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CHILE VAMOS DESAFÍA A LA MONEDA CON DECLARACIÓN PROPIA POR 50 AÑOS DEL 11-S

Luciano Jiménez

La Tercera, 05/09/2023

En la UDI, RN y Evópoli se adelantaron al gobierno y acordaron suscribir un manifiesto conjunto con sus propios planteamientos, a medio siglo del Golpe. La coalición confirmó su negativa a acudir al llamado del Presidente Gabriel Boric a firmar el “Compromiso de Santiago” luego de tensiones entre el oficialismo y la oposición.

Pasadas las ocho de la noche, las directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) se congregaron para un encuentro por Zoom que tenía por objetivo terminar de acordar un texto común de la declaración que darán como bloque este miércoles.

La iniciativa supone un desafío a la invitación del Presidente Gabriel Boric, quien ha desplegado gestiones para la firma de un documento transversal de las fuerzas oficialistas y de la oposición en el marco de la conmemoración número 50 del Golpe de Estado de 1973.

El llamado “Compromiso de Santiago” propuesto por La Moneda incluye cuatro puntos, como el cuidado de la democracia y el respeto a la Constitución, la condena a la violencia, defender los derechos humanos y fortalecer la colaboración entre Estados.

Sin embargo, en Chile Vamos surgieron dudas por adherir al texto, más que por la declaración misma, por lo que consideran falta de garantías para participar de la ceremonia en Palacio y la posibilidad de que ésta se transforme en un “evento ideológico” que sea usado políticamente por el gobierno. En esa línea optaron por restarse del evento.

Como contraofensiva entre los partidos decidieron redactar una declaración conjunta para reafirmar los planteamientos con que conmemorarán los 50 años del Golpe.

El texto se dará a conocer este miércoles a las 08:30 de la mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago donde participarán por la UDI Javier Macaya y María José Hoffmann; en RN Francisco Chahuán y Diego Schalper, y por Evópoli, Gloria Hutt y Juan Carlos González.

Al cierre de esta edición, parte del contenido que se quería destacar eran valores que tenían en común como coalición, como por ejemplo relevar el valor de la democracia, el respeto por los derechos humanos, la condena a la violencia en cualquier tipo -incluyendo el terrorismo y como método de acción política-.

También se incluirá una dura crítica al gobierno respecto del tono que ha marcado la antesala de la conmemoración y que atribuyen -en buena parte- al propio Mandatario con sus cuestionamientos al fundador de RN, Sergio Onofre Jarpa; la alusión al suicidio de uno de los condenados por el asesinato de Víctor Jara, de la que luego en todo caso se retractó y el emplazamiento a la supuesta ausencia de los líderes opositores en el lanzamiento del Plan de Búsqueda en circunstancias que las invitaciones fueron mal cursadas.

El tono del manifiesto se comenzó a trabajar desde el lunes de esta semana. Cada partido envió un borrador y durante el martes los dirigentes fueron compartiendo ideas en común para ir conformando una redacción unitaria.

La idea fue escribir una declaración larga con los puntos comprometidos del sector.

Sin embargo, parte de la redacción inicial se fue tensionando debido a diferencias que sostuvieron respecto de hacer una mención histórica de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular dentro de la declaración.

En sectores de RN y la UDI querían aludir a las responsabilidades del gobierno de Salvador Allende en lo que califican como “quiebre institucional” previo al Golpe de 1973. Pero en Evópoli tenían reparos respecto del tema y querían hacer una declaración que enfatizara más el futuro.

En ese sentido, el debate era si abordar la declaración desde 1970 o abarcar desde el 11 de septiembre de 1973.

La tensión también se dio a nivel de suscribir o no el compromiso del gobierno. Pues en RN vieron con cierta desconfianza que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se manifestara disponible a suscribir el “Compromiso de Santiago”.

“Consideramos que los puntos que tiene ese borrador (del gobierno) son válidos”, dijo Hutt en 24 Horas, agregando que “suscribimos” los puntos del gobierno y que “hay posturas que son más afines a las posturas que representan cada uno de los partidos, pero está abierta la conversación como Chile Vamos”.

También desde el Parlamento algunos diputados y senadores querían involucrarse en el contenido de la declaración, y no delegar todo a las directivas de los partidos. De hecho los senadores de Evópoli tenían pretensiones de participar en el encuentro de esta noche.

Mientras que otras versiones dicen que hubo diferencias respecto de si incluir o no en la declaración el rol del Partido Socialista, colectividad a la que en Chile Vamos han visto como ausente en la discusión, a diferencia de otros partidos que han tenido más protagonismo, como el Partido Comunista.

Esta era parte de la discusión que mantenían al cierre de esta edición. Pero lo que de todas maneras en los partidos tenían como postura en común, es que creían que acudir a La Moneda sería exponerse innecesariamente.

En ese sentido, sería incómodo para la derecha asistir a un evento del cual no tienen garantías de cómo será la puesta en escena. Podría haber escenas incómodas como un homenaje a Allende, gritos del público en contra de los partidos de Chile Vamos, o aparecer en fotos al lado de invitados gobernantes de izquierda del resto de la región.

La puesta en escena para el manifiesto de Chile Vamos también fue un tema. Y si bien se acordó acudir al Congreso Nacional en Santiago, los partidos evaluaron ir directamente a La Moneda a entregarle a Boric la declaración con la postura del sector.

La incomodidad con Piñera. Al cierre de esta edición en la oficina del expresidente Sebastián Piñera sostenían que no había llegado una invitación formal al exmandatario para asistir a la conmemoración oficial del 11 de septiembre.

La participación del exjefe de Estado era un tema que incomodaba en Chile Vamos, pues sería evidente el contraste si es que los partidos se restaban, pero el exgobernante acudía como invitado a Palacio.

En el entorno del expresidente afirmaban que éste tenía cierta resistencia a acudir, por las mismas razones que Chile Vamos, pero en la coalición algunos desdramatizaban su presencia en la ceremonia, pues se entendía que su rol en calidad de expresidente era distinto al de la coalición.

De todas maneras, con la ausencia de otros exmandatarios -como Eduardo Frei que no acudiría y Ricardo Lagos cuya asistencia se mantenía en suspenso- se desdramatizaba la situación de Piñera.

El protagonismo en el tema alcanzado por el exmandatario había tensionado a Chile Vamos desde el viernes. Ese día Piñera sostuvo un encuentro con Boric y luego convocó a Chile Vamos para pedirles que evaluaran la firma del compromiso.

En la UDI, RN y Evópoli vieron como una intromisión indebida el involucramiento del exmandatario, y este lunes hicieron un llamado a relevar la autonomía que tiene cada partido.

Con todo, el tema también fue incómodo para el piñerismo, pues el hecho de que la UDI, RN y Evópoli se restaran del encuentro pese al llamado del expresidente, representaba una quitada de piso para el exmandatario.

Pese a ello, hasta el momento Piñera no ha definido públicamente si asistirá o no.

CÓMO UN EVENTUAL CIERRE DE PUNTA PEUCO SE INSTALÓ EN TORNO A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS

Catalina Batarce

La Tercera, 05/09/2023

Tanto el Presidente Boric, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, han intervenido en el debate sobre el futuro del penal. Si bien aún no hay una decisión en la materia, en La Moneda, no han sido tajantes en que no habrá novedades sobre el quehacer de los 134 reclusos que cumplen allí condenas por delitos de derechos humanos. En el horizonte, además, se esperan fallos desfavorables para más de 30 imputados.

Fue al fin de su mandato que la expresidenta Michelle Bachelet, en marzo del 2018, pidió al ministro de Justicia, Jaime Campos, cerrar Punta Peuco. El entonces secretario de Estado se negó y, desde entonces que esa puerta no volvió a tocarse tan directamente. Hasta hoy, a seis días de la conmemoración de los 50 años del golpe.

El Presidente Gabriel Boric dijo el domingo que “hay distintas alternativas sobre Punta Peuco”, palabras que fueron reforzadas al día siguiente por la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien agregó que en la cárcel que cuenta con 134 reos encausados por violaciones a los derechos humanos se mantienen “privilegios intolerables”.

Pero aunque desde que el Mandatario llegó a La Moneda sus equipos han analizado opciones, en ninguna de eluciones de las autoridades de Palacio hubo detalles sobre las fórmulas que se barajan.

Eso sí, ambas sirvieron para reafirmar la intención de esta administración de generar cambios profundos en el penal y, de paso, reinstalaron el debate constante que hay en torno a esas dependencias. Sobre todo, a días de que se conmemoren 50 años del Golpe de Estado.

Sin embargo, pese a que la convicción está, fuentes consultadas por La Tercera son claras en indicar en que aún el Ejecutivo no tiene ultimados los detalles del plan que permitiría concretar una modificación o redestinación de esa cárcel ubicada en la comuna de Tiltil.

Por lo que con miras al 11 de septiembre, según los mismos personeros, lo que el Presidente podría anunciar sería sólo la intención formal de concretar su adecuación, por ejemplo, para albergar población penal común o internos de otras características especiales.

Aquello, además, porque para el Ejecutivo -aunque hicieron las evaluaciones- ya está descartado el cierre de Punta Peuco, en atención a la sobreocupación de las dependencias penitenciarias a nivel nacional. Y es que actualmente, de acuerdo con datos de Gendarmería, la capacidad a nivel país está sobrepasada en 21,4 %, pues hay cupo para 41.631 personas en régimen de 24 horas y en realidad hay un total de 50.522 internos.

Así, de hecho, lo evidenció el ministro de Justicia, Luis Cordero, que en T13 Radio también confirmó que no es posible cerrar penales. “Hace algunos años sí estábamos en condiciones de cerrar cárceles, pero como en los últimos 16 o 17 meses hemos tenido un aumento muy significativo de privados de libertad, no estamos en esa condición”, señaló.

Por lo mismo, de acuerdo con lo expuesto por personas consultados por este medio, el gobierno no se puede dar el lujo de perder plazas y, por ello, la opción más viable que divisan es optimizar las citadas dependencias, aunque ello tiene sus propias complejidades.

Las trabas. Punta Peuco, concebida como una cárcel especial de acuerdo con un decreto supremo firmado de 1995, tiene una capacidad para albergar a 112 personas, por lo que hoy está copado.

Es un penal pequeño, y para que su readecuación tenga un impacto significativo para el sistema penitenciario, tendría que ampliarse, comentan fuentes de gobierno.

Pero eso hoy no es nada de simple, porque el plan regulador de la Región Metropolitana impide que se pueda construir un centímetro más de cárcel, lo que hace necesario modificarlo.

Eso ya está en marcha, y fue uno de los motivos por los cuales, en junio pasado, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca que Justicia pueda solicitar a Vivienda la modificación de los planos reguladores para la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes.

Otra opción, en línea con lo que plantean diputados oficialistas, sería simplemente trasladar a los actuales internos a otros penales y ubicar en el lugar, por ejemplo, a reclusas embarazadas o que tengan hijos. Sin embargo, hoy no hay dependencias habilitadas en otros penales para albergar a 134 condenados por violaciones a los derechos humanos, quienes en su mayoría son adultos mayores.

La población penal de Punta Peuco, insisten voces oficialistas, requiere de ciertas condiciones. Por ejemplo, no pueden utilizar catres o literas normales, por la avanzada edad que tienen o sus patologías. No hay factibilidad técnica para instalarlos en otras zonas, se reitera en Palacio.

En Colina 1, donde también está dispuesto un módulo especial para este tipo de condenados, tampoco hay espacio, y por lo mismo, nuevos reclusos han debido ir ingresando a otras dependencias, junto a población penal de bajo riesgo o de características similares.

Se proyecta, por las mismas razones, que los entre 30 y 70 nuevos condenados por DD. HH. que podrían ser notificados hasta fin de año ingresen a los recintos de Puente Alto o Colina 1, vía modificaciones menores que se están realizando a las dependencias.

Así las cosas, fuentes de gobierno insisten en que mientras no se pueda ampliar significativamente los recintos de la RM, las opciones para cambiar la destinación de Punta Peuco son más que escasas, y que por ende, falta trabajo por realizar para concretarlo.

APRUEBAN NUEVOS CAPÍTULOS SOBRE FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD PÚBLICA

Proceso Constitucional, 08/09/2023

Luego de reanudar la votación de artículos y enmiendas, la Comisión de Sistema Política, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional aprobó la creación de dos capítulos que no estaban contemplados en el anteproyecto de la Comisión Experta: “Defensa Nacional”, que trata sobre las Fuerzas Armadas, y “De la Seguridad Pública”, que trata sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Respecto al capítulo de Defensa Nacional, se establece que “las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”, y que “como cuerpos armados, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”.

Además, por ocho votos contra cuatro, se aprobó el artículo que señala que los miembros en activo de las Fuerzas Armadas “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”.

“Se está aplicando la misma restricción al personal civil, que no es uniformado, por lo que manifestamos nuestra oposición a este inciso”, señaló el consejero Julio Ñanco (RD).

Por su parte, el consejero Ricardo Ortega (PRep), excomandante en jefe de la FACh, replicó que “todo el personal tiene derecho a voto, pero lo que no tienen derecho a hacer es proselitismo político dentro de las Fuerzas Armadas, sean civiles o militares. Acá no se trata de ser de derecha o de izquierda, sino de mantener a las Fuerzas Armadas apolíticas”.

También generó debate el rechazo de una enmienda presentada por Unidad para Chile que proponía que “las Fuerzas Armadas deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos”.

El consejero Edmundo Eluchans (UDI) señaló que lo que propone el texto “es de perogrullo decirlo y casi ofensivo. Por eso voy a votar en contra, porque ese mandato está implícito en todas las disposiciones que regulan su funcionamiento”.

Por su parte, la consejera Beatriz Hevia (PRep) se abstuvo al argumentar que “todos los cuerpos regulados en esta constitución y los que no, deben respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos. No veo por qué tenemos que ponerlo en unos y no en otros”.

El consejero Christian Suárez (PS) afirmó que “no ofende a nadie que quien ejerce el monopolio de la fuerza en un Estado democrático esté obligado a tener un respeto irrestricto al orden democrático. Estamos celebrando 50 años del golpe militar y las experiencias que hemos tenido en este país, que han sido durísimas, no deben repetirse”.

De la seguridad pública. Respecto al segundo capítulo creado por los comisionados, se establece que “las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile”, las cuales “son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”.

A pesar del rechazo a una iniciativa popular de norma llamada “Yo apoyo a Carabineros”, que proponía que se eximiera de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que emplearan “racionalmente” la fuerza, se aprobó una enmienda de unidad de propósito inspirada en la iniciativa:

“Corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”.

“Se entiende incorporado el espíritu de la iniciativa popular de norma y creemos que hace algo razonable y justo, que es darle protección a nuestros carabineros de Chile, que actúan de manera legal para hacer su trabajo, y que necesitan el respaldo de la ciudadanía y del poder político”, señaló la consejera Hevia.

La consejera Gloria Hutt (Evópoli) señaló que “es complejo que en la constitución quede establecido que puede haber eximentes de responsabilidad penal. La ley puede ser suficientemente explícita, potente y eficaz para controlar ese tipo de necesidades”. En tanto, el consejero Suárez sostuvo que “es muy peligroso que la constitución haga referencia a exenciones de responsabilidad penal. Eso está fuera de la esfera de lo constitucional”.

Aumenta edad mínima para ser presidente. En el inicio de la sesión, la comisión abordó el capítulo V: “Gobierno y Administración del Estado”, el cual norma las funciones, requisitos y atribuciones del Presidente de la República y los ministros, así como también las bases generales de la administración del Estado.

Con siete votos a favor (de consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos), cuatro en contra (Unidad para Chile) y la abstención de la consejera Gloria Hutt (Evópoli), la instancia aprobó la enmienda que aumenta a cuarenta años la edad mínima para ser electo Presidente de la República.

“En la tradición constitucional chilena, desde 1828 en adelante, la edad para ser presidente era de más de 30 años. Solamente en un momento, en la Constitución del ’80, se subió a 40 y luego por ley se redujo a 35. Nos parecía que, en esto, era conveniente mantener nuestra tradición constitucional”, señaló el consejero Suárez.

Para que la norma no afecte al Presidente Gabriel Boric, que llegó al cargo con 36 años de edad, se contempló un artículo transitorio para que el requisito comience a regir desde las próximas elecciones.

Respecto al anteproyecto de la Comisión Experta, los consejeros decidieron desechar la propuesta que, con el fin de fortalecer la gobernabilidad del mandatario electo, juntaba las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial.

De este modo, la votación para el Congreso se realizará tal como ahora, junto con la primera vuelta.