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LAS RAZONES DEL PC QUE LO OBLIGARON A ALINEARSE CON EL GOBIERNO EN SEGURIDAD. Cristóbal Fuentes y David Tralma

 

                                                                                      LAS RAZONES DEL PC QUE LO OBLIGARON A                                                                                                        ALINEARSE CON EL GOBIERNO EN SEGURIDAD

Cristóbal Fuentes y David Tralma

La Tercera, 02/02/2024

El timonel del partido, Lautaro Carmona, ayer en la mañana llamó por teléfono a personeros del Ejecutivo para solicitar más información sobre la convocatoria del Cosena. Las consultas fueron en medio de la fuerte presión y molestia de algunos de sus diputados por el uso de esta medida.

Tras enterarse de que el Presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para el próximo lunes, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tomó su teléfono y llamó a militantes de la colectividad que están vinculados con la medida, así como también al Ministerio del Interior, promotor de la convocatoria.

“Soy el presidente del partido, no necesito redes. Puedo llamar a un compañero que esté en tarea y le digo cuál es la opinión, que argumento tienes tú y me lo va a comentar”, indicó el líder PC a La Tercera.

En el PC estaban conscientes de la sensibilidad del tema. Rápidamente algunos de sus diputados salieron en duros términos a cuestionar la determinación. En ese escenario, la tienda convocó a una comisión política extraordinaria -mismo espacio que se había reunido menos de 24 horas antes- para zanjar una postura sobre el asunto.

Así, hasta Vicuña Mackenna 31, desde las 17:30, comenzaron a llegar los dirigentes del espacio en el que el PC delibera cada semana, a una cita que se coordinó antes del comité político ampliado de ayer, para que no se viera que la reunión comunista se efectuó por encargo del gobierno.

Para el PC también era ideal llegar a La Moneda con su postura ya informada por medio de un comunicado, lo que ocurrió. De hecho, Carmona se retiró anticipadamente del encuentro en dirección a La Moneda para participar del comité político ampliado, mientras que el resto de la comisión política siguió elaborando el escrito.

“Es atribución exclusiva del Presidente de la República, reconocemos la importancia de contar con la opinión de sus integrantes, más aún cuando la derecha bloquea importantes proyectos de ley en el Congreso. El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica, que se dará en los próximos meses”, constató el documento final del PC, que también marcó una diferencia con lo que expresó la ministra Camila Vallejo -principal rostro del PC dentro del gobierno- en su vocería del 2 de enero.

“El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”, dijo, en esa ocasión, la titular de la Segegob, quien está de vacaciones.

Tras la reunión en Palacio, el PC quedó con la tarea de persuadir a sus parlamentarios para respaldar el proyecto de infraestructura crítica que se discutirá en el Cosena. “Tenemos un mecanismo de trabajo entre iguales, en donde para vencer hay que convencer”, dijo Carmona.

Una señal de esto es que hasta la reunión extraordinaria de los comunistas llegó el jefe de bancada en la Cámara, Luis Cuello, quien no integra la comisión política.

En noviembre de 2019, la diputada Karol Cariola -integrante de la comisión política del partido- comentó: “Ha decidido endurecer su puño. Cita al Cosena en el cual se asesorará por los jefes de las FF.AA. y Carabineros, entre otros. En vez de escuchar a Chile, se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo”.

Era pleno estallido social y los dirigentes de izquierda -incluyendo al Presidente Boric, el ministro Álvaro Elizalde y el subsecretario Manuel Monsalve- criticaban en duros términos la convocación del Cosena por parte del entonces Presidente Sebastián Piñera.

Lo cierto es que en la interna del PC -sobre todo en las bases- esa frase sigue vigente, ya que el diseño del Cosena no se ha modificado desde aquel 2019 y su funcionamiento es el mismo en los tiempos de Piñera y Boric. Ahora solo cambiaron los rostros que conforman la instancia y la temática particular de seguridad a abordar.

Pero hoy el partido de Carmona se ha inclinado por no batallar contra el Ejecutivo en un tema que también es sensible, sobre todo en un año electoral en donde el PC apostará por liderar más de 80 municipios, incluyendo Santiago (Irací Hassler), Recoleta (Fares Jadue), Lo Espejo (Javiera Reyes), La Florida (Nicolás Hurtado) o Antofagasta (Pablo Iriarte).

Esto también es tomado en cuenta en la interna comunista, ya que salir a rechazar en bloque una señal en materia de seguridad del gobierno (impopular en la izquierda en general, pero que puede tener adeptos en la ciudadanía) puede tener costos.

Al mismo tiempo, en el último comité central que realizó el PC se zanjó una preocupación por la crisis de seguridad y se mandató a la comisión política a realizar una propuesta de seguridad ciudadana.

“La conclusión de valorar la iniciativa en el contexto que sea parte de una ofensiva para fortalecer la política pública (de seguridad) del Estado, nace de los argumentos y la información que nos hace llegar el gobierno respecto a la motivación que tuvo esta convocatoria. (…). Esto se resuelve explicando que el Cosena convocado es un órgano consultivo, que tiene titularidad en el Presidente, quien también pone la temática, vinculado a algo que nadie desconoce: seguridad en la convivencia regular”, dijo Carmona a La Tercera.

Con ello, un argumento para ponerse detrás del Presidente Boric en la convocación del Cosena es que desde el gobierno se les explicó que en esta instancia las FF.AA. no serían deliberativas.

“El Cosena está liderado por el Jefe de Estado y tiene carácter consultivo, no deliberante”, manifestó, por ejemplo, la diputada PC Alejandra Placencia, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara.

Los descargos de los otros partidos. A las 19:00 horas del jueves, los presidentes de los distintos partidos de la alianza de gobierno llegaron hasta La Moneda para sostener un comité político extraordinario.

razón de la cita fue específicamente abordar los anuncios en materia de seguridad que hizo ayer en la mañana el Presidente Gabriel Boric. Y, en especial, la convocatoria que hizo para este lunes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Del encuentro, además de los timoneles, participaron la ministra Carolina Tohá (Interior), el subsecretario Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito), el ministro (s) Ricardo Montero (Defensa) y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

La primera en poner reparos sobre la mesa fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic. Ella afirmó que le habría gustado que a los partidos se les avisara con anticipación sobre las medidas de seguridad que adoptaría el Ejecutivo, un punto que también reforzaron Lautaro Carmona (PC) y el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social).

En concreto, el reclamo respondía a que el anuncio provocó un desorden en las filas de los partidos. El más claro ejemplo fue el PC, desde donde algunos diputados acusaron que el Cosena “debilita la democracia”.

En consideración de esos desórdenes, esta mañana el presidente de Comunes, Marco Velarde, justificó que hay colectividades que, cuando escuchan hablar del Cosena, “les provoca algo en su fibra de la memoria histórica, porque no podemos desconocer cuál fue el papel del Cosena en otros momentos de nuestra historia. Hay que considerar aquellos resguardos”.

Por su parte, en el encuentro el líder de los liberales, Juan Carlos Urzúa, hizo ver que a él no le molesta que el Ejecutivo no haya dado aviso previo a los partidos, con tal de que el gobierno efectivamente tome decisiones.

Sin embargo, advirtió que esta medida “no nos va a sacar el estigma de que llegamos tarde” a enfrentar el crimen organizado y que esta medida por sí sola no resuelve los problemas.

La crítica más severa, de acuerdo a quienes llegaron hasta el comité, provino del secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio, quien hizo presente su preocupación por la militarización y remarcó que el personal del Ejército no está capacitado para interactuar con la población civil y que, por lo mismo, es necesario evaluar alternativas para sobrellevar ese déficit.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, el Frente Amplio se mostró cuadrado con el gobierno. Pese a que esta coalición fue crítica de la vez en que el expresidente Sebastián Piñera convocó al Cosena, en el comité político de ayer evidenciaron un fuerte respaldo a la medida.

Así, Marco Velarde, el presidente de Comunes, manifestó que un gesto de esta envergadura era necesario para lograr disminuir la sensación de inseguridad.

En 2019, el mismo dirigente había dicho que “Piñera convocó al Cosena para las 19:00 horas de hoy. A esa misma hora vamos a estar en las calles, movilizándonos con nuestras cacerolas y cánticos”.

Tras el encuentro, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, manifestó que considera “absolutamente de acuerdo con esta la utilización de esta herramienta constitucional. Hoy lo que hemos visto es que (…) en la Región Metropolitana tenemos un alza en los homicidios de los más crueles. Hoy tenemos un crimen organizado, que es distinto a años anteriores, que es un crimen organizado de carácter transnacional”.

Previamente, también en 2019, Ibáñez publicó en sus redes sociales: “Ante la grave crisis social que estamos viviendo el presidente Piñera responde con recetas de un Estado Policial. Convocar al Consejo de Seguridad Nacional mantiene intacta la desigualdad y no responde a las esperanzas de cambio que han movilizado a millones de chilenos/as”.

De acuerdo a los presentes, Monsalve planteó que a este gobierno le ha tocado un factor comunicacional complejo en lo que respecta a seguridad. En esa línea, remarcó que durante la administración de Sebastián Piñera también había una sensación de inseguridad importante y que en ese gobierno ocurrió un “punto de inflexión” en la materia.

En línea con Monsalve, y de acuerdo a quienes participaron, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) sostuvo que se debe avanzar en indicadores de avance objetivos, debido a que la sensación de inseguridad no siempre tiene total correlación con los datos. “Hay que poner la pelota en el piso”, habría dicho el timonel.

Ibáñez también enfatizó que es necesario articular una propuesta sobre la ley de infraestructura crítica, en conjunto con las bancadas del oficialismo y la oposición, basada en el debate que resulte del Cosena. Y afirmó que eso serviría para restarle “demagogia” y “show” a la medida.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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EL GOBIERNO NO SABE QUÉ HACER. Patricio Navia

 

                                                                                 EL GOBIERNO NO SABE QUÉ HACER

Patricio Navia

El Líbero, 02/02/2024

La convocatoria al Cosena sólo viene a confirmar que el gobierno del Presidente Boric no sabe qué hacer y no es capaz de asumir cabalmente su responsabilidad de brindar seguridad a los chilenos.

En vez de dar tranquilidad a la población o de demostrar que tiene un plan para combatir la creciente delincuencia, la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) simplemente confirma lo que muchos chilenos sospechan.

El gobierno está haciendo aguas por todas partes y Boric ya no sabe qué hacer para llevar el barco a un puerto seguro.

Desde el retorno de la democracia, los gobiernos de izquierda democráticamente electos siempre se resistieron a convocar al Cosena. Hasta 2005, el Cosena tenía igual número de miembros civiles y militares.

Para la izquierda, por buenas razones, el Cosena era un resabio de la dictadura y uno de los enclaves autoritarios más molestos que tenía la constitución. Cuando Pinochet fue arrestado en Londres, el Cosena se reunió en cuatro ocasiones entre fines de 1998 y marzo de 1999.

Después de las reformas constitucionales de 2005, cuando se redujeron sus funciones y se estableció una mayoría de civiles entre sus miembros, el Cosena sólo se ha reunido tres veces. Las dos primeras, fue para discutir problemas limítrofes con el Perú. La última vez fue semanas después del estallido social de 2019.

La decisión de Boric de convocar al Cosena constituye una afrenta para la posición histórica que ha tenido la izquierda respecto a la supremacía del poder civil democráticamente electo sobre las Fuerzas Armadas.

Aunque es cuestionable que convocarlo ponga en duda esa supremacía, la izquierda siempre argumentó que, en una democracia que funciona bien, no es necesario que el Cosena discuta cuestiones de política pública.

De ahí que la decisión del Presidente Boric sea un trago amargo para la izquierda.

Después de cuando asumió en 2022, Boric demostró su incapacidad para encausar el proceso constituyente por un buen camino, la izquierda terminó votando en diciembre de 2023 para mantener la Constitución de Pinochet. Ahora, Boric vuelve a humillar a la izquierda al convocar al Cosena.

La convocatoria sólo muestra que el gobierno no sabe qué hacer frente a la delincuencia. La responsabilidad de velar por el orden y la seguridad recae fundamentalmente en el gobierno nacional.

Pero como el Presidente no sabe qué hacer para combatir la delincuencia, en su desesperación y confusión, ha tomado una medida que sólo demuestra que él no tiene brújula ni plan para cumplir con sus deberes.

Los chilenos esperan que el gobierno haga su trabajo. Pero Boric responde a esa demanda pidiéndole a otros que le ayuden a hacer su pega.

La mala noticia es que el Cosena no tiene ni las atribuciones ni la capacidad para brindar seguridad a la ciudadanía.

Convocar al Cosena equivale convocar a una reunión familiar de emergencia cuando hay un pariente luchando por su vida en la sala de emergencia. Aunque parezca que se está haciendo algo para ayudar a lidiar con la situación, en realidad es poco lo que la familia puede hacer.

Peor aún, cuando el médico a cargo del turno pide ayuda porque no sabe qué hacer, los familiares del paciente tendrán más razones para preocuparse.

Aunque no hay buenas noticias frente a la crisis de inseguridad que vive el país, sí hay razones para pensar que podemos salir adelante. Hay otros países que han podido hacer frente exitosamente a crisis de inseguridad todavía peores.

Hay forma de salir del foso. Pero para eso, se necesita un líder que tenga la capacidad para mostrar el camino y la valentía para hacer lo que se necesita.

En países que vivieron crisis similares, el restablecimiento del orden y del estado de derecho precisó políticas valientes de tolerancia cero a la delincuencia y de persecución a los delincuentes.

Los gobiernos que pudieron liderar a sus países en crisis de delincuencia siempre trabajaron junto a las policías -no se dedicaron a perseguir a las policías ni a acusarlas injustamente de violar sistemáticamente los derechos humanos.

En Chile, el combate contra la delincuencia va a tener derrotas significativas antes de que las cosas puedan comenzar a mejorar. Cuando un piloto no sabe volar aviones, es iluso esperar que el resto del vuelo vaya a ser sin sobresaltos.

Vamos a tener que hacernos de paciencia y esperar hasta que haya un nuevo gobierno para que las cosas comiencen a mejorar.

La experiencia comparada muestra que los países que han tenido malos liderazgos nunca logran derrotar a la delincuencia.

Por más que se reúna el Cosena, mientras Chile tenga un gobierno liderado por personas que han llamado a saltarse los torniquetes, que han acusado injustamente a las policías de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que prefieren indultar y dar pensiones de gracia a delincuentes con amplio prontuario, va a ser difícil ver la luz al final del túnel en el combate contra la delincuencia.

La convocatoria al Cosena sólo viene a confirmar que el gobierno del Presidente Boric no sabe qué hacer y no es capaz de asumir cabalmente su responsabilidad de brindar seguridad a los chilenos.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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LAS ACTAS DEL INDH QUE REVELAN LA ÁSPERA DISCUSIÓN DE LOS CONSEJEROS POR LAS PENSIONES DE GRACIA. Diana Lozano Perafán

 

                                                                   LAS ACTAS DEL INDH QUE REVELAN LA ÁSPERA DISCUSIÓN DE                                                                                   LOS CONSEJEROS POR LAS PENSIONES DE GRACIA

Diana Lozano Perafán

El Líbero, 02/02/20242

Apenas se enteraron que en la Ley de Presupuesto de 2021 se les asignaba la responsabilidad de acreditar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido, los consejeros del INDH levantaron algunas alertas. Según las actas revisadas por El Líbero, algunos advirtieron sobre los «problemas políticos y legales» que podía tener el instituto, así como sobre la posibilidad de que las decisiones del organismo pudieran terminar siendo discrecionales.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha estado bajo la lupa en los últimos días por las polémicas pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido de 2019.

Y es que los consejeros de este organismos fueron los responsables de acreditar si los postulantes a ese beneficio habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos y si las lesiones sufridas les generaban un menoscabo laboral.

Algunos vistos buenos, advirtió la Contraloría, fueron otorgados a pesar de que los certificados médicos que presentaron los postulantes ni siquiera se leían bien o no tenían un diagnóstico claro.

Diputados de la UDI plantearon esta semana la creación de una comisión investigadora, como segunda instancia de fiscalización, ante la que tendrían que comparecer los consejeros para explicar cómo fue que dieron las acreditaciones en esos 19 casos.

También tendrían que asistir funcionarios del Ministerio de Interior, que finalmente eran quienes otorgaba las pensiones a los postulantes cuyos expedientes llegaban desde el INDH con la calidad de víctimas.

El Líbero revisó las actas de las seis sesiones que los consejeros del INDH celebraron en agosto de 2021, desde el momento en el que tuvieron conocimiento de que por ley, y sin consultarles, el Legislativo les había endilgado esa responsabilidad, hasta que el propio instituto aprobó los criterios que implementarían para otorgar las acreditaciones.

Esto es desde la sesión del 4 de agosto -acta 621- a las del 21 de ese mes, fecha en la que además de la sesión ordinaria se celebró una extraordinaria -actas 624 y 625- debido a la necesidad de iniciar con las acreditaciones. Los debates fueron ásperos.

Ya en esas discusiones el propio Sergio Micco (ex DC), entonces presidente del INDH, admitió que iba a existir “discrecionalidad” en el proceso.

No fueron pocas las aseveraciones hechas por distintos consejeros, en las que parecía estar claro que ese organismo no iba a tener fácil la eventual decisión de rechazar la acreditación de víctima de violación de derechos humanos y de menoscabo laboral a algún solicitante que considerara que le correspondía una pensión de gracia.

En la sesión del 16 de agosto de 2021 los consejeros estaban ya en la etapa de aprobación de los criterios que emplearían para otorgar las acreditaciones.

De acuerdo con el acta 623, Micco fue claro en cuanto a la premura que tenían de empezar a hacer las evaluaciones y a la manera en la que finalmente serían realizadas.

“El director señala que ya se encuentran atrasados con este tema, por lo que fijaría los contornos de la tarea, reconociendo que existirá cierto margen de discrecionalidad propia de este procedimiento, pero que sea el Ministerio del Interior que defina el criterio para el menoscabo laboral. Por esta razón deben tomar decisiones con el objeto de acreditar, para efectos de la glosa y que el Ministerio del Interior resuelva”, se señala en la mencionada acta.

La aseveraciones de la consejera Margarita Romero (expresidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi) en esa misma sesión fueron categóricas en cuanto a la posición en la que estaba quedando el INDH a la hora de tener que decidir sobre cada solicitud.

“No cree que el Consejo pueda rechazarla o decir ‘esta persona no’ siendo que viene de un equipo técnico que ya la calificó, esa parte le preocupa muchísimo, no sabe cómo se va a resolver”, se indica en el acta en cuanto a la intervención de Romero.

De acuerdo con el instructivo que finalmente se difundió para dar a conocer el procedimiento de acreditación, las personas debían acudir a las sedes regionales del INDH con los respectivos antecedes para iniciar la solicitud de postulación.

Luego, se emitía una “planilla de registro centralizado” que era recibida por un comité de evaluación y finalmente un equipo del nivel central del INDH elaboraba una carpeta con los antecedentes.

Esa era la documentación que llegaba al Comité Central de Acreditación, integrado por los consejeros.

En esa misma sesión el consejero Cristián Pertuzé (académico, elegido para el INDH con el apoyo de RN) advirtió que otorgar las acreditaciones podría generar problemas políticos y legales al INDH.

“No sólo se puede entrar a un problema de tipo político, sino que también en potenciales problemas legales, ya que, si se acreditara dicha condición de manera fehaciente y la investigación judicial posterior indicara lo contrario, se podría producir un problema de credibilidad institucional que hay que tener presente”, sostuvo incluso antes de que se le diera el visto bueno al primer solicitante.

En la sesión del 9 de agosto de 2021, el consejero Yerko Ljubetic (ex DC, que fue Ministro del Trabajo del Presidente Ricardo Lagos, actual militante de Convergencia Social) fue Ministro del Trabajo durante la presidencia de Ricardo Lagos ya había llamado la atención sobre las implicaciones políticas de esta tarea, así como sobre la posibilidad cierta de que las acreditaciones otorgadas por ese organismo pudieran ser impugnadas.

“Señala que el mandato tiene componentes políticos que no deben ignorar (…) y que la alternativa de la certificación integral se refiere a una tarea ajena a las capacidades del instituto, siendo posible que deban utilizar estándares similares a los que hacen uso otros organismos especializados, lo que también abre el punto de que las decisiones del instituto pueden ser eventualmente recurridas. Por lo que parte de los aspectos que deben preparar es la defensa a las impugnaciones administrativa o judiciales que pudiera haber frente a estas decisiones”, se indica en el acta 622.

El “grado de convicción” al momento de aprobar la acreditación de que un solicitante fue víctima de una violación de derechos humanos en el estallido y que además eso le generó menoscabo laboral fue una de las “alertas” que encendió el consejero Branislav Marelic (elegido como representante de las organizaciones de la sociedad civil) en el debate del 16 de agosto. Advirtió que podía ser “un problema decir que toda denuncia plausible es una violación de derechos humanos”.

El consejero propuso una interpretación en contrario para ilustrar esta problemática. “No podemos decir automáticamente que en todo caso que deducimos querellas está acreditada la violación, ya que son consideraciones diferentes”, se indica en el acta 623.

Al ahondar en ese punto, Marelic prácticamente planteó la imposibilidad de tener la convicción de la calidad de víctimas que pudieran o no tener los postulantes a la pensión de gracia.

Si se plantea que en una querella deben tener la convicción de que existe una vulneración de derechos humanos se hubieran interpuesto menos querellas, ya que deberíamos nosotros haber investigado la denuncia y formarnos una convicción fuerte de la existencia de violación y no simplemente atender la denuncia y deducir querella. La decisión de deducir querellas fue delegada por el Consejo a Dirección, por lo que malamente existiría un control del Consejo sobre los criterios específicos de interposición”, agregó.

Ya en la sesión del 9 de agosto, Pertuzé había planteado un problema adicional: ¿estaba el INDH obligado a querellarse en los casos de todos los postulantes a la pensión de gracia?

“En su opinión -se indica en la referida acta 622 sobre los dichos del consejero- se abre un frente en aquellos casos en los que no tengan antecedentes, ya que si son proporcionados por la víctima el instituto estaría obligado también a presentar querellas. Se refirió a quienes eventualmente fueran víctimas de violación a los derechos humanos, ya que el instituto no es una fiscalía ni un tribunal de justicia, pudiendo certificar que, teniendo a la vista los antecedentes, se presentó una querella, en caso contrario estarían funcionado como tribunal”.

Desde la primera sesión en la que abordaron el tema de las acreditaciones, los consejeros criticaron que se hubieran enterado a través de los medios de comunicación que por medio de una glosa de la Ley del Presupuesto del 2021 (la número 12 del ítem referido a prestaciones previsionales -jubilaciones, pensiones y montepíos- de los recursos asignados al Tesoro Público), los legisladores habían puesto sobre el INDH tal responsabilidad en materia de pensiones de gracia sin siquiera haberles consultado.

“Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”, se indica en la mencionada glosa.

En la sesión del 9 de agosto de 2021, Micco planteó sus dudas en cuanto al mandato legislativo que les había sido conferido, si efectivamente le correspondía al INDH participar en el proceso de acreditación al no ser ese órgano una comisión de la verdad de acuerdo con los estándares internacionales.

“Si cabe que una institución como el INDH, con su mandato legal y composición, acredite que una persona fue víctima de violación a los derechos humanos (…) y si se debe certificar, además de la condición de víctimas, si ha existido menoscabo laboral”, se indica en el acta 621 en cuanto a los planteamientos del entonces director del instituto.

La entonces consejera Consuelo Contreras (cercana al PS), actual presidenta del INDH, manifestó de plano que el organismo no podía ocuparse de tales tareas. “Aclara que el instituto no es similar a las comisiones Rettig y Valech, ya que las comisiones de verdad tienen estándares fijados por el sistema universal de derechos humanos que el instituto no está en condiciones de cumplir por no contar con los recursos suficientes”, se señala en esa misma acta 621.

Contreras insistió: “Es una tarea que no se les debió haber asignado, ya que no corresponde que la institución nacional de derechos humanos califique víctimas, lo que normalmente hacen comisiones externas y autónomas, con personas de prestigios dentro de la sociedad, asociado a recursos para su funcionamiento”.

En esa misma sesión la consejera Debbie Guerra (académica del Instituto de Estudios Antropológicos) preguntó sobre la posibilidad de rechazar la aceptación de realizar las acreditaciones. “Esta decisión podría tener un impacto en la reputación del instituto”, señaló.

En la sesión del 16 de agosto, el consejero Marelic aseveró que la glosa en cuestión era “una violación a la autonomía del instituto”.

Desde la primer sesión, Ljubetic planteó que en todo caso al INDH pudiera corresponderle certificar si una persona había sido víctima de violaciones de derechos humanos en el estallido, no así pronunciarse sobre la posible afectación de sus capacidades laborales.

En este planteamiento lo apoyaron algunos consejeros con Pertuzé y Guerra.

“Llama la atención sobre la difícil situación en la que se encuentra el instituto, que sería agravada en el evento de que esto genere expectativa a víctimas de violación a los derechos humanos y que estas no se cumplan (…) El INDH no puede quedar expuesto como el responsable de que el beneficio no llegue a las víctimas”, se señala en la referida acta 621 sobre la intervención de Ljubetic.

Otra de las opciones que se plantearon fue la creación de una comisión externa que contara con especialistas con experticia en materia de verificación de violaciones a los derechos humanos. En esto coincidieron Contreras y Pertuzé.

Este último consejeros sugirió “ser realistas” en cuanto a las condiciones que se pudieran tener para la implementación de las acreditaciones, “lo que parece poco probable manteniendo una toma y un paro”, haciendo alusión a la toma de la sede central del INDH que fue llevada a cabo por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

A pesar de lo advertido por los propios consejeros en todas estas sesiones, en las del 23 de agosto finalmente aprobaron que el INDH tenía la obligación legal de encargarse de las acreditaciones.

Partiendo de ese punto, aprobaron lo que ya ahora es bien sabido y que tiene en la mira a ese organismo: que debían acreditar si los postulantes habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en hechos ocurrido del 18 de octubre del 2019 en adelante, a consecuencia de la crisis social, y que además debían “recabar los antecedentes necesarios para que ‘razonablemente o plausiblemente’ se pudiera decir que se produjeron lesiones que llevaron a un menoscabo laboral”.

“El INDH no seguirá esperando -por información por parte del Ministerio de Interior para la entrega de las pensiones de gracia- y cumplirá, en el ámbito de sus atribuciones, capacidades y competencias, con el mandato que la referida ley le asigna avanzado los criterios operativos necesarios para procesar los requerimiento que se le planteen quienes voluntariamente decidan postular a los referidos beneficios, postulación que, en cada caso y en definitiva, deberá resolver el Poder Ejecutivo”, dijo Micco en esas últimas sesiones.

Micco sostuvo que en Chile la violación de derechos humanos no era sistemática y que no había presos políticos. Renunció en julio de 2022, luego de que un grupo de consejeros pidiera su dimisión.

El Líbero consultó a Cristián Pertuzé esta semana luego de la polémica por el informe de la Contraloría que dio cuenta de los 19 casos de otorgamiento de pensiones de gracia que contaban con certificados médicos irregulares.

“En algunos casos, varios consejeros nos abstuvimos o inclusive rechazamos, aunque esas acreditaciones no se rechazaron porque no éramos mayoría, pero sí hubo casos en los que algunos consejeros nos abstuvimos porque no existía la convicción de que existiera la posibilidad de menoscabo laboral», dijo Pertuzé. Sólo él y Contreras, la actual directora, permanecen en el INDH.

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