News, Seguridad y defensa

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA DE MANDO MILITAR Y POLICIAL . Richard Kouyoumdjian I. El Líbero

                                                                                         LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DE LA CADENA

                                                                                  DE MANDO MILITAR Y POLICIAL

Richard Kouyoumdjian I.

El Líbero, 10/04/2024

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Les anticipo que esta no es una columna neutra y con el avanzar de los párrafos entenderán por qué digo eso.

En las últimas semanas se ha avanzado como nunca en la sensibilización de la opinión pública sobre la suerte que han corrido integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros producto de haber sido acusados por supuestos crímenes realizados por ellos como agentes del Estado durante los estados de emergencia o en el control del orden público del 2019 al 2021.

El caso del soldado conscripto Robledo, o bien el caso del comandante Crespo, el que está muy reflejado en el libro que el mismo publica bajo el título de “G3, Honor y Traición”, el cual fue motivo de un acalorado debate en el capítulo 13 de la temporada 4 de Sin Filtros, han puesto sobre la mesa lo solos que se sienten muchos de los que integran o integraron las instituciones de la defensa y las policías.

Sienten abandono y sienten rabia. Abandono por parte del Estado y las instituciones a las que pertenecieron, y rabia con quienes ahora están en el gobierno y en esa época lideraban los desórdenes públicos, mal llamados por algunos como el “estallido social”, y correctamente por otros, como un intento de derrocamiento de un gobierno legítimamente establecido.

El cómo llegamos a que los buenos estén en la cárcel o siendo procesados y los malos gozando de libertad y pensiones de gracia está ampliamente detallado en la columna “Jaque mate de la izquierda o autogol de la derecha.

La situación del soldado Robledo o del comandante Crespo no es muy distinta a la que viven quienes están presos por acciones realizadas durante el gobierno militar, con los cuales la izquierda no ha mostrado ninguna piedad a pesar de que no sólo no recibieron una correcta justicia, sino que además están bastante mayores y en muchos casos, con una salud resentida por el paso de los años.

Estamos en una situación crítica, ya que de producirse un levantamiento similar al de octubre de 2019, o un incremento de la actividad violenta del crimen organizado, Carabineros, la primera línea de defensa, como bien dice el comandante Crespo en su entrevista en el programa Sin Filtros, no se va a inmolar como lo hicieron en esa oportunidad a no ser que las cosas cambien, haya respaldo político y judicial a su actuar, y no vean en el Ministerio Público y en Tribunales a su peor enemigo.

Lo mismo aplica a las Fuerzas Armadas y representa a mi entender su sentir en esto.

Sin una disposición a actuar de las policías y las Fuerzas Armadas, cosa que se puede cambiar si reciben los respaldos legales necesarios, las cosas no se ven muy bien para Chile y los chilenos.

Estando lo anterior meridianamente claro, los uniformados tampoco van a actuar si es que no ven que sus mandos están dispuestos a asumir la responsabilidad por las acciones que les ordenan realizar, y estos a su vez, lo mismo respecto de las autoridades políticas que lideran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, y el mismísimo Presidente de la República.

Esto es algo que aplica a la realidad actual como a las ocurridas en el pasado.

Las policías y las Fuerzas Armadas son buenos ejemplos de que el hilo se corta por lo más delgado. Los que están en la cárcel o siendo procesados son o eran oficiales subalternos, suboficiales, clases y gente de mar cuando ocurrieron las acciones por las cuales se les acusa o privó de libertad.

La excepción la constituye el caso de los generales Rozas y Yáñez, a quienes el Ministerio Público va a formalizar el 7 de mayo por su responsabilidad de mando durante los desórdenes públicos de fines del 2019 y comienzos del 2020.

En este caso, ellos cumplieron la orden del Presidente de la República de controlar el orden público, algo que hicieron, hicieron bien, y es la razón por la cual aún somos una democracia y no nos fuimos al desfiladero o terminamos como una colonia de Venezuela, ya que fueron los Carabineros los que se llevaron la peor parte y el esfuerzo mayor.

Los subalternos afectados quieren ver a sus oficiales generales saliéndolos a defender como en su minuto lo hizo el contraalmirante Parga con los infantes de marina acusados incorrectamente por matar a un insurgente mapuche en Cañete, o el ejemplo de otro almirante que asumió completamente la responsabilidad por lo que pudo haber ocurrido cuando se desempeñó como Jedena durante el estado de emergencia que se decretó en octubre de 2019.

No quieren que los dejen caer como muchas veces sucede en Carabineros, que a la primera los sacan y dejan en la más completa indefensión.

Si alguien no está en condiciones de hacerse responsable por las órdenes que da, entonces que no las dé, o bien da un paso al costado y deja que otro asuma el mando. Esto aplica desde el Presidente de la República y hacia abajo en toda la cadena de mando.

Sabemos que las Fuerzas Armadas y las policías han representado al Poder Ejecutivo la inconveniencia de las reglas de uso de la fuerza (RUF) que se quieren implementar, o bien lo poco efectivo que es el proyecto de infraestructura crítica cuando no hay amenazas a la infraestructura como tal, o bien de la necesidad de usar la justicia militar a todo evento en que un militar o un policía esté involucrado en cuanto esté cumpliendo con su consigna, o la inconveniencia de emplear fuerzas militares para el control del orden público o en acciones antidelincuencia.

Desconozco si han representado a las autoridades la necesidad imperiosa de que las defensas de los militares y policías sea asumida por sus instituciones, y no en forma particular, o con colectas realizadas por terceros.

Claudio Crespo lleva gastados $160 millones entre abogados y peritos, y de no ser por su suegra, estaría totalmente perdido. Otros deben su suerte a organizaciones nobles como son la Fundación Nos Importan.

Es muy posible que la situación de Chile requiera de posiciones más firmes por parte de los comandantes en jefe o los directores generales de las policías.

Es correcto que han representado al Poder Ejecutivo sus opiniones y puntos de vistas técnicos en las materias que nos preocupan, pero al final del día, las autoridades políticas hacen lo que quieren, dejándoles claro a las instituciones que son obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, no dejando espacios para opiniones que, aunque muy bien fundamentadas, no calzan con lo que ellas desean y las responsabilidades que no quieren asumir.

Los soldados Robledo y los comandantes Crespo de Chile demandan a sus máximas autoridades de gobierno y mandos institucionales respectivos asumir las responsabilidades que corresponden, y que no sean las manos de ellos las que se tienen que meter al fuego para sacar las castañas.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

NADA HUELE BIEN. Magdalena Merbilháa. El Líbero

 

                                                            NADA HUELE BIEN

Magdalena Merbilháa

El Líbero, Columnas, 09/04/2024

Ya nadie está con Jadue, pareciera ser que la prudencia llama a abstenerse o bien ponerse en contra. Veremos qué sucederá, pero nada huele bien.

El anuncio de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha revuelto las aguas política y ha hecho que las caretas caigan y se devele el doble estándar.

El blindaje de parte del partido a la figura, ha dejado en evidencia que las potenciales irregularidades sólo les importan dependiendo del color político.

Es bastante evidente, para ellos, su visión es la que debe imponerse, y el bien y el mal no lo juzgan de modo objetivo, sino que de modo instrumental a su causa.

El PC se ha dedicado a instalar desde una campaña comunicacional que el proceso no es más que una “persecución política”. De hecho han descartado suspender la militancia del investigado, ya que aseguran con certeza, que es inocente.

Esto ha llevado a “rasgar vestiduras” de otros partidos que sí han suspendido a sus militantes formalizados y voces del “Socialismo Democrático” aseguran que esto es parte de un “criterio” necesario.

Lo cierto es que “el río” de Recoleta hace mucho que suena. Es de popular conocimiento, que muchas veces “cuando el río suena es porque piedras trae”.

Las acusaciones contra el edil son por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociadas a la compraventa de insumos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con las llamadas “Farmacias Populares”.

Esta causa se suma a los problemas con las inmobiliarias, las luminarias y otras tantas acusaciones, siempre desestimadas por quien parece cree estar más allá del bien y el mal.

De hecho, el involucrado habló de “prejuicio y politización excesiva” apuntando al mismo presidente del Consejo de Defensa del Estado y al mismo Presidente. Acusa de una “operación en su contra”. Dice que ha abierto todas sus cuentas, como si eso fuera garantía de algo, sin considerar que se puede pagar en efectivo o como plantea la acusación, en bienes.

Aunque no sea para “enriquecimiento personal”, obligar a pagos para el partido es inmoral y delito.

Es cierto que existe la presunción de inocencia y que nadie es culpable hasta que esto se demuestre. La formalización per se no implica culpabilidad. Por lo mismo, sus dichos frente a la investigación, deja evidencia que teme.

Probablemente está en una situación tan compleja que desde el PC para blindarlo deciden culpar a su propio sector, al Frente Amplio.

Antes todos estaban con Jadue, era común frente a otras sospechas ver el hashtag #todosomosjadue, hoy frente a acusaciones específicas frente a una larga investigación pareciera ser que todos están contra Jadue.

Pero la idea de la presunción de inocencia es algo que ahora, que tocan a sus filas, al PC parece preocuparle, antes no.

Siempre que se investigó a sus contendores políticos, su actitud fue la condena antes del juicio. Para ellos todo es relativo a la causa. Si piensan como ellos, son inocentes; si no piensan como ellos, son culpables.

Lo cierto es que para ellos toda potencial corrupción no está en sus filas, no puede estarlo.

Ellos instalan el “paraíso terrenal” sobre la tierra. De hecho Stalin intentó ocultar casos reales de asesinos en serie en la URSS, ya que en el “paraíso” no hay asesinos. Eso es algo propio de la “corrupción inherente del capitalismo”.

Siempre la culpable es “la derecha”, “el neoliberalismo” y “Pinochet” que fomentó el “sistema perverso”.

Esta lógica es exactamente la misma que opera en este caso. No importa la evidencia, a ellos eso nunca les ha importado. Simplemente en ellos no hay corrupción, porque son “éticamente superiores”.

Es una “ética” sin noción de Bien objetivo, ni Verdad absoluta, algo simplemente instrumental a la causa.

Es eso mismo lo que los lleva a instrumentalizar el concepto de “derechos humanos”, negando la realidad de ser en forma concreta y objetivamente “violadores sistemáticos” históricos a nivel mundial de los mismos, a ser como víctimas de violaciones en Chile, los garantes de ese concepto.

Ellos no erran y hacer “movidas” por el bien del partido es visto como un bien. Es instrumental a la causa. Ellos siempre pretenden fijar la verdad y visión de la historia, de ahí tanto afán por atacar “el negacionismo”.

Lo cierto es que objetivamente y teniendo en cuenta la evidencia y las “piedras del río” que pareciera ser que el alcalde de Recoleta está, como dicen en buen chileno “hasta las masas”.

Por lo mismo, en un acto de desesperación, cree que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero esa acción se ve burda y absurda.

Ya nadie está con Jadue, pareciera ser que la prudencia llama a abstenerse o bien ponerse en contra. Veremos qué sucederá, pero nada huele bien.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

LA ARREMETIDA INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO QUE SE ALISTA POR EL CASO POLVORÍN. Ex-Ante

.

.

                                                                            LA ARREMETIDA INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO  QUE                                                            SE ALISTA POR EL CASO POLVORÍN

                       

Ex-Ante, 09/04/2024

Un grupo de 7 oficiales y suboficiales condenados por homicidios y apremios ilegítimos ocurridos en Temuco en 1973, alista una denuncia internacional. Argumentan que, al igual que en la autorización de videollamadas de los presos de la ex Cárcel de Alta Seguridad (CAS) —caso por el que se abrió en marzo un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia que las autorizó—, acá el ministro en visita Álvaro Mesa habría actuado más allá de sus atribuciones, lo que violaría el principio de pleno acceso a la justicia sancionatoria. La Corte Suprema ha rechazado sus recursos previos.

El 15 de septiembre de 2023, el ministro en visita Álvaro Mesa condenó a 23 militares en retiro y colaboradores del Ejército por su responsabilidad en 7 homicidios calificados y apremios ilegítimos perpetrados en contra de dirigentes y militantes comunistas y adherentes de la Unidad Popular en Temuco, en noviembre de 1973.

Los crímenes fueron falsamente difundidos entonces como un asalto al polvorín de la Isla Cautín del Regimiento Tucapel, en el que habrían participado un número indeterminado de extremistas, lo que resultó ser un montaje.

De los 23 condenados en el Caso Polvorín, 20 fueron sentenciados a presidio perpetuo, uno a 20 años, uno a 10 años y otro a 427 días.

El 9 de febrero de este año, el abogado Juan Carlos Manríquez —también abogado del exdirector de la PDI Sergio Muñoz y de la viuda de teniente (r) del ejército venezolano Ronald Ojeda— presentó un escrito en representación de 6 oficiales en retiro y un suboficial (r), quienes alegan inocencia.

En éste solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, activar el código iberoamericano de ética judicial, suscrito por el tribunal y recogido en un auto acordado, contra el ministro Mesa.

En el escrito acusó que se estaba incumpliendo “con el estándar mínimo de fundamentación que debe tener este tipo de sentencias”. El recurso fue declarado inadmisible el 26 de ese mes.

El 5 de marzo presentó un recurso de reposición, argumentando que “el ministro cita jurisprudencia internacional que no existe; (…) niega diligencias fundamentales de descargo sin mayor fundamento; (…) agrega piezas de otros procesos sin previo interrogatorio o contrastación (…) decide no investigar la veracidad de declaraciones prestadas ante notario o bajo juramento, cuando contrarían su tesis”.

El 18 de marzo, se declaró no ha lugar la reposición.

Con la vía interna agotada, es que los sentenciados preparan una ofensiva internacional contra el Estado de Chile, acusando que no se ha dado cabal acceso a la justicia en las instancias sancionatorias administrativas.

Se trata de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que busca abrir una causa en la Corte Interamericana.

El argumento de los militares condenados es que, al igual que en la autorización de videollamadas de los presos de la ex Cárcel de Alta Seguridad (CAS) —caso por el que se abrió en marzo un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia que las autorizó—, acá el ministro en visita habría actuado más allá de sus atribuciones, lo que violaría el principio de pleno acceso a la justicia.

Lo anterior, conforme a las normas de la CIDH sobre debido proceso sancionatorio administrativo.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

ASÍ SE TRAZARON LA CAÍDA Y CAPTURA DE “LOS TRINITARIOS” . Catalina Batarce. La Tercera

 

                                                                        ASÍ SE TRAZARON LA CAÍDA Y CAPTURA DE “LOS                                                               TRINITARIOS”

Catalina Batarce

La Tercera PM, 09/04/2024

Cuarenta integrantes de la banda nacida en Estados Unidos y compuesta por ciudadanos oriundos de República Dominicana fueron detenidos tras una solicitud de la Fiscalía Regional Occidente, en un megaoperativo que se planificó por semanas. Principalmente ligados al tráfico de drogas, los sujetos habían sido calificados como un riesgo para la seguridad de la población.

Cerca de 1.000 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegados, 128 domicilios allanados en 18 comunas, dos fiscales en terreno y dos retroexcavadoras andando.

Esas fueron parte de las características del megaoperativo desplegado la jornada del viernes 5 de abril por parte de la Fiscalía Regional Occidente y que terminó con la detención de 63 personas, 40 de ellas integrantes de la banda delictual “Los Trinitarios”, la cual surgió en una cárcel de Nueva York, Estado Unidos, y cuyos integrantes son en su mayoría de origen dominicano.

¿Pero cómo fue que se trazó dicha operación? Fueron meses de ardua preparación.

De acuerdo con personeros que conocieron sobre la planificación de las diligencias, existieron al menos seis reuniones entre los equipos investigativos de la Fiscalía encabezada por el fiscal regional Marcos Pastén.

En ellas, como pudo recabar La Tercera, participaron los equipos operativos de la PDI y también representantes de la Unidad de Estudios Occidente, pues todo debía marchar conforme a lo estipulado.

De hecho, solo horas antes de que se iniciara la operación, durante la tarde del jueves 4 de abril, tuvo lugar la última cita de coordinación, por lo que se convocó a los casi mil detectives que entrarían en acción a las dependencias del Ministerio Público.

En dicho encuentro se revisó paso a paso el plan de acción, poniendo énfasis en cómo se realizaría el acceso a la toma “Nuevo Amanecer”, en la comuna de Cerrillos.

Ahí, quienes lideraban la puesta en escena expusieron con mapas y puntos georreferenciados, detallando cómo debían moverse los efectivos policiales.

Llegada la hora estipulada para materializar la estrategia, se instaló un puesto de mando en dependencias de la PDI, desde donde el fiscal nacional, Ángel Valencia; el fiscal regional, Marcos Pastén, y autoridades de la policía de civil liderada por Eduardo Cerna monitorearon todo.

En 45 minutos, de acuerdo con fuentes ligadas al caso, los oficiales lograron asegurar el principal sitio donde se ejecutó la operación y concretó la anhelada detención de la banda criminal ligada a delitos de lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de drogas y otros ilícitos vinculados con Ley de Control de Armas.

Todo era parte de una gran planificación, pues justamente durante la tarde de ese viernes 5 de abril el cabecilla de “Los Trinitarios” en Chile viajaría nuevamente a territorio nacional.

Por lo mismo, mientras se desarrollaba el operativo, representantes de la Fiscalía seguían el trayecto que el sujeto identificado como Luis Ariel González Pérez realizaría.

Sabían que durante la mañana abordaría un vuelo desde República Dominicana hasta el aeropuerto de Panamá, y que desde ahí, a las 15:33 horas, tomaría el segundo avión que lo traería hasta Santiago. Por lo mismo, a eso de las 23:00 horas ya estaba todo dispuesto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para aprehenderlo y encausarlo.

¿Cómo se instaló la banda en Chile? De acuerdo con antecedentes de la indagación, fue en enero de 2023 que surgieron los primeros indicios respecto de que “Los Trinitarios” estaban operando en nuestro país.

En esa época se tomó conocimiento de un homicidio que presuntamente cometió el máximo líder de la facción de la banda que opera en Chile: Onnis Moreno Consoro.

Desde ahí, constatando que el sujeto se había dado a la fuga y que había vuelto a residir a Estados Unidos, se comenzó a indagar de quiénes se trataba, cómo operaban y qué clase de redes habían trazado en territorio nacional.

Se identificó, en primer punto, que Onnis Moreno se había concertado con Luis González Pérez, con el hermano de este y su sobrino, para instalar una “sucursal” de la organización en la Región Metropolitana.

Pero su asentamiento en Cerrillos es anterior. Mediante los análisis realizados por los investigadores, se pudo establecer que fue durante la pandemia que los primeros integrantes del clan se instalaron en dicha comuna, copando territorialmente la toma “Nuevo Amanecer”.

Los líderes de la organización prácticamente se “apropiaron” de la zona, y a través de un testaferro oriundo de Perú, empezaron a lucrar de los espacios.

Y es que como relata un conocedor de esta estructura criminal, antes de que esta toma se convirtiera en lo que es hoy, ellos “lotearon” la zona. De esta forma, arrendaban terrenos por alrededor de $500 mil pesos.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

CAMINANDO SOBRE BRASAS ENCENDIDAS ¿Y LA PENA DE MUERTE?. GDB Fernando Hormazábal Diaz

                                                    CAMINANDO SOBRE BRASAS ENCENDIDAS ¿Y LA PENA DE MUERTE?

GDB Fernando Hormazábal Diaz

09/04/2024

Toribio, a riesgo de quemarse con las brasas o consumirse en el infierno para algunos, intenta traer a colación este contencioso tema pero sin caer en un análisis filosófico, ni moral y menos cristiano ─con el que se identifica plenamente─ sino, llevado por la sensación que parece advertir en la ciudadanía ante la tragedia que sacude a nuestro país.

Con una inseguridad jamás observada por la presencia de un crimen organizado y aterradora violencia, que hasta la fecha el gobierno no ha dado señal alguna de asumir en propiedad; con un parlamento que poco o nada hace en su favor, tan solo preocupado de mantener sus cupos y la supremacía en las próximas elecciones; y un poder judicial casi íntegramente politizado y abiertamente ideologizado.

La pena de muerte en Chile o pena capital se había aplicado en Chile desde la Colonia y fue derogada bajo el gobierno de “Ricardo I” en el año 2001, siguiendo la pauta de algunos organismos internacionales que abogaban por los DD. HH de los delincuentes condenados.

Si bien, algunos académicos han afirmado que Chile tendría obligación de no reactivar dicha pena, bien vale la “pena” precisar lo que dicen los mismos pactos a que han aludido.

El Pacto de San José (OEA.1969) señala: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU. 1966): “En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio”.

Por otra parte, nuestra constitución en su artículo N°19.1 indica: “La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado”.

Es decir, serán la circunstancias que afecten a la nación y la sintonía que percibamos los chilenos para motivar tanto al gobierno como a los parlamentarios a enmendar la plana y la necesidad de restablecer la pena capital para sancionar los escabrosos asesinatos, tales como descuartizamientos, desmembraciones y todo tipo de ensañamientos, desconocidos en Chile y que han sido producto del ingreso irregular a través de nuestras fronteras por criminales que han encontrado en nuestro país un paraíso terrenal para sus fechorías ante un Estado fallido y ausente.

Algunas publicaciones dan cuenta que en Chile dicha pena data mediante ley desde 1875 para crímenes mucho menores a los que estamos viendo a diario, como robos con intimidación o violencia, o cualquier delito que terminara con la vida de la víctima, siendo la última vez en 1985 contra los psicópatas de Viña del Mar, con un total de 57 condenas desde la fecha en que se impuso.

Existe una fuerte tendencia en el mundo a abolir la pena de muerte en forma universal, de hecho así lo ha apreciado la Oficina de DD. HH de la ONU, porque contradice el derecho a la vida y al sostener que es un mito el que la pena de muerte disuade de cometer delitos, siendo incompatible con la dignidad humana.

Según un informe de Amnistía Internacional a la fecha 125 naciones la han suprimido totalmente; 60 la mantienen vigente, sumado a otros 11 que la consideran para crímenes excepcionales; y 35 que no la han aplicado en los últimos diez años.

Sin embargo, entre los que la han abolido hay quienes la aplican extrajudicialmente, como algunos países de África y la república de Venezuela, entre otros, no obstante haber sido el primer país en suprimirla en 1863.

Para nadie es un misterio con la frecuencia a que recurre ─a juicio de sus propios nacionales─ desde que llegó el socialismo del siglo XXI y por motivos absolutamente cuestionables.

Pero así como se sostiene que en defensa de los cacareados derechos humanos de criminales no debe ser aplicada la pena capital, esperando la rehabilitación del delincuente, también esta es un mito.

Para muestra un botón. El caso de la adolescente Ámbar Cornejo, asesinada por la pareja de su madre, Hugo Bustamante y con su propia madre. El delincuente había salido con libertad condicional cumpliendo una condena de 27 años por un femicidio, al haber degollado a una anterior pareja y estrangular al hijo de esta de 9 años de edad. Posteriormente introdujo ambos cadáveres en un tambor de 200 litros con agua, yeso y cal.

Ámbar, no tuvo mejor suerte, después de ser violada y asesinada fue enterrada dentro de un “cooler” en el interior de su vivienda. La Corte de Apelaciones de Valparaíso le había concedido libertad condicional a Bustamante pese al informe negativo de Gendarmería.

No cabe la menor duda que crímenes como los anteriores y los que se han atribuidos al crimen organizado, ameritan el restablecimiento de la pena capital.

Toribio, se atreve a asegurar que si en el día de hoy se hiciera una encuesta nacional la opción mayoritaria sería esa. Bastaría un par de ejemplos entre las numerosas bandas que nos asolan: Tren de Aragua, Los Gallegos, Los espartanos, Los Chotas, Los Valencianos, Bang de Fujian, Los Pulpos y Los Trinitarios hasta la fecha, y huirían como ratas, abandonando el buque.

Patriotas, terminemos con la hipocresía.

A la adolescente Ámbar tanto como al niño estrangulado y a muchos otros, cuyos restos esparcidos en el Cerro Chuño, Alto Hospicio y diversos lugares, no se les ha respetado su dignidad y les han atropellado sus derechos humanos.

¿Por qué a sus asesinos despiadados y macabros se merecen protegerlos? A los viejos de mi generación nos preocupa el Chile de mañana para nuestros nietos y futuras generaciones

¡Pena de muerte ya!

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional