Día: 6 Marzo 2024

                                                                              UN PUNTO DE VIGILANCIA DE CUATRO HORAS Y LOS                                                                               TENTÁCULOS DEL TREN DE ARAGUA: CÓMO SE PLANIFICÓ EL                                                                                           CRIMEN DEL TENIENTE (R) OJEDA

Víctor Rivera y Leslie Ayala

La Tercera Noche, 04/03/2024

El primer detenido en la causa fue formalizado, luego que reconociera haber estado en el edificio del exmilitar en compañía de otro sospechosos vinculado al Tren de Aragua. Se indaga la participación de tres autos identificados y otros cuatro participantes directos del secuestro.

Tiene cerca de 17 años, ingresó irregularmente a Chile, se llama Ángel, según él trabaja como repartidor de comida, no tiene Rut y -al menos- en los registros de Carabineros no tiene detenciones previas.

Eso es lo poco que se sabe del primer detenido en la investigación por secuestro con homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda Moreno (32), exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro, quien fuera secuestrado la madrugada del 21 de febrero, desde su departamento en la comuna de Independencia.

Pasaron nueve días hasta que la Fiscalía y la PDI dieron con su paradero, alertados primero por un llamado anónimo que reportaba movimientos de materiales pesados en el campamento Vicente Reyes de Maipú y, luego, de que los análisis de distintas cámaras de seguridad lograran identificar a un sospechoso de participar en el secuestro.

En el campamento, los investigadores dieron con el cuerpo de Ojeda, el cual estaba enterrado a 1,40 metro de profundidad, tapado por un radier de cemento y al interior de una maleta. Durante la jornada de este lunes se confirmó además que la causa de su muerte fue la asfixia mecánica posicional. Es decir, falleció ahorcado.

En paralelo, además, los detectives lograron ubicar a Ángel C., el primer sospechoso en ser detenido. Pero ¿cómo comenzó a desenredarse la primera parte de un secuestro que aún no puede ser aclarado del todo?

Un llamado y una foto. Según ha podido reconstruir la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI (Bipe), fue a las 23.00 de la noche del 20 de febrero que el imputado llegó hasta las inmediaciones del edificio donde vivía Ojeda con su esposa y su hijo de 6 años.

No llegó solo, sino que acompañado de un segundo involucrado, donde -según expuso la Fiscalía ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago- montaron un “punto de vigilancia” con la finalidad de prestar cobertura para el secuestro.

De acuerdo a la declaración del adolescente, él no sabía de lo que estaba participando. Ante los fiscales que lo interrogaron señaló que fue otro de los investigados quien lo invitó a salir, pero solo a “comer hamburguesas y fumar marihuana”.

Es más, advirtió -según relató su defensa ante el tribunal- que cuando se encontraron con el resto de la banda, “estos le reclamaron (al otro investigado) sobre su presencia (la de Ángel)”.

Tanto el adolescente como el segundo sospechoso, que aún no ha sido detenido, permanecieron en el auto hasta las 03:00 de la mañana. Es ahí que el piloto del auto Chevrolet, que luego sería encontrado en Renca, recibe un llamado, corta y enfoca con la cámara del teléfono hacia la puerta del edificio para inmortalizar con una fotografía la salida de Ojeda y sus captores.

El imputado asegura que cuando preguntó qué era lo que estaba pasando, le ofrecieron dinero, pero que no aceptó, algo que su defensa utilizó para argumentar por qué su representado no había participado directamente en el secuestro.

Cinco sospechosos. El plan de los captores de Ojeda parecía ir a la perfección, pues no solo se disfrazaron de detectives, ni utilizaron balizas para simular ser de la PDI, sino que también mostraron al conserje del edificio una supuesta orden de detención que claramente había sido falsificada. No había cabo suelto.

Según los antecedentes de la Fiscalía, al menos cinco personas habrían participado del secuestro. Ángel sería uno, otros cuatro son quienes ingresaron al edificio, donde uno se quedó en el hall de entrada, y otros tres subieron al piso 14 a sacar a Ojeda.

Cuando ingresaron al departamento del teniente (R) tampoco dejaron espacio para errores. Por ejemplo, tras intimidar a la familia que a esa hora dormía, también se llevaron dos celulares de la víctima, antes de atarlo y llevarlo por el pasillo hacia el ascensor.

En la huida no solo participa un auto, sino que también un vehículo marca Nissan. Casi en simultáneo llegan hasta el kilómetro 20 de la Costanera Norte, donde llegó un tercer automóvil, ahora de marca Hyundai.

A ese vehículo suben a Ojeda, con dirección hacia el sur; pero como en todo caso la perfección no existe, Ángel fue captado por las cámaras de seguridad cargando bencina en una estación de servicio, además de ser rastreado por las antenas de teléfono celular, el mismo día del secuestro. Con esto sobre la mesa se le posicionó en el lugar y su declaración terminó por cerrar el círculo.

La resolución: “Es un delito cuidadosamente planificado”. De acuerdo con la resolución de la magistrada (de quien no se permite revelar su identidad, por un protocolo de seguridad que mantienen los jueces que ven este tipo de causas), la medida cautelar de internación provisoria corresponde pues se fundan los presuntos materiales imputados por la Fiscalía. “Se trata de un delito cuidadosamente planificado, concertado, donde los miembros son parte de una organización altamente preparada y profesional”, señaló.

Además, puso en duda la versión del adolescente, quien aseguró que no sabía lo que pasaba en relación con el secuestro. “Si él mismo sabía que su compañero tenía vínculos con el Tren de Aragua, por qué acepta salir con él, por qué no sale del vehículo cuando ve lo que está ocurriendo, y por qué estos sujetos altamente preparados, que muestran una resolución judicial falsa, capaces de cautelar la participación de tres autos distintos en el hecho, le permiten a un desconocido permanecer en la operación”, sostuvo la magistrada.

Con estas pistas sobre la mesa, resta saber dónde estarían los otros cuatro implicados en el secuestro y dilucidar algo clave: ¿por qué raptan a Ojeda? Hasta el momento no se han encontrado antecedentes penales, ni policiales previos, salvo la multa por transitar sin permiso bajo toque de queda, durante la pandemia, en abril del 2021.

El fiscal regional Sur, Héctor Barros, señaló que “en esta causa hemos estado realizando una serie de diligencias que están destinadas precisamente a establecer la participación de cada uno de los imputados con las complejidades que eso significa en un contexto de criminalidad transnacional y criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua en este caso y que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro”.

En esa misma línea, el abogado querellante que representa a la esposa de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, indicó que “salgo de esta audiencia convencido que este fue un crimen por encargo. Quién y por qué lo encargó, es una respuesta que las víctimas, Chile y el mundo claman y necesitan pronto”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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                                                                    SILENCIADAS Y REPRIMIDAS: LAS MUJERES AFGANAS                                                                                                        CONTINÚAN CON SU EXILIO INTERNO

Dorothy Estrada Tanck, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia

The Conversation, 04/03/2024

Desde la toma armada del poder por parte de los talibanes como autoridad de facto en Afganistán en agosto de 2021, las mujeres y niñas en ese país enfrentan retos sin igual. Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen.

En el régimen talibán anterior, entre 1996 y 2001, las mujeres y niñas vivieron un sistema de segregación, exclusión y desigualdad calificada ya desde entonces como “apartheid” de género.

En los veinte años entre 2001 y 2021, aunque perduraron varios obstáculos para la realización de los derechos humanos –la persistencia de roles tradicionales de las mujeres en la sociedad, prácticas familiares y culturales discriminatorias, y la pobreza extrema, sobre todo rural–, sí se lograron avances relevantes.

Algunos de estos desarrollos fueron una ley especializada en violencia de género y tribunales para su implementación, normas e instituciones para la protección de los derechos humanos, el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la educación para las niñas y mujeres, incluida la universitaria (si bien esto se producía mayoritariamente en zonas urbanas) y la participación femenina en la vida económica y en los ámbitos público y político, incluyendo la actuación de ministras de gobierno, parlamentarias y juezas. Hoy todo eso se acabó.

Afganistán es hoy el único país del mundo donde la educación a partir de sexto de primaria está legalmente prohibida para las niñas y mujeres.

Las niñas mayores de 12 años no pueden ir al colegio. Las mujeres no pueden salir solas y sin la compañía de un familiar hombre (maharam). Deben aplicar el hiyab “adecuado”, preferiblemente llevando un chadari (prenda negra no ajustada con la cara cubierta) y no salir de casa sin un motivo.

Las mujeres solo pueden trabajar en empresas y en ciertos sectores económicos, aunque las restricciones a la libertad de circulación hacen que en la práctica esto sea difícil. Las mujeres afganas tienen prohibido trabajar en el sector público, en organizaciones sociales y en organismos internacionales, incluyendo en Naciones Unidas.

Leyes derogadas y tribunales desaparecidos. Hoy en día, una mujer afgana víctima de violencia doméstica prácticamente no tiene a dónde acudir. Se ha derogado la ley en la materia y han desaparecido los tribunales especializados.

Se encuentran en un estado de indefensión casi total sin instituciones que las auxilien ni acceso a la justicia.

Las mujeres tienen acceso muy restringido y controlado a la salud sexual y reproductiva y, en el ámbito sanitario en general, no pueden ser atendidas por personal masculino.

Esto, unido a que ya no existen universitarias que estudien Medicina, es, como decía una doctora, “una fórmula para el desastre”, pues condena a niñas y mujeres a enfermarse y hasta a morir de males prevenibles.

Las niñas y mujeres tienen vetado el acceso a parques, gimnasios y baños públicos. En julio de 2023, se ordenó que se cerraran los centros estéticos para mujeres. Hoy si una mujer tiene una hija que va a casarse, ni la una ni la otra podrán ir a la peluquería –siendo este uno de los únicos espacios de convivencia social y diversión que les quedaban–.

Pude conocer en Mazar e-Sharif, a una mujer soltera, profesora de Psicología que daba clases a escondidas y que se ponía un anillo para fingir que estaba casada.

Si los talibanes la paraban por la calle, podía decir que su marido estaba enfermo y que por eso iba sola, y con ello evitar más preguntas.

Una antigua estudiante universitaria me dijo: “Vivimos bajo arresto domiciliario. Nos sentimos deprimidas y desesperanzadas. No tenemos futuro”.

Otra confesaba: “Estoy dispuesta a hacer todo, lo prometo, me pongo el hiyab ‘apropiado’, que me acompañe mi hermano a la universidad, luego me voy directa a la casa pero, por favor, ¡quiero estudiar!”

Siguen trabajando y ayudando a otras mujeres. A pesar de estos retos, las mujeres persisten y resisten. Siguen trabajando como pueden; siguen cuidando y buscando educación para sus hijas y siguen encontrando espacios para exigir respeto.

Encuentran formas creativas e innovadoras de seguir ayudando a otras mujeres, aun en zonas remotas, y en ocasiones con el apoyo decidido de sus padres y hermanos, incluyendo mediante proyectos educativos a niñas y mujeres de forma online o en espacios físicos de forma clandestina.

Continúan levantando sus voces, siendo líderes de organizaciones, iniciativas y actividades. Se enfrentan a rocas que las aplastan, pero ellas son el agua bajo las rocas.

Aun así, necesitan urgentemente el compromiso inquebrantable y acciones concretas de la comunidad internacional.

Por ejemplo, el apoyo a organizaciones lideradas por mujeres afganas, el otorgamiento del estatus de protección internacional a las que logran huir y el desarrollo normativo adecuado para combatir las violaciones graves y sistemáticas a sus derechos.

No podemos mirar hacia otro lado frente a las atrocidades cometidas por las autoridades en Afganistán. Tenemos la responsabilidad colectiva de alzar las voces de las niñas y mujeres del país y de actuar ahora.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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                                                                     CONCEJALA PAZ FUICA REVELA EN FISCALÍA QUE CONVENIO                                                                              FIRMADO POR DEMOCRACIA VIVA INICIALMENTE FUE                                                            ADJUDICADO  A OTRAS FUNDACIONES

Catalina Batarce

La Tercera, 04/03/2024

En medio de su declaración, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez aclaró cuáles eran las labores que cumplía al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Así, descartó haber influido en pos de una fundación en particular y recalcó que todas las determinaciones eran revisadas y ejecutadas por las jefaturas. Negó, además, cualquier tipo de relación estrecha tanto con el exseremi Carlos Contreras como con Daniel Andrade.

A las 11.23 horas de este lunes el Juzgado de Garantía de Antofagasta inició la audiencia de revisión de medidas cautelares de la concejala Paz Fuica, imputada al igual que Carlos Contreras y Daniel Andrade en el marco del caso Democracia Viva, donde el Ministerio Público indaga delitos reiterados de fraude al Fisco.

Y es que desde el 12 de enero la suspendida militante de Revolución Democrática se encontraba en prisión preventiva, pero dados los nuevos documentos que se han ido incorporando a la carpeta investigativa, apostó por obtener una medida de protección menos gravosa, a lo cual el tribunal accedió.

Tras una audiencia que se extendió hasta pasadas las 16.30 horas, el juez Juan Pablo Torres determinó revocar la prisión preventiva -considerando que se trataba de una medida “desproporcionada”– y fijó arresto domiciliario total a su respecto.

Entre los nuevos antecedentes, como expuso su abogado, se encontraba la declaración que Fuica prestó el pasado miércoles 28 de febrero por casi cinco horas, donde detalló cuál fue su rol al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y cómo fue que Democracia Viva terminó adjudicándose más de los convenios que inicialmente se había previsto.

Como se lee en la transcripción de su testimonio -al cual tuvo acceso íntegro La Tercera-, el tercer convenio de la ONG comandada por Daniel Andrade suscribe con la Seremi estaba planificado ejecutarlo en un comienzo con Fundación Fibra, y luego, como ésta desistió, con Creo Antofagasta.

Esta última, sin embargo, también declinó firmarlo. “Llegamos a Creo Antofagasta, ya que tienen vasta experiencia en el área, ellos me solicitaron el detalle de los campamentos donde trabajar y desistieron de igual forma, ya que no se enfocaba en el área que ellos trabajaban (…) Al no tener asignado dicho convenio, en una de las reuniones con el seremi (Carlos Contreras) me pregunta si es posible dividir el convenio, ya que eran muchos los campamentos en los cuales trabajar; le señalé que no tenía conocimiento, por lo que le consultó a Yasna Contreras y ella a nivel central Minvu e indicó que sí era posible la división del convenio”, relató.

Así, como precisó, fue que se llegó a Democracia Viva para que, junto con Tomarte, ejecutaran el convenio relativo a Diagnósticos de Campamentos.

“Se tomó la opción de dividir el convenio, y en nuestras planillas las fundaciones con menos carga laboral y presupuestaria eran la fundación Tomarte y Democracia Viva. Tomé contacto con Paulina Cabrera, quien era la jefa del área de Proyectos de Democracia Viva y le comenté que existía la posibilidad de asignarles un nuevo convenio. Se comentó mucho sobre un whatsapp que le envié donde le señalo que yo ya había conversado con Daniel Andrade, el cual me derivó con ella, y le digo que me “siga la corriente”, esto ya que se encontraban viendo la viabilidad de trabajar el convenio. Y en la fundación Tomarte tomé contacto con Kelly Betancourt, informándole lo mismo”, rememoró.

Su rol en la Seremi y dudas sobre su contratación. De acuerdo con los antecedentes aportados por Fuica, trabajó en la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde 16 de agosto del 2022, hasta fines del mes de febrero del año 2023, desempeñándose como analista social. Eso sí, el contrato de prestación de servicios lo suscribió en octubre de 2022.

“Mis funciones dentro del contrato de prestación de servicios consistía en asistir a las actividades de terreno, realizar informes, contacto con dirigentes, apoyo a las actividades de la fundación y el cumplimiento de las actividades del convenio asignadas a la fundación. No obstante, dentro de la Seremi también cumplí labores ajenas al contrato de prestación de servicios, como la gestión administrativa de los convenios, apoyo y acompañamiento a mesas técnicas del equipo de Serviu, asistir a las actividades de todas las fundaciones en terreno, elaboración de minutas a solicitud del seremi Carlos Contreras, apoyar en todo lo que requiriera la jefa regional de Asentamientos Precarios, Yasna Contreras, haciendo el nexo con el Programa Campamentos y Planes y Programas de la Seremi, a cargo de Alfonso Legunda, ya que no existía buena relación entre ambos”, contó.

Descartó, en ese sentido, haber formado parte de las decisiones más relevantes. “Respecto a las decisiones que se tomaban por parte de la Seremi, yo por mi experiencia en el programa, ya que me encontraba trabajando en terreno, le daba mi opinión a Carlos Contreras; sin embargo, las decisiones las tomaba él en conjunto con su círculo de confianza y las respectivas jefaturas de las áreas correspondientes”, sostuvo.

Desde un inicio se le indicó que su remuneración se pagaría con cargo a los convenios con fundaciones, a lo que no se opuso dado que había antecedentes de que se trabajaba bajo dicha fórmula. Solo pidió, como indicó, que esto no se hiciera con cargo a Techo o Campamentos de Ideas, dado que había trabajado con ellas previamente.

Sin embargo, a fines de enero de 2023 se encendieron alarmas respecto de eventuales irregularidades en su contratación. “Tomó contacto conmigo vía WhatsApp Daniela Mateluna, quien me indica que me quiere comentar una situación grave respecto de mi contratación, por lo que me llamó telefónicamente y me dice que chequearon la información que yo les di la vez que nos reunimos en Santiago respecto a mi manera de contratación y me indicó que chequearon dicha información con su jefatura y me sugería que cesara mis funciones, ya que estaba asumiendo responsabilidades que no corresponderían acorde a mi contrato de prestación servicios”, manifestó.

Por lo mismo, dijo, tomó contacto con el entonces seremi, quien le aseguró que solicitaría una auditoria al proceso de contrataciones tanto del programa asentamientos precarios como con la Seremi.

“Luego de conversar con Carlos y las acciones que él tomó, siguió existiendo preocupación en mí dado que existían diversos reclamos y aprensiones en el Serviu, debido a los roles de cada equipo y además la manera de contratar y diversos cuestionamientos a dicha gestión, por lo que decidí presentar mi renuncia, ya que no quería tener problemas debido a mi rol público. Le señalé a Carlos Contreras que iba a cesar mis funciones a mediados del mes de febrero del año 2023, lo cual se materializó a fines de febrero del año 2023″, aseveró.

Si bien reconoció que siguió en contacto con Contreras, detalló que esto fue en su rol de concejala. Hizo presente, asimismo, que “nunca firmé ningún tipo de documentación formal, ya sean memos, oficios, autorizaciones de pago, ni tampoco fui parte de alguna decisión importante respecto a los convenios, ya que ese tipo de decisiones finalmente las tomaba la jefa Yasna Contreras en conjunto con el seremi Carlos Contreras y los jefes de área pertinentes, tales como Jurídica, Finanzas, Planes y Programas, en conjunto con Serviu. La documentación que emana de la Seremi pasó siempre por Felipe Gordillo (jefe de gabinete del seremi) o Gabriela Muñoz, que eran parte del equipo de confianza del seremi”.

Aclaró, en ese sentido, que cuando envió el mail donde señala que ya se habían cerrado los convenios con determinadas fundaciones, eso fue previa revisión de las jefaturas y los organismos encargados.

Relación con Pérez, Contreras y Andrade. ¿Cómo llegó Fuica a esa posición? Según indicó, nunca mantuvo relación de amistad con ninguno de los implicados en el caso. Sí, reconoció, tenía cercanía con Catalina Pérez y Carlos Contreras, aunque siempre por la militancia común que mantenían y el trabajo que habían realizado, lo que le favoreció encontrar nuevos trabajos.

Así, cuando llegó a la Seremi, como se desprende de su declaración, fue porque Contreras la llama tras haber sido parte del equipo de la mencionada diputada, pero para comentarle sobre un puesto en Desarrollo Social.

“Encontré una oferta laboral acorde a mis aptitudes en la Seremi de Desarrollo Social, esto en el mes de julio del año 2022, esto me lo comentó Carlos Contreras (…) Al comentarme dicha opción laboral, nos reunimos a almorzar para conversar la posibilidad de obtener un puesto dentro de mis capacidades dentro de la Seremi de Desarrollo Social; sin embargo, me encontraba buscando opciones, Carlos de igual forma me comentó que se iba a ampliar el espectro respecto del trabajo en campamentos y que posiblemente se abrirían otras opciones de trabajo”, relató.

Luego de eso, continuó con su relató, tomó vacaciones aunque recibió una “oferta” de Daniel Andrade, quien le envía el ya público mensaje donde se leía: “Te tengo un proyecto que involucra lucas”. Como aclaró, en ese mensaje se precisa lo del dinero dado que ella anteriormente había desempeñado labores sin recibir remuneraciones.

“(Andrade) Me comenta que había tomado contacto con Carlos Contreras y que le había comentado, tal como me había dicho a mí, que se iba a ampliar el tema de las fundaciones, por lo que Daniel me ofreció un cargo dentro de la fundación Democracia Viva, sin detallarme un perfil determinado. Le digo que lo voy a pensar, ya que me encontraba analizando ofertas, y de regreso de mis vacaciones me junto nuevamente a conversar con Carlos Contreras, y ante todas las opciones tomé la decisión de trabajar dentro del Minvu”, comentó.

Evidenció, asimismo, que siempre mantuvo una buena opinión del trabajo de Contreras, aunque lo tildó de “temerario”. Aquello, como detalló, porque no siempre seguía recomendaciones y mantenía información bajo reserva.

“Carlos Contreras siempre manifestó un gran compromiso con su trabajo, pero tenía un actuar temerario en el sentido que siempre manifestó que contaba con las aprobaciones y vistos buenos de su jefatura directa, pero no siempre hizo caso a las recomendaciones que se realizaron a nivel regional por parte de la jefa del Programa y el equipo del cual formaba parte. En ese sentido, si bien tenía una cercanía al trabajo de campamentos, no siempre me aportó toda la información que él tenía de nivel central, como son conversaciones con gente de las fundaciones o contrataciones que realizó para la Seremi. Yo me enteraba cuando las personas ya llegaban a prestar servicios”, sinceró.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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