Autor: admin

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

Da tristeza, rabia, impotencia ver a estas personas actuar contra su propia Patria, sin ninguna reciedumbre interior, sobre todo cuando son líderes políticos que forman opinión.
Falta de patriotismo. Escribe don Fernando Navajas I. Vicealmirante

Hoy (este lunes) día leyendo La Tercera, me quedé perplejo ante las declaraciones del embajador Felipe Bulnes y de las interferencias que debe sufrir de parte de sus propios compatriotas en el cumplimiento de su misión.

Siempre nos hemos definido como un pueblo patriota, al ver nuestros hechos guerreros y el arrojo tanto colectivo como individual, pero eso no basta. El patriotismo debe practicarse día a día; en el estudio, en el amor a la familia, en el trabajo, en crear una Patria grande y muchas otras cosas.

He tenido el convencimiento de ser un pueblo poco patriota, al ver a los argentinos defendiendo sus intereses. Activos, adelantándose a los hechos, con personas que conocen los problemas; igual cosa podemos decir de los peruanos y, como muestra hay que observar su actuación en La Haya.

Nosotros: faltos de prolijidad, descuido en nuestras opiniones y carencia de discreción. Lo expresado por el embajador Bulnes es una muestra de acciones que demuestran escaso sentido común, lo que en este caso conduce a la falta de patriotismo porque están indicando que a altos dirigentes
políticos nada les interesa nuestro país.

¿Cómo es posible que el Sr. Ominami o el Sr. Bitar expresen públicamente que debe darse una salida soberana al mar a Bolivia? y, no se puede decir que sean personas ignorantes.

Estos últimos son la masa de chilenos que aceptan estas opiniones sin que se produzca reacción alguna.
Vale decir, no hay patriotismo, a todo el mundo le da lo mismo por falta de conocimientos y un férreo concepto de Patria.

Personas de esta tendencia son los mismos que en el siglo XIX abogaban por el americanismo, las mismas que nos hicieron ir a la Guerra con España en defensa del Perú, cuando Chile
sólo poseía un solo buque de guerra, la Corbeta “Esmeralda”.

¿Qué recibimos a cambio? algunos hechos heroicos por parte de Chile y nada por la destrucción material de nuestro primer puerto comercial, hasta la fecha.

El gobierno reacciona débilmente, ante estas desmesuras, y las palabras ahí que dan las que seguramente serán empleadas a su favor por Perú y Bolivia.

Da tristeza, rabia, impotencia ver a estas personas actuar contra su propia Patria, sin ninguna reciedumbre interior, sobre todo cuando son líderes políticos que forman opinión.

Estas personas deberían ser expulsadas de Chile por actuar contra los intereses permanentes de este país y obstaculizar una defensa ante un tribunal internacional.

Malos chilenos, falta de patriotismo, y comodidad. El país que se vaya al carajo…

Nota: esta última expresión no es una grosería. Averigüen de que se trata.

LAS OPINIONES DE ESTA COLUMNA DE OPINIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR
En síntesis, ninguna de las medidas impulsadas por el ministro ex JJ. CC. y no-experto en educación conduce a mejorar la enseñanza, y todas a consumar la revolución. Luego, lo que rinda la Reforma Tributaria, en la parte que irá a educación (si es que aquélla rinde algo, porque va a castigar el crecimiento y, por tanto, también la recaudación) contribuirá en nada a mejorar el aprendizaje. Será plata botada a la calle. Mejor dicho, más plata botada a la calle.

El peor de todos los males, el comunismo, duró setenta. Y en Chile sólo mil treinta y siete días, en su primera pasada. En la actual, si nada extraño sucede, va a durar en total mil cuatrocientos sesenta. Yo casi podría decir quién va a ser el próximo Presidente, y les garantizo que no va a ser comunista. Pero la mala noticia para él es que se va a tener que hacer cargo de un desastre.

Pues este gobierno nos va a dejar más pobres, menos libres y peor educados. Más pobres, porque ya está haciendo todo lo necesario para disminuir el crecimiento, es decir, “la torta a repartir”. La misma ya crece menos, con sólo el anuncio de las medidas. Ya nadie habla del 5% y ni siquiera del 4% en 2014, como pronosticaban el año pasado, sino que los optimistas dicen 3,4% y los pesimistas menos de 3%.

Vamos a ser menos libres porque desde todos lados hay amenazas a la libertad de emprender. Y desde ya se está destruyendo metódicamente un sector en el cual ella ya estaba constreñida, pero permitía señalados éxitos, como el de la educación. La libertad de fundar universidades, consagrada, como tantas otras, por el Gobierno Militar, y que hizo posible acceder a la enseñanza superior a más de un millón de jóvenes chilenos que antes quedaban marginados de la misma, ha sido virtualmente suprimida debido a la persecución contra el lucro. Se ha dado la señal de que ningún emprendedor puede formar una universidad y hacer una ganancia. Cuando ello era posible, se crearon grandes universidades privadas con capitales nacionales y extranjeros. Ahora estos últimos hacen empeños por escapar del país y rescatar algo de lo que invirtieron en él, pero sufriendo enormes pérdidas. La industria universitaria privada completa está en jaque.

Y la persecución contra el lucro en la enseñanza particular subvencionada está ya haciendo huir de ella a muchos emprendedores. ¿Alguien cree que cerrando colegios particulares, a los cuales los padres, que no son nada de tontos, estaban llevando a sus hijos aunque tuvieran que pagar, en lugar de llevarlos a la enseñanza estatal gratuita, va a mejorar la educación? Nadie. Y entonces ¿por qué se hace? ¡Porque está en curso una revolución comunista, conducida por un ministro ex miembro de las JJ. CC., que no entiende nada de educación pero sí de revolución! ¿Alguien cree que sin copago los alumnos van a aprender más? ¡Por favor! Este es un tema político-ideológico.

¿Y alguien cree que en un colegio cuyos alumnos no han sido seleccionados, sino ingresados a través de una tómbola, ellos van a aprender más que cuando había selección, si sigue habiendo los mismos profesores?

En síntesis, ninguna de las medidas impulsadas por el ministro ex JJ. CC. y no-experto en educación conduce a mejorar la enseñanza, y todas a consumar la revolución. Luego, lo que rinda la Reforma Tributaria, en la parte que irá a educación (si es que aquélla rinde algo, porque va a castigar el crecimiento y, por tanto, también la recaudación) contribuirá en nada a mejorar el aprendizaje. Será plata botada a la calle. Mejor dicho, más plata botada a la calle.

Porque anoche me enteré en Teletrece que ya el fisco ha gastado en el Transantiago diez mil millones de dólares, desde que Michelle Bachelet 1.0 le dio el “vamos” en 2006 y reemplazó a un sistema privado que dejaba excedentes y trasladaba mejor a la gente por otro peor y que arroja gigantescas pérdidas. Con la suma de ellas se podría haber dotado de buses de lujo, silenciosos y con televisión en colores a los trece mil dueños de micros amarillas y haberles construido autopistas exclusivas, para que no hicieran tacos y los pasajeros demoraran menos. Pero se ha gastado esa enorme suma en un plan socialista que empeora el servicio. Y no hay visos de que la hemorragia pueda detenerse, pues se anuncia que se destinará otros mil y tantos millones de dólares adicionales para tratar de mejorar el engendro. En el mismo noticiero los pasajeros le ponían nota 3 o 4 al Transantiago, igual o menos que a las antiguas micros amarillas.

Todo esto es un desastre, y hay muchos otros en preparación o en curso. La mala noticia es que nos faltan 1.373 días de despropósitos. Se nos van a hacer muy largos, pero no hay mal que dure cien años: la gran ventaja de los gobiernos cortos es que, cuando son tan malos como éste, desde su inicio se puede divisar la luz al final del túnel.

La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos
de apoyar una causa que creemos que es justa.
Abraham Lincoln

UNION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL
UNOFAR FILIAL VALPARAISO
fundada el 25 de junio de 1991

LAS OPINIONES DE ESTA COLUMNA DE OPINIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR
Cumplieron destinaciones en organismos de inteligencia de válida existencia legal y aún cuando todas ellas fueron ejecutadas con conocimiento y aprobación de la Contraloría General de la República.

Aunque parezca extraño, esto es lo que se deduce de la lectura del fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a través del cual se desaforó al Diputado Rosauro Martínez Labbé, por haber dado la orden que causó la muerte de tres guerrilleros en la zona de Neltume, cuando en el año 1981 se desempeñaba como Comandante de la Compañía de Comandos N° 8, hecho calificado por la Corte como un “asesinato”. No sería raro que más de alguien considere exagerada una aseveración de esta naturaleza, sin embargo, la simple lectura de esta resolución judicial nos indica claramente que para el sistema judicial chileno actual es mejor ser enemigo del Estado antes que cumplir con las tareas que la Defensa Nacional impone a sus Fuerzas Armadas.

No hay otra interpretación posible cuando los ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia señalan en su fallo que una acción militar de este tipo, desarrollada por una unidad del Ejército, en plena vigencia del Estado de Sitio y previa orden escrita de la autoridad jerárquica competente, es considerada como un acto criminal, destinado a eliminar a un grupo de inocentes guerrilleros que pretendían operar en el sur del país. No cabe duda posible cuando se lee uno de los párrafos del fallo que dice textualmente: “…resultan pertinentes el oficio y documento adjunto de fojas 828 y 829, que dan cuenta de la orden secreta que debía ejecutar la Compañía de Comandos Nº 8 a cargo de su Comandante con el objeto de neutralizar la guerrilla que pretendía operar en la zona cordillerana del Neltume, autorizándose, al efecto, el empleo de técnicas de contraguerillas en el marco de la denominada Operación Machete…”

Como se observa, el fallo no deja lugar a interpretaciones, al establecer: 1) que se trató de una operación militar; 2) que su ejecución fue debidamente ordenada al Comandante de una Compañía de Comandos a través de un documento emanado de su mando superior; 3) que la misión recibida por este comandante de compañía fue neutralizar una fuerza guerrillera; 4) que se le autorizaba el uso de las técnicas de combate que la doctrina institucional establecía para luchar contra este tipo de enemigos del estado.

Lo que la resolución de los ilustrísimos ministros está sugiriendo es gravísimo, al plantear a través de ella que una unidad de las Fuerzas Armadas chilenas no estaría facultada para emplear sus armas ni las técnicas de combate establecidas en sus reglamentos –debidamente aprobados por las autoridades políticas del país− para accionar contra una amenaza a la seguridad del Estado. No hay que ser un experto en materias militares para comprender que la dicha calificación de amenaza y la consecuente declaración de un estado de excepción constitucional, jamás podría estar al alcance del comandante de una compañía, unidad básica que siempre dependerá orgánicamente de una unidad superior, encuadrada ésta a su vez en otra de mayor porte. El fallo en cuestión pareciera indicar que los militares se mandaban solos, basándose en la típica y torcida interpretación introducida por la izquierda política, más que en un acucioso estudio del origen del empleo de la fuerza militar en nombre del Estado de Chile, realizado por una pequeña unidad de comandos. Con ello, esta resolución se plantea como una variante innovadora de otros fallos que –haciendo caso omiso de la obediencia debida que fundamente la vida militar− han llegado a acusar de “asociación ilícita” a los militares que

cumplieron destinaciones en organismos de inteligencia de válida existencia legal y aún cuando todas ellas fueron ejecutadas con conocimiento y aprobación de la Contraloría General de la República.

Esta escalada de aberraciones judiciales no parece tener fin y sus efectos sin duda estimulan a los jóvenes a participar en acciones subversivas, tales como el sabotaje y la guerrilla, al presentarlas como actividades no criminales. Ante una resolución como ésta, cabe preguntarse si un miembro de las FF.AA. actuales –enfrentado a una crítica situación de combate− puede realmente confiar en las órdenes que reciba de sus mandos, sabiendo que su cumplimiento puede llevarlo a ser acusado criminalmente, quien sabe cuántos años después. En el caso del Capitán Martínez de 1981 y hoy Honorable Diputado, han pasado 32 años y su actuación será tratada una vez más como “delito de lesa humanidad”, aplicando con efecto retroactivo un cuerpo legal vigente en Chilesólo a partir del año 2009 y que señala expresamente en su texto su inaplicabilidad para hechos ocurridos con anterioridad. Lo peor de todo, es que los jueces lo saben; que los abogados lo saben; que las facultades de Derecho de las Universidades chilenas lo saben; que la Contraloría lo sabe; que el Gobierno lo sabe; que los ciudadanos más ilustrados (incluso algunos políticos) también lo saben; y nadie dice ni dirá nada… ¿hasta cuándo…?

La ideologización de una parte del sistema judicial chileno es evidente, en especial al observar el vocabulario empleado por los redactores de este fallo, cuando dicen respecto del Capitán Rosauro Martínez que éste “…detentaba el brazo armado operativo del ejército a cargo de la neutralización de la guerrilla…”. Ello nos debe llevar a pensar en un grave abandono de deberes por parte de quienes –por principio− deben ser apolíticos, confirmando con este tipo de actos el compromiso creciente de un sector de la judicatura con esta nueva versión de la justicia popular, impuesta por los neo-revolucionarios socialistas, hoy empeñados en llevarnos de vuelta al pasado oscuro de Allende y su Unidad Popular. Junto a ello, se confirma el asentamiento definitivo de la filosofía del Juez Carlos Cerda, quien dejó en claro ante el Senado que –según su peculiar criterio− los jueces no deben limitar su acción a aplicar la Ley, sino que deben interpretarla, siendo válido para él el involucramiento emocional, es decir el predominio de sus sentimientos respecto de la materia que deben juzgar.

Curiosamente, ante un desafuero tan impropio como injusto y que afecta a un diputado que ha sido reelecto nada menos que seis veces en su distrito, observamos que −en términos comunicacionales− la reacción de sus camaradas de partido y de alianza se asemeja a lo ocurrido con el mejor alcalde que ha tenido la Comuna de Providencia, brillando por su ausencia la cerrada defensa esperable ante la eventual pérdida de uno de los suyos y que agravaría aún mas la precariedad de su presencia en el parlamento. El silencio corporativo en este caso, hace pensar en una reiteración de la búsqueda de una inmunidad profiláctica respecto del tema militar, aún cuando estén conscientes de la inconstitucionalidad de la resolución judicial que afecta a Martínez y que ésta traerá graves consecuencias sobre las instituciones armadas y la forma de encarar por sus integrantes el futuro cumplimiento de sus misiones, estimulando la comisión de nuevos y mayores delitos subversivos.

16 de Mayo de 2014

Patricio Quilhot Palma