Día: 14 Enero 2025

                                 “MANICURE” Y DESAFUERO

El Mercurio, Editorial, 13/01/2025

Hace algunos días, se conoció la decisión del tribunal de garantía de Temuco de dejar en prisión preventiva al desaforado diputado Mauricio Ojeda, investigado por la arista “manicure” del caso Convenios.

El parlamentario independiente, elegido en un cupo del Partido Republicano, enfrenta cargos por los $730 millones transferidos desde el gobierno regional de La Araucanía a dos fundaciones que debían realizar capacitaciones en peluquería, manicure y masoterapia a 200 mujeres en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, actividades que nunca se completaron.

Según la fiscalía, el diputado tendría responsabilidad como autor y cooperador en el delito, pues, valiéndose de su posición, habría facilitado el acceso de esas fundaciones a fondos públicos al tiempo que supuestamente se habría beneficiado de ellos.

En este sentido, y aunque habrá que esperar a que la justicia determine su real participación, los hechos investigados son de evidente gravedad. De comprobarse las imputaciones, el parlamentario habría defraudado de modo repudiable la confianza depositada en él por sus electores.

Con todo, aunque el episodio alerta una vez más sobre la responsabilidad de las colectividades al momento de seleccionar candidaturas, cabe reconocer que el Partido Republicano ha marcado distancia —Ojeda renunció a la bancada— y condenado con claridad los hechos.

La celeridad con que ha avanzado la investigación respecto del parlamentario contrasta con otras aristas del mismo caso Convenios, como la que vincula a la también diputada Catalina Pérez.

Si bien fue precisamente esta arista la primera en ser conocida, al estallar en 2023 el escándalo, recién hace tres semanas la fiscalía solicitó su desafuero. En el intertanto, la parlamentaria recibió, sucesivamente, un inicial apoyo de su expartido, Revolución Democrática, para luego ver suspendida durante un año su militancia, volver a las filas del Frente Amplio e incluso ser invitada a una gira presidencial.

Posteriormente, al conocerse nuevos antecedentes, otra vez fue cuestionada y terminó renunciando a su colectividad.

Ciertamente, la corrupción es un fenómeno independiente de banderías ideológicas pero que va minando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Por lo mismo, es importante la reacción de los distintos sectores cuando las indagatorias involucran a una figura de sus filas, apoyando la investigación y evitando interferir en el actuar de la justicia.

En este sentido, la distancia asumida respecto de Ojeda por su sector político marca una clara diferencia con la actitud con la que, hace menos de un año, el Partido Comunista enfrentó la formalización del exalcalde Jadue, con manifestaciones afuera de los tribunales y hasta la conformación de un insólito comité internacional en su apoyo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Los artículos publicados en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                            EL NEGOCIADO DEL SIGLO

GDB Fernando Hormazábal Diaz – 09/01/2025

“¿Inocentes palomas o brutas, brutos y brutes ignorantes?

En esta angosta y larga faja de tierra suele ocurrir con bastante frecuencia los llamados “robos del siglo” que en los últimos años llevamos ya tres. Hoy agregamos otro a la categoría de “negociado del siglo”.

El primero fue con la “gordi” que se impuso por la prensa del negociado de su hijo con la madre de sus nietos, con la venia y ayuda del hombre más rico de Chile que le prestó US$5 millones a través de su banco, y así nomás, sin garantías.

Si bien, el monto actual de la casa de Allende, sería como se dice en el vulgo un “moco de pavo”, es tanto o más grave que el anterior, pues involucra directamente a altas autoridades de gobierno y del Congreso: una ministro de estado y una senadora de la república, además del propio mandatario que firmó el decreto respectivo, la ministra de Bienes Nacionales donde nace el ilícito, la vocera de Gobierno que cambia todos los días de opinión, la CGR que no objetó la ilegalidad, lo que es grave dada la personalidad de la Contralora General; y hasta el propio notario que se prestó como Ministro de fe.

Con estos ejemplares que asumen altas responsabilidades ya sea en el gobierno de turno como los que aspiran a un cargo millonario en el Congreso, previamente deberían ser sometidos a una especie de PSU o PAES, porque hasta un alumno de primer año de leyes, salvo Boric, conocen que tanto a los ministros de Estados como a parlamentarios les está vedado celebrar contratos con el Estado, aunque sean representados por terceras personas.

Por eso extraña que el abogado constitucionalista Correa Sutil, afirme que los parlamentarios que apelarán al TC “debieran acreditar que el contrato le era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado” caso contrario “que estuvo motivado por el afán de seguir envenenando el ambiente político.”

Toribio se pregunta, ¿este muchacho Correa habrá obtenidos su título igual que la comandante Claudia? Y fue nada menos que Subsecretario de Interior en un pasado y activo columnista en diversos medios.

Si no han leído la CPE los que defienden a brazos partidos que no hubo ilícito, que no actuaron con mala fe, que fueron mal asesorados, que el hecho no se concretó, que el Estado no alcanzó a hacer el gasto, etc., etc., les sugiero que lean o escuchen lo dicho al respecto por Marisol Peña, quien fuera miembro y presidente del Tribunal Constitucional, que además declaró que tanto la ministro Maya Fernández como la senadora Isabel Allende, debían dejar su cargos.

Para despejar dudas, esa modesta pluma les ahorra el trabajo de mirar la Constitución: Art.37 bis.: “Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo (…)” y el Art 60 inciso segundo: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (…) La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte”.

Es bueno recordar que la expresidenta del Senado fue coronada como la reina de los certificados de “falsos exonerados”, que nos ha significado seguir manteniendo a cientos de miles de individuos con beneficios económicos, de salud y educación, que le han significado al Estado, es decir a nosotros, miles de millones de US$; además de eludir contribuciones por una casa de descanso y con piscina en un terreno agrícola sin la autorización de la Dirección de Obras Municipales.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Los artículos publicados en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                                   UNA COMPRAVENTA QUE DESNUDA A UN GOBIERNO

El Mercurio, Editorial, 12/01/2025

“Acá no hay espacio para las equivocaciones”, sentenció esta semana, rotundo, el Presidente Boric, al inaugurar obras en el Biobío. Una ironía —o un mal chiste, dirían los más críticos—, en momentos en que su gobierno no logra deshacer el inmenso entuerto que generó con la fallida compra de la residencia del expresidente Allende.

Una operación que involucró al menos a tres ministerios y al propio gabinete del mandatario, todos incapaces de advertir la explícita prohibición constitucional que la impedía, y que hoy tiene a los equipos asesores debatiendo cómo deshacer lo obrado.

En el camino, se desató el enojo del PC y, especialmente, del PS. No solo por involucrar un nombre que pertenece al patrimonio simbólico de la izquierda, sino además por poner en entredicho a una ministra de sus filas (la titular de Defensa, nieta del exmandatario) y dejar, casi al término de su carrera política, a la senadora Isabel Allende —otra figura emblemática del socialismo— enfrentada a una solicitud de inhabilitación que deberá resolver el Tribunal Constitucional.

Toda una metáfora de una administración que —cual si se tratara de dirigentes estudiantiles— parece a veces seguir entendiendo la acción de gobierno como un ejercicio retórico, donde la prolijidad en el diseño de las políticas y su correcta ejecución serían cuestión apenas secundaria.

En efecto, si el tema de la fallida adquisición ha marcado este inicio del año, no es por los montos envueltos (significativos, pero muy menores dentro del presupuesto nacional) y ni siquiera por la eventual polémica que la decisión misma pudiere legítimamente generar. Lo verdaderamente relevante es lo que esta situación revela del Gobierno.

Y es que puede resultar a estas alturas una obviedad hablar de las deficiencias que ha mostrado esta administración al gestionar el Estado. Más aún, hasta cierto punto, ello es entendible tratándose de autoridades que han debido modificar radicalmente sus planes y adecuarlos a las prioridades que les han impuesto la ciudadanía y la propia realidad del país: sin ser una justificación, pueden comprenderse las dificultades en hacerse cargo de la seguridad pública o en impulsar el crecimiento por parte de quienes en su programa pasaban casi por alto estas materias.

Pero lo que este caso desnuda es la incapacidad para llevar adecuadamente a cabo iniciativas nacidas en el seno mismo del Gobierno y que este se ha autoimpuesto priorizar. En esas condiciones, se hubiera esperado que la operación tuviera al menos una ejecución técnica impecable, como la tuvieron, por ejemplo, el Centro Cultural La Moneda, en el gobierno de Ricardo Lagos, o el Museo de la Memoria, en la primera administración de Michelle Bachelet.

Lejos de eso, esta fallida compra apenas ha servido para que un ministerio del que tradicionalmente poco se sabe, como es Bienes Nacionales, haya pasado a ocupar los titulares de la prensa por el rol jugado y porque se decidió hacer valer la responsabilidad política en la ministra que lo encabezaba.

No es, por cierto, la primera vez que un asunto en que el Presidente Boric se ha comprometido personalmente termina en una auto inferida crisis.

El ejemplo mayor fue el de los indultos a los “presos de la revuelta”. Como entonces, ahora, otra vez, el mandatario aparece no habiendo ponderado antecedentes legales básicos antes de firmar un decreto; en este caso, el que autorizó la compra.

A la luz de ello, la pregunta surge inevitable: si hay incapacidad para abordar adecuadamente asuntos que comprometen tan íntimamente al gobernante y sus convicciones, ¿qué se puede esperar en el resto de las materias?

Y si una simple compraventa termina en un gran desaguisado jurídico, ¿qué queda para temáticas infinitamente más complejas de gestionar, desde los cambios al financiamiento universitario hasta la reforma al sistema de pensiones?

Responsabilidad opositora. Renovación Nacional se transformó ayer en el primer partido en proclamar a Evelyn Matthei como su candidata presidencial. Con una trayectoria de décadas y una capacidad mostrada en las más diversas responsabilidades públicas, encarna la expectativa de una profunda corrección de la forma en que se ha gestionado el Estado estos últimos años y del rumbo que se ha pretendido imponerle al país.

Su intervención ante los consejeros de RN sintetizó aquello, pero además llamó la atención por su tono realista, comprometido en recuperar el manejo riguroso de los asuntos públicos.

Días antes, el Partido Republicano, a su vez, había proclamado a José Antonio Kast, anticipando que la oposición enfrentará con más de un candidato los comicios de noviembre. Esto ya ha ocurrido antes, pero, en las difíciles circunstancias actuales, impone una especial responsabilidad para quienes buscan ofrecerle una necesaria alternativa al país.

La reciente elección de gobernadores, en que la falta de una adecuada coordinación estratégica impidió a la oposición desplazar al oficialismo en distintas regiones, debiera ser asumida como una dura enseñanza por todo el sector.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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