Columna de Opinión, News

Reforma Previsional. Adolfo Paúl Latorre

 

                                         Reforma previsional

Señor Director:

        Supongo que con el nuevo impuesto al trabajo de un 6% (cotización del empleador), establecido en el proyecto de reforma previsional en trámite, se pretende fomentar la creación de nuevos empleos y de órganos públicos.

Para incrementar significativamente las pensiones la tasa de cotización debería ser del orden del 20% —como lo era antes de la creación del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (DL 3500 de 1980)— las que deberían ir a las cuentas de capitalización individual. La solidaridad debe ser financiada con los ingresos generales de la nación.

Por otra parte, considerando el notable aumento de la esperanza de vida en Chile durante los últimos cuarenta años, debería aumentarse la edad de jubilación e igualar la de los varones con la de las mujeres.

          Finalmente cabe comentar que con el antiguo sistema de pensiones cada trabajador cotizaba el 20% o más de su sueldo y que para recibir una pensión debía haber cotizado durante al menos quince años, por lo que algunas personas no recibían pensión aun habiendo aportado parte de su sueldo durante sus años trabajados. Aproximadamente un 50% de las personas terminaba sin recibir pensión. Lo ahorrado por el trabajador durante su vida laboral no era de su propiedad y, por lo tanto, no era heredable.

                       Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado y Magíster en Ciencia Política

 

Nota: Publicado hoy en varios diarios de provincia                                      

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

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LÍOS DE PLATAS: CUATRO SEREMIS DE EDUCACIÓN FICHARON A EMPRESA CUESTIONADA POR CONTRATOS CON CONADI PESE A INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA Y CONTRALORÍA. José Carvajal Vega

                                                                          Líos de platas: Cuatro Seremis de  Educación ficharon a                                                                                          empresas  cuestionadas por contratos con CONADI    pese a                                                                                  investigación de Fiscalía y Contraloría.

La Tercera PM, 17/01/2024

Meses después de que el Ministerio Público iniciara una investigación en contra de Chikawal Limitada por sus contratos con la Conadi, pese a no tener experiencia, cuatro Seremis del Ministerio de Educación adjudicaron contratos para capacitaciones por un total de $63 millones. Esta semana Contraloría determinó que el acuerdo entre el organismo dependiente de Desarrollo Social y la empresa no debió haberse concretado. Acuerdos que, precisamente, fueron citados por la empresa para ganar nuevos contratos, esta vez con Educación.

Un total de nueve contratos son los que tiene la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada con el Estado, cinco de estos con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y que corresponden precisamente a los que esta semana la Contraloría consideró irregulares debido a la falta de experiencia de la empresa, que se creó solo 22 días antes de adjudicarse un total de $442 millones.

Aparte de la Conadi, la empresa creada el 1 de febrero de 2023 solo se ha adjudicado licitaciones de una institución más: el Ministerio de Educación.

A través de las Seremis de O’Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos, ese organismo ha alcanzado cuatro contratos con la empresa por un total de $63.420.000, y que fueron logrados incluso después de que el Ministerio Público abriera una investigación en contra de la empresa por presuntos delitos de corrupción.

Investigación que comenzó luego de que el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) denunciara los contratos alcanzados con la Conadi y la empresa dirigida por Ana Chicahual -exintegrante del directorio de la Corporación Longo Kilapang- y Claudio Chicahual, pese a que no tenían la experiencia requerida en las licitaciones.

Denuncias que surgieron entre junio y julio del año pasado y en medio del denominado caso ‘líos de platas’, donde se investigan convenios entre instituciones del Estado y fundaciones.

Este caso corresponder a una “arista” de aquello, ya que corresponde a una licitación.

Las sospechas de los denunciantes fueron establecidas -en parte- esta semana por el ente dirigido en subrogancia por Dorothy Pérez al determinar que tres de los cinco contratos de Conadi “no debieron haber sido adjudicados a Chikawal Ltda.”, mientras que en las otras dos “existieron una serie de irregularidades”. Licitaciones cuestionadas que fueron ganadas poco antes de las del Ministerio de Educación.

Los $63 millones de Educación. Luego de que estallara el denominado caso ‘líos de platas’ en junio, el 3 de julio de 2023 la Fiscalía Regional de La Araucanía inició una investigación por los contratos alcanzados entre Chikawal y la Conadi por presuntos delitos de corrupción, luego de que la empresa se adjudicara $442 millones teniendo solo meses de funcionamiento.

Sin embargo, y solo siete días antes de que el Ministerio Público y la Contraloría abrieran las indagatorias penales y administrativas en contra de la empresa, Chikawal ya se había adjudicado un nuevo proyecto, esta vez con la Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Ñuble por $3.500.000, para el “servicio de capacitación a educadores tradicionales en lengua, historia, cosmovisión y cultura mapuche”. Trabajo de las mismas características que ganó en las licitaciones con Conadi.

Pero no sería el único, casi cuatro meses después -octubre- de que Fiscalía iniciara la investigación por presuntos delitos de corrupción, la empresa se adjudicó una de las mayores licitaciones con el Estado, esta vez con la Seremi de Educación de la Región de Los Ríos por $27.880.000, para la “capacitación pedagógica con inmersión lingüística y cultural mapuche, dirigido a educadoras(es) tradicionales del programa de educación intercultural bilingüe año 2023″.

Según el detalle del proceso, a esa licitación -aparte de Chikawal- se presentaron dos ofertantes más que fueron declaradas inadmisibles para capacitar a 110 profesores.

Dos días después de aquello, el 13 de octubre de 2023, la Seremi de Educación de O’Higgins adjudicó otros $8 millones a Chikawal, que fue la única oferta para la capacitación de 21 profesores de la región, también en procesos de enseñanza de lenguas de pueblos originarios.

Durante este proceso, para demostrar experiencia, la empresa citó las anteriores licitaciones con las Seremis, así como también las cuestionadas contrataciones con la Conadi, siendo las únicas prácticas demostrables. Pese a eso se adjudicaron los recursos.

Algo que también realizaron en el proceso de adjudicación de $24.040.000 en la licitación de la Seremi de Educación de la Región del Biobío, en la cual se le contrató para la “capacitación regional de educadores tradicionales del programa de educación intercultural bilingüe año 2023″.

Millonaria cifra que se le pagó para la formación de 90 personas en las provincias del Biobío, Arauco y Concepción.

En total, Chikawal se adjudicó tres licitaciones del Ministerio de Educación en 12 días.

Los cuestionamientos a Chikawal. A juicio del diputado Jouannet, que además de las cuestionadas licitaciones cuestionadas y comprobadas por la Contraloría “que más encima el Ministerio de Educación le dé cuatro licitaciones nuevas me parece que algo huele mal. En el fondo es muy raro que una consultora que no tiene experiencia, y que nunca ha demostrado que puede efectivamente desarrollar estos proyectos, se le otorguen más proyectos. La cantidad de dinero que se le ha entregado a Chikawal, una corporación que surgió con $500 mil, no tiene oficina y sin profesionales, me parece un escándalo”.

En ese sentido, el diputado de Amarillos concluye que “la pregunta es quién está detrás de esto, esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que la Fiscalía tiene que respondernos. Y por otra parte, ahora la Fiscalía tiene que determinar si se desarrollaron o no esos trabajos, porque yo no confío que la Conadi vaya a evaluar los proyectos”.

Luego de que la Contraloría emitiera el informe cuestionando las licitaciones a la consultora, el director de la Conadi, Luis Penchuleo, señaló a través de un comunicado que “en atención a las determinaciones del órgano contralor, ha dispuesto iniciar un proceso disciplinario con el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas”.

En esa línea, agregó que ha “instruido la revisión de todos los procedimientos de contratación con organizaciones externas, impulsando los ajustes necesarios para la mejora continua de los mismos. Junto con lo anterior, seguiremos fortaleciendo el plan de capacitación a los funcionarios y funcionarias de la corporación que participan en estos procesos para mejorar los estándares de control y gestión”.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Educación (Mineduc) aseguraron que el organismo “revisó las condiciones de las cuatro licitaciones realizadas con las Seremis de O’Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos, y en todas se indica que los convenios se ejecutaron de manera correcta y en orden a lo establecido en las bases. Tras haber cumplido con el servicio solicitado, se cuenta con las certificaciones correspondientes”.

Un aporte del Director de la revista Unofar, Antonio Varas Clavel

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LOS ANGELITOS DE BORIC. Cristián Valenzuela, abogado

 

                                                                         LOS ANGELITOS DE BORIC

Cristián Valenzuela, abogado

La Tercera PM, 17/01/2024

Justo en medio del debate de pensiones, donde el propio Presidente emplaza a la oposición a subir la PGU a 250 mil para apoyar a los abuelitos, al mismo tiempo que cual monarca concede una pensión jugosa a esta tropa de angelitos.

Si al comienzo del 2023 la noticia del momento eran los indultos del Presidente Boric a delincuentes y terroristas, la novedad 2024 son las pensiones de gracia que el mismo Presidente entrega a otro grupo de criminales.

Cuesta entender que pasa por la cabeza de un Presidente para otorgar estos beneficios vitalicios a más de 50 delincuentes con antecedentes penales.

¿Para qué sirven los asesores presidenciales si dejan que cometa estos errores una y otra vez? ¿Qué pasa en La Moneda que permiten que el Presidente una y otra vez quede en ridículo frente a la opinión pública?

Es la ausencia completa del sentido común, que supuestamente es el más común de los sentidos, que tiene a este gobierno alienado de la realidad y expuesto a cometer estos bochornos semana a semana.

Deben ser los mismos que aconsejan a los ministros que se juntan clandestinamente con empresarios en la casa de un lobista creyendo que eso no es lobby. Otro papelón.

Pero vamos a los casos concretos, ¿quiénes son algunos de los beneficiados por este acto de misericordia del Presidente?

Primero, un delincuente condenado por saquear un supermercado en Viña del Mar; segundo, otro delincuente condenado por intentar matar con una molotov a un Carabinero en Curacaví; un tercer angelito condenado por golpear a un cabo y un sargento en un control de detención; un cuarto condenado por lanzar piedras a Carabineros en Iquique y el último querubín por quemar una case de Carabineros en la plaza de Talca.

Y esta es solo una muestra del total de “ciudadanos ejemplares”.

¿Qué virtud vio en ellos el Presidente que lo motivo a concederles “graciosamente” una pensión mensual de 400 mil pesos de por vida? ¿Será que el Presidente, en el fondo de su corazón, detesta a Carabineros y quiere premiar a quienes los golpean, agreden o intentan asesinar? ¿Será que valida a aquellos que saquean supermercados quizás, en un racconto de su propia y similar experiencia vital?

No creo que sea así, por eso resulta inexplicable.

Justo en medio del debate de pensiones, donde el propio Presidente emplaza a la oposición a subir la PGU a 250 mil para apoyar a los abuelitos, al mismo tiempo que cual monarca concede una pensión jugosa a esta tropa de angelitos.

¿Qué pensarán los millones de pensionados que con suerte alcanzan la pensión mínima luego de trabajar toda una vida al ver que a estos jóvenes delincuentes se les premia por sus actos de violencia?

Yo no voté por este Presidente y asumo que no tengo derecho a pedirle nada. Pero como en pedir no hay engaño, le ruego que cambie a sus asesores y le tome el peso a lo que significa de verdad gobernar, partiendo por gobernarse a sí mismo.

Este gobierno va a cumplir dos años de mandato y no puede seguir excusándose que está en la etapa de aprendizaje. Los chilenos tienen problemas graves de seguridad, salud, educación, trabajo y la economía, entre otras, y lo que menos necesitan es un gobierno que siga en el kindergarten o un Presidente que sigue repitiendo frases grandilocuentes (esas mismas que dijo que jamás iba a usar) y lugares comunes que lejos de resolver problemas, los terminan incentivando por la evidente incapacidad que tiene el gobierno en su actuar.

Quizás es hora de tomar unas buenas vacaciones en Magallanes, despejar la mente por unos días y volver con las energías renovadas para comenzar en marzo a hacerse cargo del país que usted prometió respetar y honrar al asumir el cargo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

¿ANTISEMITISMO OFICIALISTA?. Hernán Felipe Errázuriz

 

                                                                          ¿ANTISEMITISMO OFICIALISTA?

Hernán Felipe Errázuriz

El Mercurio, Columnistas, 13/01/2024

”El Presidente, desde inicios de su mandato, ha humillado y agraviado a Israel y su pueblo”.

La solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar violaciones a los derechos humanos en territorios palestinos es la culminación de la falta de ecuanimidad del gobierno del Presidente Boric con el Estado de Israel.

El Presidente, desde inicios de su mandato, ha humillado y agraviado a Israel y su pueblo. Su actuar en esta materia es una aberración, no tiene precedente en nuestra historia.

Primero canceló intempestivamente la presentación de credenciales del embajador israelí. A días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que asesinó a más de mil cuatrocientos judíos y secuestró a otros 240, el Gobierno confusamente equiparó la responsabilidad de Hamas con la de Israel.

Más adelante, el Presidente ordenó el regreso a Chile, sine die, del embajador en Tel Aviv, manteniendo al embajador en Palestina.

Por último, al igual que el Partido Comunista y otros partidos y dirigentes del oficialismo, el Presidente se ha resistido a condenar con claridad las expresiones del alcalde Jadue que promueven el antisemitismo.

El Presidente Boric y sus asesores saben, o deben saber, que el requerimiento ante la CPI difícilmente tendrá efectos en contra de Hamas, que no es un Estado, ni tiene institucionalidad, funciona en el clandestinaje. Así, es posible sostener que la demanda solo tendría por objetivo Israel y sus funcionarios.

El Presidente tampoco parece considerar que su cruzada anti-Israel tiene costos para Chile, nos sitúa en alianzas extrañas, apartándonos de políticas de Estado consensuadas transversalmente, distanciándonos de países afines con los que compartimos valores, intereses y principios.

Innecesariamente nos sumamos a un requerimiento iniciado por Sudáfrica, Bolivia, Djibouti, Bangladesh y Comoros, gobiernos con los que estamos lejos de coincidir en sus prioridades, entre ellas, declararse enemigos de Israel.

Parecería que el requerimiento a la CPI es una decisión personal del Presidente, con asesoría inorgánica, urdida hace más de un año, sin transparencia, en la oscuridad.

La diplomacia profesional probablemente se debe haber opuesto a una iniciativa que más bien parece motivada por razones ideológicas y electorales, que compromete la imagen internacional de Chile.

Recurrir a la CPI en contra de Israel no obedece al respetable compromiso por los derechos humanos, sino a una sostenida política presidencial contra el Estado judío.

El sesgado activismo del Gobierno en esta causa resta fuerza al requerimiento ante la CPI, avala el antisemitismo, degrada a la Cancillería e importa a Chile un conflicto que alienta divisiones al interior de nuestro país, particularmente entre comunidades que por más de un siglo han convivido pacíficamente, con valiosas contribuciones al progreso nacional.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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ALCALDESA DE ÑUÑOA REUBICA A SU EX JEFA DE GABINETE EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD TRAS TENSAS SEMANAS. Diana Lozano Perafán

 

                                                                 ALCALDESA DE ÑUÑOA REUBICA A SU EX JEFA DE                                                                   GABINETE EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD TRAS                                                                    TENSAS SEMANAS

Diana Lozano Perafán

El Líbero, 16/01/2024

Valeska Ramírez renunció como jefa de Gabinete de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Ocupó ese cargo hasta el 15 de enero. No obstante, la municipalidad emitió hoy un decreto en el que informan que a correr de esa misma fecha se desempeñará en la Dirección de Seguridad Pública. Todos estos movimientos ocurren luego de la polémica por sus supuestos vínculos en el Caso Democracia Viva y en medio de las exigencias de las concejalas de izquierda de un responsable político por la decisión de haber desvinculado a 277 trabajadores de educación en la comuna.

Semanas de tensión se han vivido en la Municipalidad de Ñuñoa. Por un lado, la decisión de desvincular a 277 trabajadores de educación de la comuna, a tres días de Año Nuevo, generó que concejalas de izquierda exigieran un responsable político por lo ocurrido.

Por el otro, a mediados de diciembre ya se habían encendido las alarmas cuando la jefa de gabinete de la alcaldesa de Emilia Ríos (RD), Valeska Ramírez, salió a relucir en el Caso Democracia Viva, por haber transferido más de 10 millones de pesos a la diputada Catalina Pérez.

En medio de este torbellino, y con fecha 12 de enero de este año, la Municipalidad de Ñuñoa emitió el Decreto 00015/2024, al que El Líbero tuvo acceso, en el que acepta la renuncia de Ramírez, hecha el 5 de enero, y que comenzaría a regir a partir del 15.

En el documento presentado por la ahora ex jefa de Gabinete se señala que la decisión obedece a “razones personales y profesionales”.

Hoy, cuatro días después, la misma Municipalidad de Ñuñoa dicta el Decreto 00017/2024 por medio del cual contrata a Ramírez para “desempeñar funciones en la Dirección de Seguridad Pública”.

La contratación corre desde este lunes 15 de enero, misma fecha desde la cual se hizo efectiva la renuncia al cargo de jefa de Gabinete.

De inmediato surgieron críticas desde el Concejo Municipal de Ñuñoa y desde la propia municipalidad.

“Fondearla” o “recontratarla porque a lo mejor sabía mucho”. “Claro que tenían que fondearla, en alguna parte tenían que meterla. En principio, que Valeska iba a salir era un secreto a voces. Ella venía a los tropezones desde hace rato. Primero cuando se le vio vinculada al caso de la fundación Democracia Viva por unos depósitos a la diputada Pérez. Ella dijo que correspondía a un arriendo y que no tenía nada que ver, pero se vio vinculada. Luego vino el tema de los despidos de los profesores y obviamente ella algo tenía que ver porque era una jefa de gabinete muy especial, una especie de asesora directa de la alcaldesa, se les veía en una amistad muy férrea desde el principio”, asevera el concejal Julio Martínez (UDI) al ser consultado por este medio.

“Ahora aparece esta contratación de hoy día que es sencillamente muy ‘cara e palo’, esto es simplemente una vergüenza”, señala Martínez,

El concejal Germán Sylvester plantea otra lectura. “Desde mi mirada política, a la alcaldesa la presionaron para que la echara, después se dieron cuenta de que a lo mejor sabía mucho y tuvieron que volver a recontratarla”, dice a El Líbero

“A lo mejor no les convenía que Valeska se fuera de la municipalidad porque sabe mucho y podría meter en líos a la gente que la rodea. Tal vez sabe mucha información de las transferencias en el Caso Convenios, de cosas que se hayan hecho en la municipalidad que a lo mejor no corresponden, en el tema de las campañas políticas, por ejemplo. En varios temas a mí la Contraloría me ha dado la razón”, señala Sylvester.

“¿Qué hace una ingeniero civil industrial en una dirección de Seguridad Pública?”. De acuerdo con la información que figura en el portal Transparencia, Ramírez es ingeniero civil industrial.

Con base en su formación académica, el concejal Sylvester fue crítico en cuanto a la idoneidad de la ex jefa de Gabinete de la municipalidad para desempeñarse en la Dirección de Seguridad Pública.

“Cuando Ñuñoa está tan mal en materia de seguridad deberían traer a alguien con experiencia. Luego, la alcaldesa acaba de echar a un montón de profesores alegando que no hay plata y entonces para qué van a meter en Seguridad Pública a una persona que tiene cero experiencia”, plantea Sylvester.

El concejal Martínez coincidió en esa misma crítica. “¿Qué sabe ella de seguridad? ¿Qué hace una ingeniero civil industrial en una dirección de Seguridad Pública de una municipalidad?”, plantea.

“Se están burlando de los ñuñoinos. Algún cargo tendrán que darle, vamos a ver qué hace, porque no creo que la vayan a mandar de inspectora para que ande por las calles”, agrega Martínez.

“No se entiende que la hayan dejado dentro de la Municipalidad”. Fuera de micrófono, personas vinculadas a la Municipalidad de Ñuñoa se refirieron a lo ocurrido y plantean la hipótesis de que ambos movimientos estaban planeados desde antes. Según esta perspectiva habrían usado la salida de Ramírez del cargo de jefa de gabinete para mitigar algún tipo de conflicto y finalmente fondearla. El objetivo sería “sacarla del vox populi”, pero sin sacarla de la municipalidad.

“A ella la tenían que sacar, pero no solo por el conflicto de los profesores. La usaron como chivo expiatorio por lo de esos despidos, pero tal vez tenían que sacarla porque era el punto blando por lo de Democracia Viva, entonces podían aprovechar para liberar a Emilia, de cara a una probable candidatura a la reelección. Ahora no se entiende que la hayan dejado dentro de la municipalidad”, señalan.

Además de la noticia dada por La Tercera sobre la transferencia de dinero hecha a la diputada Pérez, Interferencia también informó que fuentes vinculadas al Frente Amplio aseguraron que Ramírez había vivido en la casa que sirvió como primer domicilio declarado de la fundación Democracia Viva, ubicada en Ñuñoa.

Renuncia voluntaria en entredicho. Desde antes de que se supiera la noticia de la recontratación de Ramírez, los concejales Martínez y Sylvester había puesto en entredicho el tema de la renuncia voluntaria de la entonces jefa de gabinete.

Para Sylvester, “no pudo ser una renuncia voluntaria en medio de un clima tan hostil por el tema de los despidos de los profesores, más lo del Caso Convenios. Yo creo que está más vinculado a esto último”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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