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TRANSNACIONALES DEL CRIMEN: LOS GRUPOS QUE ATERRORIZAN A AMÉRICA LATINA. Bastián Díaz

                                                                    TRANSNACIONALES DEL CRIMEN: LOS GRUPOS QUE                                                                                                         ATERRORIZAN A AMÉRICA LATINA

Bastián Díaz

La Tercera, 10/03/2024

Desde las cárceles de Sao Paulo y Torocón a las calles de Lima y Santiago, el crimen organizado ha ganado en escala en los últimos años, volviéndose toda una industria por fuera de la ley

Logística, infraestructura, convenios, inversión, franquicias, diversificación: las palabras que se usan para hablar de las pandillas y carteles latinoamericanos no son muy distintas a las de un negocio como cualquier otro.

El crimen organizado en nuestra región pasó de ser algo del barrio, a una verdadera industria continental que alimenta a miles de personas y preocupa a millones.

América Latina es, actualmente, la región con mayor proporción de homicidios relacionados al crimen organizado en el mundo: según InSight Crime, más del 50 % de los homicidios.

Ocho de los 10 países con más asesinatos en el planeta están en esta región, y son, sobre todo, los países con pandillas en conflicto los que han experimentado alzas en estos crímenes: Costa Rica y Ecuador, alguna vez países “isla”, han visto la violencia crecer en sus territorios, mientras que en México, lugar con carteles “consolidados”, esta violencia se estabiliza.

En entrevista con La Tercera, el director del Observatorio del Delito y la Violencia de Crimipol, Arturo Arango, asegura que las bandas latinoamericanas no se limitan al narcotráfico: “Aquí, básicamente hay que medir la delincuencia organizada, ya que se meten en tráfico de drogas, pero ese tráfico no implica que no haya otras actividades, como trata de personas, tráfico de armas, extorsión, secuestro, miseria ilegal y ciberdelito, e incluso actividades ecológicas, como pesca o siembra ilegal”.

A continuación, los principales grupos que operan en la región.

Tren de Aragua. Anteriormente controlado desde la prisión de Torocón, en el estado de Aragua, Venezuela, el Tren de Aragua lleva desde 2019 creciendo fuera de las fronteras de su país, explotando, sobre todo, a migrantes y diversificando sus actividades ya en otros cinco países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia.

La “megabanda” es liderada por Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, que emergió como “pran” o jefe al interior de la cárcel, y que controlaba desde su celda los negocios en expansión del grupo.

Su influencia era tan grande dentro del penitenciario, que los líderes llegaron a contar con un zoológico y un club nocturno en plena prisión.

En septiembre del año pasado, luego de una intervención de los policías venezolanos en la cárcel, se supo que el “Niño Guerrero” se había escapado, levantando las alarmas en Chile y Perú, ambos países donde se podía esperar que el capo buscara refugio.

Arango asegura que el Tren de Aragua, aun teniendo lazos con el narcotráfico, tiene “otro enfoque operativo” si se le compara con bandas más tradicionales, como los carteles mexicanos.

“Se dedican más a la extorsión, el secuestro, el robo, el asesinato y la minería ilegal. Hay una diversificación en sus operaciones, pero que no se meten tan fuerte con el narcotráfico, porque tendrían conflictos, si no los tienen ya, o si ya tienen un pacto de no agresión con los carteles mexicanos. Aquí, básicamente la idea es la obtención de ingresos rápidos, con actividades que no necesitan gran inversión ni infraestructura: eso se lo dejan a los carteles mexicanos, que tienen el enfoque en el narcotráfico”, asegura el experto.

Respecto de su estructura, esta es menos jerárquica y más horizontal, con células más o menos independientes que van ocupando espacios con vacíos de poder: “El Tren de Aragua es de una violencia extrema, visible, con control e intimidación. Buscan imponer un orden paralelo al Estado, en tanto que los carteles mexicanos ya tendrían ese poder paralelo”, apunta Arango.

Por su parte, el presidente de IBI Consultants y asesor de la Coalición Internacional Contra Economías Ilícitas, Douglas Farah, coincide en este carácter más horizontal de la jerarquía del Tren de Aragua: “La diferencia está en el enfoque del grupo en dos sentidos: control territorial en vez de control de una sola ruta para un producto como la cocaína, y operaciones de franquicia de su marca, ‘el Tren de Aragua’, en diferentes países. Es más una red de grupos criminales en alianza que un cartel tradicional como Sinaloa. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una híbrida de ambos modelos”.

Mara Salvatrucha (MS-13). Nacida en los barrios de Los Ángeles en los 80, la Mara Salvatrucha ha expandido su control en los países del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), y tiene presencia tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa.

Basada principalmente en la extorsión, esta pandilla fue la primera en recibir la calificación de “organización criminal transnacional” por la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), en 2012.

Si su origen era diáspora centroamericana en California, en los años 2000 sus miembros empezaron a volver, por miles, a El Salvador, donde se convirtieron en el actor delictual más importante del país.

En 2012 llegaron a tener un pacto conocido como “La Tregua”, donde el gobierno salvadoreño de entonces le daba beneficios a cambio de una disminución de los asesinatos. Este mismo mecanismo fue usado, también, como indican las investigaciones del medio El Faro, por el actual gobierno de Nayib Bukele: salidas irregulares de mareros de las cárceles, o traslados injustificados, son usados como moneda de cambio para que la agrupación criminal mantenga a raya los homicidios en el país.

Arango comenta respecto de este grupo: “Se caracterizan por la estructura descentralizada. Aunque tienen una identidad común, sus operaciones pueden estar variando, dependiendo de las oportunidades que vayan viendo: van evaluando si intimidan en alguna parte, si tienen promesa de protección, si tienen sentido de pertenencia. Y ya tienen presencia importante en ciudades estadounidenses, porque pueden ser vendedores, reclutadores, formar parte de las cadenas de distribución y tráfico de drogas en EE.UU., pero en convenio con las organizaciones criminales de México”.

Farah, por su parte, detalla: “Como el Primeiro Comando da Capital (PCC), tienen liderazgo en las cárceles, dominan el narcomenudeo y distribución interna, dan protección a narcos locales y protección de rutas. En Honduras ya se están convirtiendo en especie de cartel, con relaciones con CJNG y otros grupos para el trasiego de droga –cocaína, metanfetamina, precursores para otras drogas sintéticas– hacia México. También el MS-13 se ha diversificado, tomando control de la migración irregular, o sea, desplazando a los coyotes tradicionales para manejar las lucrativas rutas de migración”.

Primeiro Comando da Capital (PCC). Denominada la organización criminal más grande del continente, el PCC tiene su origen en la prisión de Taubaté, en São Paulo, durante los años 90.

Hoy en día, contaría con 40 mil miembros vitalicios y otros 60 mil contratistas, y recientemente se supo que tendrían contactos con delincuentes en Chile. Rivales e inspirados por el más histórico Comando Vermelho, hay miembros del PCC en la mayoría de los estados de Brasil, e incluso han expandido sus operaciones en Europa y Asia.

El PCC nació luego de una masacre carcelaria en 1992, cuando las fuerzas de seguridad brasileñas mataron a 100 prisioneros durante un motín en Carandiru.

De ahí, ocho reos que fueron trasladados a Tabauté conformaron el grupo con el objetivo inicial de reclamar justicia por la masacre y presionar por mejores condiciones carcelarias. Desde ese momento, la pandilla creció y expandió sus actividades, pasando de robos y motines en las cárceles al tráfico transnacional de drogas, tráfico de armas y minería ilegal, entre otros.

Con una historia organizando grandes rebeliones en los centros penitenciarios, el grupo contaría con un brazo “armado” y otro “político”, liderado por Marco Herbas, alias Marcola.

Un artículo de Le Monde Diplomatique asegura respecto al jefe: “Discreto y considerado un individuo culto, cuya leyenda dice que leyó más de dos mil libros, jamás habló con la prensa”.

Según Insight Crime, el grupo tiene vínculos con la ‘Ndrangheta’ italiana y lava dinero en países como China. “El grupo desarrolló un complejo sistema de franquicias, donde sus miembros, muchos de ellos reclutados en las cárceles del país, se organizan y operan en grupos locales dentro y fuera de las prisiones. También pagan cuotas para financiar abogados o corromper policías, al igual que para la compra de armas y drogas bajo el amparo de la cúpula”, indica el portal.

Esta semana se supo que la Fiscalía Brasileña habría encontrado, luego de incautar teléfonos en cárceles de São Paulo, conexión entre el PCC y delincuentes chilenos. Desde Canal 13 accedieron a la declaración de un condenado chileno que asegura que él y al menos otras 15 personas tendrían vínculos con la banda brasileña en nuestro país.

Respecto a su alcance en la región, Arango comenta: “Aunque tiene su base en Brasil, su influencia se expande a Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. Tienen una estructura de células autónomas, donde operan independientemente, a diferencia de la estructura jerárquica más mexicana, lo que los hace difíciles de infiltrar y desmantelar. Usan intimidación, violencia y corrupción para mantener su influencia”.

“Tiene nexos con grupos de narcotráfico en África y Europa, en las excolonias de habla portuguesa, dígase Angola y Mozambique. Es un grupo con los lideres más importantes en las cárceles, pero con operaciones en múltiples continentes. Tiene un brazo armado bien organizado, con una vista a la expansión como cartel a nivel mundial”, señala por su parte Farah.

Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cartel de Sinaloa. Los dos grandes carteles mexicanos están en la vanguardia del narcotráfico latinoamericano, siendo los principales vendedores de drogas en Estados Unidos y Europa.

El Cartel de Sinaloa, indica InSight Crime, consolidó su posición como el principal traficante de fentanilo desde México, la droga altamente adictiva y dañina que ha venido matado a miles en las ciudades del norte de Estados Unidos.

Ambos carteles, siendo rivales, tienen contactos y tratos con distintas organizaciones criminales en el resto de Latinoamérica y, en particular, con las dos bandas que hoy por hoy están protagonizando el conflicto interno en Ecuador: Los Choneros, aliados con Sinaloa, y Los Lobos, aliados con el CJNG.

Durante 2023 se detuvo en Chile a personas que pertenecerían a ambos carteles: dos hermanos en Iquique, por el Cartel de Sinaloa, y uno en Melipilla, por el CJNG, por delitos de infracción a la Ley de Armas y Ley de Drogas.

Arango comenta al respecto: “Son las dos organizaciones más poderosas de México y que tienen una significativa presencia internacional. Eso depende de sus alianzas y estrategias, en las que mantienen su posicionamiento vertical, que les permite operar bajo intereses y directrices del cartel. Ellas hacen alianzas con carteles de los países donde operan, y por eso creo que han ido haciendo convenios no escritos con el PCC, el ELN y otros. Eso les permite mantener la logística y la seguridad para el tráfico de drogas desde América Latina a Estados Unidos, Europa y Asia. Utilizan países como puntos de tránsito y finales”.

“CJNG es ya claramente el cartel dominante, con presencia en tierra en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Paraguay y hasta Argentina. Opera controlando la fabricación y rutas de exportación y distribución. En Ecuador controlan centros de acopio en la costa, acceso a disidencias de las FARC y otros grupos nuevos, y presencia en Guayaquil, para acceso al puerto. Operan como los facilitadores del movimiento, con servicios especializados en mover producto y lavar dinero”, indica, por su parte, Farah.

Ejército de Liberación Nacional (ELN). La guerrilla, que hace décadas protagoniza el conflicto armado en Colombia, junto con el Estado y las FARC, goza en este momento de dos ventajas: un cese el fuego negociado con Bogotá y protección en el territorio venezolano. A pesar de eso, el grupo sigue teniendo enfrentamientos con otros grupos rivales, como los gaitanistas y las disidencias FARC.

Si en un principio el grupo tenía intereses políticos, hoy en día su principal actividad es el narcotráfico, controlando la mayoría de los cruces fronterizos entre Colombia y Venezuela.

Respecto de su rol en el narcotráfico latinoamericano, Arango comenta: “Eran grupos guerrilleros que se inspiraban de la revolución cubana, que buscaban cambios sociales. Finalmente evolucionaron y el narcotráfico es una parte significativa de sus operaciones. Van a decir que tienen ideología, pero han participado en la imposición de impuestos, operación de rutas de tráfico, participación en el narco y en los convenios y contactos que han tenido con organizaciones mexicanas, lo que básicamente ha mantenido su lucha armada y sus estructuras”.

En ese sentido, Arango afirma que en su territorio están los principales productos de coca y los laboratorios de procesamiento de drogas.

Farah, por su parte, indica que la guerrilla ya habría dejado atrás sus objetivos políticos: “El ELN siempre ha tenido contacto con el narcotráfico, pero no control de rutas. Hoy se dedica más a la minería de oro ilícito en Venezuela y proteger al régimen de Maduro que lazos de producción y exportación de cocaína. Como ya la ideología ha perdido vigencia y el marxismo ha fracasado en todo el mundo, su meta es netamente económica y el control de recursos para autofinanciarse. No van a tomar el poder en Colombia…”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

 

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GUSTITOS. Max Colodro, filósofo y analista político

                                                                                 GUSTITOS

Max Colodro, filósofo y analista político

La Tercera, Opinión, 10/03/2024

El Presidente Boric inauguró su gobierno mostrando convicciones antimonárquicas: culpó al rey de España por el retraso en la ceremonia del cambio de mando; después tuvo que disculparse.

Al tiempo, sintió la necesidad de exhibir su sello antimperialista: lamentó que no hubiera un representante de EE. UU. en la iniciativa de las américas para la protección de los océanos, sin percatarse que dicho representante estaba sentado a un metro de él. Era John Kerry, quien con ironía comentó que, al parecer, habían estado buenas las cervezas que Boric tomó el día anterior con el Primer Ministro de Canadá.

Al poco tiempo, el país fue testigo de las fotos que la pareja del embajador de Chile en España subió a las redes sociales, mostrándolo mientras disfrutaba de una langosta; luego publicó otras, sentada en el asiento trasero del auto oficial, exhibiendo los pies descalzos sobre las piernas del funcionario. Inexplicablemente, el diplomático siguió en el cargo.

En cambio, Chile estuvo sin embajador en Brasil por nueve meses, debido a que la persona designada -Sebastián Depolo- nunca recibió el “agreement” del gobierno de Bolsonaro. Entre las razones de ello estaban declaraciones del propio Depolo, quien poco antes de ser propuesto declaró: “Lo que vemos en el Brasil de Bolsonaro es el inicio del fascismo. Odio a la diferencia, persecución política a disidentes y castigo a ideas contrarias a las del régimen”. No era muy difícil imaginar las consecuencias.

Chile lleva ahora más de medio año sin embajador en Inglaterra. En agosto pasado, la Cancillería tuvo que pedirle la renuncia a Susana Herrera, quién había aprovechado sus vínculos para presentar un proyecto ambiental a la Gobernación del Biobío por cinco millones de dólares.

Entre sus socios decía tener nada menos que a una fundación creada por el propio rey Carlos III.

Hace unas semanas, la aduana boliviana informó que Chile accedió a ampliar el horario de apertura de los controles fronterizos de 10 a 24 horas diarias, durante todo el año; sin explicación de las autoridades chilenas, y en un momento en que uno de los principales problemas limítrofes es la escasa fiscalización del país altiplánico sobre las personas que deja pasar hacia Chile y a las que luego se niega a recibir.

Es decir, habrá mayores facilidades para el tránsito desde un país que en julio pasado firmó un acuerdo de defensa con Irán, uno de cuyos objetivos es mejorar el traspaso de información sobre el manejo de fronteras.

Por último, la semana concluye con la decisión de impedir la presencia de empresas israelíes en la Fidae. Una decisión que impacta en las relaciones comerciales con uno de los más importantes proveedores de equipos de defensa, cuyas implicancias no fueron informadas ni evaluadas en conjunto con las FF. AA. y que solo vino a agregar incertidumbre en vínculos que inciden en la seguridad nacional.

Como si hubiera dudas, el Presidente Boric confirmó que las decisiones en materia de política internacional las toma solo él.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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LOS FANTASMAS QUE PERSIGUIERON A RONALD OJEDA EN CHILE. Gianluca Parrini, María José Halabi y Leslie Ayala

                                                                  LOS FANTASMAS QUE PERSIGUIERON A RONALD OJEDA EN CHILE

Gianluca Parrini, María José Halabi y Leslie Ayala

La Tercera, 10/03/2024

Luego de huir de las torturas del régimen de Nicolás Maduro, el teniente venezolano se estableció en Chile. Aquí intentó llevar una vida normal: hizo de Uber, pintó casas, cosechó paltas y trabajó de guardia. Pero nada fue suficiente para avanzar de ese tormentoso pasado. Su obsesión con la situación de su país y su liderazgo, dicen sus cercanos, son la clave que explica su desaparición.

Minutos después de que Ronald Ojeda fue subido a un auto con rumbo desconocido por un grupo de personas con uniformes falsos de la PDI, su hermana mayor gritaba. Tenía rabia.

Les insistía a los carabineros que llegaron a su departamento, en Independencia, que había sentido el acento venezolano del grupo de supuestos policías que habían sacado a Ojeda en calzoncillos desde su casa. Pedía que comenzaran a buscarlo de inmediato. Estaba segura de que esto no era un arresto normal.

La hermana cuenta todo esto durante el funeral de Ojeda, en el Cementerio Parque Canaán de Pudahuel, mientras tiene al frente el ataúd del exteniente del Ejército venezolano. Después de que sus familiares hablan, comienza el descenso del ataúd. Varios se acercan a tocarlo.

La viuda de Ojeda abraza a su cuñada, quien llora a gritos. En eso, el hijo del matrimonio lanza una flor al ataúd. “Adiós, papá”, dice el menor.

Aún les duele su muerte, porque sienten que pudo haberse evitado. No entienden cómo en Chile una persona puede desaparecer en su casa y, luego, aparecer sin vida nueve días más tarde.

Aunque lo que más resienten, dice la hermana de Ojeda en su discurso, es lo que le hicieron a su hermano. Siente que se repitió algo que nunca pensaron que iba a pasar.

“Su vida estuvo marcada por tortura en dos oportunidades. Las primeras torturas fueron causadas en Venezuela, donde gracias a Dios, en aquella oportunidad, pudo librarse. Un año lleno de torturas que marcaron su cuerpo infinitas veces -dijo ella-. Aunque lastimosamente en esta oportunidad no lo pudo resistir”.

Entre las personas que acompañan a la familia de Ojeda hay varios militares. Son jóvenes, entre 30 y 40 años. Visten de negro, de lentes oscuros y pelo corto. Ayudaron a organizar la logística detrás del funeral y a levantar apoyos económicos para la familia.

Estos amigos describen a Ojeda como una persona muy hermética. De allí que el trabajo de la Fiscalía ha sido tan áspero: han tenido poco éxito recopilando información de la vida de Ojeda en Chile, a pesar de haber tomado 20 declaraciones.

Ese lapso de tiempo es clave para entender qué fue lo que le pasó, dijo el fiscal nacional, Ángel Valencia, en Radio Cooperativa.

Mientras una línea investigativa no descarta que su desaparición esté relacionada con el crimen organizado y la relación de Ojeda con el Tren de Aragua, estos militares están totalmente en desacuerdo con esa tesis. Ellos son del grupo Espada de Dios: varios fueron detenidos y torturados en Venezuela, junto al exteniente, por conspirar contra Nicolás Maduro.

Por eso, hoy todos dicen que, para entender el dolor tan profundo de esta familia, hay que saber que mientras Ojeda vivió en Chile, intuía que algún día su pasado vendría a pasarle la cuenta.

Uber y paltas. Ronald Ojeda egresó de la academia militar venezolana en 2012. Fue allí cuando se dio cuenta del “adoctrinamiento” que existía en la escuela.

El punto de quiebre para él fue en 2016, cuando la crisis humanitaria en ese país se agudizó. Ojeda no lo aguantó.

“Teníamos una situación de poder, de privilegios. Pero éramos testigos de cómo la gente pasaba hambre, cómo los anaqueles estaban vacíos, cuando en los cuarteles nos decían que todo estaba bien”- dice un militar amigo de Ojeda, que prefirió mantener su identidad en reserva. Prefiere ser llamado “Diego”, una chapa militar.

Esto llevó al teniente a involucrarse con el grupo Espada de Dios. “Diego” explica la idea del grupo.

“El plan era hacerse del poder, tomando la instalación militar más grande de Venezuela en el país. Pero yo no sé qué actividades tenía Ojeda. La información se manejaba de manera sectorizada”.

Cinco de ellos, Ojeda incluido, escaparon de las torturas de la cárcel de Ramo Verde en 2017. Tras esto, se dispersaron por todo el mundo.

Ojeda eligió Perú como su nuevo hogar. Allí solicitaron asilo político. Vivió ahí durante menos de un año.

Durante esa estancia, Ojeda vivió en dos ciudades: Lima y Huánuco, en el centro norte de ese país. Al tiempo, el militar admitió no sentirse seguro allá. Por eso decidió moverse y, también, a descartar ciertos destinos.

“En ese tiempo Ecuador estaba gobernado por la izquierda y en Brasil el idioma era una dificultad. Colombia estaba más cerca de Venezuela. Por ende, Chile era el país más seguro”– dice el teniente José Rodríguez, quien vivió en Perú junto a Ojeda.

Ronald Ojeda llegó a Chile a finales de 2017. Según un compañero de promoción, cruzó a través del Complejo Fronterizo Chacalluta. Allí explicó su historia y solicitó asilo político.

La primera residencia que tuvo en Chile fue en Santiago, junto a su familia. Vivió ahí cerca de dos años. Se le hizo difícil encontrar trabajo.

El primero que obtuvo al llegar fue conductor de aplicaciones: hizo Uber en Santiago durante un año y medio. Después de eso, no volvió a ese empleo. La cuenta bajo su nombre en esa empresa no tiene actividad desde 2019. Era de lo poco que podía hacer para sostener su casa.

En ese tiempo el militar también aprendió a pintar. Esto coincidió con otro hecho. En 2020, Ojeda recibió una oferta laboral en Quillota, en una empresa constructora que hacía estructuras. Era más dinero del que ganaba en Santiago.

Por eso, tomó a su familia y se mudó. Arrendaron una casa, en la que vivió durante la pandemia. Cuando terminó el trabajo en la construcción, tomó otro como recolector en una plantación de paltas de la zona.

Pronto la idea de vivir en la Quinta Región dejó de funcionar, porque sus ingresos eran menos de lo que necesitaba. Por eso, la familia volvió a Santiago en el año 2021. Se establecieron en un departamento en la calle Maruri, de Independencia.

A finales de ese año la hermana del teniente constituyó una sociedad para instalar un centro de estética en el centro de Santiago. Allí mismo comenzó a trabajar con la esposa de Ojeda, haciendo masajes reductivos para clientas.

El teniente intentó con otros oficios. Además de ser repartidor de Rappi, emprendió en un negocio de helados artesanales con su esposa.

Sus trabajos, eso sí, no siempre bastaban. Como declaró al Ministerio Público una persona que lo conoció, hasta diciembre del año 2023 la familia Ojeda recibió dinero de un capitán del Ejército venezolano.

Fueron tres transferencias por un total de aproximadamente un millón trescientos mil pesos. Ese dinero servía mucho, ya que Ojeda se encontraba sin trabajo en esa época.

Eso sí, Ojeda igual se las arreglaba para ayudar a otros colegas. Por ejemplo, dicen sus amigos militares, ayudó con envíos de dinero a uno de sus excompañeros que había sido padre hacía poco en Ecuador.

En enero de este año, Ojeda encontró trabajo en una empresa de seguridad llamada Atalaya. Se convirtió en guardia privado. Trabajaba cuatro noches y descansaba cuatro días.

Ese mismo mes, según una declaración incluida en la carpeta investigativa, Ojeda pidió un préstamo informal de dos millones de pesos para su hermana.

Las últimas semanas de febrero, antes del secuestro, fueron normales, dicen sus cercanos.

Eso sí, un testigo que declaró en Fiscalía admitió que algo tenía preocupado a Ojeda. El capitán de Ejército venezolano, con quien Ojeda conspiraba para atacar el régimen de Maduro, fue detenido en la frontera con Colombia. Luego, ese mismo militar mencionó a Ojeda en un video en el que confesaba lo que planeaban hacer.

Esto puso en alerta a Ojeda, porque esa noticia revivió un miedo que no había superado: volver a caer en manos de la policía de Maduro.

La obsesión del teniente. Ronald Ojeda nunca dejó de pensar en las torturas que sufrió en Venezuela. Según sus amigos, estaba absolutamente obsesionado con eso. Aunque intentó tener una vida normal en Chile, no pudo lograrlo.

“Creo que cuando tú has sido víctima de tortura, tienes una cicatriz. Es una cicatriz que no se va a borrar nunca. Cuando, aparte de haber sido torturado eres obligado a dejar el país que amas, esa es una cicatriz muy grande. Él quería que nadie más tuviera esa cicatriz”– dice “Diego”.

Entre sus compañeros disidentes del Ejército mantuvieron el contacto a través de WhatsApp y redes sociales. Hacían videollamadas en las que se contaban sus vidas. Eso sí, mantenían los códigos de contrainteligencia de cuando conspiraban en Venezuela: compartimentaban la información.

Una muestra de eso es que evitaban dar detalles de sus actividades. Por ejemplo, Rodríguez no sabía, por seguridad, el nombre del lugar donde Ojeda era guardia de seguridad. Tampoco le preguntó. Todos entendían que debían tener ese nivel de cuidado.

En Chile, Ronald Ojeda también comenzó a escribir un libro autobiográfico. Alcanzó a redactar 185 páginas. Ese texto, para sus amigos, es una prueba de su personalidad: estaba obsesionado con Venezuela.

“Ronald estaba exageradamente dedicado a la investigación de la dictadura venezolana” -dice “Diego”-. “Su libro es parte de una investigación académica que estaba llevando de cómo funciona el chavismo. Hay una máxima de Sun Tzu que dice: conoce a tu enemigo como a ti mismo. Por eso él nos decía que teníamos que investigar cómo funciona el chavismo desde adentro, desde la raíz, para poder combatir el chavismo”.

“Diego” agrega que trataba, como amigo, de sacar a Ojeda de ese mundo. Por eso, en su reencuentro en Chile lo invitó a tomar unas cervezas. Se juntaron en Santa Rosa con la Alameda, cerca del edificio de Enel. Ojeda, eso sí, no bebía alcohol. Se tomaba una, o media cerveza. La idea era sencillamente juntarse y sacar a Ojeda de su rutina y del mundo en el que estaba.

“No era de juntarme con él a hablar de política” -dice “Diego”-. “Yo, después de huir de Venezuela, he tratado de tener una vida normal y tranquila, pero evidentemente no se puede. Nos juntábamos a tomar una cerveza y comer una pizza. Obviamente, igual hablábamos de Venezuela, aunque no era el tema principal. Yo lo veía simplemente como un amigo”.

Ojeda, además de estar al día de todo lo que pasaba en su país, leía. Aprendió sobre Charles de Gaulle -militar francés que dirigió la resistencia de su país contra el nazismo desde el exilio-, así como también de la historia del régimen soviético.

Ojeda solía juntarse con grupos de militares venezolanos. Eso contó en su libro. Pero no siempre estaba de acuerdo con ellos. Terminaba discutiendo. No se encontraba cómodo ni siquiera en esas juntas.

Sus amigos dicen que Ojeda nunca logró estar totalmente tranquilo en Chile. Esos miedos seguían allí. “Por ejemplo, a mí nunca me dijo qué hacía exactamente en su empresa”, dice otro militar venezolano que lo conoció.

La misma fuente agrega algo más.

“Él tenía un miedo como cualquier otro. Era una persona muy valiente, pero olfateaba constantemente el peligro”.

Esta inseguridad llevó a Ojeda a cambiar varias veces de número de celular. También se cambió de casa cuatro veces en cinco años. La última mudanza fue a un departamento en el piso 14 de calle El Molino, también en Independencia. El mismo departamento del cual, el 22 de febrero pasado, un grupo de individuos vestidos con uniformes falsos de la PDI lo secuestró.

Nueve días después lo encontraron sin vida, en una maleta, bajo un metro y medio de cemento.

Para sus compañeros hay algo evidente: su muerte tiene una motivación política detrás.

“Esto no se trató de delincuencia común” -dice “Diego”-. “Un delincuente común no te secuestra sin pedir nada a cambio. Ni se elabora un uniforme PDI. Si te quiere matar, te mata en tu casa”.

Frente a las dudas de por qué el régimen de Maduro montaría una operación para asesinar a un teniente que escapó al último país del mundo, los militares venezolanos residentes en Chile que conocieron a Ojeda tienen una explicación: el teniente podía llegar a ser una real amenaza para el régimen de Maduro.

“No tienes que pensarlo así” -dice uno de ellos-. “El teniente es el que tiene la relación más directa con su pelotón. Entonces, lo que importa no es el cargo que tenía. Era lo que podía llegar a hacer”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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REPRIMIR, DIALOGAR, REPRIMIR. Heraldo Muñoz, Excanciller de Chile

 

                                                                               REPRIMIR, DIALOGAR, REPRIMIR

Heraldo Muñoz, Excanciller de Chile entre 2014 y 2018

El Mercurio, Columnistas, 09/03/2024

“La experiencia indica que el régimen no tiene voluntad de realizar elecciones libres y limpias, y que su objetivo es sencillamente mantenerse en el poder”.

A fines de febrero, 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) fueron expulsados de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, acusados de “espionaje y conspiración interna”.

La expulsión se decretó un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación declarase que el gobierno venezolano le impidió acceder a centros de detención y le cambió constantemente su agenda en una visita al país.

En el contexto de la elección presidencial —recién fijada para el 28 de julio del presente año—, el endurecimiento del régimen no sorprende.

Hace algunas semanas, la justicia incondicional del gobierno confirmó la inhabilitación, sin notificación ni derecho a la defensa, de la candidata opositora María Corina Machado —escogida en una primaria opositora cuestionada por el oficialismo— para competir en las elecciones presidenciales.

Maduro ya le había advertido mucho antes: “No te vistas, que no vas”. Entretanto, tres asesores de campaña de Machado fueron detenidos simultáneamente, acusados de proporcionar “apoyo logístico a un grupo terrorista”.

En un paso represivo más, el gobierno arrestó a la activista y académica experta en asuntos militares Rocío San Miguel, bajo acusaciones de “terrorismo”, “traición a la patria” y “conspiración”, al vincularla con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, uno de cinco complots que, según la fiscalía chavista, han sido desbaratados desde 2023.

Esta espiral autoritaria enterró el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición para promover los derechos políticos y garantías electorales, y conceder licencias para la exportación de petróleo y otros materiales al mercado estadounidense.

Después del veto a Machado, Washington anunció que podría reimponer sanciones. Pero el régimen de Maduro amenazó con que, si eso sucede, se acaban los vuelos de repatriación de venezolanos ingresados irregularmente a territorio estadounidense, materia altamente delicada en un año electoral en EE.UU.

La experiencia indica que el régimen no tiene voluntad de realizar elecciones libres y limpias, y que su objetivo es sencillamente mantenerse en el poder. Maduro ya anticipó un resultado: “Ganaremos las elecciones —afirmó— por las buenas o las malas. Está dicho, no digo más”.

Para tal propósito, activó un plan denominado “Furia Bolivariana” para desbaratar eventos de la oposición y hostigar a ONG independientes.

La estrategia madurista es clara: reprimir a opositores y, ante la presión internacional, aceptar sentarse a dialogar, no sin antes obtener algunas concesiones.

En algún momento del proceso negociador, el gobierno esgrime excusas para romperlo, o bien desconoce lo acordado, y vuelve a reprimir.

Reprimir, dialogar, ganar tiempo, y volver a reprimir es la estrategia del régimen. En el intertanto, genera contemporización de algunos países, y la comunidad internacional democrática muestra señales de frustración y agotamiento con el caso de Venezuela.

Así lo pude atestiguar en las negociaciones de Santo Domingo en 2017 y 2018, entre Maduro y la oposición, auspiciadas por el entonces presidente dominicano Danilo Medina.

Luego de extensas reuniones, donde participé como canciller de Chile para facilitar el diálogo, propuesto por la oposición, se registraron avances esperanzadores para la realización de elecciones libres, pero el gobierno pateó la mesa, impuso una eventual fecha de las elecciones, no aceptó las condiciones para unos comicios mínimamente democráticos (como la liberación de presos políticos y la restauración de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional), y se acabó el diálogo.

Un año antes, una similar mesa de diálogo con el acompañamiento del Vaticano se había estancado y diluido, sin acuerdos.

A medida que se acerque la fecha de los comicios presidenciales, seguramente el régimen conseguirá que se inscriba algún candidato simbólico con cierto aire opositor, pero sin posibilidades de ganar, para “competir” con Nicolás Maduro, sin garantías electorales democráticas, asegurando así otra elección presidencial fraudulenta.

Pese a que María Corina Machado anunció su voluntad de continuar hasta el final, es probable que se le impida inscribirse, ante lo cual la oposición tendrá que decidir si participar con un candidato alternativo (algún no inhabilitado) —lo cual puede fracturar a la disidencia—, o bien no comparecer en los comicios. De acontecer lo último, como ocurrió el 2018, quedará la pista libre para Maduro.

El Consenso de Brasilia, cumbre presidencial sudamericana de 12 países, incluyendo Venezuela, convocada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, abordó el caso venezolano, y, en la declaración del encuentro, se manifestó un compromiso “con la democracia y los derechos humanos… y la no injerencia en asuntos internos”, párrafo que originó interpretaciones encontradas entre los mandatarios.

Lula manifestó en la rueda de prensa final que “no es posible que no haya un mínimo de democracia en Venezuela”.

Habrá que abrigar esperanzas del papel que pueda jugar Brasil, y los países del Consenso de Brasilia, en esta difícil encrucijada que enfrenta Venezuela.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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