S/C
U al dia
¿ Y SE HIZO JUSTICIA ?
A quienes han condenado duramente a estos camaradas, conviene recordarles que, tal como lo ha señalado el propio Presidente de la Corte Suprema en ejercicio, ninguno de los inculpados y procesados de acuerdo al antiguo sistema procesal ha tenido garantía alguna, en otras palabras no han tenido derecho a un debido proceso. Fueron condenados de antemano, sólo las penas a aplicarles quedaban sujetas a las distintas instancias judiciales.
La Corte Suprema ha dictado fallo definitivo en el llamado caso Prats, después de más de 35 años de sucedidos los hechos.
La sentencia afecta a varios camaradas, algunos miembros de la Unión de Oficiales en Retiro, situación que despierta nuevamente nuestra solidaridad, expresada como política de nuestra organización:
“Apoyamos a nuestros camaradas en desgracia, a los que cumplen penas en prisión y a quienes están en calidad de procesados, sin pronunciarnos respecto a su presunta o efectiva responsabilidad o culpabilidad”.
Una prudencia elemental nos inhibe de juzgar a quienes no eligieron estar donde estuvieron y que cumplieron con su deber de obediencia de acuerdo a su conciencia y sentido de la disciplina.
Tampoco conocemos los antecedentes de este y otros procesos, a excepción de aquello que nos tocó vivir o que es de conocimiento público en forma no controvertida.
A quienes han condenado duramente a estos camaradas, conviene recordarles que, tal como lo ha señalado el propio Presidente de la Corte Suprema en ejercicio, ninguno de los inculpados y procesados de acuerdo al antiguo sistema procesal ha tenido garantía alguna, en otras palabras no han tenido derecho a un debido proceso. Fueron condenados de antemano, sólo las penas a aplicarles quedaban sujetas a las distintas instancias judiciales.
Quedamos con la duda razonable respecto a lo que realmente ocurrió y a quienes fueron los que efectivamente debieran responder como responsables o culpables de este crimen sólo explicable en el ambiente de odio generado por la crisis que culminó el 11 de septiembre de 1973.
Es efectivo que el General Carlos Prats González (QEPD) renunció a su cargo después que perdiera su ascendiente de mando, situación que no puede ser ignorada por lo que ahora se nos muestra como un cruel e innecesario asesinato, en particular por que al llevarlo a cabo también se ultimó a su esposa.
Las verdaderas causas de este crimen y sus motivaciones deben pesar eternamente en la conciencia del autor confeso y de quienes tuvieron efectiva autoría intelectual o pudieron colaborar a sabiendas a su perpetración.
En el vecino país y en relación con esto último, dos generales han dado recientemente una lección a muchos al asumir plenamente sus responsabilidades, a sabiendas que ya han sido condenados.
Ese es un ejemplo que quisiéramos hubiera sido seguido en nuestro país por todo aquel que, al rehuir sus responsabilidades, ha dejado en la estacada sus subalternos que fielmente le obedecieron. Nunca es tarde.
U al dia
SE PRESUME CULPABLE. (Invitación aniversario UNOFAR Va. Región. Ver adjunto y en filiales). Ver en adjunto comentario radial “No bastan las declaraciones” de Raúl Hermosilla
Repitiendo el reciente episodio de la citación al Subsecretario de Defensa y en perfecta sincronización, ya se ha exigido que se le pida la renuncia al actual embajador de Chile en Panamá, por supuesto antes que siquiera preste declaración. Debemos decir que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ya estamos acostumbrados a semejante predicamento.
Prosiguiendo incansable su labor, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en realidad una de sus abogadas, ha procedido a obtener la citación como inculpado del actual embajador de Chile en Panamá.
Repitiendo el reciente episodio de la citación al Subsecretario de Defensa y en perfecta sincronización, ya se ha exigido que se le pida la renuncia, por supuesto antes que siquiera preste declaración.
Esto parece realmente un modelo de eficiencia, si de eliminar funcionarios nombrados por el actual gobierno se trata.
Para plantear esta extemporánea exigencia, por supuesto que se le presume culpable ya que el hecho que haya prestado servicios en la embajada de Chile en Argentina, durante el gobierno militar, aunque fuera en funciones muy subalternas, basta para fundamentarla.
No interesa que se trate de un distinguido funcionario de larga carrera y que haya servido en todos los diversos cargos y destinos propios del escalafón del Servicio Exterior.
Debemos decir que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ya estamos acostumbrados a semejante predicamento.
La presunción de culpabilidad se basa en haber pertenecido a estas instituciones y haber estado en servicio activo el 11 de septiembre de 1973.
Si no renunció inmediatamente significa que es cómplice, encubridor o autor de atroces crímenes, salvo que logre demostrar, cosa bastante difícil con el antiguo sistema penal que se nos aplica, que se estaba con licencia en algún lejano país.
El solo hecho de haber pertenecido a una unidad militar o policial ya es suficiente argumento: tuvo que tener participación en algo o, al menos, haberse enterado de algo.
En estos días, y a raíz de la citación al Subsecretario de Defensa, se ha llegado a sostener que esta autoridad debió concurrir voluntariamente a declarar, sin esperar que se le citara, aunque nada pueda aportar en el caso que se investiga.
A quien no lo haga, por absurdo que parezca, se le presume culpable.
2010-07-03
U al dia
GANAR POR SECRETARÍA/// Cambio fecha de sesión solemne de Aniversario de UNOFAR V. Viernes 09 de Julio, a las 12.00 horas, en los salones del Club Naval de Valparaíso.(ver invitación en “filiales”) Movimiento mensual de socios julio 2010
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN CLUB DE OFICIALES DE LA FACH EL 5 DE JULIO A LAS 12.30 HRS. Y DESPUÉS ALMUERZO SIN COSTO. DETALLES EN LA AGENDA.CONFIRME SU ASISTENCIA.
La semana recientemente pasada la opinión pública se ha enterado de un nuevo intento de honrar esta costumbre nacional.
Nuevamente, los protagonistas han sido los (as) dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Llegaron a La Moneda a exigir la satisfacción de algunas peticiones, siendo la central la exclusión de cualquier beneficio futuro a quienes cumplen condenas o han sido procesados en causas instruidas por reprimir al extremismo y que los medios de comunicación califican como de Derechos Humanos.
Se nos dirá que, en el pedir no hay engaño, pero parece excesivo que, quienes han sido apoyados permanentemente por el Estado Chileno y favorecidos por el Poder Judicial, sigan exigiendo mayores concesiones.
¿Qué los ha motivado en esta nueva exigencia?
Es la perspectiva que, en el marco del jubileo del bicentenario, la Iglesia, junto a otras instituciones, proponga al Gobierno, la concesión de algunos beneficios a los condenados y procesados por la Justicia, tal como es habitual en fechas que conmemoran algún histórico acontecimiento.
No ha sido suficiente el contar con un Poder Judicial dispuesto a dejar de lado el ordenamiento judicial vigente con tal de condenar a todo aquel que es acusado por “violar los derechos humanos”; tampoco el disfrutar de todo tipo de asignaciones pecuniarias, exenciones legales y privilegios a título de “indemnización”.
Había que intentar la obtención “por secretaría” de aquello que la justicia no ha concedido, todavía.
Pero, parece que fueron por lana y salieron trasquilados.
Insatisfechos (as) por las respuestas del Gobierno, han procedido a descalificar a sus interlocutores, asociándolos a la odiosa “dictadura”, sólo porque, esta vez, las autoridades no se apresuraron a conceder lo que se les exigía.
Pero, qué duda cabe, seguirán tratando de “ganar por secretaría”.
2010-06-26
Movimiento mensual Julio 2010.pdf
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Columna de Opinión
INDULTO DEL BICENTENARIO . ¿SOLUCIÓN AL PROBLEMA?
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los “violadores de los derechos humanos”. En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción
Ante la inminente presentación de la propuesta final de la Iglesia Católica sobre el indulto del bicentenario, la izquierda ha comenzado a apretar las clavijas a su estrategia de bloqueo, con el propósito de evitar que se debilite la campaña de persecución político-jurídica que ha orquestado en contra de los militares en retiro.
La ambigüedad mostrada por el gobierno al no definir claramente su posición frente a la posibilidad de que el beneficio pueda llegar a los uniformados condenados por casos de derechos humanos, ha estimulado a la maquinaria vengadora haciéndola llegar incluso a La Moneda, donde intentó imponer las medidas que sirven para sus espurios intereses. Junto con exigir al gobierno que no incluya a los uniformados en el indulto, demandaron a éste el reemplazo de la Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mostrando su insatisfacción por la tarea cumplida por quien dirige la suerte de “cabeza de playa” que la izquierda mantiene dentro del palacio. Esta última petición es realmente curiosa, puesto que hasta ahora dicha funcionaria había realizado al menos dos actuaciones relevantes en favor de la izquierda y que amenazaron gravemente al gobierno de la Alianza.
La primera, como se recordará, correspondió a la insistencia en pedir la reapertura del caso Soria, situación que para fortuna del Ejecutivo fue resuelta convenientemente por la Corte Suprema, evitando que su eventual aceptación desatara una avalancha de reaperturas de otros casos que como éste, se encuentran absolutamente cerrados y ejecutoriados.
La segunda, se trató de la sorpresiva e injustificada citación a declarar en un caso de DD.HH. al recién nombrado Subsecretario de Defensa y ex – Comandante en Jefe del Ejército, la que fuera gestionada por un abogado subalterno del programa en cuestión, sin conocimiento de su jefa, ni menos del Ministro del Interior.
Ambas situaciones debieran haberle ganado a esta funcionaria el agradecimiento de esta suerte de “comando vengador anti-militar”, conformado por una amplia gama de organizaciones establecidas al amparo de la Concertación y financiadas generosamente por los gobiernos anteriores. Sin embargo, el resultado fallido de ambas gestiones incomodó a sus líderes, impulsándolos a exigir su reemplazo a un gobierno que no reaccionó ante el ridículo en que lo dejó esta oficina.
La molestia del Presidente frente a la impertinente exigencia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos quedó en evidencia con la brusca interrupción de la reunión, informada por los medios de prensa y ratificada por las enojadas y frustradas dirigentas, acostumbradas a que las autoridades se doblegaran a sus demandas. El problema es que las dirigentas cometieron en esta oportunidad el grave error de extralimitarse en el ejercicio del poder adquirido en los últimos años, consiguiendo sacar de quicio a un Presidente que se ha caracterizado por adoptar una posición conciliadora y contemporizadora, que al parecer fue confundida con una debilidad inexistente.
Aún cuando la ratificación de la jefa del programa era la reacción esperable ante el exabrupto de la agrupación en cuestión, llama la atención que el Presidente de la República siga validando la existencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, organismo que dice continuar el trabajo de la Comisión de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123 y que terminó su existencia el 31 de Diciembre de 1996. El programa que el Presidente valida, fue creado por Decreto Supremo 1.005 de fecha 25 de Abril de 2007, para un propósito meramente administrativo, es decir para velar por el destino de los bienes de la disuelta comisión, sin que en caso alguno se le faculte para participar en procesos judiciales y sin que pueda prolongar la vida de una corporación extinta por la misma ley que la creó.
¿Cómo se explica entonces que los tribunales de derechos humanos sigan aceptando la participación de este organismo ilegal? ¿Cómo se puede entender que el Ministerio del Interior de este gobierno no se haya tomado la molestia de entender que el tal programa no es otra cosa que una forma de desviación de platas para financiar la venganza? Esta y muchas otras inquietudes surgen de casos como éste, pero es aquí en particular que se agradece el descriterio de la AF.DD.DD., quienes con su acción nos permiten denunciar el hecho de fondo, muchísimo más grave que la buena o mala evaluación de un mando medio del gobierno.
Es realmente sorprendente que la primera autoridad de la nación carezca de una asesoría capaz de advertirle que no debe ni puede seguir validando esta ilegalidad, por la que tarde o temprano alguien deberá rendir cuenta y que
?como se han ido dando las cosas? puede ocurrir que por no haberse deshecho de ella a tiempo, la responsabilidad sea atribuida por los descarados de siempre a un gobierno que la recibió de herencia. ?aunque parezca increible? recién comienza a tener vigencia en Chile a partir de mediados del año 2009, sin poder ser aplicado con efecto retroactivo, según lo establece el propio Estatuto de Roma, instrumento internacional que lo define y que fue suscrito por el gobierno y debidamente ratificado por el Senado. ?ya que no de justicia? a un grupo importante de ex – uniformados hoy en prisión, no es ni la sombra de la solución que este sector de la población necesita, ya que el perdón por el bicentenario solo podrá llegar a algún pequeño universo de presos políticos militares, sin conseguir poner término a la persecución política que se desarrolla sobre una enorme cantidad de ex – miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros y que con la ampliación a los casos de “tortura”, promete seguir con uno cuantos miles más. Todo ello, en un país que se jacta de ser “democrático”.
La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los “violadores de los derechos humanos”. En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción.
Este tipo de abusos pseudo-jurídicos han sido eficazmente cubiertos por el engañoso manto de los delitos de “lesa humanidad”, concepto que
En medio de este caos virtual de la justicia en Chile, la posibilidad de que un indulto permita hacer llegar un poco de clemencia
27 de Junio 2010
Patricio Quilhot Palma
U al dia
PUNTOS DE ENCUENTRO. Cambio fecha de sesión solemne de Aniversario de UNOFAR V. Viernes 09 de Julio, a las 12.00 horas, en los salones del Club Naval de Valparaíso.(ver invitación en “filiales”) Movimiento mensual de socios julio 2010
Frente a un problema cualquiera, no existe naturalmente una solución que deje satisfechos a todos los afectados, pero ello no debiera conducir a un inmovilismo que inhiba absolutamente a las autoridades respectivas.
La participación de nuestro país en el campeonato mundial de fútbol de Sudáfrica nos ha hecho unirnos.
Lo que no se logró plenamente con el reciente sismo del 27 de febrero, donde contrastó la solidaridad de muchos con las mutuas recriminaciones de autoridades salientes y quienes llegaban a reemplazarlas, parece haberse alcanzado en esta oportunidad, al margen de un inicio auspicioso.
Tanto quienes vibran con el “deporte de las multitudes”, como quienes no lo aprecian mayormente o incluso lo detestan debido a sus manifestaciones más negativas, han estado unidos detrás de la selección, apoyándola en el estadio o a la distancia, deseando que el triunfo la acompañe.
Bonito ejemplo.
¿No sería posible que algo similar ocurriera en aquellos grandes temas nacionales donde la unión es condición indispensable?
¿Porqué los esfuerzos por avanzar en distintos ámbitos se encuentran de inmediato con cerrada oposición, priorizándose habitualmente intereses de grupos que desean a toda costa mantener sus prebendas?
No estamos hablando del legítimo derecho a disentir sino al hecho de usar permanentemente el conflicto como herramienta de presión, incluso antes de intentar el diálogo.
Frente a un problema cualquiera, no existe naturalmente una solución que deje satisfechos a todos los afectados, pero ello no debiera conducir a un inmovilismo que inhiba absolutamente a las autoridades respectivas.
Nadie puede pretender que sus puntos de vista se impongan a rajatabla o sentirse dueño de la verdad. Ese es el camino a la intolerancia y a divisiones que aun persisten.
Es de esperar, entonces, que el ánimo de concordia que se palpa en lo deportivo, pueda extenderse a otros ámbitos donde también lo que interesa es participar sin ambicionar el triunfo a toda costa.
2010-06-19
Movimiento mensual Julio 2010.pdf
U al dia
VISIONES DE LA HISTORIA. ANIVERSARIO, SESIÓN SOLEMNE Y ALMUERZO DE CAMARADERÍA FILIAL Va. REGIÓN (ver en filiales). Movimiento mensual y Boletín UNOFAR 158 adjunto al final de la página.
¿Quién se atreve a decir lo que piensa y actuar en consecuencia? El reciente episodio que protagonizara el ya renunciado embajador de Chile en Argentina ha puesto en evidencia la pervivencia de, al menos, dos visiones irreconciliables de nuestra historia reciente.
El reciente episodio que protagonizara el ya renunciado embajador de Chile en Argentina ha puesto en evidencia la pervivencia de, al menos, dos visiones irreconciliables de nuestra historia reciente.
Ello no tendría nada de particular si no fuera porque los partidarios de una, buscan y consiguen imponer, en toda circunstancia, la propia.
¿Dijo acaso el renunciado embajador algo que se apartara de la verdad?
Para quienes hemos vivido de principio a fin la crisis institucional que forzara la intervención de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en septiembre de 1973, la respuesta a dicha pregunta es, naturalmente, un rotundo no.
Si ello fue acertado o prudente, es otro cuento.
Hasta ahí, Dn. Miguel Otero sería solamente una víctima de sus propias palabras.
Sin embargo, con posterioridad, ha intentado matizar sus dichos o equilibrarlos, llegando al extremo de pintarse casi como un opositor del Gobierno Militar.
¿Sirvió de algo equilibrarse, tratando de quedar bien con Dios y con el Diablo?
Indudablemente que fue un esfuerzo estéril, lo que nos lleva a pensar que, cuando se expresa la verdad, por “políticamente incorrecto” que ello resulte, más vale morir con la bandera al tope.
Pero, probablemente, en este ambiente comunicacional donde la concertación pareciera seguir pauteando, ello es mucho pedir.
Esa misma irresistible presión mediática parece haber pesado, por una parte, en la negativa del Ministro de Justicia a otorgar el beneficio de libertad condicional al Mayor ® Patricio Cereceda, quien no constituye peligro alguno para la sociedad, mientras que, por otra, el Ministro del Interior aporta $ 40 millones para financiar el memorial de DD.HH. en Quintero.
¿Quién se atreve a decir lo que piensa y actuar en consecuencia?
2010-06-13