Autor: FJDM-C

¿POR QUÉ LOS INDULTOS DE CASTILLO Y MONTENEGRO SE FIRMARON UN DÍA DESPUÉS QUE LOS OTROS ONCE? LAS INCOHERENCIAS SIN RESPONDER DEL ERROR DEL GOBIERNO

Juan Manuel Ojeda e Isabel Caro

La Tercera PM, 06/01/2023

Los 13 indultos del gobierno a personas condenadas -en su mayoría- por delitos vinculados al estallido social están rodeados de una serie de incoherencias que, a una semana desde que fueron comunicados por La Moneda, siguen sin responderse.

El episodio -y las dos derrotas consecutivas en el nombramiento del fiscal nacional ante el Senado- tiene en un complejo momento a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien junto con enfrentar una acusación constitucional que el próximo lunes presentará Chile Vamos, sufre de una mala evaluación por parte del equipo del Presidente.

A las solicitudes de renuncia de la oposición se le suma las palabras de la timonel PS, Paulina Vodanovic, quien apuntó a Justicia como responsable de los consecutivos traspiés políticos que han seguido de los indultos.

En Palacio -donde Ríos llegó alrededor del mediodía de hoy a una seguidilla de reuniones- existe la convicción de que su cuenta corriente está agotada y no se descarta que pueda salir del cargo en los próximos días. De hecho, una versión asegura que este jueves estaba previsto que se le pidiera la renuncia, lo que finalmente no ocurrió.

Como sea, el capítulo de los indultos aún deja incógnitas sin resolver, las que se acrecentaron este jueves, cuando la cartera de Justicia publicó, a través de transparencia activa, los decretos de todos los condenados que recibieron este beneficio presidencial.

Una vez que se hicieron públicos estos documentos hubo un dato que, de inmediato, llamó la atención. En total hay 13 decretos de indultos, de los cuales 11 fueron firmados el jueves 29 de diciembre y dos se firmaron el 30 de diciembre. Estos dos últimos corresponden a Luis Castillo Opazo (37), condenado por desórdenes y robo en lugar no habitado; y Sebastián Montenegro Coo, condenado por porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones (25).

La cadena de equivocaciones que rodea a la decisión del Presidente Gabriel Boric de beneficiar a 13 internos está llena de cabos sueltos que el Ejecutivo aún no explica. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, habría estado al borde de salir de su cargo ayer.

Esta diferencia de fechas lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué pasó entre el jueves y el viernes que hizo que el gobierno agregara dos decretos más? La respuesta a esa interrogante lleva de inmediato a una serie de cabos sueltos que no calzan y que tienen su origen en lo que el propio gobierno calificó como un error.

Cronología de un error que no calza. La historia parte a las 13:00 del viernes 30 de diciembre. Fue a esa hora cuando Presidencia envió un comunicado oficial del gobierno que llevaba como título: “Presidente de la República indulta a 11 personas”. La escueta comunicación enumeraba el listado de indultados.

Hasta ese momento todo parecía ir bien. La noticia comenzó a ser divulgada por los medios de comunicación y de a poco se comenzaba a saber quiénes habían sido los beneficiados por el Presidente Gabriel Boric. La calma se terminó media hora después.

Pasadas las 13:30 un miembro de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia empezó a alertar, en privado, a los periodistas. Desde la propia cartera se advertía que la lista publicada por Presidencia tenía errores.

La equivocación, tal como fue manifestado en privado y de forma explícita por Justicia, fue que Castillo y Montenegro no estaban indultados. Esto último iba remarcado en mayúsculas y negrita.

Al final se añadía un último comentario: “Alejandro Carvajal Gutiérrez SÍ INDULTADO y Matías Rojas Marambio SÍ INDULTADO”. Es decir, dos nombres del listado oficial de Presidencia -Castillo y Montenegro- no habían sido indultados y en cambio dos nuevos condenados -Carvajal y Rojas- habían sido omitidos de la comunicación del Ejecutivo, pero sí recibirían el beneficio.

Carvajal había sido condenado por quemar la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, y Rojas, por lanzamiento de artefacto incendiario.

Cuando salió el primer comunicado de Presidencia, la senadora Fabiola Campillai (Independiente) -quien fue la principal impulsora de los indultos- guardó silencio. Ante las solicitudes para que se refiriera a la decisión del gobierno, el equipo de Campillai, pasado algunos minutos, transmitió que el listado estaba equivocado y que no hablaría hasta que La Moneda aclarara el asunto.

La senadora pudo identificar de inmediato el error: ella misma había hecho gestiones por estos condenados y estaba en conocimiento de que tanto a Carvajal como a Rojas sí les correspondía el beneficio.

La advertencia de Justicia enredó todo. Ese viernes en la tarde las autoridades de La Moneda guardaban silencio y el ambiente se tensionó por varias horas entre los inquilinos de Palacio y los del Ministerio de Justicia. Los equipos del Presidente se contactaron con los de la cartera liderada por la ministra Marcela Ríos para corroborar que la lista original que les habían enviado correspondía efectivamente a los indultos concedidos por el Mandatario.

Una semana después esta cadena de errores se vuelve a enredar aún más. Al ver la fecha de los decretos ya publicados, la primera versión entregada por Justicia -que Castillo y Montenegro no habían recibido el indulto y que tenían que ser reemplazados por Carvajal y Rojas- tiene aún más sustento.

Los indultos habían sido firmados el día anterior (29 de diciembre) y en ellos no estaba los dos primeros, pero sí los otros dos condenados. Por eso para Justicia, hasta ese momento, el error era evidente, ya que el comunicado de Presidencia no calzaba con los decretos que se habían firmado el día anterior.

La molestia de Presidencia fue tal, que presionaron para que Justicia se hiciera cargo, esta vez de manera pública, del error que ellos mismos estaban advirtiendo. El silencio del gobierno fue rotundo y duró hasta las 16:13 de ese viernes 30 de diciembre.

Pese a todo, en las últimas horas ha surgido otra versión en La Moneda: que el error en la nómina de indultados habría sido del jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, quien tuvo un rol activo en todo el proceso de selección de los casos.

Volviendo al viernes 30 de diciembre, fue pasadas las 16:15 cuando la entonces directora de comunicaciones del Ministerio de Justicia, Alejandra Lazo, envió la versión oficial. “El ministerio informa que, por error, la unidad de comunicaciones del ministerio envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas por S.E. el Presidente de la República”, se leía en el documento, agregando que “al advertir que faltaban dos nombres en el listado final, se envió la información correcta a Presidencia”.

Si esta última versión de Justicia fuera cierta, no tiene sentido que haya 11 indultos firmados el 29 de diciembre y solo dos firmados el 30 de diciembre. Más aún cuando los dos condenados que resultaron beneficiados un día después que el resto son justo los que la cartera de Ríos había informado que no recibirían el beneficio.

¿Qué fue lo que pasó entre el 29 de diciembre y el 30 de diciembre? ¿Por qué se decidió agregar, a último minuto, a dos condenados más dentro del listado de beneficiados? ¿Quién solicitó agregarlos? ¿Por qué si antes no habían calificado para el indulto, luego sí calificaron el viernes 30 de diciembre? ¿Hubo algún cambio de criterio? Todas esas preguntas siguen sin responderse.

La Tercera PM solicitó con tiempo a la Unidad de Comunicaciones de Justicia una explicación sobre lo ocurrido. Pese a la insistencia, la cartera de Ríos optó por el silencio y no respondió ninguna de las consultas realizadas.

La oposición calificó esta secuencia de errores como “graves”.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, hasta el momento ninguna autoridad de Justicia se ha hecho responsable. Lo único que pasó fue que el viernes en la tarde Lazo presentó su renuncia y la ministra la aceptó.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Indultos desde la teoría económica.

Columna de Michèle Labbé.

En economía existe un concepto llamado preferencias reveladas, que no es más que la lectura de los actos (y no de las palabras) de los agentes, para determinar sus preferencias.

Este concepto económico no sólo es aplicable a las decisiones económicas, sino a las decisiones de todo tipo, incluso las políticas.

En horas de la tarde del 30 de diciembre de 2022, mientras se desarrollaba la mesa de acuerdo por la seguridad, y sin sus miembros estuvieran enterados de lo que sucedía en el exterior, el presidente Boric anunció el indulto a 10 condenados por casos derivados del estallido social (que terminaron siendo 12) y a un ex guerrillero condenado por asalto a un banco, después de haber perdido la libertad por segunda vez (había sido detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua por asociación ilícita terrorista e indultado durante el gobierno del ex presidente Lagos).

La noticia llegó después de un par de días de relativa tranquilidad, donde el presidente se perfilaba buscando acercarse a la solución de los problemas de la ciudadanía, al establecer una mesa de seguridad, lo que había llevado a muchos creer que el presidente estaba “aprendiendo” a gobernar al buscar acuerdos y que el presidente estaba comenzando a “entender” lo que los chilenos le dijimos el 4 de septiembre, cuando rechazamos su visión de país.

Pero la preferencias no tardaron en revelarse, y el presidente que algunos pensaron que estaba “aprendiendo” a gobernar y estaba comenzando a “entender”, no había aprendido nada y siempre ha comprendido todo.

El presidente actúa como estratega, y para quien ésta es su guerra, una guerra para lograr el objetivo final de imponer en Chile su visión de país, a cualquier costo, razón por la cual no sólo justifica la violencia y la delincuencia, pues le son utilitarias a sus fines, sino que además libera a quienes fueron juzgados y condenados por crímenes, ya que en el futuro le pueden ser útiles en su camino a la obtención del objetivo final; y usa todas las herramientas que le brinda la democracia, entre ellas, el engañar a los otros poderes del estado, haciéndoles creer que está negociando. El presidente actúa como un estratega muy bien entrenado por el partido comunista.

El presidente no es tonto, siempre entendió lo que los chilenos le dijimos (gritamos en la cara dirían algunos) el 4 de septiembre, y no cambia su rumbo, porque NO LE IMPORTA. La opinión de los chilenos a su juicio superior, es una opinión carente de sustancia de un pueblo sometido y atrasado, y por tanto, no debe ser tomada en cuenta. Tanto así que le responde al poder judicial diciéndole que está totalmente de acuerdo con su recordatorio, pero no pide disculpas por su intromisión en las atribuciones de la justicia. En efecto, en las palabras el presidente reconoce errores, pero en los hechos y acciones él nunca ha pedido disculpas, pues sus “errores” son parte de la estrategia seguida.

Al presidente no lo convencen el razonamiento y el sentido común, porque lo ciega la ideología y su visión de un paraíso terrenal, paraíso que no es más que un infierno para todos ciudadanos de los países en que sus ideas han triunfado.

El presidente no está aprendiendo a gobernar, él sabe gobernar y lo hace mejor que muchos de los que llevan años en el poder, pero lo hace bajo su propia estrategia, donde el fin no justifica los medios. Sus palabras de acercamiento, sus supuestos cambios de rumbo, al incluir a miembros del socialismo democrático en su gobierno, es sólo un medio para ganar tiempo suficiente para desarrollar su plan de implantar en Chile un gobierno autoritario de izquierda, que significará el fin de la libertad de la que gozamos todos los chilenos. Por algo su propia coalición habla de los otros como “socialismo democrático”, evidenciando que ellos ¡no creen en la democracia!

Hasta cuando nuestros representantes políticos se tapan los ojos y los oídos ante esta realidad. Si queremos luchar por nuestra libertad, necesitamos hacerlo en su terreno, y no dejarlo avanzar, y para ello, debemos dejar de creer que los chanchos vuelan y empezar por frenar toda iniciativa de ley que les facilite su tarea, para empezar frenando todo intento de obtener financiamiento de los chilenos a través del pago de más impuestos y de la entrega de nuestros ahorros de pensiones.

El presidente ya reveló sus preferencias.

Un aporte de nuestro copresidente Humberto Julio Reyes

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

METODOLOGÍA PARA EXPERTOS CONTRA RELOJ

Jaime Arancibia Mattar

El Mercurio, Columnistas, 03/01/2023

El Acuerdo por Chile contempla una comisión de expertos que elaborará un proyecto de nueva Constitución en tres meses. ¿Pueden 24 peritos con convicciones y egos tan diversos como sólidos acordar un centenar de artículos sobre los poderes y derechos fundamentales de la Nación, con un quorum de 3/5, en apenas 12 semanas?

Siendo realistas, semejante encargo solo es viable mediante el método de codificación aplicado por juristas de la talla de Triboniano, Portalis y Bello, con el orden y ritmo de Toscanini.

Podemos resumirlo en tres criterios pragmáticos: a) mantener intactas o actualizar con exactitud geométrica las normas de vigencia centenaria, aquellas que honran la sabiduría de nuestros ancestros; b) eliminar disposiciones innecesarias; y c) introducir preceptos modernos con arraigo en la práctica jurídica del pueblo, evitando entelequias o caprichos ideológicos.

Este método supone que el Derecho se hace a lo largo del “tiempo” más que en un “momento”, y que el trabajo legislativo de los juristas consiste en sintetizar más que en inventar el Derecho, de modo eficiente.

”…solo podrán elaborar una buena Carta Magna contra reloj si son pequeños en hombros de gigantes, si siguen con docilidad la lógica de las bases del Acuerdo…”.

Los políticos no podrían reemplazar a los juristas en esta tarea, porque el Derecho “no se encuentra en el secreto pecho del Emperador, sino en el escritorio de sus doctores” (de Pistoia, s. XIV) y es “un arte que requiere de largo estudio y experiencia” (sir Coke, s. XVII).

Pero tampoco los juristas deberían dárselas de neodespotistas ilustrados. Ya Cicerón (s. I a. C.) decía que la Constitución romana “no se formó en una generación, sino en varios siglos de continuidad”, porque “jamás pudieron todos los ingenios proveer tanto en un solo momento, que pudieran abarcar todo sin la experiencia de la realidad prolongada por mucho tiempo”.

El método aparece en la comisión presidida por Triboniano para elaborar el Digesto de Justiniano (s. VI), instruida para terminar el encargo “lo más rápido posible”. Para eso se dividió en comités temáticos a cargo de destacados profesores de Beirut y Constantinopla, que escogieron principalmente aforismos probados e intercalaron algunos modernos.

Portalis, escogido por Napoleón por su conocimiento y pragmatismo, recurrió al método para terminar el trabajo de codificación civil en cuatro meses. Su Discurso Preliminar advirtió que elaborar una normativa absolutamente nueva estaría “por encima de las fuerzas humanas… si se desdeñara aprovechar la experiencia del pasado y la tradición de sentido común, de reglas y de máximas que han llegado hasta nosotros y que forman el espíritu de los siglos”.

La historia se repite con Andrés Bello. Acomete su labor codificadora civil con una “sabiduría y expedición” aplicable también a las constituciones, para cuya elaboración propone remedios caseros en vez de teoremas, evitando poner en planta “una máquina enteramente nueva, cuya acción es imposible de dirigir y calcular si no se emplean instrumentos conocidos, en manos acostumbradas a usarlos”, “porque si la Constitución está en lucha con las costumbres, con el carácter nacional, será viciosa”.

Estas experiencias enseñan que los expertos solo podrán elaborar una buena Carta Magna contra reloj si son pequeños en hombros de gigantes, si siguen con docilidad la lógica de las bases del Acuerdo, que recogen los principios del Derecho Constitucional chileno, asentados en los textos constitucionales desde el albor republicano.

Deberían ser intérpretes fieles, ágiles y austeros de las fuentes modernas que perfeccionan nuestra identidad político-jurídica. Es preciso evitar extremos de vaguedad, casuismo y detalle, de tradicionalismo y revolución. Por razones de tiempo, conviene concentrarse en el diseño arquitectónico o estructura jurídica de la Constitución, confiando lo demás a los representantes del pueblo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

CREAR GOBERNABILIDAD

José Joaquín Brunner

El Mercurio, Columnistas, 03/01/2023

El año que comienza, como el anterior, será esencialmente un año político. El proceso constitucional continuará estructurando la agenda pública; el próximo 15-N cumplirá cuatro años. Además, elegiremos —mediante voto obligatorio— a las y los miembros del Consejo Constitucional y concurriremos al segundo plebiscito de salida.

Adicionalmente, la esfera política estará sobrecargada: elección de expertos constitucionales, reformas tributaria y previsional, temas penales y de seguridad.

Volverán a estar en discusión —con variable eco en la opinión pública encuestada— las libertades fundamentales, la provisión y el financiamiento de los derechos sociales, la organización de los poderes del Estado, el reconocimiento de los pueblos originarios, el orden público, la matriz de una economía mixta, la profundización de la democracia y otros asuntos vitales para el futuro de la república.

Todo esto marcará nuestro nuevo año. Por añadidura, será de alta tensión. La sociedad civil está inquieta y sufrirá los embates redoblados de la inseguridad económica y de los riesgos que amenazan la integridad personal, la salud y el futuro de las personas. El Gobierno continuará en un precario equilibrio, tironeado ideológicamente desde dentro y debilitado hacia fuera por su escasa popularidad.

El Presidente Boric se mantendrá en la cuerda floja, exigido por su propio discurso programático, que, sin embargo, ha perdido todo viso de realidad. Aun su aplicación en materias principalmente simbólicas le acarrea altos costos.

”Dependemos de la política, sus instituciones y personal para salir adelante”.

La proliferación de partidos, con su cascada de subdivisiones y liderazgos inorgánicos, seguirá horadando la efectividad de los procesos de decisión. Esto crea la imagen de una clase política ensimismada, frívola y alejada de la gente, imagen cara al periodismo y abono fértil, a la vez, para reacciones autoritarias o populistas.

Con todo, dependemos de la política, sus instituciones y personal para salir adelante.

Nuestro problema principal no es el gobierno que tenemos —a fin de cuentas funcional y elegido por una mayoría— ni la oposición de derechas que se siente fortalecida por el 4-S pero dista de ser una real alternativa de conducción por el momento.

Por lo demás, tanto el gobierno Boric como la oposición y sus dirigentes hacen esfuerzos por adaptarse a las circunstancias y crear acuerdos (todavía tímidos e insuficientes) de gobernabilidad.

De eso se trata, precisamente. De hacer frente a la crisis de gobernabilidad que se manifestó en el gobierno pasado y que aún perdura. Es una cuestión social, económica y política de alta complejidad técnica e ideológica.

Todos necesitamos esforzarnos para crear las condiciones de una nueva gobernabilidad para hacer frente a los desafíos que, sabemos, serán de gran magnitud durante la primera mitad del siglo XXI.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional