Entrevista a Carlos Peña y su dura citica a los constituyentes por Marcelo Soto ExAnte, 05/09/2021 — Sacar a las FFAA y reformar Carabineros: Como podrían cambiar las fuerzas de orden en una nueva Carta Magna por Cristóbal Fuentes. (La Tercera)
Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.
Carlos Peña es rector de la Universidad Diego Portales y un columnista sumamente leído, respetado y –era que no- resistido.
Autor prolífico, sus libros más recientes son “Ideas periódicas, Introducción a la sociedad de hoy” (Ed. El Mercurio); “Pensar el malestar” (Taurus) y “El desafío constitucional” (Taurus).
En esta entrevista, habla sobre los primeros dos meses de la Convención Constituyente, en la que observa señales de desmesura y desvarío. También critica el discurso identitario y advierte sobre el germen del autoritarismo.
¿Cómo ves hasta ahora el debate que se ha dado entre los constituyentes? ¿Te ha sorprendido o decepcionado?
Lo que más me ha llamado la atención de estas primeras semanas de la Convención, ha sido el énfasis que muchos de sus miembros han puesto en lo que pudiéramos llamar la política de la identidad. Como todos seguramente recuerdan, uno de los momentos celebratorios de la convención consistió en poner una multitud de banderas a la entrada del Congreso, en una muestra flagrante de la manera en que una buena porción de sus miembros se conciben a sí mismos: como minorías invisibilizadas o maltratadas o históricamente excluidas que, por fin, logran comparecer en el espacio público.
¿Qué tan relevante es esa cualidad?
Es difícil exagerar la importancia de este hecho. La idea que la sociedad chilena es la suma de identidades diversas, con demandas también diversas, con territorios particulares es lo más llamativo de lo que hasta ahora ha ocurrido en la Convención: el tránsito de una política ciudadana en la que todos reconocen el mismo origen, a una política de la identidad donde cada grupo reclama uno distinto.
Ese rasgo identitario es el que explica que muchos grupos que están allí representados hayan adoptado una actitud más expresiva de lo que son o creen ser, que una disposición al diálogo.
En tu columna del 3 de septiembre en El Mercurio adviertes el peligro que subyace en cierta forma de razonamiento de la convención. ¿Crees que hay allí un germen de autoritarismo?
Bueno, la creencia que hay bienes que deben ser perseguidos a ultranza a costa de otros bienes, descuidando el hecho que las sociedades abiertas suponen el esfuerzo por compatibilizar o conciliar bienes que a veces parecen opuestos y hasta rivales entre sí, es casi siempre un germen autoritario.
Pretender que el deber del estado de impartir educación pública desaloje el derecho de las familias a transmitir a las nuevas generaciones sus creencias o su propio discernimiento del bien, conduce, desde luego, a una forma de autoritarismo.
Es sorprendente que una convención que, como acabamos de ver, reivindica las identidades culturales y solicita se preserven, se niegue, sin embargo, a que los diversos grupos puedan transmitir sus valores mediante el sistema escolar. Esto último una sociedad abierta debe permitirlo, resguardando, por supuesto, contenidos comunes mínimos.
A propósito de la libertad de enseñanza, comparas el razonamiento de los convencionales con el discurso economicista que ellos mismos critican. ¿Qué expresa esa contradicción?
Bueno, esa contradicción indica falta de reflexión. Creer que en el diseño de las instituciones políticas hay que razonar estableciendo escalas de prioridades -donde una prioridad debe desalojar a la otra- es un severo error.
Eso es propio de las políticas públicas; pero no es propio de una política democrática que debe discernir o deliberar cómo maximizar muchos bienes al mismo tiempo. Esto que parece abstracto, es lo que hacen las cortes constitucionales en todo el mundo cuando razonan.
El desafío que enfrenta la racionalidad política es cómo perseguir varios bienes a la vez: la propiedad privada con la solidaridad; la libertad personal con la seguridad y el orden; el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos con el deber del estado de proveer educación pública, etcétera. No se trata de optar por uno de esos bienes, el desafío es compatibilizarlos todos.
El apoyo a la Convención, según las encuestas, ha ido bajando drásticamente. ¿Qué señales preocupantes observas?
Es probable que lo que decía denantes esté influyendo en esa baja. Ha habido hasta ahora en la convención una primacía de las identidades y una política más expresiva que reflexiva. Se suma a ello la idea de los propios convencionistas acerca de su labor -que consistiría en refundar Chile, como algunos gustan decir- que los hace aparecer como desmedidos, con una idea desmesurada acerca de lo que son y los deberes que poseen.
Carmen Gloria Valladares, del Tricel, criticó que los convencionales hayan subido los montos para asignaciones, porque era una idea que iba en contra de la austeridad del servicio público. Pasaron de $1,5 millón a $4 millones. ¿Te parece que es un signo revelador o se ha hecho una polémica de nada?
No, eso quizá sea injusto. La Convención necesita recursos para ampliar el diálogo y contar con buenas asesorías. Solo hay que cuidar que exista una rigurosa rendición de cuentas de esos recursos. Para la labor que ejecutan, el monto que han solicitado -que no es remuneración, sino gastos para los apoyos que requieren- sigue siendo razonable.
En términos simbólicos y como señal política, ¿qué te dice el auge y caída desastrosa de la Lista del Pueblo?
La Lista del Pueblo es, en algún sentido, análoga a lo que ocurrió durante el movimiento del 18 de octubre del 2019 y especialmente en los primeros días: una suma o agregado de demandas de diversa índole, sin orgánica, sin programa, expuesto a liderazgos puramente audaces.
La idea que basta el entusiasmo y la ejecución de actos expresivos -la tía Pikachú, el dinosaurio, las identidades múltiples- para constituir al pueblo o ampliar la participación democrática simplemente es falsa.
Gabriel Salazar dijo que la convención se enfrenta a un callejón sin salida. ¿Piensas que la asamblea constituyente puede fracasar? ¿Por qué?
Creo que esa opinión de Gabriel Salazar debe ser examinada desde el punto de vista más general que asoma en su trabajo intelectual. Al parecer él piensa -así lo expone una y otra vez- que en la historia subyace un sujeto -el pueblo- que está llamado a ejercer la soberanía.
Esa es una tesis normativa propia de la democracia; pero el problema que yo veo es que él la plantea como una tesis historiográfica: la historia sería, entre otras cosas, el esfuerzo del pueblo, ese sujeto colectivo, por tomar las riendas de su propio destino.
Por debajo del acontecer que llamamos historia, habría un hilo -el pueblo intentando liberarse- que la unifica. Desde ese punto de vista, si lo entiendo bien, la Convención constitucional no estaría a la altura de la trayectoria histórica que ese sujeto -el pueblo, un verdadero sujeto trascendental- estaría llamado a tener.
El pueblo así concebido estaría fuera de la Convención, obviamente, y de ahí entonces que Gabriel Salazar plantea que si no se abre a lo que está fuera entrará en un callejón sin salida.
¿Qué piensas de ese punto de vista?
A mí me parece que hipostasiar al pueblo a ese extremo viendo la historia política como el esfuerzo de ese sujeto colectivo por tomar las riendas del acontecer, es demasiado general y es más bien una discutible tesis de filosofía de la historia.
Pero son los historiadores los que debieran decir si esa forma de concebir la historia es correcta o fecunda. A mí me parece que al margen del espléndido trabajo de G. Salazar, ese punto de vista general que él sostiene es erróneo.
¿Cómo evalúas el liderazgo de la presidenta, Elisa Loncón?
A mí me parece que la presidenta Loncón concibe su posición institucional de manera identitaria -poniendo siempre por delante las demandas de su pueblo- más que como una posición imparcial y equilibrada que es lo que se requiere para conducir la deliberación constitucional.
Pienso, como lo he dicho otras veces, que ello la lleva a dar por zanjada una discusión, como la relativa a los derechos colectivos de los pueblos originarios, que no se ha llevado adelante.
Creo, como ella, que los pueblos originarios tienen derecho al reconocimiento; pero pienso que para que eso esté dotado de legitimidad requiere una deliberación colectiva que está pendiente y su deber no es suponer que ya se resolvió, sino impulsarla.
Ella se ha enfrentado a la prensa y otros convencionales también. De hecho Ascanio Cavallo dijo a Ex-Ante que había maltrato hacia los periodistas. ¿Estás de acuerdo?
Y sí, tal como Ascanio Cavallo lo ha dicho, hay una cierta alergia a la prensa en algunos integrantes de la Convención cuya fuente debe ser, sin duda, la idea que la prensa está manipulada o que sirve intereses oscuros, ese tipo de prejuicios que se extienden en las redes y que, desgraciadamente, de pronto, se han transformado sin más en argumentos o en razones.
ENTREVISTA A CARLOS PEÑA Y SU DURA CRÍTICA A LOS CONSTITUYENTES: DESMESURA, FALTA DE REFLEXIÓN Y AUTORITARISMO
Marcelo Soto
ExAnte, 05/09/2021
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.
Sacar a las FF.AA. y reformar Carabineros: Cómo podrían cambiar las fuerzas de orden en una nueva Carta Magna. Cristóbal Fuente. La tercera, 03/09/2021
Cristóbal Fuentes
La Tercera, 03/09/2021
A comienzos de esta semana, un grupo de constituyentes defendió la idea de “reemplazar a Carabineros”.
Si bien aclararon que solo se trataba de una propuesta, es posible que, bajo una nueva Constitución, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sí experimenten cambios determinados por la Convención. Mantenerlas como están, eliminar el capítulo especial dedicado a ellas y garantizar su subordinación al poder civil son algunas de las propuestas.
Desde antes de que la Convención Constitucional comenzara a sesionar, las reformas a Carabineros de Chile, e incluso su reemplazo, eran ideas que se escuchaban con frecuencia en los debates políticos.
Y aunque aún no se entra en la etapa de discusión constitucional, la discusión sobre el futuro de la institución se tomó la Convención esta semana debido a la iniciativa ingresada por el convencional Manuel Woldarsky para “reemplazar a Carabineros” por un “servicio público que ejerza la función policial bajo respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.
Aunque los convencionales que apoyaron la idea aclararon que solo se trata de una propuesta y no de una imposición, lo cierto es que no solo el futuro de esa institución es incierto. Tanto Carabineros como la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y la PDI podrían experimentar cambios si así lo determina una nueva Constitución.
Actualmente, la Carta Magna incluye cinco artículos referidos a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de Orden y Seguridad en el capítulo XI del texto.
El primero de ellos, establece qué instituciones las componen, de qué ministerio depende cada una y para qué existen. Además, se especifica que las FF. AA. y Carabineros, como cuerpos armados, son obedientes y no deliberantes.
El artículo 104, por su parte, especifica que los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como también el general director de Carabineros, son designados por el presidente, duran cuatro años, no pueden ser renombrados y son inamovibles de su cargo.
Además, en el capítulo XII, sobre el Consejo de Seguridad Nacional, se plantea que esa institución es la encargada de asesorar a el o la presidenta en materias de seguridad nacional y de ejercer las funciones encomendadas por el texto constitucional.
El analista político Guillermo Holzmann explica que la presencia de las FF. AA en una Constitución responde a que son instituciones fundamentales para la seguridad nacional. “Esa seguridad del Estado está asociada al desarrollo del Estado. Para la sociedad, la seguridad es una condición, que la debe brindar el Estado”, dice.
Sin embargo, para la académica de la Universidad de Santiago y experta en seguridad Lucía Dammert, es claro que la actual Constitución responde al período en que fue escrita: “Obviamente no es un período democrático. En ese marco, deja muchas salvaguardas para los niveles de autonomía institucional”.
¿Las Fuerzas Armadas tienen lugar en la Constitución? Conscientes del rol que tienen las policías, Dammert, junto a otros 14 expertos que conforman un grupo de estudios policiales, se han reunido con distintos convencionales y les han hecho entrega de una guía de “cinco puntos para un nuevo estatuto constitucional de la policía”. Uno de ellos plantea la idea de que las FF.AA y de Orden y Seguridad no debieran ser parte de un capítulo autónomo de la Carta Magna. En su lugar, deberían ser una regla que forme parte del capítulo dedicado a la organización del gobierno.
La politóloga y académica de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, explica que, al tener un capítulo especial “se les mantiene como poder de seguridad con el rango de un poder del Estado como lo es el Congreso, el Ejecutivo y el Banco Central, dándole una autonomía relativa impropia en una democracia”. Para Dávila, esa lógica “corresponde al diseño institucional de la dictadura civil militar’’ pues, en una democracia plena “las FF.AA. deben ser un servicio público regulado por leyes comunes”.
Holzmann, por otro lado, preferiría que las FF. AA. se mantengan en un capítulo especial dentro de la Carta Magna: “No me parece que sea coherente o razonable o de sentido común que las FF. AA., de Orden y Seguridad estén en el capítulo de gobierno. El gobierno tiene que ver con la gestión, con la manera en que se ejerce la capacidad, atribuciones y cualidades que debe tener la estructura gubernamental”, comentó.
Según se constata en análisis de AthenaLab, un centro de estudios dedicado a la defensa nacional y las relaciones internacionales, la dedicación de un capítulo especial de las FF. AA. no es una particularidad de la Carta Magna chilena.
De hecho, aproximadamente la mitad de los 41 países incluidos en un estudio publicado en marzo de este año lo hacen, incluyendo a estados consolidados de democracias representativas, como Alemania, Austria, Finlandia, Portugal y Suiza.
Aunque el exministro de Defensa y del Interior, Jorge Burgos (DC), también reconoce que preferiría que se les destine un capítulo especial en la Constitución, asegura que esa es una discusión secundaria. Lo relevante para él es que estén: “A mí me parece que eso es bien importante que quede en la Constitución (…). Yo no reenviaría a una ley, aunque fuera especial, el tema de las FF.AA. Creo que sería un retroceso institucional para Chile”.
Cambios y puntos pendientes. Más allá de en qué lugar de la Constitución deberían ubicarse, existen aspectos incluidos en la actual Carta Magna en relación a las FF. AA. y de Orden y Seguridad que han hecho que los expertos en la materia se planteen cómo podrían funcionar bajo una nueva Constitución. Un punto relevante para Dammert sería garantizar la subordinación de las fuerzas al poder civil. “Si tú le quitas el rango constitucional, por ejemplo, se podría legislar en la necesidad de aumentar la transparencia de la información policial”, dice.
Frente a la idea de garantizar la subordinación al poder civil, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, considera que actualmente eso se cumple: “Si el poder civil, el jefe de Estado y los ministros hacen su trabajo, la policía está subordinada a ellos, eso no está en discusión”.
Con él, está de acuerdo el también exministro Burgos: “Más allá de lo que haya ocurrido en la práctica, que hayan tenido grados de autonomía importantes y no positivos, eso no se debe a que en la Constitución surja su carácter autónomo. Es una cuestión más bien de la ley y de la práctica”.
Desbordes agrega que es fundamental mantener en la Carta Magna que las FF. AA. son obedientes, apolíticas y no deliberantes. “Uno ve el abuso que se hace de esas instituciones en Venezuela, en Cuba (…) Mantener estos criterios generales a nivel constitucional me parece que es saludable”, afirma.
En esta misma línea, Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab, sostiene que el riesgo de tener FF. AA. absolutamente obedientes al Ejecutivo es que “si el Presidente las quiere utilizar para mantenerse en el poder, vamos a terminar mal. Las FF. AA., al igual que en el caso de Estados Unidos, se deberían deber a la Constitución, porque hoy en día tienen un juramento que no es constitucional”, explica.
Un aspecto de la actual Constitución que para Kouyoumdjian resulta problemático es que se le dé un rol “un poco más grande de lo que a mí me gustaría en los períodos de excepción constitucional”. El experto advierte: “A veces eso hace que los políticos, porque las FF. AA. obedecen a los políticos, puedan terminar, en periodos de emergencia, en estados de sitio”.
En este sentido, Dávila considera que, en lo referido a los estados de excepción, “se deberían especificar los roles castrenses, establecer el mando civil sobre las FF. AA. y sustituir militares por civiles como jefes de la defensa nacional en las zonas declaradas en estado de excepción (…)”.
El debate que protagoniza Carabineros. Sobre las eventuales reformas a Carabineros, el exministro Burgos sostiene que, una vez que se discuta la Constitución propiamente tal, es posible que, por ejemplo, se proponga establecer que las policías sean civiles. “Eso está dentro de las posibilidades que lo proponga. En eso (los convencionales) tienen competencia, no hay duda de que la tienen, más allá que sea bueno o malo. Si la propuesta de Constitución va a decir en ese capítulo que las policías están para cumplir el orden jurídico, la seguridad, pero estas serán policías de carácter civil, no militar, eso lo pueden proponer, (…) y la gente puede aprobarlo en el plebiscito de salida”, agrega.
Dávila explica que “las sugerencias que han hecho en las comisiones provisorias de la Convención Constitucional apuntan a la necesidad de reformar la policía para adaptarla a un Estado democrático”. Agrega: “En la discusión plenaria se deberá decidir cómo la nueva constitución establece una policía no militarizada inserta en un Estado democrático de derecho bajo un efectivo control civil”.
Por otra parte, Desbordes plantea que determinar específicamente las reformas a Carabineros es un tema que le compete al Congreso y no a la Convención: “La Convención Constitucional tiene otro rol, no puede meterse en el detalle de la reforma a Carabineros (…), no es el rol que le asignamos a la Constituyente cuando firmamos el acuerdo del 15 de noviembre. Tienen todo el derecho a opinar, por supuesto, pero no les corresponde entrar en el detalle del proceso de modernización”.
Aunque Dammert ve con buenos ojos que se haya tocado el tema policial, advierte es importante evitar la polarización a favor y en contra de la policía o la institución: “El objetivo principal, como en muchos países en que las policías y el sector seguridad tienen que reformarse, es asegurarnos de tener una policía democrática que respete los DD. HH. y además sea eficiente en la lucha contra el crimen”.
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Un aporte del Director de la Revista, Antonio Varas C.
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