Categoría: Columna de Opinión

                                        SON LAS LEYES, NO LAS REGLAS.

  Humberto Julio Reyes

         Un segundo y reciente grave incidente en que se roba armamento desde un recinto militar custodiado, como debe ser, por una guardia armada, me motivó a superar mi habitual reticencia a comentar temas referidos a nuestras fuerzas armadas.

         Más allá de la información que ha trascendido a la opinión pública, lo afortunadamente inusual del incidente, ha llevado a que se formulen todo tipo de críticas a la aparente ausencia de reacción de dicha guardia y se especule al respecto.

         En mi caso, esperaré el resultado de las investigaciones que se llevan a cabo antes de emitir juicio alguno, pero, como más de alguien ha formulado una pregunta que podría ser legítima, en relación con los protocolos que debiera seguir una guardia militar o si acaso las reglas de uso de la fuerza (RUF), término de moda, garantizan una reacción adecuada en casos como éste, quise compartir con usted, estimado lector, algunas reflexiones y conclusiones muy personales.

         Entrando en materia, fue una opinión que ha circulado en las redes sociales, donde se recordaban las modificaciones introducidas en el Código de Justicia Militar, que dejaron en manos de la justicia civil todo incidente en que pudiera existir la participación de civiles, lo que fatalmente conduce a que quien haga uso de arma, sin importar si lo hizo acatando órdenes de autoridad legítima y cumpliendo debidamente los protocolos (ver caso Jordán Llempi), sea procesado y deba defenderse como simple particular, arriesgando eventualmente la pérdida de su profesión y la prisión efectiva, como a algunos ya les ha ocurrido.

         ¡Vaya con el disuasivo a cumplir con el deber!

         Como esto pudiera parecer absurdo, kafkiano diría un siútico, es útil recordar que dichas modificaciones, al igual que la reforma procesal penal, fueron aprobadas en un ambiente favorable a evitar la repetición de cualquier forma de abuso a los derechos humanos, laudable propósito, pero, como todo aquello que se discute “en caliente” en nuestro Parlamento, se pierde el necesario equilibrio entre quienes no respetan el orden establecido y los que deben asegurarlo, en beneficio de los primeros.

         Ejemplos parecidos sobran, especialmente de malas reformas, como lo fue terminar con el binominal al que se le atribuía ser la fuente de todos los males de nuestra democracia.

         Pero, volvamos al inicio de esta columna.

         Casi coincidiendo con esta mala noticia hoy nos enteramos que la comisión respectiva del Senado, aprobó las largamente debatidas reglas de uso de la fuerza, y aunque se reconoce que están pendientes dos temas no resueltos, a saber “las eximentes de responsabilidad penal y la competencia de la Justicia Militar”, las ocho reglas ya aprobadas permiten apreciar que están redactadas para garantizar la inmunidad de quien atente contra el orden y no de quien lo resguarde. Quien tenga la intención de delinquir puede tener una relativa tranquilidad ya que será muy improbable que alguien use las armas para evitarlo.

         Eso me lleva a recordar que el empleo de las fuerzas armadas, en situaciones de orden interior, debe ser el último recurso a emplear por el gobierno, cuando las policías son superadas en sus capacidades, luego, ¿qué sentido tiene someterlas a tales restricciones como para tornarlas inefectivas?

         Ni qué decir si ello termina aplicándose incluso para la defensa de sus propias instalaciones.

         Serían unos espantapájaros, como lo indicó un senador miembro de la comisión y lo ha mencionado repetidamente en sus escritos el abogado Adolfo Paúl.

         Resumiendo, se podrá seguir discutiendo cómo contar con reglas adecuadas, pero el problema está en las leyes vigentes, en particular el Código de Justicia Militar.

         Por ello y recordando la manida frase “es la economía…”, pensé titular esta columna “es la ley…”, pero ello podría haber parecido ofensivo.

5 de mar. de 25

Los artículos publicados en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                                 A UN AÑO DE UN CRIMEN ALEVOSO Y NO RESUELTO

  Humberto Julio Reyes

            Me refiero, naturalmente, al asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en nuestro país.

            Desde que se dieran a la publicidad los primeros antecedentes de su secuestro y el posterior hallazgo de su cadáver, todo ha llevado a presumir alguna participación de la dictadura venezolana, dada su condición de activo opositor político, aunque, como es natural, ello no ha sido reconocido por el gobierno de Maduro.

            Últimamente la fiscalía ha declarado contar con testimonios que incriminarían a Diosdado Cabello en lo que sería un crimen por encargo, ejecutado por una célula del “Tren de Aragua”, misma organización criminal cuya existencia en Chile fue inicialmente negada por nuestras autoridades.

            Se ha dicho que, de confirmarse la tesis de la fiscalía, se recurrirá a la Corte Penal Internacional.

            Pero, ¿qué tan firme puede ser la evidencia como para sostener dicho recurso?

            Una cosa es que la eliminación física de un disidente apunte a quienes se beneficien de ella, o que este caso nos recuerde otros famosos durante la era estalinista en que el asesinato de los opositores se perseguía con notable celo por parte de los servicios de seguridad soviéticos, sea recurriendo a fanáticos simpatizantes del comunismo o a sus propios agentes, sin importar donde se hubieren refugiado.

            Al respecto y recordando el asesinato de Trotski en México, que ha sido llevado al cine, me permito recomendar la novela de Leonardo Padura, “El hombre que amaba los perros”, un texto apasionante.

            Volviendo a los mencionados testimonios incriminatorios, no se conoce quien o quienes serían los testigos de cargo que le permitirían a la fiscalía acusar al poco discreto Diosdado Cabello, y que tan sólidos podrían ser los antecedentes aportados en un caso que podría derivar en un abierto enfrentamiento con un régimen con el cual ya, no existen relaciones de ninguna especie, aunque nuestro gobierno las considere suspendidas, para mofa del mencionado número dos de la dictadura chavista.

            Tan delicado asunto me lleva a recordar una película hace poco exhibida repetidamente en el excelente canal Film & Arts.

Me refiero a la segunda versión de “Witness for the prosecution” (testigo de cargo), el inmortal clásico de Agatha Christie, donde la persona que inicialmente confirmaría la coartada del acusado por la fiscalía, termina incriminándolo y pasa a ser testigo de cargo.

Cuando ya se esperaba la consiguiente sentencia condenatoria, un nuevo vuelco y, finalmente, la película termina en forma absolutamente sorpresiva, tanto para quien ofició como abogado defensor como para los espectadores.

Pido excusas por la aparente frivolidad de esta comparación, entre un crimen con todos los agravantes y la fértil imaginación de una prolífica y famosa autora de novelas policiales, pero esta abreviada narración me ha llevado a pensar en la posibilidad que tras este alevoso crimen pudiere existir una astuta maniobra de intoxicación destinada, en última instancia, a desprestigiar a nuestro poder judicial.

Las maniobras de intoxicación y la desinformación también fueron de uso frecuente por parte de los servicios soviéticos y el recurso a ellas seguramente ha sido heredado por quienes fueron formados en sus métodos.

En ese orden de ideas, las recientes y crípticas declaraciones de Cabello, improvisadas o meditadas, hacen difícil separar ruido de señales:

“No han podido encontrar a los asesinos, si ellos jorungan (hurgan), van a encontrar a los asesinos facilito.”

¿Estará la fiscalía más cerca de identificar a los verdaderos responsables, como todos quisiéramos?

21 de feb. de 25

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