En su carrera ha representado a familiares y víctimas en casos como “Caravana de la muerte”, “Operación Cóndor”, “Calle Conferencia” y fue parte de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional.

También es asesora jurídica de organismos internacionales como Forest Peoples Programme (Reino Unido), y asesoró la reforma policial que hubo en Ucrania, según ella misma contó en radio Bío Bío.

Fernández trabajó con otra de las querellantes contra el alto mando de Carabineros el año pasado en una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de Magdalena Garcés Fuentes, también abogada de derechos humanos que sigue representando a Londres 38.

La jurista de la Universidad de Chile y doctora en Derecho también trabajó en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y en el Instituto Nacional de DD. HH, donde ejerció como abogada de la Unidad Jurídica y Judicial cuando el Instituto lo dirigía Lorena Fries (2011).

Es querellante en la causa Caravana Valdivia y Neltume 81. Fue parte del equipo técnico del GIEI Bolivia (Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes) creado por acuerdo de la Comisión Interamericana de DD. HH y el Estado Plurinacional de Bolivia para investigar hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Abogado con breve paso por el INDH y una trabaja en el Ministerio Público. Sebastián Velásquez Díaz, que también representaba a Londres 38, entre enero y marzo de 2022 trabajó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como “profesional analista especialista en protección sede regional metropolitana”.

En diciembre de 2021 firmó una Declaración de Abogad@s de DD.HH en apoyo a la candidatura de Gabriel Boric, pues miraban “con extrema precaución la candidatura de Kast”.

Junto a Karinna Fernández y Magdalena Garcés también aparece firmando una carta rechazando la ley antisaqueos en 2019.

En tanto, Miguel Astudillo, que se hizo parte de la querella representando al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidente de esa organización entre 2020 y 2021, cuando se definía de izquierda y “frenteamplista”, pero no tuvo mayor connotación pública desde entonces.

Después del estallido, su compañera de la Universidad de Chile que también patrocinó la querella, Francisca Hernández, hizo su práctica en la Defensoría Penal Pública, una pasantía en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, fue oficial de la IV Corte de Apelaciones y desde julio de 2023 es asesora de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público, donde colaboró en la factura del “Manual para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio)”.

En pandemia acusaba tiempos en que “el fracaso, ineficiencia y crueldad del modelo socio económico no pueden ser más explícitas” y cuestionaba criterios para aplicar prisión preventiva.

En sus redes sociales no existen publicaciones del año 2019 y en 2021 renunció a ser querellante en la causa.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

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APARECE UN SEXTO CONDENADO EN EL ESTALLIDO QUE RECIBE PENSIÓN DE GRACIA: GOBIERNO OTORGÓ BENEFICIO A HOMBRE QUE SAQUEÓ DOS TIENDAS EN CORONEL. Danilo Barra

 

                                                                     APARECE UN SEXTO CONDENADO EN EL                                                                                      ESTALLIDO QUE RECIBE PENSIÓN DE GRACIA:                                                                         GOBIERNO OTORGÓ BENEFICIO A HOMBRE QUE                                                  SAQUEÓ DOS TIENDAS EN CORONEL

Danilo Barra

La Tercera, 05/01/2024

Luego de los 5 casos reportados sobre condenados por hechos de violencia en el estallido, se puso en cuestionamiento el filtro a la hora de otorgar estas ayudas. Por lo mismo, este viernes el gobierno ingresará indicaciones para que estas sean revocables. A esta lista, ahora se suma Sandro Jerez Salas, quien fue condenado por dos delitos de robo en lugar no habitado tras saquear dos tiendas en Coronel, en la Región del Biobío.

Cinco son los casos que hasta ahora se han reportado sobre personas que han sido condenadas por hechos de violencia durante el estallido social que reciben pensión de gracia.

A estos ahora se suma un nuevo detenido durante la crisis social de 2019, quien fue condenado luego de haber participado en dos saqueos aquel año.

Pese a aquello, el hombre identificado como Sandro Jerez Salas, recibe un pago mensual tras ser calificado como una víctima de violación a los derechos humanos debido a un disparo que recibió en las manifestaciones de hace cuatro años.

La revelación de cinco casos, dada a conocer por Ex Ante, donde personas que tuvieron una sentencia condenatoria por delitos durante la crisis social del 2019 y que han estado recibiendo una pensión de gracia, otorgada por el gobierno, activó la discusión en torno a este aporte económico entregado por el Estado.

Ante eso, el gobierno reaccionó ingresando indicaciones para poder hacer que estas sean revocables.

La discusión abierta por el medio ocasionó la rápida respuesta de la oposición quienes no tardaron en referirse a la situación, lanzando duras críticas al Ejecutivo.

Para este viernes La Moneda, según lo anunció el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, ingresarían las indicaciones que buscan generar un mecanismo para establecer las condiciones en las que se puede revocar una pensión de gracia.

Y es que hasta ahora, según establece la ley, las personas que tienen el derecho a recibir una pensión del Estado, de forma vitalicia, la pueden perder sólo cuando la condición médica que generó este beneficio se revierte. Escenario judicial que Interior buscaría cambiar.

El conocimiento de la entrega de pensiones de gracia abrió un flanco con la oposición, la cual incluso solicitó que el gobierno revirtiera de forma inmediata la entrega de estos dineros.

Monsalve, por su parte, explicó que se revisó el asunto y explicó que la idea es: “Uno, para revocar beneficios, para que la autoridad tenga la facultad de revocar (estos) beneficios, y otra, para que tenga la obligación de tener a la vista, antes de la entrega del beneficio, los antecedentes penales”.

“Doble delito de robo en lugar no habitado”. La lista no termina en los cinco casos revelados anteriormente, ya que, según pudo conocer La Tercera, Sandro Iván Jerez Salas es la sexta persona con prontuario que recibe este aporte.

La sentencia ejecutada por el Juzgado de Garantía de Coronel le imputa a “dos delitos de robo con fuerza en las cosas cometido en lugar no habitado”, cometidos en la madrugada del día 20 de octubre de 2019 y, el segundo, el día 12 de noviembre de 2019.

El 25 de julio del 2022 el Juzgado de Garantía de Coronel lo sentenció a “dos penas de ciento veintidós días de presidio menor en su grado mínimo” por los “delitos de robo con fuerza en las cosas cometido en lugar no habitado”.

El primer hecho que se le imputa ocurre en la madrugada del 20 de octubre, antes que recibiera la herida de bala, cuando junto a una gran masa de gente ingresaron hasta una tienda Easy ubicado en la calle Manuel Montt, en la comuna de Coronel.

Se constató que el ingreso se hizo después del forcejeo con la reja que protegía al recinto, llevándose desde ahí distintas especies que vendía el centro comercial. Junto a Jerez se condenó a otras dos personas por el mismo hecho, pero solo él es quien recibe la pensión de gracia.

El segundo hecho por el cual se le condenó a la persona que posteriormente recibiría una pensión de gracia, es del 12 de noviembre del mismo año, cuando, en compañía de la misma persona condenada por el hecho descrito anteriormente, y de otra masa de gente sin identificar, ingresan a una tienda Johnson ubicado en la misma comuna para saquearlo.

El Ministerio Publico acusó a los responsables por los “delitos en grado de consumados, atribuyéndoles a los acusados participación de autores”.

Por lo que Jerez pasó “a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva con fecha 14 de noviembre de 2019, la que fue sustituida por la cautelar de arresto total con fecha 31 de marzo de 2020, la que a su vez fue dejada sin efecto el 21 de julio pasado. En consecuencia, Jerez permaneció privado de libertad, en la forma señalada, por el lapso de doscientos cincuenta y un (251) periodos”, dice la sentencia decretada.

Las razones por las que recibe el aporte. A Sandro Salas Jerez se le otorgó la pensión de gracia el día 14 de junio del 2022, por haber sido víctima de vulneración de derechos humanos.

Luego de aquello, según consta en los registros públicos del Ministerio del Interior, en agosto del 2023 se le aumentó la pensión tras ser una víctima calificada de vulneración de derechos humanos.

El hecho que llevó a Jerez a ser víctima de estos hechos ocurrió el domingo 20 de octubre del 2019, en Coronel. Ese día se encontraba en una concentración en contexto de las manifestaciones masivas que se producían en todo el país.

Mientras estaba cercano a una bencinera del sector Camilo Olavarría, recibió una bala que entró por la axila y se alojó en la columna. Todo esto ocurrió durante el toque de queda.

La herida se le agravó luego de que no se haya podido extraer la bala. Durante su hospitalización, pasó a ser detenido acusado de saqueo y receptación, hechos por los que finalmente fue condenado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó una querella por homicidio frustrado en contra de quien resulte responsable. Hasta ahora, no existe un imputado por dicha causa.

Pese a aquello, según consta en la resolución que le otorgó la pensión de gracia de por vida a Jerez, se le calificó como una víctima de violación a los derechos humanos que debe recibir 1,5 ingreso mínimo mensual no remuneracional, lo que corresponde a una pensión de $ 444.766.

Hasta ahora, se han otorgado 418 pensiones de gracia a víctimas del estallido social hasta el 31 de diciembre del 2022.

De estas, 148 fueron otorgadas durante la administración de Sebastián Piñera, las otras 270, por el actual Mandatario.

Además, del total, 40 pensiones corresponden a personas con antecedentes penales, de las cuales 17 de ellas se otorgaron por el gobierno anterior, y 23, por Boric.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

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No es Sólo Cheyre… Son Muchos Más. Cristián Labbé Galilea

 

                                                          No es Sólo Cheyre… Son Muchos Más

Cristián Labbé Galilea

 

Resulta imposible para esta pluma, que aspira ser reconocida por -al menos- decir lo que piensa y por enfrentar los más “espinosos” temas, soslayar la mañosa interpretación que el señor Carlos Peña dio al fallo Supremo del caso Cheyre.

Bajo el sarcástico título “El Fantasma de Cheyre”, abusando de rebuscados argumentos que datan de la posguerra (1946) y reviviendo intrincadas polémicas de la época de San Agustín (Siglo IV dc), ese prolífico columnista trata, desde una perspectiva jurídica, de confundir a la opinión pública en asuntos relacionados con los militares y los derechos humanos.

La crítica de esta pluma está lejos de ser una defensa al Gral. Cheyre. Más bien se trata de denunciar “urbi et orbi” la mañosa intención del articulista cuando intenta establecer que todas aquellas materias referidas a los Derechos Humanos, que involucran a militares, son de responsabilidad estrictamente personal.

Asumiendo que el columnista referido no es ni tonto ni ignorante, es evidente que sus planteamientos tienen un sesgo político condenatorio a los pilares básicos de las instituciones armadas: la jerarquía, la obediencia y la disciplina. Sus argumentos son un reproche al compromiso militar de obedecer “con prontitud y puntualidad” las ordenes de sus superiores, adquirido al jurar a la bandera.

Demás está decir que el éxito de la seguridad y de la supervivencia de una nación dependen fundamentalmente de la moral, la disciplina, la jerarquía y la obediencia de los integrantes de sus instituciones armadas, sin excepción.

La razón fundamental radica en que un sistema militar sólo puede funcionar si las órdenes de los superiores se cumplen, y si los mandos están siempre dispuestos a proteger a un subordinado. Bajo esa premisa todo soldado cumplirá con el sagrado deber de obedecer las órdenes y preservar la disciplina militar.

Por lo mismo, los poderes políticos, judiciales, y los mandos militares, deben asumir estas condiciones, y deben velar porque la supervivencia y seguridad de la nación descansen en el respeto a los principios señalados tanto en tiempo de paz como de guerra o de emergencia. Bajo esa premisa, no habrá lugar para argumentar que lo obrado bajo órdenes o circunstancias especiales corresponden a responsabilidades individuales (como pretende establecer el señor Peña).

Al respecto, esta objetiva pluma otorga especial reconocimiento a la señora María Alicia Ruíz-Tagle, quien valientemente, en sendas columnas (Mercurio 02 y 03 Ene. 24), a pesar del drama familiar sufrido, le reprocha al citado columnista si él cree que en la convulsa época de los 70 podía un subordinado rebelarse contra sus superiores, y le pregunta si es justo que, en la actualidad, esa persona, sea condenada por responsabilidades personales.

Por último, como lo señala la señora Ruíz-Tagle y lo saben mis patriotas contertulios, los soldados no entran a la Fuerzas Armadas para cometer ilícitos. Sin embargo, inexplicablemente, quienes en aquellos aciagos días eran jóvenes soldados cumpliendo con su deber, hoy en su vejez viven privados de libertad por la cobardía de todos aquellos que, teniendo el poder para hacer justicia, los han dejado a merced de su suerte.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

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10 CONFLICTOS A TENER EN CUENTA EN 2024. Comfort Ero, presidente y director ejecutivo de International Crisis Group, y Richard Atwood, vicepresidente ejecutivo de International Crisis Group

 

                                                                               10 CONFLICTOS A TENER EN CUENTA EN 2024

Comfort Ero, presidente y director ejecutivo de International Crisis Group, y Richard Atwood, vicepresidente ejecutivo de International Crisis Group

01/01/2024

Cada vez son más los líderes que persiguen sus fines por la vía militar. Más creen que pueden salirse con la suya.

¿Podemos evitar que las cosas se desmoronen?

El año 2024 comienza con guerras en Gaza, Sudán y Ucrania y el establecimiento de la paz en crisis. En todo el mundo, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates están fracasando. Cada vez son más los líderes que persiguen sus fines por la vía militar. Más creen que pueden salirse con la suya.

La guerra ha ido en aumento desde aproximadamente 2012, después de un declive en la década de 1990 y principios de la de 2000.

Primero fueron los conflictos en Libia, Siria y Yemen, desencadenados por los levantamientos árabes de 2011. La inestabilidad de Libia se extendió hacia el sur, lo que ayudó a desencadenar una prolongada crisis en la región del Sahel. Siguió una nueva oleada de combates importantes: la guerra azerbaiyano-armenia de 2020 por el enclave de Nagorno-Karabaj, los horribles combates en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, que comenzaron semanas después, el conflicto provocado por la toma de poder del ejército de Myanmar en 2021 y el asalto de Rusia a Ucrania en 2022. A esto se suma la devastación de 2023 en Sudán y Gaza.

En todo el mundo, más personas mueren en combates, se ven obligadas a abandonar sus hogares o necesitan ayuda vital que en décadas.

En algunos campos de batalla, el establecimiento de la paz es inexistente o no va a ninguna parte.

La junta de Myanmar y los oficiales que han tomado el poder en el Sahel están empeñados en aplastar a sus rivales. En Sudán, tal vez la peor guerra de hoy en día en número de muertos y desplazados, los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos y Arabia Saudita fueron confusos y poco entusiastas durante meses.

El presidente ruso Vladimir Putin, que confía en la disminución del apoyo occidental a Kiev, busca obligar a Ucrania a rendirse y desmilitarizarse, condiciones que son comprensiblemente desagradables para los ucranianos.

En todos estos lugares, la diplomacia, tal como es, ha consistido en gestionar las consecuencias: negociar el acceso humanitario o el intercambio de prisioneros, o llegar a acuerdos como el que llevó el grano ucraniano a los mercados mundiales a través del Mar Negro. Estos esfuerzos, si bien son vitales, no sustituyen a las conversaciones políticas.

Donde la lucha ha terminado, la calma se debe menos a la negociación que a la victoria en el campo de batalla. En Afganistán, los talibanes tomaron el poder cuando las tropas estadounidenses se retiraron, sin negociar con sus rivales afganos. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, llegó a un acuerdo a finales de 2022 con los líderes rebeldes que puso fin a la guerra de Tigray, pero fue más una consolidación de la victoria de Abiy que un acuerdo sobre el futuro de la región. El año pasado, Azerbaiyán recuperó el control de Nagorno-Karabaj, y su ofensiva de septiembre puso fin a lo que comenzó su victoria en la guerra de 2020, poniendo fin a un enfrentamiento de 30 años sobre el enclave y forzando un éxodo de armenios étnicos.

Las guerras en Libia, Siria y Yemen también han disminuido, pero sin un acuerdo duradero entre las partes o incluso, en Libia y Siria, una vía política digna de ese nombre. De hecho, la mayoría de los beligerantes esperan la oportunidad de apoderarse de más tierras o poder.

No es ninguna novedad que las partes beligerantes quieren vencer a sus rivales. Pero en la década de 1990, una serie de acuerdos puso fin a conflictos en lugares desde Camboya y Bosnia hasta Mozambique y Liberia. Los acuerdos eran imperfectos y a menudo implicaban concesiones desagradables.

Un período marcado por el genocidio de Ruanda y el derramamiento de sangre en los Balcanes difícilmente puede idealizarse como una era dorada del establecimiento de la paz. Aun así, la serie de acuerdos parecía indicar un futuro en el que una política más tranquila después de la Guerra Fría abría espacio para la diplomacia.

Durante la última década, más o menos, estos acuerdos han sido pocos y distantes entre sí. (El acuerdo de 2016 de Colombia de su guerra civil de décadas y el acuerdo de Filipinas de 2014 con los rebeldes en su región de Bangsamoro son valores atípicos y, de alguna manera, legados de otra era).

El espantoso giro de los últimos meses en Israel-Palestina es quizás el ejemplo más claro de la tendencia. Los esfuerzos de pacificación allí se agotaron hace años y los líderes mundiales miraron hacia otro lado.

Varios gobiernos árabes llegaron a acuerdos negociados por Estados Unidos con Israel que en su mayoría ignoraron la difícil situación de los palestinos. Israel se comió más tierras palestinas, y los colonos actuaron de manera cada vez más brutal, a menudo en concierto con el ejército israelí. La ocupación se hizo cada vez más cruel.

Las esperanzas palestinas de convertirse en un Estado se marchitaron, al igual que la credibilidad de sus líderes, que habían confiado en la cooperación con Israel.

Nada puede justificar el ataque asesino de los militantes palestinos el 7 de octubre. Pero el conflicto palestino-israelí no comenzó ese día. Ahora, el ataque liderado por Hamas y las represalias de Israel en Gaza —un asalto que ha arrasado gran parte de la franja y podría expulsar plausiblemente a muchos de sus habitantes— bien pueden borrar la esperanza de paz para una generación.

Entonces, ¿qué está fallando? El problema no tiene que ver principalmente con la práctica de la mediación o con los diplomáticos involucrados. Más bien, se encuentra en la política global. En un momento de cambio, las restricciones al uso de la fuerza, incluso para la conquista y la limpieza étnica, se están desmoronando.

El colapso de las relaciones de Occidente con Rusia y China-EE. UU. La competencia tiene gran parte de la culpa. Incluso en las crisis en las que no están directamente involucradas, las grandes potencias discuten qué debería implicar la diplomacia y si deben apoyarla o cómo.

La incertidumbre sobre Estados Unidos también contribuye. El poder de Estados Unidos no está en caída libre, y su declive en relación con el de otros países no necesariamente anuncia desorden.

De hecho, sería engañoso exagerar la influencia de la que siempre disfrutó Estados Unidos como potencia hegemónica; pasar por alto sus desventuras desestabilizadoras en Irak, Libia y otros lugares; o restar importancia a su fuerza militar actual. Los últimos dos años ofrecen muchas pruebas de la influencia de Estados Unidos, tanto para bien, al ayudar a Ucrania a defenderse, como para mal, al prestar apoyo casi incondicional a la ruina de Gaza por parte de Israel.

El problema es más bien la disfunción política y el vaivén de Estados Unidos, que aporta volatilidad a su papel global. Una votación potencialmente divisiva en 2024 y el posible regreso del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, cuya afición por los hombres fuertes y el desdén por los aliados tradicionales ya sacuden a gran parte de Europa y Asia, hacen que el año que se avecina sea especialmente difícil.

Varias potencias medias no occidentales se han vuelto más asertivas. Que Brasil, las monarquías del Golfo, India, Indonesia y Turquía (por nombrar solo algunos) gocen de más influencia no es en sí mismo algo malo. Hasta cierto punto, la negativa de las potencias medias a alinearse ordenadamente detrás de las grandes potencias competidoras sirve como una especie de restricción para esas capitales. Pero especialmente en Oriente Medio y partes de África, las potencias regionales se han vuelto más activas en las guerras —como, según ellos, lo han hecho las grandes potencias durante mucho tiempo— y en los combates prolongados.

Hoy en día, las partes beligerantes tienen más lugares a los que acudir en busca de respaldo político, fondos y armas. Los pacificadores tienen que contar no sólo con los beligerantes sobre el terreno, sino también con los patrocinadores externos que ven las luchas locales a través del prisma de rivalidades más amplias.

Los peligros van más allá del costo humano de las guerras. Es posible que los líderes envalentonados por las victorias en casa no se detengan ahí. Los diplomáticos en la región del Cáucaso temen que Azerbaiyán, después de haber prevalecido en Nagorno-Karabaj, ahora pueda tratar de desafiar las fronteras de Armenia en un intento de obtener concesiones de su gobierno sobre una ruta de tránsito a través del sur del país.

Los líderes del Cuerno de África temen que Abiy, recién salido de su triunfo en Tigray, pueda usar la fuerza para buscar una ruta renovada para su país sin salida al mar a través de Eritrea hasta el Mar Rojo. Las probabilidades de que ocurra cualquiera de las dos cosas, aunque siguen siendo bajas, son lo suficientemente altas como para causar molestias.

La norma de no agresión que durante décadas apuntaló el orden global ya se está deshilachando gracias en parte al intento de Rusia de anexionarse más de Ucrania.

En 2024, el riesgo de que los líderes vayan más allá de sofocar la disidencia en el país o entrometerse en el extranjero a través de representantes para invadir realmente a los vecinos es más grave de lo que ha sido en años.

El peligro de una conflagración más amplia también eclipsa la lista de este año. Las grandes potencias tienen fuertes incentivos para no luchar entre sí, pero hay más conflictos y tensiones que aumentan a lo largo de las fallas más peligrosas del mundo: Ucrania, el Mar Rojo, Taiwán y el Mar de China Meridional entre ellos. Hablar vagamente de guerra en Pekín, Moscú y Washington corre el riesgo de normalizar el costo casi incalculable de un enfrentamiento que involucre a Estados Unidos y China o Rusia.

Parece poco probable que los líderes mundiales, dadas sus divisiones, reconozcan lo peligrosas que se han vuelto las cosas, reafirmen colectivamente su creencia de no cambiar las fronteras por la fuerza y pongan más energía en forjar acuerdos en lugares devastados por la guerra en los que los beligerantes son llevados ante la justicia y los civiles sin sangre en sus manos toman el poder.

Probablemente lo mejor que podemos esperar este año es salir del paso. La diplomacia lejos de las zonas de guerra puede ayudar.

Un punto positivo en 2023 fue el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, resultado de la mediación de Irak, Omán y China, que reduce una rivalidad que durante años ha alimentado las guerras árabes. Los líderes turco y griego, ambos recién llegados de las elecciones y asustados por la invasión rusa de Ucrania, han tratado de reparar los lazos tensos por la larga disputa de los dos países sobre el mar Egeo.

Una cumbre bien coordinada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, a finales de 2023 le quitó algo de tensión a la relación bilateral más importante del mundo. Incluso en medio del desorden, los líderes pueden ver beneficios en calmar las aguas y fortalecer las barandillas en las áreas más riesgosas del mundo.

En los campos de batalla, sin embargo, es más difícil, más una cuestión de detectar oportunidades para detener los combates y mitigar el sufrimiento a medida que surgen, y redoblar los esfuerzos para detener la propagación de los conflictos. Es casi seguro que eso significa aceptar los acuerdos defectuosos entre los beligerantes como mejores que la guerra prolongada y trabajar con los involucrados para que los acuerdos tengan más probabilidades de perdurar.

Hoy en día no tiene mucho sentido excluir a quienes, ya sea sobre el terreno o desde lejos, están detrás de la violencia, pero también son esenciales para acabar con ella. Lo ideal sería que los líderes mundiales también prestaran a los conflictos supuestamente congelados la atención que necesitan antes de que sea demasiado tarde, como ilustra la tragedia de Gaza.

En otras palabras, esperemos lo mejor, pero el establecimiento de la paz hoy en día se trata principalmente de detener lo peor.

Como muestra la lista de este año, eso en sí mismo no sería poca cosa.

Gaza. El ataque liderado por Hamas el 7 de octubre y la posterior destrucción de Gaza por parte de Israel han llevado el conflicto palestino-israelí de décadas a un nuevo y terrible capítulo. Casi tres meses después, está cada vez más claro que las operaciones militares de Israel no acabarán con Hamas, como argumentan los líderes israelíes, y que tratar de hacerlo podría acabar con lo que queda de Gaza.

El horror y la magnitud del 7 de octubre, en el que militantes palestinos masacraron a más de 1.100 personas, en su mayoría civiles, en Israel y capturaron a más de 200 cautivos, han dejado a los israelíes traumatizados y su sentido de seguridad destrozado.

La desconfianza que muchos sentían hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes del ataque se ha profundizado debido al fracaso de su gobierno para evitarlo. Aun así, los israelíes están abrumadoramente de acuerdo con Netanyahu en que no pueden vivir junto a Hamás. Consideran que la amenaza que representa es demasiado grave.

La campaña israelí en Gaza, un enclave costero densamente poblado gobernado por Hamas y bloqueado por Israel y Egipto durante 16 años, comenzó poco después del ataque del 7 de octubre. Israel asedió la franja durante semanas antes de permitir la entrada de ayuda limitada. Los intensos bombardeos y los llamamientos a los residentes del norte del enclave, incluida la ciudad de Gaza, para que evacuaran el sur allanaron el camino para las operaciones terrestres en las que las tropas rodearon y luego se trasladaron a la ciudad de Gaza.

A finales de noviembre, una breve pausa, mediada por Qatar con el apoyo de Estados Unidos y Egipto, vio a Hamas liberar a 105 rehenes (81 israelíes y 24 de otras personas) e Israel liberar a 240 palestinos detenidos en sus prisiones.

El 1 de diciembre se reanudó el asalto, con operaciones terrestres también en el sur de Gaza. Los feroces bombardeos y combates continúan en toda la franja.

Las operaciones israelíes han sido devastadoras, arrasando gran parte de la franja; la muerte de más de 20.000 palestinos; la aniquilación de generaciones de familias; y dejando un número incalculable de niños muertos, mutilados o huérfanos.

Israel ha lanzado cargas masivas, incluidas bombas de 2.000 libras, en áreas abarrotadas. (A modo de comparación, la coalición que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria dudó antes de lanzar bombas de una cuarta parte de ese tamaño en áreas más escasamente pobladas). Los informes sugieren que la destrucción es de un ritmo y una escala sin precedentes en la historia reciente.

Más del 85 por ciento de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han abandonado sus hogares, según la ONU, que también advierte sobre un colapso del orden público, hambruna y enfermedades infecciosas, que según las agencias de ayuda pronto podrían cobrar más vidas que las operaciones militares.

Muchos palestinos, algunos ya desplazados varias veces, han huido más al sur a campamentos improvisados a lo largo de la frontera con Egipto. Algunos funcionarios israelíes dicen abiertamente que esperan que las condiciones en Gaza lleven a los palestinos a irse; Israel niega que se trate de una política oficial.

Israel también ha bloqueado la Cisjordania ocupada. Ha acelerado el ritmo y la agresividad de sus operaciones de seguridad allí, ya sea como represalia por el ataque de octubre o para prevenir ataques de palestinos, como argumentan los funcionarios israelíes.

Los colonos israelíes (respaldados y armados por el gobierno de Netanyahu, que cuenta con varios ministros que son colonos) han intensificado la violencia contra los palestinos, expulsando a los habitantes de varias aldeas, en lo que grupos israelíes e internacionales de derechos humanos califican de actos de traslado forzoso.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha respaldado a Israel prácticamente sin condiciones. Los funcionarios estadounidenses argumentan que Washington está empleando una estrategia de “abrazo de oso” para reunir influencia: apoyo en público para influir en los líderes israelíes en privado.

La diplomacia estadounidense ayudó a lograr la pausa en los combates de noviembre y tal vez haya moderado algunas tácticas israelíes, aunque el número de víctimas en Gaza sugiere que no es mucho.

En las últimas semanas, los funcionarios estadounidenses han comenzado a cuestionar el costo y la duración de la campaña de manera más abierta. Pero Biden se ha negado a pedir un alto el fuego, y a principios de diciembre Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que lo exigía (dos semanas después, el consejo aprobó un texto opaco que mencionaba un cese de hostilidades sin suplicar a las partes que lo solicitaran).

Biden también rechaza condicionar la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. La mayor parte del mundo ve a Washington como cómplice de la devastación de la franja.

Netanyahu ha dado pocos detalles sobre su objetivo final para Gaza, excepto que Israel mantendrá el control de seguridad sobre la franja. Rechaza la idea, que Washington promueve, de que la Autoridad Palestina (AP), que gobierna parte de Cisjordania y está dominada por Fatah, el principal rival palestino de Hamas, pueda desempeñar un papel en el gobierno de posguerra de Gaza.

Sostiene que Israel luchará hasta eliminar a Hamas. (Una decisión del gabinete a principios de la guerra especificó objetivos de guerra más estrechos: destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas). Los logros militares, dice Netanyahu, ayudan a asegurar la liberación de rehenes. Pero es evidente que su gobierno está anteponiendo las ganancias a los rehenes. El 15 de diciembre, tres rehenes civiles retenidos por Hamas, que estaban medio desnudos e izaban una bandera blanca, fueron baleados por soldados israelíes, lo que llevó a sus familias y a las de otros rehenes a intensificar las protestas en Tel Aviv.

En realidad, poco sugiere hasta ahora que Israel pueda borrar a Hamas. Incluso destruir sus brigadas será una tarea difícil; Y pase lo que pase, el movimiento político y social más amplio sobrevivirá, y la resistencia armada continuará de alguna forma mientras persista la ocupación.

Las fuerzas israelíes afirman haber desmantelado la infraestructura militante, incluidos muchos de los túneles subterráneos de Gaza, y haber matado a unos 8.000 combatientes de Hamas y arrestado a miles más. Si es preciso, eso representa menos de la mitad del brazo armado del grupo. En la ciudad de Gaza, ahora supuestamente bajo control israelí, continúan las emboscadas de militantes, lo que sugiere que Hamas todavía está operativo.

Washington parece esperar que exhortar a Israel a mejorar la protección de los civiles dé lugar a una campaña más precisa. Pero Gaza es demasiado pequeña y Hamas está demasiado entremezclado entre los civiles. No hay ningún caso creíble de que las atrocidades que sufrieron los israelíes el 7 de octubre justifiquen la destrucción provocada por la franja y su sociedad, y mucho menos por un fin que parece cada vez más evidentemente inalcanzable.

En su lugar, Washington debería presionar con más urgencia por otra tregua, que conduzca a la liberación de todos los cautivos retenidos por Hamas a cambio de prisioneros palestinos. Los acuerdos provisionales para Gaza, que serían aún más difíciles de negociar, tal vez podrían hacer que las tropas israelíes se retiren, que el bloqueo se relaje y que las potencias extranjeras garanticen un alto el fuego prolongado. Hamás cedería cualquier papel en el gobierno a alguna forma de autoridad palestina temporal.

Algunos funcionarios árabes plantean la idea de que los líderes militares de Hamas o incluso los combatientes abandonen Gaza.

Idealmente, las disposiciones provisionales para la franja allanarían el camino para renovar los esfuerzos para resucitar una vía política más amplia entre israelíes y palestinos, aunque los obstáculos son formidables.

Más israelíes comparten ahora el rechazo de Netanyahu a la creación de un Estado palestino o, al menos, piensan que hoy no es el momento de volver a poner esa cuestión sobre la mesa. Los líderes de la Autoridad Palestina son vilipendiados por los palestinos como irresponsables y corruptos. Las negociaciones requerirían que los líderes mundiales hicieran inversiones mucho mayores de las que han hecho en los últimos años.

Sin embargo, tal como están las cosas, lo más probable es que las operaciones de gran envergadura duren semanas (tal vez meses) más, seguidas de una campaña continua y menos intensa durante la cual Gaza permanecerá en el limbo.

Una ocupación militar prolongada parece probable, incluso si Netanyahu niega que esa sea su intención. Las fuerzas israelíes mantendrán franjas de la franja, continuando con las incursiones, mientras que los palestinos se apiñan en las llamadas zonas o campamentos seguros cada vez más pequeños, mantenidos vivos en la medida de lo posible por las agencias humanitarias.

Podría empeorar. A pesar de la determinación de Egipto de mantener a los palestinos en el lado de Gaza de la frontera, no es exagerado imaginar que los refugiados crucen, especialmente si la campaña se prolonga y el asalto de Israel se extiende a operaciones terrestres y bombardeos más intensos de la ciudad fronteriza de Rafah.

Los palestinos y gran parte del mundo árabe verían eso como una repetición de la Nakba de 1948, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que ahora es Israel, muchos de ellos terminaron en Gaza o en los países vecinos.

En general, parece más probable que la continuación de la guerra signifique no el comienzo de los esfuerzos para revivir un proceso de paz, como afirman algunos líderes occidentales, sino el final de cualquier vía política reconocible. Nunca en la sombría historia del conflicto la paz ha parecido más lejana.

Guerra más amplia en Oriente Medio. Ni Irán y sus aliados no estatales ni Estados Unidos e Israel quieren una confrontación regional, pero hay muchas formas en que la guerra entre Israel y Hamas podría desencadenarla.

De alguna manera, la guerra le hace el juego a Irán. Ha congelado, por ahora, un acuerdo negociado por Estados Unidos que no le gustó a Irán, que habría visto a Arabia Saudita normalizar las relaciones con Israel, el enemigo jurado de Teherán. También ha revelado el alcance del llamado eje de la resistencia, un conjunto de grupos armados respaldados por Irán —Hezbolá en el Líbano, varias milicias en Irak y Siria, los hutíes en Yemen, además de los grupos militantes palestinos Hamás y la Yihad Islámica— sobre los que Teherán ejerce diversos grados de control.

Estos grupos han subido la temperatura (cuando las tropas terrestres israelíes entraron en Gaza) y la han bajado (durante la tregua de una semana en Gaza, cuando se llevaron a cabo intercambios de rehenes y prisioneros) de una manera que demuestra que pueden actuar de forma concertada. Teherán acoge con beneplácito la oleada de ira dirigida contra Israel y Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Pero la guerra llega en un mal momento para Teherán. Sus relaciones con Washington se habían calmado después de un parche de furia occidental por el aplastamiento de las protestas por parte del régimen a fines de 2022 y las entregas de armas a Rusia.

En agosto, Estados Unidos e Irán intercambiaron detenidos, en paralelo a un acuerdo tácito que implicaba que Teherán disuadiera a las milicias iraquíes y sirias de atacar a las fuerzas estadounidenses, ralentizara el desarrollo nuclear y cooperara mejor con los inspectores, supuestamente a cambio de que el gobierno de Estados Unidos flexibilizara la aplicación de las sanciones para ayudar a la maltrecha economía iraní.

Ese arreglo está ahora hecho jirones.

La guerra en Gaza también pone a Irán en un aprieto. Teherán no quiere que Gaza ponga en peligro a Hezbolá, un aliado que considera fundamental para lo que llama su “defensa avanzada”: la disuasión contra un ataque contra la propia República Islámica por parte de Israel o Estados Unidos.

Sin embargo, después de haber afirmado durante años que respalda la causa palestina, Irán y sus aliados se sienten presionados para actuar. Según los informes, Teherán está irritado porque Hamas, al que financia y arma, lanzó el ataque del 7 de octubre cuando lo hizo. Hamas, a su vez, parece frustrado porque Irán no está ayudando más.

En cuanto a Estados Unidos, lo último que quiere Biden es una guerra más grande en Oriente Medio cuando está tratando de apoyar a Ucrania, contener a China y hacer campaña para la reelección.

El entendimiento tácito de Washington con Teherán para disminuir la fricción el verano pasado tenía como objetivo aplazar una crisis nuclear u otra crisis regional, pero sin dar a Irán un alivio formal de las sanciones y parecer blando antes de las elecciones estadounidenses de 2024. Washington ha tratado de evitar que la guerra se amplíe, desplegando dos grupos de portaaviones en el Mediterráneo y gastando un enorme capital diplomático, aunque Biden ha rechazado hasta ahora el único paso, presionar por un alto el fuego, que reduciría los riesgos más rápido.

El punto álgido más peligroso es la frontera entre Israel y el Líbano. Desde el 7 de octubre, Hezbolá e Israel han intercambiado disparos de misiles a un ritmo cada vez mayor, con Hezbolá tratando de atar al ejército israelí por debajo del umbral de la guerra total que las dos partes libraron brevemente en 2006.

Esa tensión podría cobrar vida propia. Los líderes israelíes de línea dura sugieren que después del ataque del 7 de octubre, Israel no puede arriesgarse a dejar una fuerza militante hostil, especialmente una que es mucho más potente que Hamas, con un arsenal estimado de 150.000 cohetes, tan cerca de su frontera norte.

También hay presión pública para hacer frente a Hezbolá; más de 100.000 residentes del norte de Israel se han visto obligados a evacuar indefinidamente.

En otros lugares, grupos respaldados por Irán han intercambiado disparos con las fuerzas estadounidenses. En Siria e Irak, las milicias han atacado repetidamente bases e instalaciones diplomáticas estadounidenses, lo que ha provocado contraataques estadounidenses que han matado a milicianos.

Luego están los hutíes, más prescindibles para Irán que Hezbolá y un poco comodín. Los militantes yemeníes han lanzado misiles y aviones no tripulados contra Israel y han atacado buques comerciales en el Mar Rojo, citando el ataque de Israel a Gaza como su motivo.

A mediados de diciembre, los ataques contra dos barcos cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, llevaron al gigante naviero Maersk y otras compañías a detener el tránsito de sus buques. La formación de una fuerza naval por parte de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales para proteger el tráfico marítimo parecía, a finales de diciembre, haber reabierto parcialmente la ruta.

En algún momento, Israel, Estados Unidos o sus aliados podrían perder la paciencia, atacando no solo a los hutíes sino también a objetivos iraníes (un barco espía iraní que se supone que está transmitiendo inteligencia sería obvio), lo que también llevaría las cosas a un nivel superior.

Al mismo tiempo, Irán se está acercando poco a poco a la capacidad de construir armas nucleares. Ya puede enriquecer suficiente uranio para producir un arsenal de cuatro ojivas en un mes. (Aunque todavía necesitaría algunos más para hacer un arma real). Ha restringido la supervisión del organismo de control de la ONU. Volver a un acuerdo como el nuclear de 2015 sería difícil, dados los avances nucleares de Irán desde entonces, pero nadie piensa mucho en lo que podría reemplazarlo.

Si bien ninguna de las partes quiere la guerra, muchas cosas podrían salir mal, especialmente mientras la campaña israelí en Gaza continúa. Cualquier ataque, ya sea en la frontera libanesa, en Irak o Siria, o en el Mar Rojo o en el Golfo Pérsico, que mate a un gran número de civiles o personal estadounidense correría el riesgo de desencadenar una espiral de ataques de ojo por ojo.

Si Israel se mueve contra Hezbolá, una guerra como la de 2006 casi con certeza desencadenaría una confrontación más amplia dada la acumulación de Irán en la región, y podría terminar absorbiendo a Estados Unidos.

Dado que la mayoría de los funcionarios estadounidenses consideran que la diplomacia con Teherán es tóxica, el hecho de que Irán se acerque al umbral nuclear presentaría a Washington solo opciones desagradables: aceptar a un adversario acérrimo con una capacidad nuclear que las sucesivas administraciones han tratado de evitar, o tratar de hacerla retroceder a través de la fuerza, lo que casi con certeza desencadenaría la confrontación regional que la mayoría de Washington quiere evitar.

Sudan. En abril, las fricciones entre dos facciones militares sudanesas —el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)— estallaron en una guerra total. Sus combates desde entonces han dejado miles de muertos, han desplazado a millones más y han llevado a Sudán al borde del colapso. A medida que el fantasma del genocidio vuelve a acechar la región occidental de Darfur, las fuerzas de las RSF, que son responsables de gran parte de las matanzas, pueden estar preparadas para apoderarse del país.

La guerra tiene sus raíces en las luchas dentro del ejército tras el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir durante un levantamiento popular en 2019.

Bashir había empoderado a las RSF como guardia pretoriana no oficial, tratando de aislarse de las amenazas de golpe de Estado. El líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Hemeti, alcanzó notoriedad por primera vez como comandante de las milicias janjaweed que sofocaron brutalmente las rebeliones en nombre de Bashir en Darfur a mediados de la década de 2000.

Cuando miles de sudaneses salieron a las calles en 2019, Hemeti y el general de las Fuerzas Armadas sudanesas Abdel Fattah al-Burhan unieron fuerzas para derrocar a Bashir y luego acordaron compartir el poder con un gobierno civil. En octubre de 2021, apartaron a los civiles.

Bajo la presión de restaurar el gobierno civil, la alianza entre las RSF y el ejército se volvió más tensa, lo que llevó a tensas negociaciones sobre cómo y cuándo Hemeti integraría a sus combatientes bajo el mando de Burhan.

Cuando las conversaciones llegaron a un punto crítico a mediados de abril, estallaron combates en la capital, Jartum, que luego se extendieron. No está claro quién disparó el primer tiro.

Las primeras batallas destruyeron gran parte de la ciudad. Los combatientes de las RSF, en su mayoría del oeste de Sudán, invadieron los barrios, a menudo saqueando para obtener botín. El ejército, superado en tierra, bombardeó desde el aire. En Darfur, la guerra se extendió a la matanza étnica, y las RSF masacraron a civiles en Darfur Occidental en particular. Las líneas del frente parecieron asentarse durante el verano.

Luego, en octubre y noviembre, las RSF tomaron las principales ciudades de Darfur, y surgieron nuevas historias que describían la brutalidad contra los masalit, una comunidad no árabe que las milicias han acosado durante años.

Cuando las fuerzas rebeldes de Hemeti capturaron la mayor parte del oeste, así como gran parte de Jartum y sus alrededores, el ejército trasladó su centro de mando a Port Sudan, en el Mar Rojo.

En diciembre, las RSF llevaron a cabo una ofensiva relámpago al este de la capital, en el estado sudanés de El Gezira. La ciudad de Wad Madani, la capital de El Gezira, a la que habían huido alrededor de medio millón de sudaneses, en su mayoría de Jartum, cayó casi sin luchar, asestando un golpe a la moral del ejército sudanés.

La guerra ha desatado un resentimiento más profundo. A pesar de su atroz historial, muchos sudaneses de las periferias del país se sienten identificados con la retórica de las RSF que denuncia a las élites gobernantes del país, aunque algunos también desprecian la depredación de los paramilitares. Por su parte, los pueblos ribereños de Sudán que históricamente han dirigido el Estado desprecian a las RSF.

También hay participación externa. Los informes sugieren que las RSF obtienen armas de los Emiratos Árabes Unidos —las fuerzas de Hemeti lucharon con los emiratíes en Yemen—, mientras que el ejército está respaldado principalmente por Egipto. A medida que las RSF avanzan hacia el este, diplomáticos africanos, árabes y occidentales han expresado su temor de que el deseo de los Emiratos Árabes Unidos de acceder al Mar Rojo pueda desempeñar un papel.

No está nada claro si el ejército puede reagruparse lo suficiente como para detener el impulso de las RSF.

Si bien los generales -y los islamistas aliados de la era Bashir en los que el ejército se ha apoyado y que sienten que tienen más que perder con un acuerdo- se han resistido durante mucho tiempo a las conversaciones de paz, hay señales de que están cada vez más desesperados por encontrar una salida. Pero cuanto más débil se debilita el ejército, menos ofrecerá Hemeti.

En cuanto a los esfuerzos de paz, los representantes de las partes se han reunido de forma intermitente en Jeddah, Arabia Saudita, pero ninguno ha negociado de buena fe. Riad y Washington, que convocaron las conversaciones, han dejado fuera a otros, incluidos Abu Dabi y El Cairo, que son cruciales para controlar a los beligerantes. (Aunque recientemente invitaron a un emisario del bloque regional del Cuerno de África, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo).

En diciembre, Washington cambió su apoyo a un impulso de los jefes de Estado africanos para reunir a Burhan y Hemeti para forjar un alto el fuego. Los dos líderes expresaron su voluntad de reunirse, pero no está claro si están listos para hacerlo y las conversaciones previstas para el 28 de diciembre fracasaron.

Otro desafío es que, durante meses, los diplomáticos estadounidenses se mostraron cautelosos a la hora de forjar un acuerdo entre Hemeti y Burhan por temor a enfurecer a los sudaneses que quieren ver las espaldas de los líderes que han llevado al país a la ruina.

Sin embargo, es probable que un pacto de este tipo sea un primer paso necesario. Si bien cualquier alto el fuego tendrá que ampliarse para incorporar a otros y volver a un gobierno civil, las RSF y el ejército no dejarán de luchar sin tener voz en lo que viene después.

Se necesita una diplomacia mucho más urgente. El colapso de Sudán podría repercutir durante décadas en las regiones del Sahel, el Cuerno de África y el Mar Rojo. La ventana para evitar ese resultado se está cerrando.

Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un balón de fútbol político en Washington, pero lo que suceda en el campo de batalla definirá la seguridad futura de Europa.

El frente de 600 millas apenas se mueve. La contraofensiva ucraniana ha disminuido, y su ejército ha ganado poco terreno, y mucho menos ha roto las defensas rusas en el sur, como aspiraba a hacer Kiev. Los generales ucranianos temen un ataque ruso en el este o el norte, aunque el intento de Rusia a finales de 2023 de tomar la ciudad oriental de Avdiivka encontró una feroz resistencia, lo que sugiere que cualquier avance ruso será un esfuerzo, siempre que Ucrania tenga suficientes armas.

El Kremlin calcula que el tiempo está de su lado. Rusia está en pie de guerra, expandiendo su ejército y gastando masivamente en armamento. A pesar de las sanciones occidentales, Moscú ha exportado lo suficiente, gracias a las ganancias inesperadas de la energía, para mantener el cofre de guerra lleno mientras importa lo suficiente para mantener las fábricas de armas funcionando las 24 horas del día.

El presidente Vladimir Putin ha ligado el destino de la élite rusa al suyo propio. Ha consolidado el poder dentro de las fuerzas armadas tras el fallido motín de junio de 2023 del líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El nuevo gasto ha recompensado a una nueva clase de leales. La guerra es fundamental para una nueva narrativa rusa, arraigada en los llamados valores tradicionales, que celebra la lucha como una actividad varonil.

El estado de ánimo del país bien podría cambiar, dado que más de un tercio del presupuesto estatal se destina a la defensa y hasta varios miles de rusos perecen mensualmente en Ucrania. Por ahora, sin embargo, Putin tiene un resorte en su paso.

Ucrania se enfrenta a un invierno sombrío. Los ataques con misiles rusos tendrán como objetivo cortar el calor y vaciar las ciudades. El principal general de Kiev aludió recientemente a un “estancamiento”, lo que le valió una reprimenda del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Las municiones se están agotando, al igual que las reservas de personal. La discordia entre funcionarios ucranianos y occidentales es más visible. Las altas expectativas para la contraofensiva significan que Kiev ha pospuesto la preparación del público ucraniano para lo que parece que será una larga rutina.

Lo más preocupante para Kiev es el apoyo vacilante en Occidente. Desde que comenzó el asalto a gran escala de Rusia a principios de 2022, las armas estadounidenses han sido fundamentales para la defensa de Ucrania. A pesar del apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, un grupo de legisladores republicanos está bloqueando un gran paquete de ayuda destinado a ayudar a Kiev hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, presunto candidato republicano, ha criticado la ayuda a Ucrania.

La administración Biden aún puede llegar a un acuerdo con los republicanos, e incluso si no es así, tiene opciones para llevar armas a Ucrania sin el Congreso. Pero hacerlo será más difícil a medida que se acerque la votación. Europa, a pesar de todo su apoyo retórico, ha tardado en aumentar el suministro, especialmente de municiones.

La política también es un problema allí. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se opone a la ayuda a Kiev, cuya votación tendrá lugar a principios de febrero de 2024, aunque a principios de diciembre sí permitió -al salir de la sala en lugar de votar- que la Unión Europea iniciara las conversaciones de adhesión de Ucrania, en lo que fue, en efecto, una poderosa señal de apoyo de Bruselas.

Al mismo tiempo, hay pocos indicios de que las negociaciones con el Kremlin ofrezcan una salida. Dejando a un lado el sombrío precedente de que Moscú ganó terreno a través de la conquista, ninguna de las partes está dispuesta a comprometerse. Si bien los funcionarios rusos dicen que hablarán, los canales secundarios a Moscú y las declaraciones públicas del Kremlin sugieren que sus objetivos siguen siendo los mismos que cuando lanzó su guerra total. Quiere no solo territorio, sino también la rendición y desmilitarización de Ucrania bajo un gobierno sumiso.

En cuanto a los líderes ucranianos, están decididos a luchar con o sin el apoyo de Estados Unidos. Cualquier acuerdo con Rusia, de hecho, tal vez incluso sentarse a hablar en estas condiciones, podría costarle el puesto a Zelensky. Además, el Kremlin tiene todos los incentivos para esperar y ver si Trump triunfa y surgen mejores oportunidades. Tal como están las cosas, parece poco probable que Putin se conforme con lo que tiene ahora.

Mantener los canales abiertos a Moscú sigue teniendo sentido, dados los costos y la trayectoria de la guerra. Después de todo, Kiev y sus aliados occidentales no necesitan aceptar un acuerdo a menos que le dé a Ucrania un futuro viable y encierre a Rusia en acuerdos de seguridad que disuadan de nuevas aventuras.

Pero todavía parece una posibilidad remota. Aunque algunos estadounidenses se irritan por el costo de la ayuda, vale la pena ayudar a Ucrania al menos a mantener la línea. Por su parte, Europa, muchos de cuyos líderes ven la guerra como algo existencial, debe asumir una mayor parte de la carga, pase lo que pase en Washington.

Si Moscú conquista más partes de Ucrania, no es exagerado imaginar que partes de otras exrepúblicas soviéticas sean las siguientes en la lista de Putin.

Myanmar. Una ofensiva rebelde que expulsó al ejército de zonas del noreste de Myanmar y los combates en otros lugares representan la mayor amenaza hasta ahora para la junta que tomó el poder hace casi tres años.

A lo largo de 2023, se había establecido un patrón sombrío. Las fuerzas de resistencia —milicias dispares que surgieron de las protestas posteriores al golpe de Estado aplastadas por la junta— lanzaron emboscadas en una franja del país. El ejército de Myanmar utilizó ataques aéreos, artillería y unidades móviles para sofocar el levantamiento y castigar a los civiles. Por primera vez en décadas, la violencia se apoderó de las tierras bajas de Myanmar. El ejército atacó a personas de la mayoría bamar, utilizando las mismas tácticas salvajes que ha desplegado durante mucho tiempo contra los grupos étnicos armados en las tierras altas.

Por su parte, los grupos étnicos armados han reaccionado de diferentes maneras al golpe. Algunos entrenaron células de resistencia, les suministraron armas y protegieron a sus líderes. Unos pocos forjaron alianzas más estrechas con el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), un organismo de oposición compuesto en su mayoría por legisladores derrocados, incluidos muchos del partido de la depuesta líder civil Aung San Suu Kyi, a quien los militares han encarcelado. Otros se mantuvieron al margen o se apegaron a los altos el fuego con los militares.

La ofensiva del noreste ha sacudido las cosas. Una coalición preexistente de tres grupos étnicos armados, la Alianza de los Tres Hermanos Musulmanes, junto con algunas fuerzas de resistencia, se apoderó de varias ciudades, invadió decenas de posiciones militares, capturó tanques y armas pesadas, y cortó rutas comerciales clave hacia China.

Sintiendo el desorden del ejército, los rebeldes étnicos de otros lugares, a menudo uniendo fuerzas con grupos de resistencia o incluso bajo su bandera, se lanzaron al ataque, tomando ciudades, parte de la capital de un estado, y puestos fronterizos en diversas áreas del país. Fuera del noreste, el ejército ha dado una lucha más dura, aunque todavía parece estirada.

China es parte de la historia. Pekín quiere tomar medidas enérgicas contra los centros de estafa en línea, dirigidos por delincuentes transnacionales, que han proliferado en la región del Mekong. Se sintió agraviado por el hecho de que la junta y una fuerza paramilitar aliada no cerraran los centros en una zona fronteriza que controlaban. Por lo tanto, Pekín se mantuvo al margen mientras un ejército de la Alianza de los Hermanos Musulmanes capturaba la zona, prometiendo cerrar los centros de estafa. La proximidad de la zona a China hace que sea más difícil para la fuerza aérea de Myanmar bombardearla.

En términos más generales, el presidente chino, Xi Jinping, todavía está irritado por la toma de poder de los militares en 2021. El caos resultante ha puesto fin a los megaproyectos planeados por China en Myanmar. A Xi le gustaba Aung San Suu Kyi, quien estableció buenos lazos de trabajo con Pekín. Desconfía de los militares de Myanmar, especialmente del líder golpista Min Aung Hlaing, que alberga un sentimiento antichino particularmente fuerte, dado el apoyo de Pekín a los grupos étnicos armados en el noreste de Myanmar. Ciertamente, Pekín no apoyará una rebelión —ve al NUG como un títere occidental— y bien podría taparse la nariz y proporcionar al régimen un mayor respaldo si pareciera estar flaqueando. Pero ha tolerado los avances rebeldes en el noreste. Ayudó a negociar un alto el fuego temporal entre el ejército y un ejército rebelde en diciembre, lo que probablemente consolidará el control de este último sobre el territorio que ha tomado.

Por ahora, parece probable que la junta aguante. Si bien muchos bamar muestran una nueva simpatía por las minorías de Myanmar, después de haber probado ellos mismos la brutalidad del ejército, es poco probable que los numerosos grupos étnicos armados del país y las fuerzas de resistencia posteriores al golpe de Estado se unan. Sin embargo, el régimen se enfrenta a enemigos decididos en varios frentes. El golpe hizo retroceder al país décadas: los sistemas de salud y educación se han desmoronado, las tasas de pobreza se han disparado y la moneda se ha desplomado. Más de 2,5 millones de personas están desplazadas internamente (además de los cientos de miles de rohingyas expulsados por los militares en 2017). Es difícil ver que la crisis termine pronto.

Etiopía. Etiopía comenzó el 2023 con buenas noticias, pero lo termina con mucho que temer. A principios de año, una guerra brutal centrada en la región más septentrional de Tigray estaba llegando a su fin.

Los combates que enfrentaron a los rebeldes tigrayanos con las fuerzas federales, junto con las milicias de la región de Amhara, fronteriza con Tigray, y las tropas eritreas, habían matado a cientos de miles de personas, según algunas estimaciones, y habían aislado a muchas más de alimentos y servicios.

Las fuerzas tigrayanas casi habían marchado sobre la capital, Adís Abeba, antes de batirse en retirada apresurada. Luego, las fuerzas federales cercaron gradualmente a los tigrayanos, y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, llegó a un acuerdo con los líderes de la región para consolidar su victoria.

Un acuerdo de noviembre de 2022 supuso un alivio para Tigray. Pero preparó el escenario para luchar en otros lugares.

En agosto, los rebeldes amharas se apoderaron brevemente de partes de las ciudades de esa región antes de ser rechazados. Instalados en el campo, realizan incursiones para atacar a las fuerzas federales. Las tensiones habían ido en aumento durante mucho tiempo entre Abiy y Amharas, quienes lo respaldaron cuando asumió el poder en 2018 antes de luchar junto a las fuerzas federales en Tigray. A los amharas les molesta la entente de Abiy con Tigray, preocupados de que devuelva el territorio en disputa desde hace mucho tiempo, conocido como Welkait-Tsegede a los amharas y Tigray occidental a los tigrayanos, que las milicias amharas tomaron durante la guerra. También acusan al gobierno de Abiy de hacer la vista gorda ante el asesinato de civiles amharas por parte de etnonacionalistas en la región natal de Oromia, la más poblada de Etiopía, y en general de ponerse del lado de los intereses oromo contra los amharas. Grandes porciones de Amhara están esencialmente desgobernadas, dado el rechazo popular a los cuadros del partido gobernante alineados con Abiy que gobiernan la región.

Amhara no es el único dolor de cabeza de Abiy. Se enfrenta a una insurgencia arraigada de los rebeldes nacionalistas oromo en su estado natal. Las conversaciones en Tanzania han avanzado, pero las partes no han logrado cerrar un acuerdo. En términos más generales, las élites locales temen ceder la autonomía a un centro tradicionalmente autoritario, lo que explica en parte las revueltas en las tres regiones más poderosas de Etiopía: Amhara, Oromia y Tigray. Abiy no solo debe poner fin a las guerras de Amhara y Oromia mientras mantiene la paz en Tigray, sino también crear un consenso sobre el acuerdo más amplio que Etiopía necesita mientras se desgastan las relaciones interétnicas. Para agravar los desafíos, la economía de Etiopía está en dificultades. Un mayor número de jóvenes alienados podría alimentar una mayor inestabilidad.

El deterioro de las relaciones entre Abiy y el presidente eritreo, Isaias Afwerki, plantea otro peligro. Isaías también estaba molesto por el acuerdo de Abiy con Tigray. Había desplegado tropas con la esperanza de asestar un golpe mortal a sus viejos enemigos —Eritrea libró una guerra fronteriza de 20 años con Etiopía mientras los tigrayanos estaban al mando en Addis Abeba—. Los soldados eritreos permanecen en suelo etíope, en contravención del acuerdo de paz, e Isaías tiene vínculos con las fuerzas en Amhara, incluso en los territorios en disputa.

Las tensiones aumentaron en octubre, cuando Abiy afirmó el “derecho” de Etiopía al acceso al mar, haciendo hincapié en sus reclamos históricos sobre la costa del Mar Rojo. Los líderes regionales vieron sus comentarios, que Abiy había expresado durante mucho tiempo en privado, como una amenaza implícita de apoderarse de parte de Eritrea, cuya secesión de Etiopía en 1991 dejó a este último sin salida al mar. Desde entonces, Abiy ha prometido públicamente no invadir, aunque sin aliviar las tensiones. Es posible que Etiopía no esté planeando una acción militar inminente. Pero con la desconfianza alta y ambas partes movilizando fuerzas y acumulando armamento, los enfrentamientos accidentales corren el riesgo de desencadenar una confrontación con costos asombrosos.

El Sahel. En 2023, el ejército de Níger derrocó a Mohamed Bazoum, un presidente reformista amigo de Occidente, consolidando el dominio del ejército en toda la región del Sahel, después de los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso. Los oficiales en el poder han prometido frenar la violencia que desgarra el campo, pero más allá de cambiar de socios extranjeros y comprar nuevas armas, han ofrecido pocas ideas frescas, en lugar de redoblar las ofensivas que han estado fracasando durante años.

La ola de golpes de Estado anuncia un nuevo capítulo en una crisis que se remonta al menos a 2012. En aquel entonces, los rebeldes tuareg seminómadas, junto con los yihadistas vinculados a Al Qaeda, se apoderaron del norte de Malí. Los yihadistas dejaron de lado a sus antiguos socios, manteniendo el norte durante la mayor parte de un año antes de ser rechazados por una fuerza liderada por Francia. En 2015, varios grupos armados del norte de Malí, incluidos rebeldes y elementos progubernamentales, firmaron un acuerdo de paz con Bamako. Ese acuerdo preveía la devolución del poder, el desarrollo del norte y la incorporación de algunos de los grupos armados al ejército.

Desde entonces, la lentitud de Bamako y las disputas entre los signatarios han estancado los esfuerzos para poner en práctica el acuerdo. Mientras tanto, los yihadistas, que no firmaron el acuerdo, invadieron grandes extensiones del centro de Malí y gran parte de Burkina Faso, e incluso extendieron su alcance a los rincones del norte de la costa de África occidental. Los ejércitos sahelianos, las fuerzas contrainsurgentes francesas y las fuerzas de paz de la ONU no pudieron detener su avance. Las milicias locales, en algunos casos armadas por los gobiernos regionales, proliferaron, combatiendo a los yihadistas y alimentando la violencia galopante.

La exasperación popular por la inseguridad impulsó en parte los golpes de Estado y el apoyo a los líderes de la junta. En 2020 y 2021, un grupo de coroneles liderados por Assimi Goita protagonizó sucesivos golpes de Estado en Malí, consolidando el poder. Los golpes de Estado siguieron en Burkina Faso, provocados por la ira por las masacres yihadistas de soldados, y luego en Níger.

El gobierno del ejército ha cambiado drásticamente las relaciones exteriores de la región. Los lazos de los tres países con otras capitales de África Occidental son tensos. París retiró a sus soldados en medio de un creciente sentimiento antifrancés. La junta militar de Malí se ha acercado a Rusia, en particular al mercenario Grupo Wagner, y ha expulsado a las fuerzas de la ONU. En Burkina Faso, la presencia de los rusos es menor, pero parece que crecerá y puede implicar la protección personal de los líderes militares.

Las juntas han formado su propia alianza, con la esperanza de disuadir la intervención extranjera. (El bloque regional, la CEDEAO, amenazó con desplegar tropas en Níger para restaurar Bazoum, aunque el esfuerzo no llegó a buen término y es casi seguro que habría fracasado).

No parecen dispuestos a dejar paso a los civiles.

En Malí, el propio Goita puede presentarse a las elecciones; las autoridades burkinesas no saben cuando se celebrarán las elecciones.

La junta militar de Níger solo ha presentado vagos planes de transición, aunque eso también podríoa reflejar la discordia interna.

Entre los jóvenes de las ciudades y los pueblos, los líderes del ejército siguen siendo populares, menos gracias a su servicio público que a su retórica sobre la soberanía, que juega con el resentimiento persistente hacia Francia. Tampoco se han cumplido los peores escenarios que algunos funcionarios europeos pensaron que podría presagiar la retirada de sus fuerzas: el colapso del Estado que culminaría en marchas yihadistas sobre Bamako o Uagadugú.

Pero las nuevas autoridades están recurriendo a un enfoque que da prioridad a los militares, que es, en muchos aspectos, similar a lo que se había hecho antes. Ahora, sin embargo, hay aún más civiles en la línea de fuego. Todos los bandos tienen las manos manchadas de sangre. Las fuerzas de Wagner están implicadas en abusos particularmente crueles en Malí. La junta de Burkina Faso ha intensificado el armamento o la organización de fuerzas irregulares, y ellos, el ejército y los yihadistas han perpetrado asesinatos en masa. Además, por si la lucha contra los islamistas no fuera suficiente, los líderes de Malí han vuelto a pelear con algunos de los firmantes del acuerdo de paz de 2015. A finales de 2023, el ejército se trasladó a Kidal, el cuartel general de los rebeldes tuareg (aunque muchos tuaregs también se han unido a grupos progubernamentales y yihadistas, así como a grupos separatistas), luchando contra los rebeldes en marcha y ocupando bases de la ONU recién desocupadas.

Lo que viene después es incierto. Los jefes del Ejército creen que su avance sobre Kidal ha sido una importante victoria simbólica —la recuperación de un territorio que durante años ha estado fuera de los límites— y ha traído más que años de conversaciones. Creen que los nuevos equipos, incluidos los drones de Turquía, les dan una ventaja. Los rebeldes se han retirado pero, con una amplia experiencia guerrillera, parece poco probable que se rindan en silencio. Algunos rebeldes tienen vínculos familiares con el líder local de Al Qaeda, Iyad ag-Ghali, un ex separatista tuareg convertido en yihadista, que ahora se presenta como un campeón contra el ejército y Wagner. Una rama local del Estado Islámico, que lucha tanto contra el ejército como contra Al Qaeda, ha extendido su alcance al norte de Mali. Por lo tanto, la incursión de la junta en el norte podría terminar reponiendo las filas de los yihadistas.

Al final, quienquiera que detente el poder en el Sahel va a tener que hacer algo más que luchar. Bamako debería usar sus ganancias en Kidal para forjar un nuevo acuerdo con los rebeldes. Incluso con los yihadistas, a pesar de su determinación de imponer una estricta ley islámica, los altos el fuego locales han calmado la violencia en el pasado, y vale la pena intentar negociar. Las ofensivas pueden traer beneficios a corto plazo, pero la paz a lo largo del tiempo depende del diálogo y de la consecución de acuerdos.

Haití. Los haitianos esperan que las fuerzas extranjeras que llegarán a principios de 2024 se enfrenten a las pandillas hiperviolentas que en los últimos años han destrozado el país. Pero la policía keniana que encabezará la misión planeada tiene mucho trabajo por delante contra los grupos fuertemente armados en densos barrios de chabolas, sobre todo teniendo en cuenta el desorden en la política haitiana.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la violencia de las pandillas en Haití se ha multiplicado. Los delincuentes controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, así como zonas del norte, en particular el valle de Artibonite. Las brutales guerras territoriales —las pandillas luchan entre sí y atormentan a los civiles— han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, algunas de las cuales han buscado refugio en campamentos improvisados para desplazados, donde pueden enfrentarse a peligros similares a los que huyeron, incluida la violencia sexual. Casi la mitad de la población de Haití, unos 5,2 millones de personas, necesita ayuda vital. La depredación de las pandillas ha generado más violencia: los grupos de autodefensas conocidos como Bwa Kale, formados en respuesta a la violencia de las pandillas, han linchado a cientos de presuntos pandilleros sin disminuir mucho la actividad de las pandillas. Las encuestas sugieren que los haitianos están tan desesperados que respaldan la llegada de fuerzas extranjeras, a pesar del pésimo historial de misiones internacionales anteriores.

La fuerza liderada por Kenia se enfrenta a duros desafíos. El primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, había solicitado ayuda externa en octubre de 2022, Nairobi acordó encabezar el esfuerzo en julio de 2023 y desplegar al menos 1.000 agentes, y las Naciones Unidas dieron luz verde al plan en octubre. La misión espera ahora la aprobación de los tribunales kenianos después de que los políticos de la oposición presentaran una impugnación, argumentando que la Constitución prohíbe que los agentes de policía se desplieguen en el extranjero.

El mandato de la misión, que es de un año para empezar, es ayudar a la policía haitiana a “contrarrestar las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad“, allanando así el camino para las elecciones. Las operaciones agresivas contra las pandillas, que una delegación de la policía keniana evaluó que eran necesarias después de visitar Haití, funcionarán solo si los países que envían personal para trabajar con los kenianos están listos para el combate urbano y comprenden el terreno. La misión también debe evitar herir a civiles y fortalecer la recopilación de inteligencia por parte de la policía local. La fuerza policial haitiana tendrá que tapar sus propias filtraciones a través de informantes de pandillas incrustados en sus filas. De lo contrario, los combates podrían causar grandes pérdidas tanto a la policía como a los civiles, lo que pondría en peligro el apoyo a la misión.

La política haitiana es otro obstáculo. Un grupo de influyentes partidos políticos y grupos de la sociedad civil dicen que Henry, quien asumió el poder después del asesinato de Moïse y desde entonces ha tratado de atrincherarse, no tiene mandato para ocupar el cargo, incluso hasta otra votación, y quiere una administración de transición más inclusiva. Las conversaciones no han dado lugar a un acuerdo sobre el camino a seguir. Sin un consenso entre los partidos sobre la composición del gobierno haitiano o el papel de la fuerza liderada por Kenia, la misión corre el riesgo de verse envuelta en una pelea política. En este escenario, el ampliamente despreciado Henry podría reforzar su control, poniendo más lejos de su alcance al gobierno de unidad que probablemente sea esencial para cualquier elección creíble.

Armenia-Azerbaiyán. El año pasado, la ofensiva relámpago de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj provocó el éxodo de casi todos los que vivían allí: más de 100.000 personas. La pregunta este año es si Azerbaiyán irá más allá o, con las conversaciones a fines de 2023 que parecen producir algunos avances, él y Armenia finalmente encontrarán un camino hacia la paz.

La operación de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj parece poner fin, al menos por ahora, a un conflicto de décadas por el enclave en disputa. En la década de 1990, la mayoría étnica armenia de la zona, respaldada por Armenia, declaró su propia república y, en la guerra que siguió, expulsó a los azerbaiyanos de Nagorno-Karabaj y áreas adyacentes. Durante años, las conversaciones entre Bakú y Ereván no llegaron a ninguna parte. Azerbaiyán, por su parte, reforzó su ejército y, en 2020, con el respaldo de Turquía, recuperó los distritos que rodean Nagorno Karabaj y parte del propio enclave. Después de seis semanas de brutales combates, Rusia intervino para mediar en una tregua, que envió a las fuerzas de paz a la policía.

Pero con Moscú empantanado en Ucrania, Bakú parece haber sentido que podría terminar el trabajo. A lo largo de 2022, se apoderó de varias zonas estratégicas, incluso a lo largo de las líneas del frente. Luego, durante más de nueve meses, bloqueó el corredor de Lachin, que proporcionaba a Nagorno-Karabaj acceso a Armenia y al mundo exterior. En septiembre, sus tropas irrumpieron en el enclave, recuperándolo en un solo día cuando los armenios étnicos abandonaron sus hogares.

Si Nagorno-Karabaj fue la manzana de la discordia más dolorosa entre Armenia y Azerbaiyán, no es la única. Los dos países se disputan su frontera aún no demarcada, donde sus ejércitos se enfrentan, a menudo a solo unos metros de distancia el uno del otro. Entre el final de la guerra de 2020 y la ofensiva de Azerbaiyán en septiembre, los enfrentamientos fronterizos fueron más mortíferos que los relacionados con el propio Karabaj.

Más importante aún, Azerbaiyán quiere un corredor terrestre hacia Najicheván, un enclave azerbaiyano en el suroeste de Armenia que limita con Turquía e Irán. Bakú cree que el acuerdo negociado por Moscú que puso fin a los combates de 2020 comprometía a Ereván a concederle el paso a través del corredor.

Esa ruta facilitaría el comercio con Turquía, pero evitaría Irán, de ahí la oposición de Teherán (también podría ayudar a Rusia a evadir las sanciones, aunque es casi seguro que eso ya está sucediendo a través de los puntos de tránsito existentes). Ya en septiembre de 2022, las tropas azerbaiyanas avanzaron hacia Armenia, y algunas se quedaron en el interior. Varias nuevas posiciones azerbaiyanas dan a un desfiladero a través del cual pasa una carretera hacia el enclave.

Las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán tienen una oportunidad. Un acuerdo de diciembre, negociado sin la presencia de terceros, produjo un intercambio de prisioneros de guerra, se comprometió a normalizar las relaciones e incluyó el respaldo armenio a la candidatura de Azerbaiyán para albergar la cumbre mundial sobre el clima, COP29, en 2024.

Bakú y Ereván dicen que continuarán las conversaciones y esperan un acuerdo pronto, aunque las espinosas cuestiones fronterizas y de corredores permanecen.

Si las negociaciones no dan frutos, Bakú puede perder la paciencia, como ocurrió con Nagorno-Karabaj. Lo más probable es que busque presionar a Ereván; No es impensable que haya más incursiones en las zonas fronterizas.

Un acaparamiento de tierras, por ejemplo, la toma de la ruta de tránsito, que aislaría del resto del país a cientos de miles de personas en el extremo sur de Armenia, provocaría la furia de los estados occidentales, Irán y Rusia. Sería un paso mucho más descarado que expulsar a la gente de Nagorno-Karabaj, que el mundo ya reconoce como azerbaiyano, a pesar del trauma infligido a los armenios expulsados.

Es especialmente difícil imaginar que eso suceda en un año en el que Bakú podría ser sede de la cumbre mundial sobre el clima. De hecho, los funcionarios azerbaiyanos insisten en que no albergan planes en tierra armenia e incluso han propuesto una ruta de tránsito alternativa a través de Irán.

Pero por muy mala idea que sea un ataque, en un entorno en el que Bakú, como muchas capitales, siente que los controles globales sobre el uso de la fuerza se están deshilachando, los funcionarios armenios y occidentales no han descartado por completo la posibilidad.

Estados Unidos-China. Una reunión en noviembre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, buscó restablecer lo que había sido una fuerte caída en las relaciones de los dos países. Pero sus intereses fundamentales siguen chocando en la región de Asia-Pacífico, y las elecciones taiwanesas y las tensiones en el Mar de China Meridional podrían poner a prueba el deshielo.

Pekín y Washington han estado tratando durante algún tiempo de reducir las tensiones. Xi quiere centrarse en la maltrecha economía china y evitar nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos (Washington ha endurecido recientemente los límites a la venta a China de tecnología de punta, lo que se suma a una serie de otros aranceles y restricciones).

El gobierno de Biden quiere algo de calma antes de las elecciones estadounidenses de 2024 y tranquilizar a otras capitales preocupadas por la hostilidad entre los dos gigantes de que puede gestionar la competencia de manera responsable.

A principios de 2023, los esfuerzos diplomáticos se estancaron cuando un globo espía chino sobrevoló el territorio continental de Estados Unidos y causó un frenesí mediático antes de que Estados Unidos lo derribara. Meses después, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien canceló un viaje después del “balloongate”, visitó Beijing, preparando el escenario para la cumbre Biden-Xi.

Esa reunión salió bien. Biden recibió promesas de que los dos países trabajarían juntos para frenar la entrada de fentanilo a Estados Unidos y, el día antes de la cumbre, los dos países se comprometieron a trabajar juntos para abordar el cambio climático.

Es importante destacar que Pekín también acordó reabrir los canales de comunicación militar para ayudar a gestionar los riesgos de enfrentamientos no deseados mientras los dos ejércitos se disputan los mares y cielos alrededor de China. Xi obtuvo una victoria en casa al demostrar que tenía un control sobre la relación bilateral más importante de Beijing.

Sin embargo, en general, los fundamentos de la rivalidad no muestran signos de disminuir. Los halcones de ambas capitales ven la competencia como una suma cero.

Hablar de guerra normaliza la idea. En Asia-Pacífico, la búsqueda por parte de Pekín de lo que considera la mayor influencia que merece como potencia preeminente de la región choca directamente con la determinación de Washington de mantener su propio dominio militar. Varias capitales asiáticas, asustadas por la creciente asertividad de Pekín y que ven en la agresión rusa a Ucrania un precedente, se han inclinado por los lazos de seguridad con Washington, incluso cuando valoran el comercio con China.

El Mar de China Meridional, donde las reclamaciones marítimas chinas se superponen con las de otros estados ribereños, entre ellos Filipinas, un aliado de Estados Unidos, parece cada vez más precario.

Manila señala con frustración a los barcos de la guardia costera china y de la milicia marítima que patrullan aguas que, en 2016, un tribunal especial dictaminó que son filipinas.

Los barcos chinos están utilizando tácticas más agresivas, incluidos cañones de agua y dispositivos acústicos. Siguen a los buques filipinos de manera que los tribunales interfieren, lo que provocó que los barcos de los dos países chocaran en octubre y diciembre. Las garantías de seguridad de Estados Unidos a Filipinas y el aumento de la presencia militar en las zonas en disputa disuaden en principio a Pekín, pero también conllevan riesgos. Para China, las maniobras en el mar indican a la región la determinación de defender lo que considera su soberanía nacional. Los buques o aviones chinos podrían incluso empezar a seguir a sus homólogos estadounidenses.

Taiwán también es un punto álgido. Pekín cree que la isla debe ser reunificada con la parte continental de China, idealmente de forma pacífica, aunque no descarta el uso de la fuerza. La política de “una sola China” de Washington tiene como objetivo una resolución pacífica del estatus de Taiwán sin prejuzgar el resultado; su ambigüedad estratégica de larga data deja vago si saliera en defensa de Taiwán.

Pero voces más fuertes en Washington sugieren ofrecer a Taiwán un respaldo más fuerte. Aunque es poco probable que China invada en el corto plazo —de hecho, romper las defensas de la isla sería difícil—, cuanto más sienta Xi que se erosiona la política de una sola China y que se cierra la ventana para la unificación, más se inclinará el cálculo hacia la guerra.

Las elecciones taiwanesas de enero podrían ver al actual vicepresidente, William Lai, a quien China califica de separatista, asumir el poder. Pekín podría aumentar la presión sobre Taipéi, aumentando el ya gran número de buques de guerra y aviones chinos alrededor de la isla o reimponiendo barreras a los productos taiwaneses, por ejemplo, en un esfuerzo por empujar al nuevo gobierno hacia una mayor deferencia hacia Pekín.

Taipei ha resistido tales payasadas antes, y Lai ha señalado su intención de seguir la cautelosa política del actual presidente a través del estrecho. Pero si se equivoca bajo presión -una declaración que hizo en julio pasado sugirió que podría buscar relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos, por ejemplo- o adopta lo que Pekín percibe como un tono demasiado antagónico en su discurso de toma de posesión en mayo, China podría llevar las cosas a otro nivel.

La administración Biden, particularmente en un año electoral, puede hacer declaraciones que irriten a Beijing; Los legisladores estadounidenses contrarios a China pueden presentar proyectos de ley que contradigan la política de una sola China.

Por ahora, probablemente el mayor peligro es que los aviones o barcos chinos y estadounidenses choquen. Según el Pentágono, el número de encuentros riesgosos en los últimos dos años supera a los de las dos décadas anteriores. Las atmósferas más cálidas después de la reunión entre Biden y Xi —y con suerte el canal entre militares— proporcionan un amortiguador, pero solo llegarían hasta cierto punto en caso de un percance, especialmente uno que involucre víctimas. El último incidente de este tipo, cuando dos aviones chocaron entre sí en 2001, matando a un aviador chino y obligando a un avión estadounidense a estrellarse en la isla china de Hainan, requirió conversaciones delicadas para encontrar una solución que permitiera a ambas partes salvar las apariencias. Es difícil ver espacio para ese tipo de diplomacia hoy en día.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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