Columna de Opinión

Ley de Amnistía e inamnistiabilidad. (Carta de Adolfo Púl Latorre, al Diario El Mercurio) con motivo del artículo “Amnistía y procesos fenecidos”de Hernán Corral. Ver en adjunto “Batalla por la narrativa”

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

“La Constitución prohíbe que el Congreso o el Presidente de la República, o ambos conjuntamente, puedan ´hacer revivir procesos fenecidos ´

jueves 25 a primera hora, en cuanto leí esta columna de Hernán Corral publicada en El Mercurio de Santiago —haciendo referencia a la frase destacada con negrita—, envié la carta al Director que transcribo a continuación (no fue publicada hoy día).

Un abrazo.

Adolfo Paúl Latorre

 

Viña del Mar, 25 de septiembre de 2014.

Ley de Amnistía e inamnistiabilidad

Señor Director:

En su columna de ayer, el profesor Hernán Corral dice que los tribunales no han aplicado la Ley de Amnistía “por aplicación preferente de ciertos tratados internacionales que declaran que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables”.

            El precitado aserto es absolutamente falso. No obstante, ya está transformado en un mito que es repetido por moros y cristianos. ¡Ningún tratado internacional prohíbe perdonarse entre hermanos!

Atentamente le saluda.

ADOLFO PAÚL LATORRE

Abogado

 

Desde que el Gobierno anunciara el patrocinio a un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto ley 2.191, la llamada “Ley de amnistía”, se ha abierto un debate sobre las modalidades de esa ineficacia: derogación o nulidad, y sobre los efectos de estas alternativas.

El ministro de Justicia ha sido más bien ambiguo sobre los objetivos y consecuencias de la iniciativa. Otras autoridades, como los senadores Girardi y Navarro y la misma directora del Instituto de Derechos Humanos, plantean que la ley debiera permitir no solo que la amnistía no se aplique en futuros procesos, sino que se reabran causas judiciales terminadas. La Presidenta Bachelet intentó zanjar el tema diciendo que “lo juzgado está juzgado”, pero el martes 23 ella misma puso suma urgencia al proyecto que, en uno de sus artículos, dispone que la amnistía carecerá “de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales… emergentes de los hechos que ella pretende cubrir”.

Hay que reconocer que la reapertura de causas afinadas es el único efecto práctico que podría tener una legislación en la materia. Es sabido que para las causas pendientes o futuras los tribunales, desde hace más de una década y de modo consistente, consideran que el decreto ley 2.191 no debe eximir de responsabilidad penal, por aplicación preferente de ciertos tratados internacionales que declaran que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables.

Pero ningún tratado ni principio jurídico-internacional permite ir contra la cosa juzgada, una de las garantías básicas de todo Estado de Derecho que se precie de tal. Si simplemente se derogara el decreto ley 2.191, no se pondría en discusión que se haya aplicado en cuanto norma legal vigente a la época en que se dictó la sentencia que ha podido basarse en ella. Pero el proyecto de ley, ahora en trámite de suma urgencia, no contempla la derogación, sino su nulidad: propone que se le declare “insanablemente nulo”.

La expresión tiene una resonancia argentina -el laudo arbitral del Beagle fue también declarado por ese país como “insanablemente nulo”-, y efectivamente de allí proviene esta curiosa teoría de que si se declara “nula” una ley de amnistía, se la priva de eficacia de manera retroactiva, es decir, se reputa que nunca ha existido como tal y, en consecuencia, las sentencias que hayan podido dictarse conforme a ella deben considerarse igualmente ineficaces. Pero este objetivo vulnera uno de los principios más fundamentales de nuestro orden jurídico. Desde la Constitución de 1833 (art. 108), pasando por la de 1925 (art. 80), hasta la actualmente en vigor (art. 76), prácticamente con las mismas palabras, se prohíbe que el Congreso o el Presidente de la República, o ambos conjuntamente, puedan “hacer revivir procesos fenecidos”.

Una ley que pretendiera reabrir causas falladas por sentencias ejecutoriadas o firmes vulneraría frontalmente esta norma más que secular y así debería declararlo el Tribunal Constitucional, ya sea en forma previa, a requerimiento de un cuarto de los senadores o diputados en ejercicio, o luego de su entrada en vigencia, a través del recurso de inaplicabilidad interpuesto de oficio por el juez o por cualquier interesado en la gestión judicial por la que se pretenda reabrir el proceso terminado por sentencia firme.

Además de todo lo anterior, hay que considerar que el Poder Legislativo no tiene la atribución de declarar nulidades, menos las de sus propias leyes. Dentro de las materias sobre las que pueden dictarse leyes, no figura ninguna que lo autorice a ello. De este modo y conforme con el art. 7 de la misma Carta Fundamental, que señala que todo acto de una autoridad que exceda las atribuciones que ella le concede será nulo, la misma ley que pretendiera anular la “ley de amnistía” carecería de validez.

Sería, parafraseando a los autores del polémico proyecto, “insanablemente” nula.

 

 

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Terminal Puerto Arica movilizó cerca de 1,4 millones de toneladas de carga boliviana en el primer semestre

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No es coincidencia que durante los 10 años de concesión TPA se haya posicionado como el Puerto multipropósito líder del pacifico para el comercio exterior boliviano. Las cifras son sólidas y avalan lo mencionado, dado que si se compara los periodos enero-junio para los años 2013 y 2014, TPA ha crecido un 8% llegando a mover 1,79 millones de toneladas, correspondiendo el 81% de estas cargas a clientes Bolivianos. Es decir, Terminal Puerto Arica ha movilizó cerca de 1,4 millones de toneladas de carga boliviana en el primer semestre de 2014.

 

Para estrechar lazos con el vecino país, la delegación de TPA participó activamente en Rueda de Negocios CAINCO, donde sostuvo más de 40 reuniones con diferentes clientes y entidades del Estado boliviano.

No es coincidencia que durante los 10 años de concesión TPA se haya posicionado como el Puerto multipropósito líder del pacifico para el comercio exterior boliviano. Las cifras son sólidas y avalan lo mencionado, dado que si se compara los periodos enero-junio para los años 2013 y 2014, TPA ha crecido un 8% llegando a mover 1,79 millones de toneladas, correspondiendo el 81% de estas cargas a clientes Bolivianos. Es decir, Terminal Puerto Arica ha movilizó cerca de 1,4 millones de toneladas de carga boliviana en el primer semestre de 2014.

Es por ello que bajo el contexto de la Expocruz, TPA realizó más de 40 reuniones tanto en la Rueda de Negocio, como también visitó a los principales clientes que lideran las diferentes industrias para transmitir las mejoras e inversiones que se están ejecutando y planificando para abordar el crecimiento de carga por Puerto de Arica.

Según Diego Bulnes, Gerente General de TPA, “si consideramos el primer semestre del presente año, TPA ha aumentado su actividad alineado al crecimiento de Bolivia y, por lo mismo, las inversiones en este año superan los 10 MM de dólares y con un fuerte énfasis en maquinaria, las cuales se encuentran operativas desde comienzos de agosto. La situación actual del Puerto de Arica es la óptima, es posible disponer de áreas de acopio, maquinaria para manipulación de contenedores y cargas de proyecto y, sobre todo, un Puerto ordenado y capaz de atender los requerimientos de Bolivia”.

Por otro lado, Hermann Gratzl, Gerente Comercial de TPA, indicó que “estamos convencidos -y nuestros clientes nos lo han transmitido en las reuniones sostenidas en la Rueda de Negocios y en sus oficinas de Bolivia- que la situación del Puerto de Arica es óptima y que la fuerte inyección de inversiones en equipos y personal han incidido positivamente a los rendimientos en la calidad de servicio y lo pueden notar en sus movimientos”.

TPA espera cerrar el año y superar los 3MM de toneladas del pasado 2013, para ello sigue trabajando en la organización de las áreas, informar los procedimientos documentales y operativos a todos sus clientes como los 5 tips del desconsolidado, coordinar operaciones con todo operador logístico y de este modo anticipar a fechas y estaciones criticas, mantener una relación cercana a través de su área comercial y, sobre todo, con el proceso de implementación de un CALL CENTER disponible para atender toda consulta desde Bolivia ó cualquier parte del mundo. Por último, próximo a lanzar una aplicación para teléfonos móviles para que todo cliente pueda consultar el estado de su carga en Puerto.

FUENTE 

http://ibce.org.bo/ibcemail-detalle.php?id=519

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Carta publicada en el Diario La Tercera el 13 de Septiembre de 2014 “Derogación de la Ley de Amnistía”

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En todo caso, una eventual derogación de dicha ley no tendría mayor efecto y debería ser aplicada no obstante su derogación, de acuerdo con los principios de favorabilidad y de ultraactividad de la ley penal más benigna; principios que rigen en todos los países civilizados, que son verdaderos “derechos humanos” y que constituyen logros que han sido conquistados luego de haber transcurrido muchos siglos de civilización.

Viña del Mar, 12 de septiembre de 2014.

 

Derogación de la Ley de Amnistía de 1978

 

Señor Director:

 

            Michelle Bachelet, diez días después de haberse instalado nuevamente en La Moneda declaró: “Siempre me ha inspirado fuertemente el liderazgo de Nelson Mandela, quien pese a todo lo vivido fue capaz de pararse sobre ello, mirar su país y con una tremenda humanidad, pensar qué le hacía bien a la nación”.

            Tales palabras me llevaron a pensar que ella procedería a actuar como lo hizo Mandela en Sudáfrica y, como él, trascendería en la historia como una gran estadista al dictar una nueva ley de amnistía —la que no está prohibida por tratados internacionales, como lo demostré en un libro de mi autoría titulado Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades— que propendería a la concordia y a la reconciliación nacional, a dar vuelta la página y a poner fin a la crisis política más grande del siglo pasado.

            Por lo anterior, me ha resultado absolutamente incomprensible su decisión de darle suma urgencia a un proyecto de ley que deroga el decreto ley 2191 de 1978, conocido como Ley de Amnistía, lo que solo contribuye a reavivar los fuegos del odio y de la venganza y que nada bueno augura para nuestra patria.

            Evidentemente, se alzarían voces en contra de una nueva ley de amnistía por organizaciones denominadas de “derechos humanos”, argumentando que ella solo beneficiaría a militares y carabineros. Efectivamente así sería, porque todos los subversivos armados, guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de uniformados y civiles inocentes han sido indultados o amnistiados por la misma ley que se pretende derogar lo que, por otra parte, solo viene a confirmar que la ley actual está vigente.

            En todo caso, una eventual derogación de dicha ley no tendría mayor efecto y debería ser aplicada no obstante su derogación, de acuerdo con los principios de favorabilidad y de ultraactividad de la ley penal más benigna; principios que rigen en todos los países civilizados, que son verdaderos “derechos humanos” y que constituyen logros que han sido conquistados luego de haber transcurrido muchos siglos de civilización.

 

 

             Atentamente le saluda.

 

 

 

 

 

                            Adolfo Paúl Latorre

                                    Abogado

 

 

 

Publicada en La Tercera el sábado 13 de septiembre de 2014.

 

 

Las opiniones reproducidas son de exclusiva responsabilidad de sus 

autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

 

 

La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos
de apoyar una causa que creemos que es justa.

                                                               Abraham Lincoln


UNION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL

                                          UNOFAR FILIAL VALPARAISO

                                         fundada el 25 de junio de 1991

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Derogación de la Ley de Amnistía de 1978

Viña del Mar, 12 de septiembre de 2014.

 

Derogación de la Ley de Amnistía de 1978

 

Señor Director:

 

            Michelle Bachelet, diez días después de haberse instalado nuevamente en La Moneda declaró: “Siempre me ha inspirado fuertemente el liderazgo de Nelson Mandela, quien pese a todo lo vivido fue capaz de pararse sobre ello, mirar su país y con una tremenda humanidad, pensar qué le hacía bien a la nación”.

            Tales palabras me llevaron a pensar que ella procedería a actuar como lo hizo Mandela en Sudáfrica y, como él, trascendería en la historia como una gran estadista al dictar una nueva ley de amnistía —la que no está prohibida por tratados internacionales, como lo demostré en un libro de mi autoría titulado Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades— que propendería a la concordia y a la reconciliación nacional, a dar vuelta la página y a poner fin a la crisis política más grande del siglo pasado.

            Por lo anterior, me ha resultado absolutamente incomprensible su decisión de darle suma urgencia a un proyecto de ley que deroga el decreto ley 2191 de 1978, conocido como Ley de Amnistía, lo que solo contribuye a reavivar los fuegos del odio y de la venganza y que nada bueno augura para nuestra patria.

            Evidentemente, se alzarían voces en contra de una nueva ley de amnistía por organizaciones denominadas de “derechos humanos”, argumentando que ella solo beneficiaría a militares y carabineros. Efectivamente así sería, porque todos los subversivos armados, guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de uniformados y civiles inocentes han sido indultados o amnistiados por la misma ley que se pretende derogar lo que, por otra parte, solo viene a confirmar que la ley actual está vigente.

            En todo caso, una eventual derogación de dicha ley no tendría mayor efecto y debería ser aplicada no obstante su derogación, de acuerdo con los principios de favorabilidad y de ultraactividad de la ley penal más benigna; principios que rigen en todos los países civilizados, que son verdaderos “derechos humanos” y que constituyen logros que han sido conquistados luego de haber transcurrido muchos siglos de civilización.

 

             Atentamente le saluda.

 

                            Adolfo Paúl Latorre

                                    Abogado

 

Publicada en La Tercera el sábado 13 de septiembre de 2014.

 

Las opiniones reproducidas son de exclusiva responsabilidad de sus 

autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

 

La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos
de apoyar una causa que creemos que es justa.
                                                               Abraham Lincoln


UNION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL

                                          UNOFAR FILIAL VALPARAISO

                                         fundada el 25 de junio de 1991

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EL RETORNO DE LA SUBVERSIÓN A CHILE

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Terroristas y subversivos comienzan a ocupar el espacio dejado por la negligencia de nuestras autoridades de los últimos años. La campaña de los derechos humanos se les paso de largo y hoy sirve de paraguas protector para el retorno de la subversión a Chile. Como siempre, nada pasará y los terroristas seguirán incrementando su fuerza, mientras los guerrilleros del Sur siguen quemando y matando. Gracias a nuestra propia debilidad y subordinación a una casta de malos políticos, los chilenos tenemos lo que nos merecemos.

 

La noticia gira a través del mundo, mientras en Chile tomamos conciencia de un
cambio radical en nuestras vidas:. ¡Bomba terrorista explota en el Metro de Santiago!.
Después de largos años viendo como se deterioraba nuestra calidad de vida ciudadana, hoy
hemos llegado a lo que todos sabíamos que terminaría ocurriendo: el retorno en gloria y
majestad de la Subversión, esa forma de acción subrepticia que tanto incomoda mencionar a
quienes se han servido históricamente de ella para alcanzar sus objetivos políticos. La mejor
definición que podemos encontrar para calificar un acto subversivo es la que lo describe
como “una acción destinada a subvertir (trastocar, dar vuelta) el orden establecido”.
Durante años hemos observado a las autoridades evitando a toda costa el empleo de
terminología que pudiera ser asociada al Régimen Militar. De este modo, el que podemos
llamar “complejo militar” ha llevado a la clase política a acostumbrarnos a que quien pone una
bomba en la vía pública no es necesariamente un terrorista; que quien asalta un banco con
armas automáticas y de largo alcance es tan solo un delincuente común; que el acto de
quemar vivo a un matrimonio anciano es solo una expresión de la frustración de una raza
maltratada por la sociedad; que quien embosca con armas de fuego a un fiscal de la
República y a Carabineros de Chile no es un subversivo; que el asesinato de un Senador en
democracia es tan solo un acto político; que quienes lanzan bombas incendiarias contra la
policía son solo grupos exaltados; que quienes son capturados poniendo bombas en Chile
merecen ser dejados en libertad por tribunales garantistas, mientras son encarcelados en
España por pretender hacer lo mismo; que quienes asesinaron a cinco escoltas
presidenciales son jóvenes idealistas, sino héroes del pueblo; etc.
Sirve de marco para este peligroso relajamiento de los sistemas de alerta que
previenen la ruptura del orden establecido, la promulgación hace unos años de una reforma al
sistema procesal penal que –motivada por el mismo “complejo militar”− produjo un brusco giro
desde el estilo autoritario e injusto, en que el juez era también parte y presumía de entrada la
culpabilidad del imputado, para reemplazarlo por un sistema en extremo garantista, donde el
delincuente se presume inocente y pasa a ser un protegido del estado, quien lo defiende de la
policía y le asegura un trato mucho mejor que el que se otorga a las víctimas. Por supuesto
que ese sistema antiguo, desechado –como se dijo− por injusto, tiene plena vigencia hasta el
día de hoy para los militares, segmento de la sociedad chilena que recibe el trato abusivo
completamente descartado para el resto de sus compatriotas, en una discriminación grosera
de su condición ciudadana y mientras los delincuentes disfrutan de los beneficios del nuevo
sistema.
Se sabe que cualquier estado serio debe contar con un Sistema de Inteligencia que
provea a sus gobernantes la información útil necesaria para la prevención de los hechos que
afecten a la Seguridad Nacional, ya sea que provengan de amenazas externas como de
aquellas que se originan en el corazón de la sociedad. Ésta es la única forma en que el
gobierno de turno puede cumplir su deber de garantizar la seguridad a sus conciudadanos.
Ello, sin embargo, fue simplemente omitido por los gobiernos de la Concertación y
ninguneado por el gobierno de Piñera, configurándose así una injustificable negligencia
constitucional que nos expone a vernos inmersos −repentinamente o con muy poco aviso− en
una guerra subversiva o de guerrillas (otra palabra que provoca urticaria en la clase política)
de insospechadas consecuencias. Es cosa de pensar en lo ocurrido en Colombia hace más
de cuarenta años, cuando comenzó la aventura de las FARC y comprobar a lo que han llegado en la actualidad, cuando ejercen pleno dominio armado sobre sectores importantes
del territorio, adonde la autoridad del gobierno no es capaz de llegar. ¿Cuánto nos faltará
para que ello comience a ocurrir en la Araucanía? ¿O estará ya ocurriendo sin que nos sea
permitido saberlo? Es un hecho reconocido universalmente que –cuando la situación escale
hasta donde muy probablemente escalará− todo lo que se haga será inoportuno, como si se
tratase de apagar un incendio declarado, en vez de haberlo hecho mientras era apenas un
amago. Pobres Carabineros cuando llegue ese momento, en especial cuando se pretenda
que enfrenten con perdigones de goma y gases lacrimógenos a guerrilleros armados con
fusiles M16, entrenados y quizás hasta dirigidos por instructores extranjeros o por chilenos
formados, entrenados y ambientados en Angola o Nicaragua.
Por fortuna y gracias al legado visionario plasmado en la Ley del Cobre, nuestras
FF.AA. han podido seguir equipándose hasta alcanzar el nivel disuasivo que hoy nos da
seguridad y paz. De otro modo, el “complejo militar” también nos tendría en absoluta
desprotección frente a las ambiciones de nuestros vecinos. Al respecto, cabe considerar que
−al igual que en el caso de las amenazas externas− los movimientos subversivo-terroristas no
se desarrollan en un día, sino que requieren de una serie de elementos que los alimenten
progresivamente, entre los cuales podemos mencionar algunos que la debilidad de nuestros
gobernantes y las reminiscencias oscuras de su pasado les ofrecen generosamente:
– Causa o motivación política: expresada por ejemplo en la “reivindicación del pueblo
mapuche” o la “injusticia social del modelo”, condiciones exacerbadas precisamente por
políticos irresponsables, ávidos de poder y de gloria, pero carentes del sentido de estado.
– Escenario internacional favorable: sembrado generosamente a partir de la campaña
anti-chilena desarrollada durante los años de exilio dorado por los que hoy gobiernan y
estimulado por la sostenida campaña del “ni perdón ni olvido”, oda que incita a la
violencia anti-sistema y anti-estado, mientras se disfraza con la búsqueda de la justicia.
– Sustento financiero: conseguido en parte a través de las mismas redes de
financiamiento internacional creadas y profusamente explotadas por el mundillo político
que vivió en el exilio y −desde hace un tiempo− por la creciente “recuperación” de
cajeros, camiones blindados, aeropuerto, etc., a la que nadie consigue poner coto.
– Apoyo comunicacional: otorgado por la invariable irresponsabilidad de medios de
prensa izquierdistas o dotados de un interés exclusivamente comercial, ambos sin el
menor compromiso ético o moral con el bien común.
– Debilidad represora: dada por las restricciones a la acción policial, la cobertura de
organizaciones de derechos humanos, la falta de coraje de la judicatura involucrada y la
bajísima penalidad para los actos terroristas, garantizada por el temor de aplicar las
herramientas legales disponibles.
Podríamos mencionar una serie de otras condiciones que estimulan la formación de
movimientos subversivo-terroristas en Chile, pero en particular podemos destacar la
reinstalación de la lucha de clases, en un pueblo que había descubierto el valor de las metas
conseguidas por el esfuerzo propio y que ahora es inducido a la flojera y a la espera del goteo
proveniente del estado benefactor. Todo ello, en medio de las mismas pomposas
declaraciones de siempre que ya suenan a la máxima estupidez, cuando se dice que “se
aplicará el máximo rigor de la Ley…”
08 de Septiembre de 2014
Patricio Quilhot Palma
Columna de Opinión

LA MALDAD DESATADA

LA MALDAD DESATADA

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

Unas FF.AA. con estos Individuos en sus filas, no servirán para nada y en caso de conflicto solo traerán vergüenza a la Nación. ¿Eso es lo que quiere para Chile el SR. Gutiérrez? PERO LOS MARXISTAS SON INTERNACIONALISTAS Y EL CONCEPTO DE PATRIA NO LO CONCIBEN.

El proyecto del Diputado Hugo Gutiérrez  (PC) de permitir que activistas y agitadores políticos puedan  ingresar a las  FF.AA., constituye la mayor villanía o vileza que jamás se haya perpetrado contra ellas, desde la creación de la república. Esto tiene por objeto la destrucción de LAS INSTITU CIONES ARMADAS desde su base de sustentación; es decir, corroer el aspecto moral y la disciplina para tener otro tipo de FF.AA. que obedezca a los cánones  del Partido Comunista, algo que siempre han perseguido tratando de infiltrarlas. Este sería un acto premeditado de la mayor mala intención, ignorancia, falta de tino y de criterio, algo que al marxismo no le interesa ya que no importa el método sino que lograr sus desquiciadores propósitos.

Yo me pregunto ¿Qué necesidad hay de instaurar tal medida? ¿Serán más eficientes para la guerra? ¿Habrá mayor cohesión?, no Sres. nada de eso ocurrirá  muy por el contrario, todo lo logrado en casi 200 años de servicio a la Patria  será borrado. Serán fuente permanente de conflicto en las Unidades, especialmente a bordo de los buques de guerra donde para servir hay que haber pasado por las Escuelas Matrices y donde la vida transcurre de otra manera que en tierra. En ninguna Institución ARMADA DEL MUNDO QUE SE PRECIE DE SERIA Y EFICIENTE, ha sucedido ni sucede semejante aberración

Unas FF.AA. con estos Individuos en sus filas, no servirán para nada y en caso de conflicto solo traerán vergüenza a la Nación. ¿Eso es lo que quiere para Chile el SR. Gutiérrez? PERO LOS MARXISTAS SON INTERNACIONALISTAS Y EL CONCEPTO DE PATRIA NO LO CONCIBEN.

Si la Cámara de Diputados, llegase a aprobar este inútil e innecesario proyecto, sería la mayor traición que han sufrido las FFAA desde su creación, con el agravante que esta vez se cometería por los políticos que tienen el deber de cuidarlas y preservarlas eficientes para enfrentar un conflicto en cualquier momento. Espero que prime la cordura y el patriotismo en esa alta corporación no aprobando dicha moción, con lo que habrán prestado un gran servicio a la  NACIÓN, QUE LOS ELIGIÓ PARA QUE LA SIRVAN CON HONRADEZ Y ALTURA DE MIRAS.

FERNANDO NAVAJAS

Vicealmirante

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El 11 de septiembre en Chile: una mirada desde el inconsciente colectivo. Ver programa ASOFAR 11 Septiembre en Valparaíso en filial V Región

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Pretender separar o hacer una diferencia entre “los que estaban antes y los que están ahora” es intentar manipular un inconsciente colectivo que tiene más de 200 años, al menos en el Ejército y la Armada. Por su parte, tanto Carabineros, la Fuerza Aérea como la Policía de Investigaciones, son instituciones que fueron formadas a partir del Ejército y la Armada por lo que comparten su antigüedad en términos del inconsciente colectivo.

A pocos días del 11 de septiembre, nos preparamos nuevamente para que los medios de comunicación saturen los espacios de “noticias” y “reportajes” con hechos ocurridos con posterioridad a la fecha mencionada correspondiente al año 1973.  Nada nuevo. Se sabe con mucha anticipación que esto ocurrirá.

 Esta situación, propia de esta fecha en las últimas décadas, no deja de llamar la atención por la insistencia de su repetición ante una sociedad que parece ser inmune a esa “realidad” y que, majaderamente, se muestra sin importar su contexto histórico o veracidad. Pareciera ser que el efecto perseguido – el desprestigio del Gobierno Militar – no ha sido posible de conseguir, pese a la persistente ofensiva de comunicación desplegada desde larga data, principalmente por la televisión y la prensa escrita.

En ese mismo contexto, hay que agregar la exclusiva persecución judicial a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, en tanto que delincuentes, subversivos, terroristas y asesinos de militares y policías son indultados, amnistiados o protegidos, siendo que muchos de ellos fueron protagonistas de hechos ocurridos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.

 La insistencia en repetir y concentrarse en sólo algunos hechos de la historia reciente con posterioridad a septiembre de 1973, complementada por una clara parcialidad en la aplicación de la justicia, obliga a buscar las causas más allá de la razón, por cuanto es difícil entender esa tenaz persistencia en intentar influir en la opinión de una sociedad que está cada día más alejada de la participación política.

Quizás una mirada desde el inconsciente nos podría dar una luz sobre las motivaciones por las que, medios de comunicación, y grupos interesados de personas, insisten en promover y mantener un ambiente de odio y confrontación que mantiene estancados y amarrados al pasado a algunos ciudadanos del país cuya mayoría, claramente, desea intentan mejorar sus condiciones y calidad de vida.

El inconsciente es una parte constitutiva de la psique del hombre. Su existencia fue enunciada por Freud, estudiada por Jung y complementada y desarrollada, entre otros, por Lacan, y recientemente por Castoriadis. El inconsciente humano da cuenta de actos que no tienen explicación racional o consciente; de allí que es difícil encontrar respuestas a sus manifestaciones, ya que normalmente escapan al mundo que denominamos como real, y menos a la relación causa – efecto.

El inconsciente se presenta de una manera extremadamente compleja. Quizás un ejemplo ayudará a entender su participación en las relaciones humanas: El ser humano generalmente actúa conforme a lo que quiere ser, y no lo que realmente es. Lo que el ser humano es, normalmente lo oculta y lo ve en otra persona. “Si yo soy flojo, conscientemente voy a ser trabajador y voy a detestar a los flojos”.

Lo anterior es una simplificación extrema, pero con ello se pretende llamar la atención sobre la relación entre consciente e inconsciente. “Lo que realmente Soy lo oculto, y lo veo en el Otro. Eso me justifica y lo que es más importante, tranquiliza mi conciencia”.

El inconsciente también existe a nivel colectivo, no siendo la simple la suma del inconsciente individual de los sujetos que componen una sociedad.

Se entiende como una percepción formada por vivencias acumuladas en el devenir de una comunidad y que es transmitido inconscientemente de generación en generación, o en un grupo afín. Por lo anterior, no es posible de manipular o cambiar por medios físicos o construcciones culturales humanas. Es un conocimiento mucho más profundo, que dice relación con la supervivencia y naturaleza del hombre, y que da cuenta de aquellos atributos derivados de la larga evolución del ser humano, como son, la solidaridad, el altruismo y la justicia. Desde esa perspectiva se podría intentar buscar una explicación a la ofensiva comunicativa “anti Gobierno Militar” que, una vez más, estamos próximos a experimentar.

Recientemente se publicó la encuesta del Centro de Estudios Públicos de julio de 2014, en donde, como ha sucedido invariablemente en las últimas décadas, Carabineros, las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones, ocupan los primeros lugares de las Instituciones que merecen la mayor confianza ciudadana.

Curiosamente son las mismas Instituciones que actuaron el año 1973, por más que se les intente desperfilar y separarlas de “los que apoyaron al Gobierno Militar” y “los que están actualmente en servicio activo”.

Pretender separar o hacer una diferencia entre “los que estaban antes y los que están ahora” es intentar manipular un inconsciente colectivo que tiene más de 200 años, al menos en el Ejército y la Armada. Por su parte, tanto Carabineros, la Fuerza Aérea como la Policía de Investigaciones, son instituciones que fueron formadas a partir del Ejército y la Armada por lo que comparten su antigüedad en términos del inconsciente colectivo.

Expuesto ya el resultado de la encuesta CEP, en donde quienes serán atacados mantienen nuevamente el mejor índice de confianza ciudadana, cabe preguntarse ¿qué es lo que les molesta del Gobierno Militar?

La respuesta más probable está en el mecanismo del inconsciente: a ellos les molesta que las FFAA y de Orden merezcan la mayor confianza ante la ciudadanía, muy superior a las instituciones “cultas y letradas”, y les molesta además, que las FFAA y de Orden hicieron en 1973 lo que otros grupos, en este caso el estamento político, fueron incapaces de hacer.

Para quienes fracasaron en la conducción política del país eso es inaceptable, pero la ciudadanía, que experimentó directamente los acontecimientos de la época, en su inconsciente sabe que lo que hicieron las FFAA y de Orden era exactamente lo que había que hacer, con todas las consecuencias derivadas del clima de violencia imperante en ese tiempo.

Esto ya es parte del inconsciente colectivo nacional, e independiente de lo que se cuente, se escriba o se muestre a las generaciones presentes, el juicio ya está hecho, y la experiencia vivida por los adultos de la época también es parte del inconsciente de las generaciones posteriores que no la vivieron: “Lo que se dice, no es necesariamente lo que se siente o se piensa”.

 Ahora, curiosamente, y siempre en el ámbito del inconsciente, tanto la rabia, el resentimiento y el ataque persistente denotan fuerza y resistencia, pero al mismo tiempo desgastan y debilitan. Quizás en ese ataque tenaz y continuo a las FFAA y de Orden, y en la parcialidad en la aplicación de la justicia de la que muchos de sus miembros en retiro hoy son objeto, está la explicación a la indolencia ciudadana a la participación política.

Por algo es que en la encuesta CEP ya mencionada, tanto los partidos políticos como el estamento judicial ocupan los últimos lugares en la confianza de los chilenos: ellos están absolutamente debilitados y desprestigiados porque ante la sociedad, no han cumplido, ni cumplen con su deber.

La parte consciente de la psique humana se concentra en el presente y eventualmente, en el futuro, mientras que la parte inconsciente se centra en el pasado, no sólo inmediato y propio, sino que también en el colectivo, que tiene millones de años de existencia.

Pretender, desde lo consciente, desconocer u olvidar el pasado, es enfrentarse a un legado poderoso que no es posible borrar o eliminar como es el inconsciente.

Desde esa perspectiva, es posible entender la contumaz postura de algunos grupos y personas, de analizar la historia reciente a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, haciendo caso omiso de todos los hechos ocurridos con anterioridad. Es la explicación humana a encontrar la culpa en el Otro, atacándolo permanentemente, intentando con ello ocultar las malas acciones, omisiones o faltas propias.

“Miremos desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, porque lo que pasó antes no lo quiero ver, ya que Yo soy responsable y culpable de ello”. Pero el “que no quiero ver” está, lo estará siempre y seguirá molestando mientras no se reconozca, como también se hace con la tarea efectuada por el Gobierno Militar: “Ellos hicieron lo que mi grupo político no hizo o no fue capaz de hacer, y por ello debo atacar y desprestigiar su obra”.

Ambos hechos, la labor del Gobierno de las FFAA y de Orden y el no reconocimiento de la situación de violencia que vivía el país, están en el inconsciente colectivo nacional. Eso no se puede cambiar, ni va a cambiar por declaraciones ni escritos provenientes de los medios de comunicación.

La realidad nacional que se muestra es otra, y está claramente reflejada en la encuesta CEP, lo que nos permite evidenciar la compleja relación entre el consciente e inconsciente del ser humano.

Luego, es posible inferir que reconociendo, o al menos dejando de atacar al Gobierno Militar, y administrando justicia a los miembros de las FFAA y de Orden en forma imparcial, la confianza ciudadana en los partidos políticos y en los tribunales de justicia, podría aumentar en el mediano plazo.

De no ser así, quienes se ubican en los lugares más bajos en términos de la confianza ciudadana continuarán enfrentándose a un adversario que es inmune a sus embates, como es el inconsciente colectivo nacional, con el agravante que además de desgastarse y debilitarse, incrementará su desprestigio ante la sociedad.

Por el contrario, las FFAA y de Orden, como Instituciones asociadas por la ciudadanía con el Gobierno Militar, seguirán siendo positivamente valoradas.

Lo expresado anteriormente no significa que se deba observar pasivamente los embates de los medios de comunicación en contra de la labor del Gobierno Militar de las FFAA y de Orden, o que se olvide a quienes se encuentran detenidos sin haber recibido un debido proceso legal.

Pareciera ser que el camino no es el del enfrentamiento ni la respuesta a posturas que, se sabe, obedecen a un deseo de justificar las falencias o fallas de un grupo, en este caso el estamento político, culpando a otros.

En la medida que se responde a un ataque, se está reconociendo la existencia del atacante, y en este caso es posible ignorarlo: apagar el televisor, no leer los diarios o no reaccionar ante el ataque.

En términos del inconsciente colectivo nacional, es una posición histórica obtenida, no buscada, por las FFAA y de Orden, y el esfuerzo a desplegar debe ir en acciones tendientes a promover la tranquilidad y progreso a nuestra sociedad, y en particular haciendo presente, en cuanto foro sea posible, la pérdida del estado de Derecho en nuestro país.

En el contexto anterior, como miembros de las FFAA y de Orden en retiro, nos cabe la gran responsabilidad de buscar la unión de las todas las Instituciones nacionales de personal retirado que tienen origen e intereses afines a los propios.

En un ámbito más amplio, y con la concurrencia de todo chileno preocupado por el futuro de su descendencia, por nuestra formación militar, la comunión de doctrina y el espíritu de servicio y sacrificio en el cual fuimos formados, nos permite (y quizás nos obliga) acudir a apoyar a quienes no se sienten representados, participando en nuevos referentes para organizaciones y ciudadanos que sólo desean lo mejor para el futuro de Chile, alejados de doctrinas foráneas o intereses transnacionales.

Sabemos que contamos con el apoyo de una mayoría silenciosa de chilenos que sólo aspiran al orden, tranquilidad y progreso de la Patria. Allí están: sólo esperan a buenos líderes.

Frente a los ataques y diatribas cargadas de odio y resentimiento que se emitirán en los próximos días cercanos al 11 de septiembre, recordemos que quienes atacan es porque la evidencia y la realidad les son molestas, y que en ese empeño se desgastan y se debilitan, mientras que los atacados se fortalecen.

Concentremos nuestra energía en donde vale la pena, y no en rechazar ataques que reflejan culpa y frustración. El juicio de la ciudadanía ya está hecho: el 11 de septiembre de 1973 y la labor del Gobierno Militar, constituyen un acto fundacional del Chile del siglo XXI y es parte del inconsciente colectivo nacional.

Daniel Arellano

Contraalmirante (R)

Magíster en Etnopsicología PUCV