LA ESCISIÓN DE LA CAM: EL ORIGEN DE LAS RENCILLAS ENTRE LAS ORGÁNICAS RADICALIZADAS DEL SUR por Emily Avendaño. El Líbero —MILITARES AL MANDO DE UN CIVIL: EL FALLO CLAVE DEL ESTADO DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO CA Óscar Aranda exdirector de Inteligencia.
Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
Son siete las orgánicas violentas que operan en la Macrozona Sur. Todas ellas tuvieron su origen en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero diferencias ideológicas y de financiamiento causaron un quiebre. “No creer en el ideario que supuestamente enarbola la CAM fue lo que llevó a que estos grupos surgieran, se pelearan y se maten de la forma en que se están matando actualmente”, explican fuentes desde la Macrozona.
Tras el asesinato de Manuel Huenupil Antileo, ocurrido el 5 de mayo en Tirúa, hubo un comunicado de las comunidades mapuche-lafkenche de Tirúa Sur y Hueñaliwen. Huenupil Antileo estaba “recuperando un predio” en el sector de Casa Piedra cuando “fue atacado a balazos”, según reseña el medio electrónico Werkén Noticias.
Los firmantes del comunicado atribuyen la responsabilidad del homicidio a la Weichán Auka Mapu.
En el texto afirman que miembros de esas comunidades iban de regreso a casa cuando pasaron por “el predio en recuperación en las cercanías de ‘Casa Piedra’” y “fueron cobardemente atacados por la espalda con armas de fuego” y, además, señalan que los “apuntaron a matar”. “Allí cayó abatido nuestro hermano Manuel Huenupil Antileo, activo miembro de nuestros procesos reivindicativos, atacado cobardemente por este grupo autodenominado Weychan Auka Mapu (WAM)”, agregan.
Continúan: “No es la primera vez que este grupo armado se entromete de manera violenta en las recuperaciones de comunidades, actuando como una pandilla que se traslada de un lugar a otro según la cantidad de plantaciones forestales para extraer y hacer sus negocios”.
Fuentes que manejan temas de seguridad en la Macrozona Sur afirman que en el pasado Huenupil Antileo estuvo relacionado con la CAM. Asimismo, señalan que, por la forma en la que se están dando estos conflictos, pueden asemejarse a las disputas territoriales de los carteles de droga mexicanos o a los enfrentamientos entre guerrillas colombianas como las FARC y el ELN, aunque salvan las distancias con respecto al número de involucrados y el volumen de activos que manejan.
Identifican que las peleas entre orgánicas vienen existiendo con fuerza desde hace tres o cuatro años y se asemejan a fenómenos ocurridos en otros países: “Es lo que se ve en Río de Janeiro con las diversas facciones criminales. O en Colombia con las FARC y el ELN. Sobrevive la más fuerte”. Y advierten que, si el Estado continúa “omitiendo” lo que sucede, estas orgánicas se van a seguir multiplicando.
La escisión de la CAM. Las «orgánicas radicalizadas y terroristas» que operan en la Macrozona Sur son siete. Fueron “plenamente identificadas” por la Coordinación de Seguridad para la Macrozona Sur el año pasado; cuando el coordinador Pablo Urquízar las enumeró.
Se trata de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Weichán Auka Mapu (WAM), la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), la Wiñotauiñ Taiñ Malon (WTKM) y la Liberación Nacional Mapuche. A estas se suman la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y la Resistencia Territorial Kütral Mawuida (LRTKM).
Todas ellas derivan de la matriz que es la CAM, que en distintos períodos se ha escindido y dado origen a nuevas orgánicas que se han independizado con una identidad propia.
La WAM, por ejemplo, da sus primeros pasos en 2013, luego de que varios de sus integrantes se descolgaran de la Coordinadora Arauco Malleco; precisamente aquellos que eran “demasiado violentos” para ser parte de la CAM.
El comunicado de las comunidades de Tirúa Sur y Hueñaliwen señala que sienten “profundo respeto” por la CAM y la Resistencia Mapuche Lafkenche. “Ellos siempre han dejado claro quiénes son sus enemigos y sus objetivos, apuntando a la infraestructura empresarial que destruye el wallmapu y jamás contra la vida humana, y mucho menos contra la vida de sus propios hermanos”, escriben.
De acuerdo con una persona de origen mapuche que conoce el conflicto y que prefiere el anonimato por seguridad, “el rechazo al liderazgo de Héctor Llaitul en la CAM hizo que aparecieran estos otros grupos. Y las propias divergencias dentro de la CAM son las que provocan que aparezcan otros. La falta de organización y no creer en el ideario que supuestamente enarbola la CAM fue lo que llevó a que estos grupos surgieran, se pelearan y se maten de la forma en que se están matando actualmente”.
| Son siete las orgánicas violentas que operan en la Macrozona Sur. Todas ellas tuvieron su origen en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero diferencias ideológicas y de financiamiento causaron un quiebre. “No creer en el ideario que supuestamente enarbola la CAM fue lo que llevó a que estos grupos surgieran, se pelearan y se maten de la forma en que se están matando actualmente”, explican fuentes desde la Macrozona. |
Diferencias ideológicas. La misma fuente explica que la CAM es la más «moderada» dentro de las agrupaciones radicales, porque tienen un discurso más ideológico. Señala, sin justificarlos, que están por una revolución indígena, tienen una ideología política clara que quedó plasmada en un libro (‘Chem Ka Rakiduam’), se inspiran en la revolución cubana y la figura del Che Guevara. En el papel, la CAM estaría en contra de atentar directamente contra personas y dirigen su acción hacia las forestales y grupos empresariales.
Luego describe a la RML, de quien dice: “No se llevan para nada con Llaitul, porque consideran que él negocia para él mismo y para sus intereses personales. Lo consideran un vendido”. Estos son los mismos que se fotografiaron cortando una ruta portando armas de guerra y vestidos con camuflaje militar, y quienes presuntamente detonaron un coche bomba en el puente Lleu Lleu.
Y de la WAM asevera que “se caracteriza por hacer negocios y derechamente chantajes”. “Allí cae lo más ‘malo de lo malo’, los que echan de las otras porque atacaron una escuela. Tanto la CAM como la RML ninguno está de acuerdo con quemar escuelas, lo repudian. La WAM no tiene ese código. Ellos atacan por atacar y a lo que sea”.
Pero las diferencias no surgen solo desde el punto de vista ideológico. Personas que estuvieron vinculadas a labores de seguridad en el sur afirman que la conflictividad está presente absolutamente en todas las orgánicas también por los “negocios” que tiene cada una, lo que las lleva a disputarse territorio.
Detalla que las rencillas obedecen a tres causas principales: el poder que quiere ejercer cada una en relación a su fuerza; los negocios que tienen como el narcotráfico, el crimen organizado y el robo de madera; y disputas por diferencias personales y familiares.
Rencillas “fratricidas”. Hace tres meses el lonko Alberto Curamil, conocido por ser galardonado en 2019 con el premio Goldman o “Nobel Verde”, denunció que su comunidad, que está llevando a cabo un “proceso de recuperación” en el Lof Radalco, fue víctima de un atentado encabezado por su propio hermano, José Jaime Curamil Millanao. Alberto Curamil no es parte de las orgánicas arriba mencionadas, sino que es vocero de la Alianza Territorial Mapuche (ATM).
En un video subido a la cuenta de Facebook de la Comunidad Pancho Curamil indica: “Queremos denunciar públicamente muchas amenazas que hemos estado recibiendo por parte de un integrante de nuestra comunidad. Es un hermano mayor mío, que pone en riesgo la integridad física de nuestra familia”.
Nueve días después, el 17 de febrero, publicaron un nuevo comunicado en el que acusan por segunda vez a José Jaime Curamil por llegar de manera violenta e interrumpir su proceso de cosecha.
“Hay que entender que cuando abres la puerta a que personas que ejercen actos terroristas para reivindicación territorial o lucran del conflicto que se produce en un territorio donde el Estado sencillamente ha perdido el control, surge una verdadera avidez de quienes están dispuestos a cometer delitos, atentados, etc., por controlar más territorio”, opina la diputada de Republicanos, Gloria Naveillán.
“Por lo tanto, estas distintas facciones se van encontrando dentro de los territorios que pretenden reivindicar y empieza una lucha interna, incluso fratricida, como es el caso del señor de Radalco, para ejercer realmente el control sobre un territorio determinado”, añade la diputada. Naveillán asegura que esto se ha visto en la práctica en el caso del asesinato de Huenupil Antileo en Tirúa, en Radalco con los Curamil y también en Traiguén.
La disputa por la tierra. Existe una disputa territorial por la ocupación del fundo Antofagasta de Forestal Arauco, ubicado entre Traiguén y los Sauces. Allí están enfrentadas las comunidades Carmen Colipi y José Nahuelpi 1 -que cuentan con el apoyo de la CAM- contra la comunidad José Nahuelpi 2.
Diarios regionales citan el reclamo de la comunidad José Nahuelpi 2, en el que argumentan que el 15 de abril ingresaron al campo para “ejercer control territorial”, pero esta entrada “se vio amenazada por la CAM”; que también está dentro de este predio desde el día 23 de marzo “transgrediendo la recuperación que ya tenían estas comunidades”.
Además, acusan a la CAM de haberlos amedrentado al disparar al aire durante una hora en presencia de familias con niños, y afectando a los caballos con la munición.
Por otro lado, la CAM dice que esta comunidad está ligada a contratistas forestales que “solo han demostrado interés económico y se han convertido en un eslabón más del circuito comercial de la forestal Bosques Arauco”.
Para Naveillán, el Estado no es capaz de intervenir para que estas situaciones, que afectan a los vecinos de esos predios, no ocurran.
“Estamos frente a un Estado que está empezando a ser cómplice”. La diputada argumenta que esto es así por los anuncios del nuevo director de Conadi y la ministra de Desarrollo Social “en términos de aumentar los fondos para la compra de tierra bajo el artículo 20b, que permite comprar tierras en conflictos”. Y también por las disposiciones de la Convención Constitucional para las expropiaciones.
“Están generando una olla a presión para que sigan las reivindicaciones de tierra y la violencia entre grupos que afectan los Derechos Humanos de todas las personas que viven en el sur de Chile”, reclama Naveillán.
Los negocios conexos. Según las fuentes consultadas, la mayoría de las rencillas entre las agrupaciones radicalizadas obedecen a motivos económicos.
“¿Cómo sobreviven la mayoría de estas organizaciones? Si bien algunas dependen del narcotráfico, el mayor negocio es el robo de madera, que da plata y mucho empleo”, señalan. Lo ilustran con la WAM, cuya área de influencia estaría por Nueva Imperial y Carahue en la Provincia de Cautín; y Tirúa, en la Provincia de Arauco. “No se quieren quedar en Cautín, porque allí hay pocas forestales y la madera es lo que provee el capital económico para financiarse”, sostienen.
Esto explicaría, además, la profusión de atentados en esa provincia del sur del Biobío. Ya que allí actúan la WAM, la RML y en ciertos territorios la CAM también busca ejercer control.
“Estas orgánicas se diferencian de Llaitul porque piensan de modo distinto sobre el financiamiento, que es a través del narcotráfico, robo de madera y crimen organizado. También son distintas al ejercer presión política a través de la violencia, con la quema de iglesias y escuelas. Hay una realidad desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista operativo y del financiamiento que los distancia completamente de Llaitul”, reiteran.
No obstante, aclaran en cuanto al financiamiento de la CAM que una cosa es el discurso y otra los hechos. “La CAM siempre ha dicho que su forma de financiamiento es a través de la ocupación de tierras y el uso de los recursos que da el territorio; pero en los hechos, también se financia a través del crimen organizado, robo de madera, tráfico de armas y municiones y también del robo de vehículos. Pero de un modo distinto a la WAM o a la RML, en que el móvil es más bien el lucro”.
La multiplicación de las “células”. Quienes conocen la configuración del conflicto en la Macrozona Sur explican que todas estás orgánicas se componen en células. En el caso de la CAM, por ejemplo, existen las llamadas ORT (que significa órganos de resistencia territorial). Y entre estas células no existe una jerarquía verticalizada, como la que habría en un ejército.
“No. Aquí son grupos tipo Al Qaeda, células diferentes, cada una autónoma. Reciben un par de instrucciones y después se las arreglan cómo lo hacen. Así, la organización central tiene como desconocerlos si no están dentro de sus parámetros”, señalan.
Es por ello por lo que, cuando se produce alguna rencilla esta se soluciona “por las buenas o por las malas. Y si van por las malas, es ver quién tiene la mayor cantidad de munición, nomás. Así de crudo está el tema”.
Pero, así como los dirigentes pueden desconocer a sus “células”, éstas no necesariamente les son leales. Esa sería hoy día, de acuerdo con las fuentes consultadas, la principal amenaza de la CAM.
“El móvil ideológico cada vez está menos presente. ¿Cuál está más presente? El móvil lucrativo. Es decir, cómo yo consigo dinero, poder, estatus. Lo propio de los narcos y el crimen organizado. Eso es lo que está primando en las orgánicas; instrumentalizando por cierto las legítimas demandas del pueblo mapuche”, afirman los entendidos.
Guerra de guerrillas. Es en este contexto que los consultados afirman que lo que ocurre en el sur del país con estas agrupaciones es una “guerra de guerrillas”, pues el modo de operar de estas orgánicas no es el de la delincuencia común, sino que “está vinculado al crimen organizado, al terrorismo, a la insurgencia y a la contrainsurgencia”.
El entrevistado de origen mapuche señala que “la pelea en células” es una característica de este pueblo originario. “La guerra de guerrillas que era tan característica de Lautaro, que es el principal referente bélico de la CAM. La guerra de guerrillas que derrotó a los españoles. Diferentes células iban atacando a la gran masa del ejército español llevándolo al cansancio máximo y derrotándolo posteriormente, aunque eran menores en número. La guerra de guerrillas siempre va a prevalecer dentro de la cultura del pueblo mapuche”, dice. Aunque no deja de admitir que es “sabida” la presencia de “extranjeros” en todas estas orgánicas.
Naveillán sostiene que esta “guerra de guerrillas” hace mucho tiempo que viene pasando. “El Estado es culpable por no haber querido ver lo que estaba delante de sus ojos. Y como esto es un producto de exportación, no solo pasa en el sur de Chile, también tenemos reivindicaciones territoriales en las principales ciudades de Chile por carteles de droga que se pelean territorios donde se ejerce el tráfico de drogas y el comercio ilegal”.
La debilidad de Héctor Llaitul. Si bien existen estas rencillas, las fuentes señalan que esto no implica que las orgánicas no se solidaricen entre ellas en ocasiones específicas. Como pasó con la muerte de Pablo Marchant, integrante de la CAM.
Sin embargo, insisten en que Héctor Llaitul, que esta semana hizo un llamado a “organizar la resistencia armada” no tiene influencia en el resto de las orgánicas.
“Es un hecho público y notorio que Héctor Llaitul está absolutamente debilitado. No manda, ni tiene influencia en ninguna de las otras orgánicas. Esa es una realidad”, afirma el conocedor en seguridad de la macrozona.
Ejemplifica con el caso del atentado ocurrido al equipo periodístico de TVN en marzo de 2021. “Esa no fue una respuesta contra Iván Núñez, sino contra Héctor Llaitul para decirle que quien está en control de ese territorio no es él (…). Por lo tanto, Llaitul sin perjuicio de ser el hombre más reconocido desde el punto de vista de la violencia en la macrozona sur es al mismo tiempo el hombre más debilitado porque no tiene ningún poder de influencia en las otras orgánicas que son más agresivas y que están cometiendo mayores hechos de violencia”.
Coincide el entrevistado de origen mapuche, quien asevera que “Llaitul cuando se tiene que juntar con alguien, incluso en su propio territorio, tiene que andar escondido. Y es allí donde está más custodiado”.
Fuente: LA ESCISIÓN DE LA CAM: EL ORIGEN DE LAS RENCILLAS ENTRE LAS ORGÁNICAS RADICALIZADAS DEL SUR. Emily Avendaño. El Líbero, Investigación, 15/05/202
MILITARES AL MANDO DE UN CIVIL: EL FALLO CLAVE DEL ESTADO DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO
CA Óscar Aranda exdirector de Inteligencia. BiobioChile.cl, Opinión, 13/05/2022
La pretendida disposición resulta inédita porque -por ejemplo- la actual Constitución no asigna el “mando” de fuerzas militares ni siquiera al Presidente de la República:
Efectivamente, en su artículo 32°, la Constitución le otorga al Presidente de la República la facultad de “disponer” y “organizar” las fuerzas de tierra, mar y aire, pero no el “mando” de dichas fuerzas. Incluso en el escenario de una guerra, agrega la Constitución en el mismo artículo 32°, el Presidente asume la “Jefatura Suprema” de las FF.AA. y no su “mando”, término que corresponde a la gestión operativa de éstas y no a su dirección de más alto nivel, atribución que el Presidente efectivamente inviste.
| El borrador que el gobierno hizo circular para sociabilizar su proyecto de “Estado de protección y resguardo constitucional” contempla una disposición inédita en Chile: asigna a civiles el “mando” de fuerzas militares. En efecto, dentro del artículo 4° de la proposición, se introduce la posibilidad de que el “mando operativo” de las fuerzas militares empleadas en tareas de protección recaiga en un civil designado por el Presidente de la República. |
El “mando” -en el sentido militar de la palabra- involucra la facultad de asignar misiones a las fuerzas militares y de definir la “consigna” a quienes ejercen ciertas tareas. Lo que es más relevante aún: el mando hace solidariamente responsable de las consecuencias de la orden impartida al que manda con quien obedece. El concepto de “mando operativo” referido en el proyecto, además incorpora la responsabilidad de asignar los medios requeridos para cumplir misiones. De lo anterior es que se desprende lo inconveniente de esta inédita iniciativa, veamos por qué:
En el hipotético caso de que se apruebe la proposición oficialista, el civil designado podría asignarle una misión al comandante de una unidad militar existente en los “territorios” -otro novel concepto- bajo su jurisdicción.
¿Conocerá aquel civil las capacidades y limitaciones de las fuerzas militares disponibles?, ¿O se tratará solamente de un “mando” simbólico y vacuo por la ignorancia del que manda? Por otra parte, ¿podrá el civil designado asignar a las fuerzas militares los medios financieros, logísticos y operativos requeridos para su misión? ¿Es él quien cuenta con los medios requeridos y los administra considerando las necesidades integrales de la Defensa y no solamente a su particular problemática? Por último, ¿responderá aquel civil por el buen uso de los recursos asignados?
Otro inconveniente grave del proyecto dice relación con las responsabilidades derivadas del cumplimiento de una orden, aspecto inherente al mando. En efecto, la doctrina indica que quien manda y quienes obedecen son solidariamente responsables de las consecuencias de una orden.
Pero si quien “manda” es civil, ¿se le aplica también el Código de Justicia Militar? ¿O estaremos ante otro caso de “justicia a la medida”, en el que el militar será eventualmente procesado mediante un sistema procesal y quien emitió la orden, mediante otro más laxo? Esto, hacer al jefe irresponsable por las consecuencias de la orden que imparte, constituye un llamado a la desobediencia y atenta contra la disciplina militar.
Por otra parte, que un civil entregue la “consigna” a una fuerza militar asignada a tareas de protección tampoco es baladí.
El Código de Justicia Militar, en su artículo 208, indica que “Será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida.” Esto quiere decir que, al asignar la consigna, el civil designado al mando estaría autorizando el empleo de las armas como recurso de ultima ratio en el cumplimiento de la misión que le entrega a los militares.
Si producto de lo anterior hay muertos, ¿será procesado dicho civil -en calidad de inculpado- tal como inauditamente lo están siendo los infantes de marina que acudieron en legítimo auxilio de Carabineros atacados con armas de fuego, aparentemente resultando un delincuente muerto y otro gravemente herido?
Otro aspecto deficitario del proyecto sociabilizado lo constituye el hecho de que, sin estado de excepción, los militares carecen de atribuciones para mantener el orden público.
De hecho, no existen reglas de uso de la fuerza -RUF- para los militares durante un estado de normalidad. Entonces, los militares que sean asignados a tareas de protección constituirían elementos decorativos, carentes de atribuciones para el cumplimiento efectivo de la misión que les asignan. En la práctica, serían sólo un blanco de alta rentabilidad mediática.
El proyecto sociabilizado por el Gobierno aún adolece de fallas graves que lo hacen inconveniente, pues expone a los militares, al asignarles tareas sin las atribuciones que requieren para su cumplimiento, lo que se agrava más aún al introducir la posibilidad de que el mando operativo de las fuerzas militares lo ejerza un civil desprovisto de la preparación militar y de la experiencia profesional requeridas para esto y -lo que es peor- que no sería solidariamente responsable por las órdenes que él mismo eventualmente imparta.
Un aporte del Director de la Revista Unofar. Antonio Varas C.
