Categoría: Columna de Opinión

Señor Director:

Desde octubre 2019, colateralmente se cercenó el alma nacional, unos a favor y otros en contra de la rebelión.

Para quienes nunca hemos creído en la diatriba populista, aún estamos impactados por las noticias de esa oscura época, las que generaron en su momento un sentido de indefensión enorme dado que precisamente la policía uniformada encargada de poner orden era sistemáticamente atacada en las calles y en sus cuarteles, es más, muchos sentimos vulnerado nuestra integridad como personas, fuentes de trabajo y desenvolvimiento social, dado que  encontrándonos en un local comercial, templo o caminando, una turba podía irrumpir la paz en cualquier momento.

Transcurridos cinco años, aumenta el rechazo ciudadano a este período de la historia que fustigó al país con la inconsecuencia de enterarnos hace algunos meses que quienes cometieron ilícitos y delitos fueron indultados y hoy, el banquillo de los acusados está ocupado precisamente por quien fuera la máxima autoridad de Carabineros.

En este ya clima de normalidad -anormal-  nos enteramos que la semana pasada se realizó un seminario que entre otros tópicos considera “iluminar las luchas populares contemporáneas, entrelazando pasado y presente”, no entendiendo que el país necesita señales de unidad y orden.

     JORGE VILLARROEL CARMONA

                                                                           CASO CONVENIOS: PDI DETECTA ABONOS

                                                                           SOSPECHOSOS DE IRINA KARAMANOS

                                                                            DURANTE CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Héctor Cossio López, Editor General de El Mostrador – 01/10/2024

Poco después de que explotara el caso Hermosilla, el caso Convenios cayó en un agujero sin fondo, no solo públicamente sino también investigativamente. Un día antes de que se paralizara la investigación, la PDI había evacuado un reservado peritaje contable que detectó movimientos bancarios sospechosos de parte de Irina Karamanos, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric.

El contexto es el siguiente: en una nota de julio de este año, en El Mostrador dimos cuenta de una serie de circunstancias que se combinaron para que la investigación del caso Convenios o Fundaciones, en su arista ProCultura, paralizara abruptamente el ritmo de sus diligencias, que venían registrándose a lo largo del país, con allanamientos e incautaciones en instituciones públicas.

El hecho decisivo para que cambiara el curso de las indagaciones fue la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de remover de la dirección de esta investigación al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, hoy suspendido del Ministerio Público de manera indefinida.

La razón que se dio para sacar a Palma fue lo insostenible de su situación, después que su nombre apareciera vinculado al caso Hermosilla, tras una publicación en que se aseguró que el fiscal había enviado a este abogado un mensaje de WhatsApp donde daba cuenta de que Gonzalo Migueles –pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sobre quien pesa una acusación constitucional– le habría ofrecido un doctorado con el compromiso de que le transfiera sus apoyos al fiscal José Morales, todo ello en el marco del concurso para encabezar el Ministerio Público, que finalmente ganó Ángel Valencia.

El mensaje existe, es real, pero nunca fue enviado a Hermosilla, tal y como se informó y se reprodujo ampliamente en distintos medios de comunicación. Fiscales del caso Hermosilla o Audios confirmaron a este medio que dicho mensaje efectivamente no estaba contenido en las miles de hojas de extracción del celular del otrora influyente penalista. Este mensaje fue enviado a un asesor parlamentario de la bancada senatorial de RN, que fue el punto de origen de la filtración.

Nuevos antecedentes, sin embargo, muestran que dos días antes de que fuera removido Palma de la causa, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones había concluido un informe con importantes hallazgos, que hacían recomendable tomar declaración en calidad de imputada a Irina Karamanos, a raíz de una serie de movimientos bancarios sospechosos -como dijimos- durante la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Los hallazgos fueron informados al Fiscal Nacional y, al día siguiente, Palma fue apartado de la causa. La indagatoria fue reasignada al fiscal Patricio Cooper y se paralizó la investigación.

El informe de la PDI. La causa ProCultura constituye la arista más importante del caso Convenios, puesto que se investigan eventuales irregularidades en los gobiernos regionales del norte, centro y sur del país, y en donde sus principales autoridades son actuales candidatos a la reelección en los comicios de fines de este mes.

Una de las certezas que tenía la investigación fiscal era que, solo en 2022, ProCultura había aumentado en mil por ciento los ingresos provenientes de reparticiones públicas. Y, en ese contexto, la hipótesis criminal apuntaba a tres delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Tras haber incautado los soportes tecnológicos de gobernadores regionales de la zona norte y sur, a fines de mayo de este año las diligencias estaban acercándose a la capital. Durante los mismos días en que –en un hecho insólito en ese momento– el Séptimo Juzgado de Garantía le niega a la Fiscalía la orden de entrada y registro al Gobierno Regional Metropolitano que encabeza Claudio Orrego, el Laboratorio de Criminalística Central concluye una pericia contable que es remitida a la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI.

La pericia en cuestión tenía una instrucción bien concreta: detectar todos los abonos, vale decir, depósitos, desde las tres cuentas corrientes que mantenía en el Banco Santander la Fundación ProCultura –liderada entonces por el médico psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Frente Amplio y al propio Presidente Boric– entre el 30 de diciembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023. De las tres cuentas, hubo una que registra la mayor cantidad de movimientos.

La revisión se dividió en dos periodos: antes de la campaña presidencial de 2021 y a partir de ese año. Entre el 30 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, se registraron abonos a ProCultura por $1.233.049.286. Y en el segundo periodo, entre el 26 de febrero de 2021 y el 31 de agosto de 2023, los movimientos sumaron un total de $14.228.555.334

Además de esos abultados montos, los peritos detectaron un patrón de anomalías. Había movimientos que, debiendo ser cargos a la cuenta corriente por conceptos de gastos, estaban ingresados como abonos, vale decir, como depósitos a favor de ProCultura.

Para ilustrarlos, los peritos de la PDI acuden al siguiente ejemplo: en una de las cuentas encontraron un ítem que tenía el nombre de un funcionario que decía “sueldos dic” por un monto superior a los $2 millones 300 mil; la inconsistencia en este ejemplo –sostiene la PDI– es que “al tratarse de un pago de sueldo debiese estar registrado como cargo, mas no como abono, planteando la hipótesis de una eventual devolución de dineros por parte de los prestadores de servicios de la fundación investigada”.

Esta información, que consta en correos institucionales bajo el nombre “Hallazgos”, reforzó hasta entonces una de las hipótesis centrales sobre financiamiento ilegal de la política. Esto es, que la Fundación ProCultura recibía de fondos regionales dineros fiscales para realización de proyectos de diferente índole, que no ejecutaba, sino que tercerizaba a otras empresas o personas naturales.

Estas, a su vez, emitían boletas por el monto total del proyecto adjudicado, pero el costo real era menor, reintegrando dicho saldo –de hasta un 30 % en algunos casos– a la fundación, a través de abonos a sus cuentas corrientes.

La traza Irina Karamanos. En una de las pocas entrevistas que dio el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, el siquiatra confirmó a La Segunda que la exprimera dama, Irina Karamanos, había sido funcionaria de esa fundación. “Irina postuló a un cargo que se abrió en la fundación para apoyar en Educación Identitaria y fue seleccionada por sus conocimientos en investigación social y temáticas culturales”, dijo. “Trabajó entre abril de 2021 y febrero de 2022”, precisó.

Es precisamente en este periodo en el que los peritos contables del Laboratorio de Criminalística encontraron abonos de Irina Karamanos a ProCultura, que podrían constituir devoluciones de dineros de proyectos adjudicados.

Los hallazgos dan cuenta de al menos cinco abonos, con las siguientes fechas: 02/08/2021, 30/09/2021, 02/11/2021, 29/12/2021 y del 03/01/2022. Estos abonos, que la Fiscalía entendía como reintegros de fondos a la Fundación ProCultura, estaban signados con la descripción “Recreo nos gusta el arte”.

Este nombre, en efecto, coincide con el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, ejecutado por ProCultura, con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap).

De hecho, en la página del Mincap se señala que la iniciativa fue impulsada por el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional de la Seremi de las Culturas de la Región de Valparaíso, con apoyo de la Fundación ProCultura.

El documento que contenía esta información fue evacuado el 24 de junio de este año y enviado a la Fiscalía a cargo del caso a través de un informe preliminar el 25 de junio. Ese mismo día se le comunica al Fiscal Nacional acerca de los hallazgos y sobre la diligencia que vendría con posterioridad: solicitar la declaración, en calidad de imputada, de la expareja del Presidente para que aclarara las circunstancias por las cuales aparece ella reintegrando dineros a ProCultura, de un proyecto adjudicado.

Al día siguiente apartaron al fiscal Palma de la causa y nombraron en su reemplazo al Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

El Mostrador envió un correo electrónico al fiscal Cooper para conocer si se ha logrado avanzar en esta causa desde que está en sus manos y, específicamente, sobre el destino que se le dio a este informe, pero no hubo respuesta. Misma gestión se hizo con Irina Karamanos, con los mismos resultados.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                                Elogio del Terrorismo

Humberto Julio Reyes

                Días atrás, en un programa de televisión de alta sintonía, uno de los panelistas que se identifica con el partido “Solidaridad para Chile”, informó a la audiencia respecto al homenaje que próximamente se rendiría al dirigente del MIR, Miguel Enríquez.

                Al referirse a este personaje con laudatorios conceptos, resultó evidente que de él sólo conocía una romántica versión, similar a la que pregonan los admiradores del Ché Guevara.

                Ello no debería extrañar, toda vez que, habitualmente las personas que no vivieron los 1000 días de la Unidad Popular, asumen, sin mayor análisis, que la democracia se quebró el 11 de septiembre de 1973 y, en este caso particular, Miguel Henríquez y sus seguidores salieron ese día a combatir para intentar recuperarla.

                Pido excusas a mis contemporáneos que lean estas líneas por lo que expresaré a continuación, pero, justamente me dirijo a quienes, por comprensible desconocimiento de lo sucedido a partir de 1966, pudieran pensar en que el anunciado homenaje era merecido.

                La carrera delictual del MIR, nacido en la universidad de Concepción, por obra de tres dirigentes, uno de ellos Miguel Henríquez, se inició durante un gobierno plenamente democrático, como lo fue el que encabezara el presidente Eduardo Frei Montalva.

                Su actividad se centró en asaltos y actos terroristas que causaron muchas víctimas y que llevó a que Henríquez fuera condenado y posteriormente indultado por el presidente Salvador Allende el 4 de enero de 1971.

                Dicho beneficio no fue óbice para que continuara actuando al margen de la ley y, en esa condición lo sorprendió el 11 de septiembre, fecha en que pasó a oponerse al gobierno militar desde la clandestinidad, perdiendo finalmente la vida en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad.

                En esa oportunidad no estuvo solo ni indefenso, murió combatiendo como lo reconoció reiteradamente y con admiración el mencionado panelista, ello a pesar que un ministro de fuero terminara condenando a quienes se le enfrentaron, como si hubieran cometido el asesinato de un pacífico opositor político.

                Recordé como, en una ocasión, su hijo, conspicuo panelista y admirador de Francia, con su habitual y confusa verborrea lo comparó con los héroes de la resistencia francesa, quizás sin pensar que, con ello, rebajaba el mérito de quienes combatieron a un invasor y no se resignaron a una paz deshonrosa.

                Finalmente, el anunciado homenaje se realizó, apoyado y promovido por el Archivo Nacional, dependiente del Ministerio de las Culturas, llegando a saludar, como no podía faltar, el presidente Boric, quien habría comprado algunos libros sobre el homenajeado.

                La invitación destacaba que la exposición “recorre la vida y el legado (sic) de Miguel Enríquez”, señalando que se buscaba reflexionar “sobre cómo la estrategia política y la experiencia organizativa del MIR pueden iluminar las luchas populares contemporáneas enlazando pasado y presente para proyectar nuevas formas de resistencia”.

                ¿Si lo anterior no es un elogio, es acaso un llamado a rechazar la violencia o a repetirla con esta “iluminación”?

                Ambigüedad pura, en el mejor de los casos, tal como, recientemente, un senador del ala izquierda de la DC declaraba que la CAM no era un movimiento terrorista ya que “usó un método distinto al de la democracia porque dejó de creer en el Estado”.

                Así, un criminal que deja de creer en el derecho de propiedad y asalta y da muerte para apoderarse de lo ajeno, sería “una persona en situación de carencia de algo que no puede obtener por métodos pacíficos”.

                Todo relativismo, negativismo y justificación.

                En todo caso esta actividad partisana mereció, al menos, la crítica del senador Luciano Cruz Coke, exministro de las Culturas, así como una carta al director que dejaba constancia del desafortunado uso del lema de nuestra Armada nacional para promoverla: “Vencer o morir”.

                Concluyo con otra información que puede haber pasado desapercibida para el grueso público, pero que evidencia cómo, seguir victimizándose, puede redituar.

                La corte suprema ha concedido una nueva reparación, esta vez de $ 10.000.000, por daño moral al hijo, entonces en gestación, del extremista y jefe de fuerzas especiales del FPMR Roberto Nordenflycht, quien diera muerte al teniente Julio Roberto Zegers Reed el 20 de agosto de 1989.

                El demandante, tal como alegó el Consejo de Defensa del Estado ya era receptor de diversos beneficios por la misma causa, pero, esta vez, demandaba por $ 300.000.000, junto con pretender, contrariando la versión del propio FPMR, que su padre había sido asesinado.

                El historial de Nordenflycht, hijastro de Volodia Teitelboim, así como lo ocurrido al intentar un sabotaje en el Comando de Aviación del Ejército, acción donde perdió la vida después de cometer el asesinato del teniente Zegers, dan para otra extensa columna, pero es sólo otro ejemplo de cómo es posible seguir obteniendo beneficios al asumir el papel de víctimas o gloriosos combatientes, según convenga.

                Todo ayuda a reescribir la historia, pero, no todo es negativo en esta ocasión, ya que, al reconocer que Enríquez murió en combate, se reivindica la figura de quienes, cumpliendo su deber, lo enfrentaron. Me refiero al entonces teniente Miguel Krasnoff Martchenko y los miembros de su comando, todos ellos en injusta prisión.

9 de oct. de 24

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                         GUERRAS SANGRIENTAS Y OTRA SINIESTRA

Hernán Felipe Errázuriz – El Mercurio, Columnistas, 05/10/2024

Mientras los heroicos pueblos de Israel y Ucrania luchan por su existencia, con limitado apoyo internacional, respaldo que es menor en el caso de Israel, expuesto a ataques y falsas narrativas de sectores de prensa y varios gobiernos, incluyendo el nuestro, que le imputa genocidio en su defensa, otra guerra avanza sin sangre.

Es la guerra comercial que atenta contra el desarrollo de los pueblos y las libertades de emprender, crear, trabajar y comerciar.

Chile está expuesto a esta ofensiva destructiva en que coinciden autócratas y demócratas, marxistas y algunos sectores capitalistas, determinados países desarrollados y en desarrollo, que invocan la supremacía de exageradas interpretaciones geopolíticas y de la seguridad nacional para restringir libertades.

El gran salto de la economía que dio Chile a mediados de los setenta —consolidado por los gobiernos siguientes— ha sido la apertura y la inserción a la economía global. Hasta entonces, una maraña de derechos aduaneros, prohibiciones de importar y exportar, medidas paraarancelarias, cuotas y controles cambiarios impedían a los chilenos acceder a productos importados y a la innovación, limitando de paso la asignación correcta de los recursos y desaprovechando la capacidad exportadora nacional.

Estas políticas restrictivas fueron apoyadas por la burocracia internacional, por la Cepal, que promovía la sustitución de importaciones. Llegamos al absurdo de registrar más de 10 supuestas industrias automotrices para fortalecer Arica, empresas que no eran más que galpones para armadurías de partes y piezas importadas de unos pocos automóviles que se asignaban políticamente por una repartición pública, el estanco automotriz. Entonces, los demás chilenos estaban condenados de por vida a ser hombres de a pie.

Este último año el proteccionismo, ahora bajo la aberrante intersección de las políticas de seguridad nacional con las económicas, ha crecido con fatales proyecciones para transformarse en una tendencia.

Estados Unidos, antes líder del libre comercio, con Trump y Biden ha adherido a la doctrina cepaliana y con el argumento, sea del doble uso militar y civil de algunos productos, sea su competencia con China o, bien, sea por supuesta seguridad interna ante riesgos de interrupción de las cadenas de abastecimiento, impide o limita importaciones de productos extranjeros y subsidia los nacionales, como lo hace China.

Algo similar está ocurriendo en la Unión Europea para productos extracomunitarios. Peor, las limitaciones no solo se pretenden aplicar a manufacturas y tecnologías. Invocando la seguridad alimentaria, se busca extenderlas a la agricultura y a la industria de alimentos.

Parecería que nuestras autoridades, políticos, dirigentes gremiales y sindicales no están conscientes de los daños del nuevo proteccionismo para Chile y de los beneficios de las libertades económicas. Pocos o nadie dicen algo al respecto.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                               Columnas de opinión de nuestro

                                                           Pas Presidente Humberto Julio Reyes

Como ya se informó en este sitio, durante el mes de septiembre y producto de la acción de terceros, nuestro sitio se vio afectado lo que nos impidió publicar las columnas de opinión oportunamente.

Hemos reunido las últimas columnas de opinión de nuestro Pas Presidente Humberto Julio Reyes, las que compartimos con nuestros socios y lectores.

EL FORMALIZADO E QUIVOCADO

Humberto Julio Reyes

Si yo, estimado lector, fuera una persona que no pone mucha atención a las noticias que acaparan titulares y comentarios, podría suponer que se está formalizando al General Yáñez por omisión respecto a su deber de hacer todo lo necesario por imponer el orden y garantizar nuestra seguridad.

Pero no, se le está formalizando justamente por omitir el debido resguardo de la integridad física y mental de aquellos que, en mayor o menor medida, violentaron el orden y causaron daños, aun no reparados, de la más variada índole.
Arriesgando parecer “políticamente incorrecto”, diré que, más allá de la tristemente famosa “primera línea” y los vándalos y saqueadores de ocasión, los imprudentes “que pasaban por ahí o salieron a curiosear”, también contribuyeron decisivamente a
entorpecer la imposición del orden, confundiendo y dispersando a las fuerzas armadas y de orden, que debieron salir a las calles a impedir que la anarquía terminara por arrasar con todo lo que valoramos.

Se me dirá que una cosa no quita lo otro, que el orden debe imponerse con absoluto respeto a los derechos humanos, como si ello fuera tan fácil. Pero lo concedo y pregunto entonces: ¿Y dónde están los formalizados por provocar el estallido social que devino en cuasi golpe de Estado? ¿No hay ninguno transcurridos casi cinco años? ¿No hay ministros en visita investigando con celo y condenando con rigor, aunque sea con presunciones, a los hechores de tanto mal?
Perdón, me olvidaba que esa desaparecida figura sólo se mantiene, al igual que un sistema penal derogado, sólo para investigar delitos de hace medio siglo y siempre que se suponga hayan sido cometidos por miembros de las fuerzas armadas y de orden.
En este mundo al revés que parece ser hoy nuestro querido Chile, el poder judicial lleva la delantera. Para muestra otros dos botones.

Días atrás un distinguido abogado que fue por años ministro de la Corte Suprema, precisamente de la segunda sala (penal), en carta a un diario de circulación nacional y bajo el título “Acusaciones”, nos recordaba “las infames (sic) acusaciones deducidas hace unos años por un grupo de parlamentarios contra tres magistrados”, precisamente de esa sala, “imputándoles – abusivamente y sin derecho – el grave ilícito ministerial de prevaricación por haber aplicado la ley chilena vigente sobre libertad condicional a ciertos condenados.”

Bueno, quien así protesta prevaricó por años, contribuyendo con su voto a enviar a prisión a ancianos enfermos, en lugar de votar contra las sentencias dictadas por las instancias inferiores en desconocimiento de las leyes vigentes.

Otro botón es la reciente resolución originalmente recaída sobre un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, respecto a sentencia de la corte de apelaciones que aprobó una indemnización de $ 10.000.000 para cada familiar de la víctima en un juicio de derechos humanos, sin que se demostrara la forma en que se llegó a determinar dicho monto.

Aceptado, para mi grata sorpresa, el criterio de dicho Consejo, la sala procedió a continuación a triplicar dicho monto, sin que se expresaran razones para tal aumento, cosa que ya no me sorprendió, siendo lo habitual la generosidad para conceder beneficios en la parte civil sin que pareciera existir al respecto limitación alguna, sea presupuestaria o de sentido común.

Estas curiosidades, por llamarlas de algún modo, pasan inadvertidas para quien no es parte en alguno de estos procesos, pero a mí no me extrañaría que alguno de quienes fueron arruinados por la incapacidad del Estado para protegerlos, se querelle en la causa del General Yáñez y sus antecesores “contra quienes resulten responsables por omisión”, aunque ello pueda enredar a la fiscalía.
¡Y también podrían querellarse quienes fueron enviados a cumplir una misión imposible, usando elementos que finalmente sólo causan daños que no disuaden, en lugar de usar sus armas!

Para espantar a algunos arrojados luchadores de la primera línea y a la turba que veíamos todos los viernes en la plaza Baquedano, unos pocos disparos al aire, quizás los tendría aun arrancando a perderse.

Tampoco descartaría a quienes han sido implacablemente perseguidos por la justicia y estiman que las autoridades responsables de la seguridad no los han respaldado como debiera esperarse.

Con tanta querella podrían finalmente aparecer los que sí merecen ser formalizados por la destrucción causada y que aún no es restaurada.
Total, como se decía en un popular programa radial de años atrás, soñar no cuesta nada.
2 de octubre de 2024.

HACE UN SIGLO, IRRUPCIÓN DE LOS MILITARES EN LA POLÍTICA

Humberto Julio Reyes

La Academia de Historia Militar y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía han conmemorado ayer, 4 de septiembre, el centenario del movimiento militar, comúnmente llamado “ruido de sables”.

Para ello, se invitó a un conversatorio donde tres profesores, los señores René Millar Carvacho, Enrique Brahm García y Juan Guillermo Pardo, moderados por el presidente de la sociedad, don Francisco Balart Páez, presentaron al auditorio los aspectos más relevantes de lo acaecido, en particular sus causas y consecuencias, con énfasis en el contexto histórico que posibilita una cabal comprensión del porqué los militares, oficiales subalternos en su gran mayoría, intervinieron en forma decisiva en el panorama político de la época.
Aclaro que no se trató de celebrar ni de justificar un evidente quiebre de la disciplina y de la verticalidad de mando, sino de analizar los hechos e interpretarlos, comenzando por el rápido crecimiento de la población urbana, fundamentalmente en Santiago, producto de la emigración desde el campo y la industria minera en decadencia, asociada a deplorables condiciones sanitarias de los más necesitados y una desatención de parte del parlamentarismo dominante para solucionar los graves problemas de la que llegó a denominarse “la cuestión social”.

La virtual parálisis del parlamento, en que diversos proyectos de ley permanecían sin ser discutidos y aprobados, nos recuerda hechos poco conocidos, como el que fueran preferentemente parlamentarios conservadores, imbuidos del mensaje del Papa León XIII, en su encíclica “Rerum Novarum”, los que promovieron diversas iniciativas para mejorar la situación de los obreros.
Si bien la gota que colmó el vaso y provocó la asistencia de la oficialidad joven al congreso, fue el intento de aprobación de una dieta parlamentaria, mientras el esperado aumento de remuneraciones para las fuerzas armadas seguía siendo demorado, dicha manifestación logró alarmar tanto al presidente, como a los parlamentarios, siendo el resultado inmediato la aprobación de las leyes sociales pendientes y, más adelante, la dictación de la constitución de 1925, que puso fin al parlamentarismo nacido de la guerra civil de 1891, restaurando la primacía del presidente de la república.

Si ello puede ser apreciado positivamente, la intervención de los militares en política, que se prolongó hasta 1932, implicó un serio quiebre de la verticalidad del mando que sólo vino a restaurarse con el segundo gobierno del presidente Alessandri y la firme mano del comandante en jefe, general Oscar Novoa Fuentes, resultando en que muchos destacados oficiales terminaran por ser llamados a retiro como única forma de imponer el necesario “regreso a los cuarteles”.

También se analizó el contexto mundial post I Guerra Mundial y el surgimiento de diversos regímenes políticos en cuya gestación tuvieron decisiva participación los militares y en los cuales se inspiraron los dos líderes surgidos del movimiento del 4 de septiembre, Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduque Grove Vallejo, quienes justamente habían dictado conferencias relativas al gobierno que encabezaba en España el general Primo de Rivera y que, al parecer, el alto mando optó por no atribuirles mayor importancia.

Se recordó que fue el mismo presidente Alessandri quien pidió, a través de su ministro de guerra, que los oficiales le hicieran llegar un listado de sus peticiones,
documento en que habría intervenido decisivamente Ibáñez quien, hasta el momento no era la cara visible del movimiento. Quizás confiaba en el reconocido apoyo de la clase media, oficialidad incluida, y que pudo captar cuando siendo candidato en 1920, visitó las unidades movilizadas en Tacna. Recibidas las peticiones, el presidente ya no supo, o no pudo, controlar la situación, terminando por presentar su renuncia.
El entonces teniente coronel Ibáñez terminaría por encabezar el movimiento, ocupar el cargo de ministro de guerra y, posteriormente como ministro del interior, postular a la presidencia, siendo elegido por un 98% del electorado.
Se estima que su gobierno disfrutó del apoyo popular hasta que la crisis de 1930 lo llevó a renunciar a la presidencia, participando posteriormente en diversas formas en la política contingente como adversario de Alessandri, siendo elegido senador más adelante y volviendo a ser elegido presidente de la república para el período 1952-1958.
Por su parte Grove, su contemporáneo en la Escuela Militar, también prosiguió participando activamente en la política contingente y sería uno de los fundadores del partido socialista y, como miembro de una junta que derrocó el gobierno del presidente Juan Esteban Montero, proclamó la república socialista de efímera existencia en junio del año 1932. También fue senador entre los años 1934 y 1949.
Terminadas las presentaciones del panel, las intervenciones de los presentes, dieron la oportunidad de abordar otros interesantes detalles, así como reflexionar acerca de las semejanzas con otras crisis de nuestra historia política, justificando la sabiduría del lema que inspira el quehacer de la Academia de Historia Militar: “la historia ilumina el presente”.

En resumen, una encomiable iniciativa de las instituciones organizadoras que rescató del olvido mediático lo sucedido hace un siglo.

5 de sept. de 24

LA SUPUESTA IMPARCIALIDAD DE NUESTROS TRIBUNALES

Humberto Julio Reyes

Dos días atrás, la sección “Cartas” de El Mercurio publicó una bajo el título “El caso Vivanco”.

En parte de ella, los autores, a nombre del “Observatorio Judicial”, señalan que “la ministra Vivanco ha dejado de dar las garantías de imparcialidad para ejercer su cargo”.
Agregan que “el actuar de la ministra ha asestado un duro golpe a la legitimidad de la Corte Suprema” y que su actuar importa “infracción al deber de imparcialidad”.
Confieso que la leí con una mezcla de incredulidad y sorpresa ya que se supone que, quienes escriben cartas para dicho medio, son personas razonablemente bien informadas, ¡ni qué decir tratándose de “observadores judiciales”!
¿Acaso estos “observadores” nunca han leído las numerosas sentencias de la segunda sala de la Corte Suprema en casos genéricamente llamados de derechos humanos y que algunos, en forma errónea o intencionada, califican como delitos de lesa humanidad?

Desde que el presidente Aylwin interpretara la ley de amnistía y los jueces empezaran a ignorarla, los ministros de esa sala, y los abogados integrantes, han
prevaricado permanentemente en sus fallos, tal como lo ha expuesto documentadamente en diversas publicaciones el abogado Adolfo Paul.
Como no bastara con ignorar esa ley aún vigente, han explicado en auto acordado que han tenido que “adaptar” la legislación vigente a la fecha en que se cometieron los delitos que se investigan, ya que, de lo contrario, no podrían “impartir justicia”

A confesión de parte…

Estoy consciente que es una institución nacional acusar de parciales a los tribunales cuando no fallan a gusto de quien recurre a ellos, pero yo me refiero a una práctica sostenida en forma invariable, con la honrosa excepción del magnicidio que nunca existió donde, finalmente parece haberse hecho justicia.
Esta carta podría haber llegado hasta aquí, pero vino en mi ayuda otra de la valiente abogada Carla Fernández, tenaz defensora de los derechos continuamente atropellados de los ex uniformados en prisión y que fuera publicada en “La tercera” el 10 del presente mes. Bajo el título “HIPOCRESIA INSTITUCIONAL”, que también serviría para encabezar esta columna, se refiere inicialmente a los que hoy rasgan vestiduras por el “caso Audio” y “recién bañados de virtudes de sinceridad” anuncian acusaciones constitucionales o se alegran de prisiones preventivas. Agrega que “si están libres de pecado, lancen la primera piedra”, frase que me interpreta absolutamente toda vez que, además, encuentro poco cristiano el alegrarse de la desgracia ajena o hacer leña del árbol caído.

En el segundo párrafo de su carta nos recuerda su autora que “hace años que no existe verdadera separación de poderes en las decisiones de esa corte de justicia, no sólo por la forma de nombramiento de sus ministros, sino también, por la integración de abogados”. ¡Doce de ellos nombrados en marzo por el presidente Boric! El mismo que ahora pide suma urgencia para legalizar las prevaricaciones cometidas hace años por los tribunales en causas de derechos humanos, proyecto de ley anunciado con bombos y platillos para celebrar el mes de la Patria según lo entienden los partidarios del “ni perdón ni olvido.

En el tercer párrafo nos hace ver que “basta con estudiar el currículo de esta lista de abogados como su arqueología tuitera (apropiado término) para saber en qué sentido político fallará ese abogado integrante, que, muchas veces con su voto, decide el resultado de un juicio”.

Agrego que, respecto a los ministros, también ya se sabe cómo votarán, toda vez que han pasado por “la prueba de la blancura” tres veces, a saber: en la quina propuesta al presidente, en la elección por éste de quien se propone al Senado y, finalmente, en esta última instancia. Quien no exhiba un récord “políticamente impecable”, no será nombrado. asegurando así la supuesta “imparcialidad” que sirve de título a esta columna.

Volviendo a la carta de la abogada Fernández, ella señala que, “en lo que a mi labor profesional interesa, (ese voto) ha significado la condena a un anciano a morir en la cárcel.”

Finaliza expresando que “hoy existe una oportunidad para que nuestra institucionalidad avance hacia una verdadera independencia en la forma como se distribuye el poder”. Es posible, pero, con todo respeto, paso.
Si alguien piensa que agravio al poder judicial al suponerlo parcial en sus resoluciones, vean lo que hoy dicen los diputados que encuentran “indignante” la
reincorporación del Cabo Zamora y quienes se niegan a aceptar el fallo absolutorio emitido por los tribunales después de cuatro años de investigación.
Quizás lo indignante fue su baja sin esperar el término del proceso, asumiendo anticipadamente que no tenía derecho a la presunción de inocencia. Pero ese es otro tema en el que no quisiera opinar, por respeto a Carabineros de Chile.
Por ahora me quedo con la parcialidad e hipocresía que a diario quedan en evidencia.

12 de sept. de 24

UN INFANTE DE LA PATRIA EN LA FUERZA AÉREA

Humberto Julio Reyes

La asistencia a la Parada Militar del presente año, después de muchos años de ausencia, por preferir la comodidad del hogar y verla por televisión, me llevó a recordar, nuevamente, un episodio de cooperación interinstitucional que creo vale la pena destacar.

Me valgo como fuente principal del anuario del regimiento tradicional “Infantes de la Patria”, correspondiente al año 2002 y que corresponde a su quincuagésimo aniversario, donde se narra la destinación que cumplió entre 1957 y 1962, en la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, el entonces Capitán de Ejército, Jorge Merino Köhnenkamp.

Al presentarse a cumplir su destinación corría el mes de agosto y ya la Escuela estaba preparando su participación en la Parada Militar y, careciendo de banda, su director le encomendó la misión de formarla.

Debe recordarse que todas las unidades que participaban en ese desfile, integrando el subescalón aéreo, sólo contaban con las bandas de la Escuela de Aviación.
Nos relata el Capitán Merino que comenzó por seleccionar entre los alumnos aquellos que tenían algún conocimiento o facilidad para la música y se solicitó a la Escuela de Aviación un suboficial músico y el instrumental correspondiente.
Deja el Capitán Merino especial constancia de la lealtad y actuación del suboficial músico Fernando Veas Fritis y del sargento 2° Pedro Peña González, lo que le permitió organizar una Banda de Guerra “bastante aceptable” y en quince días “tener ésta en
condiciones de formar”.

No pudiendo en tan corto tiempo organizar una banda instrumental se recurrió a la Escuela de Carabineros y, vestidos con el uniforme de la Escuela de Especialidades, los músicos facilitados “en préstamo” participaron tanto en las preparaciones como en la parada del año 1957.

Fue justamente en una de esas actividades, en que siendo cadete me preparaba también para mi primera parada, que escuché algo sorprendido una marcha que me era algo conocida, aunque no la identificaba con las que habitualmente se interpretaban para desfilar, habiendo sido espectador de paradas desde 1948. A este punto volveré más adelante.

Satisfecho el director con lo logrado y con miras a la próxima parada se le dio una nueva misión al Capitán Merino: contando ya con una banda de guerra era primordial tener una banda instrumental que fuera propia.

Se buscó en diversos establecimientos educacionales jóvenes con antecedentes apropiados, partiendo por un instituto que dependía de la Dirección de Prisiones y donde, entre diversos oficios, estaban los musicales.

Era el “Instituto Alcibíades y Vicencio” de San Bernardo, que autorizó a 25 jóvenes entre 15 y 18 años en calidad de préstamo al que se sumaron otros 15 procedentes de una escuela de músicos de San Vicente de Tagua Tagua. Se corrió la voz en la zona y pronto se organizó una banda instrumental de 45 integrantes “jóvenes y eficientes”, los que en 1962 fueron contratados por la Fuerza Aérea con el grado de Soldado 1° y con el correr del tiempo jubilaron con el grado de suboficial.

¡Todo un logro!

Ya constituidas ambas bandas, prosigamos ahora con la parada militar del año 1958.
“El año anterior se había desfilado con la marcha militar de Schubert (ésa es la que me había parecido familiar al escucharla el año anterior) y por este motivo el señor Director, Comandante de Grupo don Rogelio González Mejías, me manifestó que la marcha en cuestión era muy bonita para un concierto, pero no para un desfile, y él quería que esta nueva banda lo hiciera con aires marciales y me encomendó que le presentara una que fuera adecuada para ello.”
Prosigue el relato: “Me aboqué en buscar una con esas características y finalmente le presenté la marcha alemana “Viejos Camaradas”, ésta le gustó bastante y desde esa fecha hasta el día de hoy la Escuela desfila al son de sus acordes.”
Agregó que la popular marcha fue compuesta aproximadamente en 1889 por el músico y compositor Carl Teike, estando fresco aún el recuerdo de los grandes triunfos de Prusia en las guerras contra Dinamarca, Austria-Hungría y Francia. Su letra original es un llamado a la alegría y camaradería con que el soldado debe soportar las pruebas que impone la vida militar.

Pero la historia no termina ahí, ya que, “dado a la juventud de sus integrantes y sus condiciones artísticas se pudo organizar dos orquestas de espectáculos que le dieron gran relieve a la Escuela de Especialidades y a la Fuerza Aérea de Chile”.
Las actividades de estas orquestas exceden el propósito del presente artículo, pero existiría al respecto un específico reconocimiento en el tomo II de la Historia de la Fuerza Aérea de Chile, de la cual es autor el General del Aire Rodolfo Martínez Ugarte, quien fue el jefe del Gran Concierto de Primavera, realizado en 1961, con motivo del sismo del año anterior, para llevar apoyo espiritual a nuestros compatriotas afectados por la catástrofe.

El Capitán Merino, a su retiro del Ejército, fue por muchos años activo integrante del regimiento tradicional “Infantes de la Patria” y, afortunadamente, nos ha legado las memorias que ahora permiten recordar el origen de las bandas que continúan encabezando el marcial paso del instituto formador de los suboficiales de nuestra Fuerza Aérea.

Se decía, años ha, que la banda era el alma del regimiento, alegrándonos con sus interpretaciones y suavizando la rudeza de la vida militar y, por ello, quisiera pensar que aún sobreviven algunos de los integrantes de esas primeras bandas y que existe algún testimonio de quienes participaron en dotar de “alma” a la Escuela de Especialidades, hace ya 67 años.

VISIONES IRRECONCILIABLES DEL PASADO RECIENTE

Humberto Julio Reyes

Desde hace muchos años, más de treinta, septiembre, llamado el mes de la Patria, reflota nuestras diferencias respecto a los acontecimientos que condujeron al quiebre de la democracia.

Esta vez no ha sido la excepción.

Habitualmente las expresiones comienzan con actos de conmemoración de los partidarios de la Unidad Popular, relativamente masivos y con desórdenes de grupos reducidos pero violentos y que no son replicados por quienes sólo tienen un mal recuerdo de esos años o que agradecen en forma más discreta que la peor crisis política del siglo XX haya podido ser superada.
Lo novedoso fue que la juventud de un partido de reciente creación, haciendo uso de su libertad de expresión, haya difundido un video planteando su visión de lo sucedido el 11 de septiembre de 1973, acción que provocó la publicación de una carta firmada por un grupo de personas que se identifican con un partido de la llamada centro derecha, donde se califica dicho video de “lamentable retroceso democrático”.
Posteriormente dicha carta fue contestada por el presidente nacional de dicha juventud, en lo que tituló “nuestra postura”, donde expresa la existencia de una diferencia profunda e insalvable entre las visiones de ambos grupos.
La diferencia básica residiría en que para unos lo sucedido en esa fecha fue una tragedia para Chile y para otros, los autores del video, significó la salvación de nuestra libertad y nuestra democracia.

Adelanto que estoy con quienes sustentan “nuestra postura” ya que, si bien en el sentido griego de lo que es una tragedia, eso fue lo que vivimos durante la Unidad Popular, agotadas todas las vías democráticas, un grupo de hombres de armas asumió la enorme responsabilidad de intervenir, justamente para salvar lo que quedaba de nuestra democracia.

Los subordinados de dichos hombres, salvo contadas excepciones, obedecimos y, con ello, se evitó una división similar a la de 1891 y la consiguiente guerra civil.
Volviendo al primer intercambio de cartas, éste no terminó ahí, ya que se han publicado posteriormente otras, sea abundando en lo ya publicado o exponiendo diversos argumentos, reflejando la imposibilidad de acercar la diferencia inicial, peor aun, ahondándola al recurrir a suposiciones ya desmentidas por los actores del momento, como el plebiscito frustrado por el pronunciamiento o el no acatamiento de los resultados del plebiscito de 1988.

Por respeto al paciente lector, no recurriré a apoyar aquellos argumentos leídos y con los cuales concuerdo, tampoco a rechazar los que no considero válidos, sino que expondré lo que no estuvo presente o no advertí en el intercambio.
Lo primero que me llamó la atención fue la mención a que “el 11 de septiembre hubo cerca de 80 víctimas, entre ejecutados y detenidos desaparecidos”. Asumo que la cifra está respaldada pero no veo entre esas víctimas a los nuestros, sí, a los caídos cumpliendo órdenes y que no eligieron estar ahí donde alguien les dio muerte.
Digo esto porque parecería que ese día, para algunos, nuestros 36 camaradas de las fuerzas armadas y de Carabineros, fallecieron de causas naturales y no por acción de alguien que los enfrentara.1

Esas víctimas ignoradas por los autores de la primera carta también tenían una familia que no clamó verdad, justicia y reparación en los tribunales ni sigue hasta el día de hoy enrostrando su muerte a los que sí continúan victimizándose en estas fechas.
Me detengo también en el argumento según el cual un gobierno democráticamente electo no puede ser depuesto, como si bastara con su legitimidad de origen.
A esas personas que posiblemente no habían nacido o eran niños, quisiera recordarles que Salvador Allende fue elegido por el congreso, previa aceptación de su
parte de un estatuto de garantías que no cumplió.
En su conocida entrevista con Debray reconoce haberla firmado por “razones tácticas”, vaya cinismo, pero le concedo que, quizás, asumió que, para sus adversarios políticos, la Democracia Cristiana en particular, era sólo un saludo a la bandera para salir del embrollo y votar favorablemente, salvando la cara.
Finalizo mis opiniones con el repetido supuesto deseo del presidente Pinochet de no respetar el resultado desfavorable del plebiscito de 1988, pero que terminó respetando.
Más allá que, en su momento el General Matthei aclaró las cosas, yo podría suponer lo mismo respecto a la intención que se le atribuye al presidente Allende de llamar a un plebiscito en 1973: deseaba hacerlo, pero no lo hizo.
Por lo demás, llamar a un plebiscito de resultado favorable tan improbable, no parece propio de un político avezado como era su caso.
Para terminar una conclusión, perdonando la redundancia:
En este intercambio de visiones irreconciliables la izquierda ha tomado palco y seguramente lo ha disfrutado y sacado cuentas alegres con la división de sus opositores.
Por su parte, los más fieles partidarios del presidente Allende, el Partido Comunista, se abstiene de reprochar a los socialistas, hoy democráticos, su principal responsabilidad en haber bloqueado, junto a otros intransigentes, toda posibilidad de una salida política a la crisis.

Toda una lección.

26 de sept. de 24

1 La verdad olvidada del terrorismo en Chile 1968-1996. El Libro de las Fuerzas Armadas y Carabineros en condición de retiro. 2007. Págs. 83-85.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional