CHILE: EL EXPERIMENTO ANTROPOLÓGICO DEL PODER
Juan Carlos Aguilera – El Debate, 23/05/2025
Evaluar el Gobierno del presidente Gabriel Boric exige algo más que una auditoría técnica o una contabilidad de políticas públicas. Lo que está en juego no es solo un ciclo político, sino un modo de concebir al ser humano y de articular el poder desde esa concepción. Por eso, el juicio no puede reducirse a una suma de errores o ineficiencias.
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Este no ha sido solo un mal Gobierno. Ha sido un experimento ideológico con consecuencias antropológicas devastadoras |
Lo que este gobierno ha puesto a prueba —y ha fracasado en sostener— es un paradigma: el del constructivismo antropológico, según el cual la persona humana no tiene naturaleza, sino que es un proyecto indefinido, reconfigurable a voluntad, desarraigado de vínculos naturales y sostenido por el aparato simbólico del Estado.
Este constructivismo se ha expresado en todos los ámbitos de la vida nacional. El Estado ya no aparece como garante del bien común, sino como curador emocional de identidades cambiantes, tutor de afectos, reconfigurador de la subjetividad. La ley deja de reflejar un orden moral objetivo y pasa a convertirse en instrumento de validación del deseo. El lenguaje político pierde toda conexión con la realidad natural y se transforma en retórica performativa, hostil a la verdad, incluso a la evidencia.
Desde esa lógica se comprende el modo en que este Gobierno ha abordado cuestiones fundamentales como la vida, la familia, la libertad, el trabajo y la educación. En cada una de ellas, la prioridad ha sido ideológica antes que humana, simbólica antes que real, declarativa antes que efectiva. El resultado no ha sido una ampliación de la justicia, sino una pérdida creciente de sentido, cohesión y confianza.
La política de la vida ha sido absorbida por la ideología del aborto, promovido como derecho superior incluso sobre la objeción de conciencia o la maternidad vulnerable. Lejos de reducir el aborto a casos extremos, se ha buscado su normalización social y su expansión jurídica, todo mientras aumentaban los homicidios y las muertes por falta de atención médica.
En 2024, Chile registró 1.207 homicidios y más de 36.000 muertes en listas de espera del sistema público de salud. No son solo cifras: son rostros, son nombres, son ausencias.
En salud, el gobierno heredó un sistema tenso pero funcional y lo dejó al borde del colapso. A junio de 2024, más de 2,6 millones de personas esperaban atención, y casi 380 mil aguardaban una cirugía. No hay estrategia de modernización, ni expansión estructural, ni mejoras sustantivas en la red hospitalaria. En cambio, abundan seminarios, campañas inclusivas y redistribución simbólica del lenguaje sanitario. El resultado: pacientes fallecidos en pasillos, medicamentos vencidos, diagnósticos tardíos y familias rotas por la impotencia.
La familia —núcleo natural de la sociedad— ha sido reducida a una categoría más dentro del pluralismo afectivo. Las políticas públicas ya no la reconocen como tal, sino que la disuelven entre “parentalidades diversas”, “cuidadoras/es”, “relaciones significativas”.
La tasa de fecundidad en Chile llegó en 2024 a 1,16 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. El 58 % de los nacimientos se producen fuera del matrimonio. Los hogares monoparentales se acercan al millón. El Estado no ofrece ni protección ni promoción: solo discursos vacíos y regulaciones invasivas.
En vivienda, lo prometido fue justicia social; lo entregado fue corrupción. El “caso Convenios” mostró cómo fundaciones sin experiencia, muchas ligadas a partidos oficialistas recibieron miles de millones para proyectos inexistentes. Mientras tanto, la inversión en vivienda cayó un 2,9 %, y cientos de miles de familias quedaron atrapadas entre el alza de tasas hipotecarias y la imposibilidad de acceder a subsidios. Algunos, incluso, comenzaron a perder sus casas por no poder pagar las contribuciones.
La seguridad pública fue inicialmente negada por razones ideológicas. Se decía que hablar de delincuencia era “criminalizar la pobreza”. Solo tras el asesinato de funcionarios policiales, el gobierno reaccionó. Pero fue tarde. El crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato ya habían penetrado regiones enteras. La sensación de desprotección es casi total. La ley llegó cuando la confianza se había ido.
El ámbito educativo, lejos de recuperar la presencialidad y el aprendizaje perdido durante la pandemia, profundizó el deterioro. Más del 40 % de los estudiantes tiene ausentismo crónico. El Simce confirmó una baja sostenida en comprensión lectora y matemáticas. Las tomas y paros fueron toleradas por el Ministerio, y la violencia escolar se normalizó. Todo mientras se implementaban programas de educación sexual con enfoque de género en preescolares, sin consulta ni mediación. La educación dejó de ser formación: se convirtió en campo de reprogramación.
En trabajo, la informalidad llegó al 26,1 %. El desempleo juvenil supera el 15 %. Las pymes siguen quebrando, asfixiadas por regulaciones, impuestos y ausencia de incentivos reales. Las empresas estatales, lejos de ser motor de desarrollo, se han transformado en agencias de empleos políticos. ENAP y Codelco presentan pérdidas multimillonarias por errores de gestión.
La economía perdió dinamismo. El crecimiento de 2023 fue de 0,2 %, y la inversión privada cayó. El país dejó de ser confiable. El gasto público ha subido sin eficiencia, y la deuda se acerca peligrosamente al 40 % del PIB. El discurso redistributivo encubre una práctica fiscal ineficaz y, en algunos casos, irresponsable.
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Chile se encuentra, más que ante una crisis, ante una encrucijada |
La libertad, entendida como el ejercicio responsable de la verdad, ha sido sustituida por un régimen de imposiciones simbólicas. El lenguaje obligatorio, la censura del disenso, la penalización del pensamiento crítico, la imposición de una moral estatal: todo indica que no se busca una ciudadanía libre, sino una población domesticada. El pluralismo se volvió uniforme. La disidencia, peligrosa. La religión, silenciada.
El Estado ha olvidado la raíz de su autoridad: el servicio a la persona y al bien común. En vez de gobernar con humildad, ha intentado reeducar con soberbia. Como advirtió San Juan Pablo II, “una democracia sin valores se convierte fácilmente en totalitarismo visible o encubierto” (Evangelium Vitae, n. 70). Y como dijo Benedicto XVI, “el mayor daño se produce cuando se acepta una visión antropológica que niega la verdad del hombre” (Caritas in Veritate, n. 34).
Este no ha sido solo un mal Gobierno. Ha sido un experimento ideológico con consecuencias antropológicas devastadoras. Y lo más grave no ha sido lo que se ha hecho mal, sino la visión del hombre que ha guiado lo que se ha hecho.
Chile se encuentra, más que ante una crisis, ante una encrucijada. O vuelve a afirmar la verdad de la persona humana, su dignidad, sus vínculos y su vocación al bien; o seguirá avanzando hacia una disolución del alma común, en nombre de una libertad que ya no sabe a quién sirve.
Este balance no es el cierre de un ciclo. Es el diagnóstico de un tiempo. Un tiempo que clama no por una alternancia, sino por una conversión cultural.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
LAS OPINIONES EN ESTA SECCIÓN, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN DE OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL
