Categoría: Columna de Opinión

La voz de las iglesias presentes en el país no solo pone el acento en la consagración constitucional de libertades fundamentales para todo sistema democrático, sino también reafirma principios esenciales que han estado presentes en la vida institucional desde hace un siglo y perfilado a la sociedad chilena, donde la coexistencia de diferentes confesiones religiosas ha colaborado en la promoción de valores propios del bien común.

El Mercurio, Editorial, 21/10/2021

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR. Antonio Varas C.

Lenguas Maternas, por Adriana Valdés (El Mercurio, Columnas de opinión, 01/10/2021) —- Historia de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones Pitts S2 y Extra 300, FACH 1994 ( ver al final video)

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

“Las diversidades manifiestas en las lenguas originarias, las dobles y múltiples lenguas memoriosas en que nos expresamos, son parte de nuestra riqueza cultural y cabe, entonces, atesorarlas”.

La Academia Chilena de la Lengua ha incorporado como miembro honorario al poeta Raúl Zurita, a quien saludo en esta página por su obra notable, y a quien esperamos, si el covid lo permite, recibir con la ceremonia que se merece.

Motivada por unas desafortunadas declaraciones de una autoridad madrileña respecto de la lengua y la conquista españolas, que imagino cuánto habrán hecho sufrir a la diplomacia de su país, recuerdo hoy unas palabras admirables de Zurita sobre nuestro idioma, pronunciadas en una conferencia acerca del “Canto General” de Neruda hace unos años.

A propósito de las Alturas de Machu Picchu, Zurita se refirió a la nuestra como “una lengua doble”, “una lengua que se ha perdonado a sí misma por los crímenes que esa misma lengua impuso”. En una lengua, explica, está el río de la memoria histórica, y esta se da en cada uno de sus hablantes. La grandeza de Neruda en ese poema es traer a la memoria una lengua que es a la vez reconciliación con su propia historia, “capaz de celebrarse a lo Walt Whitman”.

En América, el español es a la vez idioma y memoria histórica, que culmina en cada uno de nosotros y en un mestizaje que ha dado, en Gabriela Mistral, en Pablo Neruda, en los premios Cervantes Gonzalo Rojas y Jorge Edwards, en Raúl Zurita y en Óscar Hahn, todos ellos reconocidos en España, una vitalidad inseparable de la grandeza de la lengua. Hoy nuestro diccionario es el de todas las Academias hispanohablantes del continente, de la Asociación de Academias de la Lengua Española y no de la RAE como solemos decir, y la corrección con que habla “la gente educada”, según Andrés Bello, no es patrimonio de la meseta madrileña. El uso correcto es el de los hablantes del mundo.

Conviene recordar en estos tiempos delicados que el castellano de Chile se formó en contacto con las lenguas de los pueblos originarios, lo que significa que absorbió experiencias, formas de emocionarse y de parlamentar, y, como dice el secretario de la Academia, Guillermo Soto, “todo aquello que conforma la cultura”.

La Convención Constitucional ha mostrado la diversidad del país “en un lugar de autoridad en que no estábamos acostumbrados a verla”, señala. Las diversidades manifiestas en las lenguas originarias, las dobles y múltiples lenguas memoriosas en que nos expresamos, son parte de nuestra riqueza cultural y cabe, entonces, atesorarlas.

Contar con una lengua común, capaz de llegar a seiscientos millones de hablantes, es un enorme capital a escala mundial. Conservar como un tesoro los rastros de identidad que cada lengua originaria nos ofrece y nos está demostrando en la Constituyente —lo encarno en la figura admirable de Elisa Loncon— es un enriquecimiento cultural ofrecido a todos los chilenos en un momento extraordinario de su historia.

 Adriana Valdés

El Mercurio, Columnas de opinión, 01/10/2021

LA CONVENCIÓN Y LA VIOLENCIA DE AYER. El Mercurio, Editorial, 19/10/2021 —– DESAFÍOS E HIPOCRESÍAS. El Mercurio

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

“Ha quedado demostrado el inmenso error de vincular el proceso constitucional con la reivindicación de graves delitos”.

La jornada vivida ayer confirmó cuán desafortunada fue la decisión de la Convención Constitucional de haber elegido un día como el 18 de octubre para iniciar simbólicamente el trabajo de redacción de una nueva Carta Fundamental, luego de haber concluido ya la elaboración de sus reglamentos.

Como era previsible, el segundo aniversario del estallido de 2019 estuvo marcado por manifestaciones violentas en distintas ciudades.

En Santiago, una vez más, la Plaza Baquedano se transformó en uno de los lugares de concentración y campo para la acción de vándalos que se desplegaron por la Alameda Bernardo O’Higgins hacia el poniente, generando incidentes que incluyeron barricadas, lanzamiento de fuegos artificiales y saqueos a locales comerciales; hito de todo aquello fue el fuego encendido en la histórica escalera del cerro Santa Lucía.

Distintas comunas de la capital también vivieron situaciones similares, en un día que partió con ataques a recintos policiales, cortes de tránsito e incluso la colocación de artefactos explosivos, además de ataques incendiarios, hechos que al cierre de esta edición continuaban.

De este modo, lo que debía ser un hito republicano, como es la discusión de una nueva Constitución, terminó opacado en medio de una jornada que tuvo por protagonistas a quienes durante los últimos dos años han hecho todo lo posible por impedir cualquier salida institucional a la crisis y desestabilizar el país, autoatribuyéndose además el supuesto derecho de alterar la vida y la paz del resto de los ciudadanos en aras de sus objetivos rupturistas.

Lamentablemente, la ambigüedad, cuando no el franco apoyo a toda esa violencia, ha sido hasta ahora una característica en el actuar de la mayoría que controla la Convención, como quedó de manifiesto ya en sus jornadas de instalación.

Sintomático es que la primera declaración aprobada por el pleno fuera un llamado a los poderes del Estado para que se indulte a aquellos que los convencionistas han denominado “los presos de la revuelta”, esto es, quienes han sido imputados o condenados por algunos de los gravísimos delitos —desde el homicidio frustrado hasta la quema de museos e iglesias— que se han cometido en el país, en el contexto de manifestaciones durante los últimos dos años.

Desde entonces, en los debates del organismo y en las declaraciones y decisiones de sus miembros, la idealización de esa violencia ha tendido a ser una constante, hasta la referida decisión de haber escogido el 18 de octubre para iniciar la fase clave de su trabajo, pues —en palabras de su presidenta— se trataría de “un día simbólico, un día que se lo ganó Chile”.

Conforme con esa visión, no es sorprendente que ayer, al término de la sesión en la sede del ex-Congreso, varios de los convencionales prorrumpieran en gritos demandando la libertad de los detenidos por la violencia.

Subyace en definitiva a tales planteamientos un diagnóstico que explicitó en los primeros días de sesiones el convencional Fernando Atria, del Frente Amplio, al afirmar que “esos hechos (los delitos que se pretende cubrir con el indulto) fueron necesarios para abrir el proceso constituyente”, cual si la Convención —fruto de un amplio acuerdo político concebido para recuperar la convivencia y asegurar el encauzamiento democrático de los conflictos— tuviera una deuda con los violentistas.

Tal vez ello explique la insistencia de un órgano democrático por colmar de gestos a quienes con sus actos descreen de la democracia y de la propia Convención, incluso insultando y hasta atacando a miembros de ella, y que tampoco parezca haber reacción cuando se amenaza —como ayer lo hicieron dirigentes de la CUT— con ocupar su propia sede si no se accede a sus demandas.

No parecen entender muchos de estos convencionales que, al insistir en la reivindicación política de graves delitos, no solo vinculan el proceso constitucional con un origen ilegítimo, sino que además ponen en riesgo el objetivo básico de este esfuerzo, cual es acordar una Carta Fundamental con la que todos los chilenos pueden efectivamente sentirse identificados y no simplemente satisfacer a un puñado de vándalos y delincuentes.

En su declaración de julio, los constituyentes justificaron la violencia de octubre de 2019 como supuesta “consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución”.

Hoy, cuando ese proceso está ya en pleno desarrollo y la violencia sigue sin embargo tomándose las calles, cabe demandar al menos una reflexión a quienes tienen en sus manos la tarea de proponer el país un nuevo orden institucional.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

DESAFÍOS E HIPOCRESÍAS

El Mercurio, Editorial, 19/10/2021

Si en 1990 se hubiera medido la pobreza de ingresos con los actuales estándares, habría llegado a un 68%.

En 2017, un reflejo del excelente desempeño económico y social del país en 27 años alcanzaba a un 8,6%. En 2020, en momentos que, producto de la pandemia, se observaba una fuerte caída en la ocupación y un despliegue de apoyos económicos inferior al actualmente vigente, la tasa llegó al 10,8%; sin duda, habría sido mayor sin dichos apoyos.

Este año, las ayudas han crecido significativamente y también se ha recuperado el empleo. Producto de esta realidad, el Banco Mundial está anticipando que la tasa de pobreza caerá a un 2,5 %. Las transferencias, al afectar los ingresos disponibles de manera proporcionalmente distinta, están teniendo también un fuerte impacto en la desigualdad: según el mismo organismo internacional, el coeficiente de Gini caería en cinco puntos base, para situarse en 0,39.

Hay que recordar que las medidas de emergencia directas tendrían un último desembolso en diciembre y luego se mantendrían los subsidios al empleo, que son de una magnitud más reducida.

Así, la pobreza volverá a subir a niveles cercanos al 10%, dependiendo de la velocidad de recuperación del empleo, aún frágil. La desigualdad, en ausencia de las cuantiosas transferencias actuales, también volverá a subir.

Hay aquí un impacto transitorio que se había anticipado, pero que deja lecciones hacia el futuro y que apunta a cómo la mayoría de los países enfrentan las realidades de pobreza y desigualdad en el mundo desarrollado. En efecto, las desigualdades de mercado, es decir, aquellas que se producen como resultado del libre intercambio de bienes y servicios en una economía, no difieren demasiado entre, por ejemplo, Europa y Chile.

Sin embargo, en ese continente hay un sistema tributario más progresivo y transferencias a los hogares mucho más cuantiosas.

El sistema impositivo más progresivo se ha construido en Europa gravando a una mayor proporción de personas y diseñando tramos tributarios más reducidos, de modo que las tasas marginales más altas se expresen en ingresos relativos más bajos que en Chile.

Es pues en el impuesto a las personas donde están las grandes diferencias de recaudación, pero en nuestro debate esa realidad se esquiva. Así, se evitan los conflictos más difíciles en el desarrollo de un arreglo social distinto.

Ahora bien, el efecto redistributivo más grande se logra vía transferencias monetarias, que en nuestro país son escasas. En cambio, se ha privilegiado una serie de programas sociales muy poco efectivos que podrían, de ser cerrados, sumar una base relevante de recursos para aportar a reducir la pobreza y la desigualdad por medio de transferencias directas.

No es fácil llevar adelante esta transformación, porque hay intereses detrás de esos programas y ninguno es de una magnitud tan cuantiosa que haga políticamente atractivo “dar la pelea”. De nuevo, se hipoteca así la búsqueda de un arreglo social alternativo. Por ello, hay mucho de hipocresía en el debate sobre pobreza, desigualdad e impuestos.

La experiencia reciente debiera dejar lecciones. El país necesita de más transferencias monetarias para enfrentar la situación de pobreza y desigualdad que lo aqueja. En esta decisión debe reconocerse también que los grupos que más ayuda necesitan no son siempre el objeto de la mayor atención.

Por ejemplo, la pobreza de los menores de 18 años triplicó en 2017 la de los mayores de 60, lo que afecta, sin duda, su desarrollo futuro. Con todo, cabe advertir también que la desigualdad y la pobreza no pueden enfrentarse solo con transferencias.

Hay que dotar a las personas de las capacidades para poder salir adelante por sí mismas. En esta materia nuestro rezago también es significativo y escasa es la atención que recibe en el debate electoral.

CONMEMORAR EL 18 DE OCTUBRE. El Mercurio, Editorial, 17/10/2021

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales de la Defensa Nacional

Es, en definitiva, una exaltación de la violencia como método de acción política.

La instalación de efemérides a partir de hechos recientes es una antigua táctica de acción política utilizada por partidos y agrupaciones de muy distinto signo, desde el fascismo y el estalinismo hasta los movimientos de derechos civiles.

Las efemérides aglutinan en torno a un liderazgo o una consigna y en contra de un enemigo. Los esfuerzos de quienes se consideran gananciosos a partir de los sucesos de octubre de 2019, y de quienes aspiran a serlo, por establecer como efemérides el día 18 de ese mes, se inscriben precisamente en esta lógica de calificación de los adversarios políticos como enemigos.

Esta calificación es la que justifica el uso de la violencia.

Solo en la noche del 18 al 19 de octubre, turbas incendiaron y dañaron 41 estaciones del Metro de Santiago, hubo numerosos eventos de alteración del orden público, personas lesionadas, buses del sistema público de transporte quemados, decenas de inmuebles públicos y privados quemados o con daños severos, entre ellos edificios y locales de Correos de Chile, farmacias, instituciones bancarias, bombas de bencina, tiendas, supermercados, la Municipalidad de San Bernardo y diversas comisarías.

La secuela de los días y semanas siguientes traería aún más violencia y destrucción. Según un documentado informe de Atisba de diciembre de ese año, un tercio de los 1.461 edificios sobre el eje Providencia-Alameda presentaba daños: 231 por vandalismo, 181 por vandalismo de alto impacto que obligó a cerrar los locales y 18 casos de destrucción total. Además fueron severamente dañados 9 monumentos históricos, uno fue destruido y 34 inmuebles de conservación histórica fueron vandalizados, varios de ellos al punto de quedar inutilizados.

Al mes de diciembre se habían destruido o vandalizado seriamente 239 mil metros cuadrados de aceras, pavimentos y áreas verdes, sin contar la destrucción de dos cafés literarios y de monumentos instalados en parques públicos.

Y aunque sobre las cifras de lesionados hay menor claridad, a un año del 18 de octubre el Ministerio del Interior informaba de 4.817 carabineros lesionados, 82 de ellos por quemaduras y 126 por arma de fuego. En el mismo período fueron atacados 544 cuarteles y 1.198 vehículos policiales resultaron dañados o destruidos.

A todo ello hay que sumar los saqueos de supermercados, farmacias y otras tiendas de retail, que se prolongaron durante meses, y los destrozos causados en las capitales regionales y en otras ciudades.

Tras cada una de estas acciones violentistas hay víctimas concretas y sufrientes. Personas lesionadas, que no pudieron llegar a su destino, que tuvieron que suspender sus tratamientos médicos, que perdieron los esfuerzos de toda una vida a manos de las turbas.

Sin esta ola de destrucción, la pandemia habría sido menos hostil con muchos compatriotas.

Desde el punto de vista político, las demandas de renuncia dirigidas al Presidente de la República por los sectores más radicalizados y la imposición por la fuerza de un itinerario político distinto del que había obtenido una clara mayoría en las últimas elecciones, daban cuenta de la dolorosa precariedad de las instituciones democráticas.

La exaltación del 18 de octubre y de los días que le siguieron es una exaltación de la violencia como método de acción política.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

ABANDONADOS TRAS LAS FILAS ENEMIGAS por GDB Fernando Hormazábal Diaz 11/10/2021—-SE ACABÓ LA PANDEMIA, LA IZQUIERDA Y LA DERECHA por Pablo Cox Vial. El Mostrador, 15/10/2021

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Hace algunos días el general de división (R) Eduardo Iturriaga N. -que cumple condena en el Penal Punta Peuco- escribió una carta a las integrantes de la 6a. Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que el citado oficial -de 84 años de edad- expresa que fue condenado por dicha sala en forma unánime a la pena de 15 años y 1 día de presidio como autor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual, por supuestos hechos acecidos hace más de 45 años.

El preso político junto con desconocer categóricamente tales sucesos señala además que si fuese culpable, guardaría vergonzoso silencio por la naturaleza de los delitos que falsamente se le imputan, precisando por otra parte que su función como miembro de la DINA a la cual fue destinado por el Ejército estaba orientada a la producción de inteligencia militar en el área económica social.

En el libelo se le acusa de aplicación de tormentos a 4 subversivas y de secuestro calificado y aplicación de violencia sexual a 6 detenidas.

Sin embargo, apunta Iturriaga, en todo el expediente no existe constancia ni registro que él haya secuestrado, aplicado tormentos o cometido violencia sexual en forma alguna.

Luego, pregunta a las magistradas si fue condenado por presunción, recordándoles que las presunciones de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal entre otros requisitos deben ser múltiples, graves, directas y concordantes, las que no se incluyen en el expediente, como tampoco la existencia de testigos que avalen tales denuncias, afirmando del mismo modo, que jamás conoció ni tuvo contacto alguno con las mujeres supuestamente secuestradas y violentadas.

El general Iturriaga -con justificada razón- acusa a las magistradas y abogada integrante que han violado su honra y dignidad como ser humano, como miembro de una institución fundamental de la República e integrante de un sólido y numeroso núcleo familiar por un delito no ha cometido y que además de grave es repudiable.

Lo expuesto por el preso político no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg ya denunciado en múltiples oportunidades, sin que ello logre permear la sensibilidad de parlamentarios, gobierno, partidos políticos y en general de la sociedad, que hoy goza de la libertad obtenida gracias a los que actualmente son víctimas de un sistema judicial espurio, obsoleto, que solo rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Sistema integrado en su mayoría por jueces ideologizados y prevaricadores, donde reina la carencia de un debido proceso, no se respeta la prescripción de los delitos, como tampoco la aplicación de la ley amnistía aún vigente, que no obstante, los sucesivos gobiernos han hecho uso para liberar a cientos de terroristas.

La cosa juzgada es violada y se abren procesos no respetando la ley: “La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho”.

La presunción de inocencia es el derecho de la persona que se encuentra imputada y debe guiar la actuación del tribunal competente, independiente e imparcial, pero nuestros jueces lo han reemplazado por la presunción de culpabilidad, y ante la falta de argumentos jurídicos o de elementos probatorios inventaron el concepto del “secuestro permanente”, ficción jurídica reconocida públicamente por un juez de la república en un programa de TV abierta sin que ninguna autoridad reaccionara para revertir esta brutalidad jurídica, bajo cuyo supuesto las personas acusadas de tal delito mantienen aún retenidas a personas desde hace más de cuarenta años, encontrándose los presuntos autores cumpliendo condenas injustas o habiendo ya fallecidos muchos de ellos.

El ministro de justicia -otrora admirador del gobierno militar– y el actual mandatario les han negado los beneficios otorgados a miles de criminales puestos en libertad como consecuencia de la pandemia, basado en otro argumento falso, “por haber sido condenados por delitos de lesa humanidad”, los que, no obstante, estar vigentes en Chile solo a partir de julio del año 2009, Gendarmería ha informado que no existe ningún condenado por tales delitos. Así funciona el Estado de Derecho en Chile.

Pero la denuncia que hace el general Iturriaga no es únicamente su caso particular. No es un procedimiento aislado, ha sido la tónica seguida por los jueces que más que aplicar justicia, buscan venganza, dando lugar por otra parte a un verdadero emprendimiento de abogados y familiares de víctimas por las cuantiosas cifras millonarias que reciben como compensación que pagamos todos los chilenos, aun a costa de falsos testigos con memorias privilegiadas después de más de 40 años que repiten el mismo libreto en cada proceso.

El general Iturriaga condenado en primera instancia por el actual miembro de la Corte Suprema de Justicia Mario Carroza, nunca lo interrogó personalmente, sino un actuario, como tampoco los jueces posteriores Guillermo de la Barra y Paola Plaza según su testimonio; y pese a haber solicitado careos con las presuntas víctimas o eventuales testigos, estos jamás se han realizado.

De manera, estimados feligreses de la parroquia de San Toribio, vayan olvidando una eventual participación de las fuerzas armadas para recuperar la república, y no porque les falte valor o coraje como señalan algunos ignorantes oportunistas; sean insensibles a la falta del Estado de Derecho, al narcoterrorismo de la macrozona sur; o proclives a los gobiernos de izquierda ni sus mandos formen un cartel como en Venezuela, sino porque cuentan con la amarga experiencia del olvido y abandono de quienes cumplen condenas en Punta Peuco, Colina 1 y otras cárceles.

¿Uds. lo harían si estuviesen en sus lugares?

SE ACABÓ LA PANDEMIA, LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

Pablo Cox Vial. El Mostrador, 15/10/2021

El 30 de septiembre se terminó la vigencia del Estado de Catástrofe y se actualizó el Plan Paso a Paso. Vamos extraordinariamente bien con el plan de vacunación.

Volvemos a entrar como hormigas a los malls. Las calles se llenaron de personas al igual que de vehículos, se reactiva la economía y se llenan las azoteas con gente compartiendo un trago y música.

Se produce una suerte de amnesia de los muertos, de los pronados y conectados a ventilación mecánica, de la desesperación del encierro y de la incertidumbre del hasta cuándo.

Nos avisan que se desvinculará a alrededor del 30 % a 50 % de los contratados a honorarios y se disminuirán las camas críticas. Excelente, volvemos al triunfalismo que nos caracteriza cuales jaguares de antaño en un barrio equivocado.

Se suma al ambiente de fiesta el Imacec histórico de agosto del presente año, proyectándose un crecimiento del PIB de dos dígitos, subponderando la baja base de comparación, para no quebrantar el espíritu.

Cual indicación tardía de intervenir un paciente en coma irreversible, que solo le alivia la conciencia al facultativo que la realiza y la angustia a la familia porque se “hizo algo”, seguimos con los retiros de los fondos de las AFP, de los que nos beneficiaremos más los que mayores ingresos tenemos.

Son muchos los países del mundo y vecinos que no han logrado vacunar a un porcentaje importante de la población y siguen desarrollándose variantes.

El precio del gas y del petróleo están subiendo, como también el del carbón. No se logra resolver el entuerto de la logística del transporte de conteiner, como tampoco la escasez de chips. ¿Estanflación a la vista?

En China están con restricción eléctrica, lo cual frena el funcionamiento de las distintas industrias, esto es en parte por el problema del bloqueo al carbón de Australia (uno de los 5 mayores productores de carbón del mundo), pero también para lograr alcanzar la meta de emisión anual establecida por el gobierno de Xi Jinping para lograr la carbono neutralidad al 2060.

Nuestra urgencia sigue llena, teniendo que dejar pacientes hospitalizados sentados, en la nomenclatura conocida como “hospitalización vertical”, al menos en bergeres. Tenemos que suspender intervenciones electivas porque no hay camas disponibles donde poder dejar a los pacientes después del procedimiento. Las listas de espera siguen aumentando en el hospital y las clínicas privadas.

El año 1929 se produjo la Gran Depresión. Luego de una ola especulativa bursátil, se produce la caída de la bolsa de Nueva York, quebrando miles de empresas y quedando millones de personas en la calle. Esta duraría hasta 1939.

Coincidentemente, luego de años de arar las planicies en Estados Unidos, eliminando las raíces de los pastos que las cubrían reemplazadas por plantaciones de trigo, se vino un período de sequía prolongado y de vientos, generando tormentas de polvo, conocido como el Dust Bowl. Estas tormentas de polvo eran tan tremendas y prolongadas que generaron la migración poblacional desde los estados afectados por este desastre ecológico, mayoritariamente hacia California. El Dust Bowl duró entre 1930 y 1939.

Para sacar el país adelante, el presidente Franklin D. Roosevelt estableció “un Nuevo Trato”, consistente en una serie de iniciativas de apoyo social, regulación de la banca, fortalecimiento de sindicatos y de fuerte inversión pública para mejorar el empleo, entre otras.

Pasamos a otra fase, “la derecha” y “la izquierda” elaboraron e implementaron distintas teorías económicas, para lograr el desarrollo industrial y económico de forma exitosa, de forma controvertida en la distribución de la riqueza y ambas con consecuencias conocidas para el medio ambiente.  Basta visitar Puchuncaví y ver por internet el Mar de Aral.

Tanto es así que en mayo del año 2000, en la correspondencia del IGBP del Consejo Internacional para la Ciencia, P.J. Creutzen y E.F Stoermer acuñan el término “Antropoceno” para la época geológica que correría desde fines del 1700 hasta la fecha, fundamentado esto en el impacto que ha tenido el ser humano en la modificación del planeta.

¿Estos son unos hippies que mirando el atardecer se les ocurrió esto? No, Crutzen fue Premio Nobel de Química en 1995 y Stoermer profesor de biología, experto en diatomeas.

En esta fase, tanto de desarrollo como de cambio climático, la receta tradicional de los que fueron protagonistas de la Guerra Fría no sirve. Es así que el año 2007 Thomas Friedman plantea un “Nuevo Trato Verde” en una columna de The New York Times, pero nadie lo pesca mucho.

Luego la representante Alexandria Ocasio-Cortez, junto al senador estadounidense Edward Markey, elaboraron la House Resolution 109. Esta no corresponde a una ley sino a una propuesta, que en resumen promueve que en 10 años se logre la cero emisión de gases de efecto invernadero, asegurar beneficios sociales básicos y alcanzar el 100 % de la demanda energética de EE.UU: a través de energía limpia y renovable.

Pero más de algún líder o economista con MBA o PhD diría que esto es música o poesía, pero (suena raro que así lo digan) “otra cosa es con guitarra”.

Bueno, así tenemos el “Nuevo Trato Coreano” anunciado por el Gobierno de Corea del Sur el 7 de mayo de 2020, que se centra en un “Nuevo Pacto Digital” y un “Nuevo Pacto Verde”.

Según el presidente Moon, este Nuevo Trato Coreano permitirá crear 2,5 millones de puestos de trabajo. No es el espacio para detallar las iniciativas del programa coreano, pero existe y es real. ¿Son estas iniciativas pasos concretos para poder entrar a la discusión del decrecimiento? O, dado lo rápido que se van produciendo los cambios, ¿no alcanzaremos a pasar por un Nuevo Trato Verde y tendremos que asumir rápidamente un enfoque de decrecimiento?

No está claro, pero sería mucho pedir que nuestros candidatos presidenciales al menos se pongan de acuerdo en un Nuevo Trato para Chile.

Fuera de la ley

Por lo tanto, por Chile, por su futuro, por su familia y por su libertad, vote conscientemente.

Juan Pablo Zúñiga H.

Viva Chile.org, Política, 08/10/2021