Categoría: Columna de Opinión

                                       Mantener estado de excepción

Señor Director:

El estado de excepción deberá ser mantenido indefinidamente mientras no sean aniquiladas las organizaciones guerrilleras y terroristas que actúan en la zona; lo que será imposible mientras los miembros de las FF.AA. tengan prohibición para usar sus armas letales —salvo en legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas— lo que los deja en calidad de meros espectadores; sin capacidades ofensivas o represivas para resguardar exitosamente bienes públicos o privados, instalaciones estratégicas, de servicios públicos esenciales o de la infraestructura crítica.

¿Cuándo se comprenderá que tales organizaciones, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) —cuyos integrantes se fotografían, encapuchados y desafiantes, con fusiles de guerra— tienen una intención independentista, rechazan la lógica de un Estado unitario, reivindican la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos planteados explícitamente de control territorial, político y militar de la zona y no tienen interés alguno en dialogar con autoridades del Estado de Chile?

¿Cuándo se comprenderá que las referidas organizaciones están en guerra contra el Estado de Chile, una guerra irregular, pero una guerra de verdad; la que debe ser enfrentada como tal, con decisión y con todos los medios disponibles?

                           Atentamente le saluda.

                                                                                                             Adolfo Paúl Latorre                                                                                                                   Abogado

       Viña del Mar, 18 de junio de 2025.

                                        Cumplir con la ley es una casualidad

PILAR MOLINA. Periodista.

¿Acaso la ley permite alegar ignorancia sobre la misma? No, pues, según establece el artículo 8 del Código Civil. Por eso, y definitivamente, acatar la ley se ha convertido en una casualidad, empezando por el Presidente.

Los países no logran el desarrollo por suerte, como tampoco se logran evitar las protestas por el azar. En lo último tuvo razón el Presidente Boric cuando dijo que no era una cuestión de suerte que durante su mandato no se hayan producido las protestas de 2011 o 2019. Pero se equivocó en el diagnóstico. Porque no es la gobernabilidad la que ahuyentó de la calle a los violentistas, a los saqueadores, a los pirómanos y a los agresores de carabineros. Lo que los tiene más inactivos es que la oposición acata la ley y que los violentistas y sus cómplices pasivos, que les garantizaron la impunidad, hoy están en el Gobierno y en esa situación ya no les interesan los movimientos de masas desestabilizadores.

Detrás del puñado de países que ha logrado progreso hay trabajo, esfuerzo, metas, cumplimiento. Y si al desarrollo queremos añadir democracia, se reduce aún más la lista corta de naciones que han logrado ambas cosas. Pero para prosperar se requiere, antes que nada, acatar la ley y las normas de convivencia que se ha dado la sociedad. Imposible hablar de libertad si los ciudadanos tienen que protegerse solos de la amenaza de robos, asesinatos y portonazos, de depredadores de la propiedad privada y delincuentes que creen que es posible desafiar el orden sin consecuencias.

“Qué diversa sería nuestra situación actual como país si no nos hubieran vacunado con la violencia octubrista que buscaron transformar en una “crisis de derechos humanos”

En Chile difícilmente retomaremos la senda del crecimiento y el progreso si no dejamos atrás la anomia que promovió el oficialismo para escalar al poder. Porque llevamos demasiado tiempo encontrando excusas para no acatar las normas. Las tomas de propiedad privada y la criminalidad fueron validadas como una respuesta a la injusticia. Y la violencia física, como una hija de la violencia estructural de la sociedad. No había nada que reprimir, entonces, porque las soluciones están en la ionósfera. Si hasta el diputado Gabriel Boric consideraba que las barricadas interrumpiendo el libre tránsito por la ciudad, amén de la paz de los ciudadanos, eran “legítimas expresiones de resistencia”.

¿Cuánto tiempo llevan nuestros oídos anestesiando el sentido común para no reprimir a los estudiantes que queman sus liceos y a sus rectores con el argumento de que “no hay que criminalizar la legítima protesta”? Lo decía la concejala Carolina Tohá, cuando impedía que el alcalde de Santiago pusiera orden en los liceos, y lo siguen repitiendo hoy cuando se inmovilizan frente a los “overoles blancos” y sus fábricas escolares de molotov.

Qué disímil sería este país sin las distorsiones como que era justo convocar a evadir el Metro, lo cual todavía hace el 43% de los usuarios del Transantiago, al que el Estado tiene que financiar (incluido el gasto espejo en regiones) con cerca de 2 mil millones de dólares al año. Qué diferente sería Chile si a los profesores que hacen prolongados paros les aplicara el Estatuto Docente que establece que la ausencia injustificada da derecho a remoción. Si al menos les descontaran los días no trabajados que hoy les pagan a cambio de “supuestas” clases de recuperación. Qué infinitamente cortas serían las listas de espera si los médicos no estuvieran trabajando en el sector privado mientras lucran en paralelo en el público con licencias falsas. Qué distinto sería si algunos de nuestros parlamentarios no apoyaran hasta el día de hoy protestas de pescadores que bloquean barcos, hacen barricadas y agreden a efectivos de la Armada.

Qué diversa sería nuestra situación actual como país si no nos hubieran vacunado con la violencia octubrista que buscaron transformar en una “crisis de derechos humanos” y en la fiesta de los victimarios convertidos en víctimas de una policía que estaba obligada a cumplir con su deber.

No es casualidad que la Contraloría haya encontrado que 25 mil funcionarios públicos viajan al exterior estafando al Fonasa y robándole a las ISAPRES y que ni se arrugan de “tirar licencias”, cuyo conjunto le cuesta al Estado alrededor de mil 500 millones de dólares al año. Es raro, pero no casualidad que la Contralora esté haciendo cumplir la ley, lo que ha despertado a la jauría acostumbrada a la impunidad. La rareza de Dorothy Pérez es que está cumpliendo con lo que le ordena la ley, cuestión que su predecesor eludió hacer.

Es que cumplir con la ley en este país sí se ha convertido en una casualidad. ¿O no, Gabriel Boric, cuando usted se licenció en Derecho y además asumió la Presidencia de la República y, sin embargo, se atreve a excusarse por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, que usted ordenó y autorizó, con que “no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales”?  ¿Acaso la ley permite alegar ignorancia sobre la misma? No, pues, según establece el artículo 8 del Código Civil. Por eso, y definitivamente, acatar la ley se ha convertido en una casualidad, empezando por el Presidente.

El Líbero

Un aporte de nuestro Past Presidente Humberto Julio Reyes

                       ¿Qué haremos?

Señor Director:

            Fernán Rioseco en su artículo “Frente Amplio: discurso e impostura”, refiriéndose a lo dicho por Óscar Landerretche (“me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias”) pregunta: ¿Qué haremos cuando las fuerzas más extremas de la izquierda intenten desestabilizar nuevamente al país por medio de la violencia?

            Esa es la gran pregunta: ¿Qué haremos en circunstancias que, por una parte, las autoridades de gobierno inhibidas por el “discurso de derechos humanos” —que considera violatoria de tales derechos cualquier uso de la fuerza destinado a reprimir la delincuencia, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo y la insurrección revolucionaria— no se atreven a usar la violencia física legítima del Estado; y, por otra, una fuerza pública cuyos miembros no se atreverán a actuar con el rigor propio de su profesión o, peor aún, que se insubordinarán y se negarán a salir a la calle por temor a ser acusados por el INDH u otras entidades “de derechos humanos” por “abuso de la fuerza” o por “violación de derechos humanos” y porque no serían juzgados por tribunales militares sino que por fiscales y jueces ordinarios que desconocen las características de las profesiones militar y policial y que no les aplicarán las eximentes de responsabilidad criminal establecidas en el Código de Justicia Militar (artículos 208, 410, 411 y 412), con lo que se expondrían a ser condenados a aberrantes, injustas y severas penas de prisión como ocurrió con el capitán de carabineros Patricio Maturana Ojeda, cuya sentencia condenatoria es una canallada que clama al cielo?

Aparte de la aplicación de la violencia física legítima del Estado ¿Qué otra forma eficaz existe para para enfrentar a “manifestantes” o grupos armados radicalizados y violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y que están dispuestos a destruirlo y a quemarlo todo?

¿Cómo pretenden los precandidatos presidenciales controlar o reprimir una nueva asonada revolucionaria como la del 18 de octubre de 2019, que forma parte del proceso insurreccional en curso?

                    Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre

         Abogado