Columna de Opinión

“ESPACIOS COMPARTIDOS”: EL ALCANCE REAL PARA CHILE DEL TÉRMINO UTILIZADO EN LA NUEVA POLÍTICA DE DEFENSA ARGENTINA, por Jorge G. Guzmán y John Griffiths Spielman (El Mostrador, Opinión, 28/07/2021)— TENENCIA DE ARMAS (Cartas al Director )

“ESPACIOS COMPARTIDOS”: EL ALCANCE REAL PARA CHILE DEL TÉRMINO UTILIZADO EN LA NUEVA POLÍTICA DE DEFENSA ARGENTINA, por Jorge G. Guzmán y John Griffiths Spielman (El Mostrador, Opinión, 28/07/2021)— TENENCIA DE ARMAS (Cartas al Director )

LAS OPINIONES EN ESTA SECCIÓN, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

El sentido común dicta que, si bien no es lógico oponerse al estrechamiento de la colaboración política con dicho país, tampoco lo es compartir la administración de territorio nacional. Por eso inquieta la reciente “Directiva de Política de Defensa” de Argentina, que aspira avanzar en lo que denomina “espacios compartidos” con nuestro país. En este ámbito lo que queda por hacer es, por ejemplo, que Argentina respete el carácter internacional del Estrecho de Magallanes, y en el caso del “Mar de Hoces”, Chile debe, sin más demora, precisar los límites exteriores de su plataforma continental extendida.

  El sentido común dicta que, si bien no es lógico oponerse al estrechamiento de la colaboración política con dicho país, tampoco lo es compartir la administración de territorio nacional. Por eso inquieta la reciente “Directiva de Política de Defensa” de Argentina, que aspira avanzar en lo que denomina “espacios compartidos” con nuestro país. En este ámbito lo que queda por hacer es, por ejemplo, que Argentina respete el carácter internacional del Estrecho de Magallanes, y en el caso del “Mar de Hoces”, Chile debe, sin más demora, precisar los límites exteriores de su plataforma continental extendida.

Preocupación ha causado en sectores de la opinión pública chilena la reciente “Directiva de Política de Defensa” de Argentina (6 de julio 2021), que aspira avanzar en lo que denomina “espacios compartidos” con nuestro país.

Se trata, primero, del Estrecho de Magallanes y, luego, del “Mar de Hoces”. Esta última expresión refiere al sector americano del Mar Austral Circumpolar, esto es, el Paso Drake y parte de la comuna de Cabo de Hornos (Puerto Williams). En concreto, dichos “espacios compartidos” involucran territorios soberanos chilenos.

Esto ocurre en el contexto del análisis argentino del escenario estratégico regional, en el cual Chile ocupa la segunda prioridad después de Brasil.

En ese marco el documento destaca los avances de las últimas décadas en materia de colaboración entre Cancillerías y los Ministerios de Defensa, aspecto que, más allá de cualquier interpretación, constituye un éxito común entre ambos países. Este sería -se puede deducir- el ámbito para “compartir” el Estrecho de Magallanes y el “Mar de Hoces” incluyendo el área del Cabo de Hornos, históricamente pretendido por Argentina.

El sentido común dicta que, si bien no es lógico oponerse al estrechamiento de la colaboración política con dicho país, tampoco lo es compartir la administración de territorio nacional.

A algunos “amigos de la relación bilateral” les disgusta recordar que la crisis entre los años 1977 y1984 se originó en el rechazo argentino al laudo de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia que, coordinados por el árbitro británico, confirmaron lo que desde 1881 era obvio: que las islas “al sur del canal Beagle” (Cabo de Hornos incluido), son chilenas. Entendemos que esos “espacios” son parte del “Mar de Hoces”.

  Preocupación ha causado en sectores de la opinión pública chilena la reciente ¨Directiva de Política de Defensa¨ de Argentina (6 de julio 2021), que aspira avanzar en lo que denomina ¨espacios compartidos¨ con nuestro país. Se trata, primero, del Estrecho de Magallanes y, luego, del “Mar de Hoces”. Esta última expresión refiere al sector americano del Mar Austral Circumpolar, esto es, el Paso Drake y parte de la comuna de Cabo de Hornos (Puerto Williams). En concreto, dichos “espacios compartidos” involucran territorios soberanos chilenos.

También les disgusta recordar que, antes de eso, en 1881, mientras Chile lidiaba con Perú y Bolivia, Argentina precipitó un tratado de límites por el cual, a cambio de nuestra renuncia unilateral a la Patagonia Oriental y a la mitad de Tierra del Fuego, reconoció algo histórica y legalmente obvio: que la integridad del Estrecho de Magallanes siempre ha sido chilena.

En lo que concierne al “Mar de Hoces”, en 2009, el entonces gobierno de Cristina Fernández (hoy Vicepresidenta), alteró el modus vivendi establecido por el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA), al reclamar para sí cerca de 9 mil kms2 de plataforma continental sobre los que, de acuerdo con el Derecho Internacional del Mar, preexisten derechos chilenos.

De esta forma, al sur del Cabo de Hornos, Argentina unilateralmente impuso un nuevo límite a Chile. Muy serio, muy complejo.

Sobre el Estrecho de Magallanes también debemos recordar que, durante la crisis por las “islas al sur del canal Beagle” y las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Argentina intentó, unilateralmente y sin éxito, declararse “Estado ribereño del Estrecho de Magallanes”.

Aun así, en el TPA de 1984 se incluyó una cláusula que, en favor de Argentina, modificó el diseño original de la Boca Oriental del Estrecho al establecer que éste se inicia en la línea que une a la Punta Dúngenes con el Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego.

Este fue, también, parte del “precio de la paz” pagado por Chile ante un vecino que, además de reiteradamente acudir a la amenaza del uso de la fuerza (un acto sancionado según la Carta de Naciones Unidas), el 22 de diciembre de 1978, antes del anuncio papal, ya había iniciado el despliegue de fuerzas hacia el territorio que ahora pretende “compartir”. Un hecho de la causa.

En efecto, al amparo del estrechamiento de los contactos entre ministerios, la Directiva argentina de comienzos de mes revela cómo ese país vuelve a pretender, nada más ni nada menos, que la “exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes”. Un absurdo. No se puede declarar “espacio compartido” una zona o área de territorio ajeno, sobre la que no se ejerce soberanía.

En este ámbito lo que queda por hacer es, por ejemplo, que Argentina respete el carácter internacional del Estrecho de Magallanes, y que levante las restricciones que, en su mar territorial, unilateralmente aplica a naves provenientes de las islas Falkland/Malvinas y que se dirigen hacia el estrecho.

En el caso del “Mar de Hoces”, Chile debe, sin más demora, precisar los límites exteriores de su plataforma continental extendida proyectada desde las islas del Cabo de Hornos y Diego Ramírez.

Conforme con el Derecho Internacional debemos hacer valer nuestros derechos soberanos sobre valiosos territorios submarinos, que ya despiertan el interés material no solo de Argentina, sino también de otros países.

Solo una vez que esto esté firmemente establecido, será posible determinar en qué temas es posible la cooperación con Argentina.

Fuente: El Mostrador, Opinión, 28/07/2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Tenencia de armas

Señor Director:

Los ciudadanos tienen el derecho a poseer y utilizar armas de fuego para poder defenderse de agresiones que pongan en peligro su vida, la de su familia o su propiedad; cumpliendo ciertos requisitos legales que sean razonables pero que no afecten este derecho en su esencia.

Hay personas que piensan, de buena fe, que mientras menos acceso tenga la población a armas es mejor. Otras piensan así en conformidad con el postulado 10 del “Decálogo de Lenin” —conocido como “Manual para tomar el control de una sociedad”—: “Registre a todos aquellos que posean armas de fuego, para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa” o bien con el postulado 10 del “Decálogo del joven socialista” de Santiago Carrillo: “Ármate tú, mientras haces todo lo posible por desarmar a un enemigo”.

                       Atentamente le saluda

                                Adolfo Paúl Latorre

                                       Abogado

Columna de Opinión

Globalismo en la nueva Constitución, por Mario Correa B.— Paso a paso nos acercamos al abismo, por Carlos A. Casanova

Globalismo en la nueva Constitución, por Mario Correa B.— Paso a paso nos acercamos al abismo, por Carlos A. Casanova

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Durante la campaña del “Apruebo” y la de los convencionales constituyentes, se nos hizo creer que, por fin, se reemplazaría la Constitución impuesta por la oprobiosa dictadura por otra, la Casa Común, que nacería de lo más profundo del alma del pueblo de Chile y sus muchas naciones.

Durante la campaña del “Apruebo” y la de los convencionales constituyentes, se nos hizo creer que, por fin, se reemplazaría la Constitución impuesta por la oprobiosa dictadura por otra, la Casa Común, que nacería de lo más profundo del alma del pueblo de Chile y sus muchas naciones.

Por supuesto, es una serie de falacias. En primer lugar, la Constitución actualmente vigente no ha sido impuesta por nadie. Fue elaborada por una Comisión presidida por don Enrique Ortúzar Escobar e integrada por los mejores constitucionalistas que había en la época, varios de los cuales no eran partidarios del Gobierno del Presidente Pinochet.

En segundo lugar, esa Constitución, durante el Gobierno Militar, fue sometida dos veces a plebiscito, una vez cuando se pidió la aprobación popular antes de su vigencia; y otra, cuando fue modificada en 1989, dentro de una negociación con la oposición para el efecto de la llamada transición.

Se ha criticado que no había registros electorales. Eso es cierto en el primer plebiscito, lo que no significa que hubiera habido irregularidades, pues me consta personalmente, porque estuve a cargo de uno de los locales de votación. En el segundo plebiscito, sí había registros electorales.

En tercer lugar, el gobierno autoritario del Presidente Pinochet, tuvo muy poco de dictadura y, desde luego nada de oprobiosa, adjetivo que solía aplicarse al gobierno del Generalísimo Franco en España.

Ahora, lo que está quedando en evidencia a partir del comienzo del funcionamiento de la convención Constitucional, es que se pretende imponer una Constitución que no es la Casa Común, donde caben todos, como se ha dicho hasta la saciedad, por otra de corte absolutamente ideologizada, que, entre otras cosas, pretende inventar varias naciones dentro de Chile.

Chile es una sola nación formada por muchas razas, por los pueblos originarios y por diversas inmigraciones que se han ido asentando a través de su historia, donde lo que ha habido en realidad ha sido, como muy bien dijera el R.P. Osvaldo Lira SS. CC, hispanidad y mestizaje, con el resultado de haber hecho de Chile una Nación, con una religión predominante, la católica, y con una lengua común, el castellano, sin perjuicio de las lenguas propias de los pueblos originarios.

Ese sesgo ideológico que se advierte entre los convencionales, ¿emana realmente del alma del pueblo de Chile?

Pues bien, en el Boletín Oficial del Estado de España, con fecha 16 de julio de 2021, se ha publicado un convenio entre el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación Alternativas para “la colaboración en el proceso de acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile 2021-2022”.

Este Convenio da cuenta de un acuerdo entre ambas Instituciones, el primero un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica; y el segundo, una fundación privada que nació con la voluntad de ser un cauce de incidencia y reflexión política, social, económica y cultural en España y Europa.

La finalidad de este Convenio es la colaboración para la realización de actividades relativas al proceso constitucional de Chile previsto para 2021 y 2022, obligándose las partes a realizar diversas actividades relativas al proceso de “acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile 2021-2022”, disponiendo para ello de 14.000 euros.

Ambas instituciones son cercanas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una del Estado y otra particular.

Yo tenía entendido que la independencia de Chile había sido propugnada por don José Miguel Carrera y se había concretado en la batalla de Maipú, con el auxilio de Nuestra Señora del Carmen, implorado por el Cabildo de Santiago el 14 de marzo de 1818.

Pero transcurren los años y ciertos españoles, parafraseando al Generalísimo Francisco Franco, quien dijera: “Españoles, no se os puede dejar solos” nos dicen: “Chilenos, no se os puede dejar solos”.

Habría que averiguar si esta iniciativa ha sido requerida por algún chileno o si ha nacido motu proprio de los personeros de esas instituciones; pero implica cierto afán neocolonialista y paternalista que es inaceptable.

De las informaciones que han aparecido estos días en la prensa, parece que el propio gobierno de Chile ha estado celebrando convenios para la cooperación internacional a la redacción de la nueva Constitución. Por eso, lo más probable es que sean las Internacionales de los diversos signos políticos las que estén afanosas por entrometerse en este proceso constitucional.

¿Qué queda de esa fértil provincia de remotas naciones, respetada por fuerte, principal y poderosa? ¿Qué fue de esa gente soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida? Aparentemente, poco o nada.

Lo que se advierte es que se pretende una Constitución globalista, bajo los dictados de la Organización de las Naciones Unidas y demás entes que pretenden uniformar y masificar a todas las naciones, como se expresa en la Agenda 2030, suprimiendo todo atisbo de sentimiento nacional y, sobre todo, las tradiciones propias de cada país.

Dentro de ese panorama, es que se están diversificando los frentes de conflicto, para que la antigua lucha de clases propugnada por el marxismo se transforme en muchas luchas de muchas clases, en todos los ámbitos. Un pueblo de Chile dividido y transformado en un país de enemigos es presa fácil de la pérdida de todas las tradiciones y del sometimiento a la hegemonía global.

Por eso, estimo que un convenio como el que hemos mencionado y los otros que se han visto celebrados en los medios de comunicación, constituyen una injerencia inaceptable en nuestro proceso constitucional, que debe ser rechazada con fuerza por todos los chilenos.

 Mario Correa B.

VivaChile.org, Política, 24/07/2021

PASO A PASO NOS ACERCAMOS AL ABISMO

Carlos A. Casanova

VivaChile.org, Política, 24/07/2021

Las primarias presidenciales que tuvieron lugar el domingo 18 de julio constituyeron una de las catástrofes más grandes que ha sufrido Chile en los últimos 51 años.

En efecto, la coalición que había representado la continuidad con el proyecto político encarnado en la Constitución redactada por la Comisión Ortúzar, en su última transformación, Chile Vamos, propuso a la elección del público cuatro precandidatos presidenciales que representaban, en realidad, una ruptura.

Es difícil decir cuál era el peor de los cuatro, pero sin duda la disputa más reñida se daría entre Sichel y Desbordes. Sichel, en efecto, tuvo contratos con el gobierno durante la segunda presidencia de Bachelet y trabajó a honorarios para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y tiene contactos estrechos nada menos que con Jaime Tohá y Juan José Santa Cruz (sus “padrinos políticos”), medrando por su apoyo durante el gobierno socialista.

Por si eso fuera poco, ha manifestado repetidas veces opiniones revolucionarias en temas centrales para la Constitución chilena (la familia en particular), y se ha mostrado favorable a la agenda globalista, por ejemplo, en el asunto de la inmigración.

Lo cual no tiene nada de raro, porque la Organización Plural Chile que él dirigía recibió en el año 2017 nada menos que 155 millones de pesos del financista revolucionario George Soros. Es decir, hay buenas razones para pensar que Sichel no es verdadera oposición para la revolución, encarnada ahora en Gabriel Boric.

Pero hablemos ahora de la otra coalición, la de “Apruebo Dignidad”.

De alguna manera, en los últimos meses, los revolucionarios tuvieron éxito en hacer creer a la opinión pública no sólo que Sichel es “de centro derecha”, sino que Gabriel Boric es un hombre moderado, en comparación con Daniel Jadue.

El éxito de esta campaña fue tal que, según el Diario Financiero, diversos gremios empresariales declararon lo siguiente: “confiamos en que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre el futuro de Chile sepan interpretar a una ciudadanía que ha privilegiado propuestas moderadas”.

Pareciera como si nunca hubieran visto que un tirano en potencia, y en especial un tirano marxista, está dispuesto a prometer todo lo que haga falta con la intención de engañar a sus enemigos y asegurarse el poder. Recuerdo que Chávez, después de reunirse con John Boulton en Venezuela, durante la campaña electoral de 1998, tras haberle prometido “moderación”, comentó con sus íntimos: “así es como yo jodo a la oligarquía”.

Lo cierto es que ahora Boric es visto como un hombre moderado. Uno tiene que frotarse los ojos para estar seguro de que no está soñando.

Uno de los fundadores del Frente Amplio; con toda probabilidad, uno de los arquitectos de la situación que llevó a la rendición del 15 de noviembre; el joven que visitó en Francia nada menos que a Ricardo Palma Salamanca, y replicó después a Juan Antonio Coloma que era un hipócrita, cuando Coloma le recriminó que visitara a un asesino, ése es el hombre que la prensa chilena ha conseguido que sea visto como un “moderado”.

Con estas primarias, entonces, el cielo político chileno se carga aún más de densos nubarrones que anuncian la devastadora tormenta que está a punto de desatarse para borrar a Chile del concierto de las naciones.

La impresión que queda es que las opciones del electorado en noviembre serán Boric, Sichel, Kast y quizá Yasna Provoste. Yo pienso que el apoyo a José Antonio Kast no es para nada despreciable, pero también pienso que hace ya años que en Chile no hay elecciones limpias. Esto me lleva a pensar que Kast no tiene ninguna posibilidad de obtener una votación decente si no se toman medidas drásticas para controlar la limpieza de la elección, y tengo dudas de que contemos con una estructura humana-institucional capaz de velar por ella.

Recientemente vi un video de una conferencia que dio Carlos Sánchez Berzaín en el foro “Fraude electoral transnacional en las Américas”, celebrado en la sede del Interamerican Institute for Democracy el 13 de julio de 2021, en que expone la táctica castro-chavista para adueñarse del poder en las Américas, y describe los diversos mecanismos para hacer fraude.

En mi opinión, todos ellos se usan o se han usado en Chile, sin que el pueblo -demasiado confiado en la impenetrabilidad del Servel por la infiltración- si quiera haya pensado que podría haber fraude. (Uno se pregunta: ¿por qué sería inmune el Servel a la infiltración si todos los demás poderes del Estado se encuentran, obviamente, infiltrados hasta el tuétano?)

En efecto, los testimonios de fraude que he ido recogiendo son abrumadores. Hay cinco tipos de fraude en Chile de los que yo haya recibido testimonio o tenga fuertes sospechas.

El primer tipo depende un registro electoral inflado en alrededor de un millón y medio de votantes y de una ausencia total de reglas que eviten el voto múltiple; el segundo tipo es la violación de las actas, en las que se escribe un palito delante de la cifra numérica del candidato de preferencia; el tercer tipo es la digitación errada de los números de las actas. Varios apoderados me han dicho que en las tres últimas votaciones se ha impedido velar por la correcta digitación de los resultados.

Por esto hay inconsistencias entre los resultados y las actas. En Providencia, se pidió una auditoría en mayo, y hete aquí que ganó el Partido Republicano. En muchos otros lugares había inconsistencias, pero no se pidió auditoría por falta de organización institucional y humana para velar por la limpieza de la elección.

Pero aparte de estos tres fraudes que me temo que sean práctica común ahora en Chile, tuvimos otro tipo para la Constituyente: primero, las actas fueron violadas en la noche, por ejemplo, en La Granja; y segundo, después del plebiscito se creó un cupo para «los pueblos originarios» (violando la Constitución y la voluntad popular) y esos 17 convencionales fueron electos con una cantidad risible de votos, pero se les aseguró una posición directora en la Convención. La democracia chilena está en vías de extinción.

Suponiendo todo esto que he dicho, me temo que el futuro de Chile es negro, como digo. Lo más probable es que Gabriel Boric sea el hombre elegido por la transnacional comunista para convertirse en el Hugo Chávez de Chile, y que Sebastián Sichel sea su Francisco Arias Cárdenas. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a contar una breve historia.

Después del golpe del año 1992, y después de la elección de Rafael Caldera, Venezuela vivió la ilusión de que se podía pacificar el país como se había hecho en los 70, por medio del perdón, y confiando en la honorabilidad de Chávez y sus seguidores. Fue así como Francisco Arias Cárdenas, tras haber sido uno de los cuatro más importantes comandantes golpistas, llegó a ser Gobernador del Zulia, y ganó fama de haberse convertido nuevamente a la mentalidad “democrática” o republicana.

De modo que, cuando en el año 2000 se celebraron las segundas elecciones presidenciales de Chávez, la oposición no tuvo mejor idea que oponer a Chávez uno de sus antiguos camaradas: eligieron a Arias Cárdenas como su candidato.

Poco sabían los políticos que acordaron esta candidatura acerca de las tácticas comunistas de infiltración, y de la habilidad marxista para simular y posar. Arias Cárdenas aceptó la candidatura, con el propósito de reconocer enseguida su “derrota” electoral.

Tras la elección probablemente fraudulenta fue enviado como embajador de Chávez a la ONU y de esa manera los camaradas se rieron de los ingenuos demócratas, como en el pasado se habían reído sus antecesores, al menos desde Lenin. Ahora sabemos que Arias Cárdenas había sido la cabeza de una de las tres logias que infiltraron a los militares venezolanos para hacer la revolución desde las Fuerzas Armadas: era un artista de la simulación y la infiltración.

Cuando Boric gane las elecciones, entonces, con el acuerdo secreto de Sichel, la Convención Constituyente tendrá luz verde para actuar como soberana, y el Congreso se convertirá, igual que los tribunales más altos, en un adorno irrelevante y próximo a desaparecer. Se convertirá, en verdad, como han dicho algunos convencionales, en el “ex-Congreso”.

Supongo que Yasna Provoste probará su suerte y que eso dará mayor plausibilidad al triunfo de Boric. Por otra parte, no me atrevo a descartar del todo que Sichel gane las elecciones, aunque lo considero muy poco probable. En este caso me parece que él también favorecerá la declaración de la Convención Constituyente como soberana y que Chile continuará su proceso de disolución semejante al actual bajo Sebastián Piñera, pero más acelerado.

A todas éstas, ¿qué deberá hacer José Antonio Kast ante este panorama? En mi opinión, Kast deberá: (a) pedir la depuración del registro electoral y la implementación de sistemas de control del voto múltiple; (b) intentar organizar tantos centros locales del Partido Republicano como pueda, para que esos centros, a su vez, organicen equipos de apoderados que se conviertan en una estructura capaz de evitar el fraude a nivel nacional.

Esta organización requeriría que se hiciera una suerte de concurso para seleccionar a las cabezas locales, y ese concurso debe ser organizado por personas muy bien capacitadas para ello, de su absoluta confianza y dotadas de sagacidad política.

Quizá debería intentar formar una organización semejante a la venezolana Súmate, de María Corina Machado, para realizar encuestas secretas a boca de urna, que permitan contrastar los resultados oficiales con datos fiables. Quizá debería también formar alianza con los sectores de la UDI y de RN que comprenden el peligro mortal en que se encuentra Chile. (c) Debe mantener su candidatura presidencial, y también apoyar candidaturas al Parlamento, para el caso de que se logre que la Convención Constituyente se sujete, como debe, a la Constitución. (d) Y, por último, debe estar preparado para convertir la estructura partidista en una estructura de resistencia.

Esto, a su vez, requiere revisar las concepciones logísticas de su partido, y también tomar estrictas medidas de seguridad para minimizar el espionaje que sin duda se está ejerciendo sobre el partido (por ejemplo, evitar tener reuniones vitales por Zoom o por Google Meet; usar correos cifrados; evitar que las conversaciones claves se lleven a cabo al alcance de los micrófonos de los celulares).

¿Encontrará Chile una manera de estructurarse para salir de la UCI en que lo han puesto Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Enrique Paris, Izkia Siches, Mario Desbordes, Evópoli y, sobre todo, los movimientos subversivos, el narcotráfico y los políticos procomunistas, ¿encabezados por Michelle Bachelet?

No lo sé, pero dirijo mis votos a Dios porque así sea. Pero, si no fuera así, ruego entonces a Dios que dé fuerza al espíritu del pueblo chileno para conservar su Fe en Jesucristo y su Esperanza en el Cielo en medio del triunfo temporal en su suelo del movimiento antiteísta más criminal que haya existido en la historia humana: el marxismo maoísta.

 

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Columna de Opinión

La caída por Joaquín Fermandois (El Mercurio, Columnistas, 27/07/2021)— Pandemia e Impunidad del Crimen Organizado. CIEE “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos”—

La caída por Joaquín Fermandois (El Mercurio, Columnistas, 27/07/2021)— Pandemia e Impunidad del Crimen Organizado. CIEE “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos”—
LAS OPINIONES DE ESTA SECCIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN
En Chile, mejor preparado que otrora, ha quedado el griterío, simbolizado por la aseveración de que La Moneda reaccionó solo con “ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas”. Como si la picaresca no existiera, para perder toda inocencia habría que asomarse a la vida de los propios partidos políticos, de aquel de donde surgió esta jeremiada.

 La caída

Los resultados de la encuesta Casen 2020, creada en 1987 para conocer con rigurosidad las condiciones sociales, han estremecido al mundo de la política.
Chile retrocedió en desigualdad, revirtiendo una tendencia que, a pesar de lo que se dice, por casi dos décadas tendía a disminuir lenta pero sostenidamente.
Los dedos apuntan, para variar, a la administración del Presidente Piñera, “la peor” en mucho tiempo.
A decir verdad, en estos ademanes se revela no poco de estulticia o mala fe. O ambas. Es evidente: si la economía se contrae por cuarentenas absolutas, una masa enorme de la población va a ser tocada en lo profundo de sus necesidades.
Se compara con las caídas de la crisis asiática (1998) o de la subprime del 2008, en las cuales las estadísticas revelan un golpe a los sectores de la base de la pirámide social.
En otra época las respuestas eran mucho más limitadas, como programa tipo PEM (Empleo Mínimo), que llegó a simbolizar las caídas de 1975 y 1982. Para qué hablar de los resultados de la Depresión de los 30 del siglo pasado.
Hoy día el auxilio es masivo, sin logros mágicos, teniendo como modelo al moderno Estado social y las vías de intervención razonables de los gobiernos de los países desarrollados. En el resto, inevitablemente hay una escala descendente, culminando en los “Estados fallidos”, donde impera el sálvese quien pueda.
En Chile, mejor preparado que otrora, ha quedado el griterío, simbolizado por la aseveración de que La Moneda reaccionó solo con “ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas”.
Como si la picaresca no existiera, para perder toda inocencia habría que asomarse a la vida de los propios partidos políticos, de aquel de donde surgió esta jeremiada.
Es muy difícil juzgar cuánto efectivamente podría haberse gastado con mayor cantidad y rapidez para aliviar a todos los que estarían comprendidos entre los desprovistos, aun tragándose frescuras para no desfavorecer a los que no pueden protestar, y se adoptó la peor de las medidas, desarmar al sistema previsional con los 10%, atacando la base de la vida económica, que es el resguardo del mañana, y para colmo un sector de los favorecidos lo empleó en gustitos (plasmas y autos). Creo que el nudo del problema está en otra parte.
“De ahora en adelante la tarea de esta administración y de la que le suceda será, quizás por años, mantener en pie la actividad económica y en marcha la educación”.
Supongo que las dudas del Presidente surgían de la conciencia de que se debía proteger los logros muy considerables de estas décadas; y que, a pesar de un optimismo algo apresurado a veces del Gobierno, en general se ha sido consciente de que la pandemia va para rato, en Chile y el mundo.
Por favor, que alguna vez se mire más allá de la cordillera y del mar, es lo que se desarrolla en todo el mundo. El flujo y reflujo del virus y sus mutaciones durarán quizás uno o dos años más, como tantas veces a lo largo de la historia humana.
Es la razón por la que de ahora en adelante la tarea de esta administración y de la que le suceda será, quizás por años, mantener en pie la actividad económica y en marcha la educación, en lo posible presencial, con sus inevitables zigzags de cuarentenas limitadas y aperturas tentativas, en reiterado ensayo y error.
Volviendo a la Casen, es más que obvio que si se paraliza la economía, todos sufren, pero a los deciles de la base social les afecta mucho más que a los otros, en Chile y en todas partes.
Habrá que superar o ignorar el empeño del Colegio Médico y del Colegio de Profesores con sus esfuerzos denodados por despedazar al Gobierno, no deteniéndose a pensar por un instante que lo único que puede mantener en pie al sistema de salud es que la economía lo alimente; y que pueda financiar a la educación, ahora semiparalizada; y a las contribuciones sociales destinadas al desempleo que se produzca por la caída.
Joaquín Fermandois
El Mercurio, Columnistas, 27/07/2021
Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Pandemia e impunidad del Crimen Organizado

Diferentes medios de comunicación, en la cotidianidad de la pandemia, han avanzado en abordar investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado y, lamentablemente, los datos no son muy auspiciosos.
En efecto, la astucia de las bandas criminales para soslayar las restricciones en las rutas aéreas para trasladar su “apreciada carga” a los potenciales compradores, no ha dejado de sorprender y, para ello, los ámbitos terrestre y marítimo se han constituido como los de mayor valor. Así, los territorios ubicados en las Costas del Pacífico han sido revalorizados para este propósito.
En Ecuador han aumentado los decomisos de hasta tres toneladas en embarcaciones que tenían otros fines para sus cargas, obligando a incrementar la seguridad de sus puertos. Del mismo modo, se ha observado un aumento de bandas criminales como la organización de origen brasileño “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que ha acrecentado sus redes de influencia en la región. Este grupo no solo posee una referencia en el narcotráfico, sino además como una banda criminal que gestiona diferentes tipos de ilícitos.
Pero PCC tiene conexiones más allá de Brasil, estimándose que hay nexos en Perú, en específico con Sendero Luminoso, y con otros grupos en Bolivia, donde una investigación del diario El Deber, de dicho país altiplánico, logró establecer que las nuevas rutas y estaciones de droga se encuentran en comunidades aisladas y protegidas, dificultando su ingreso. En este mismo sentido, Chile no está exento de estos movimientos. Durante el año 2020 se realizó por medio de la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Armada, la “Operación Azteca”, que logró desbaratar en el puerto de San Antonio la llegada de tres toneladas y media de marihuana que iba a ser distribuida en las fiestas de fin de año. Hoy la atención está en lograr desbaratar las bandas que utilizan los medios marítimos por medio de contenedores para lograr transportar las drogas.
Por otra parte, Naciones Unidas ha comenzado a alertar a la comunidad internacional, sobre el incremento del tráfico de drogas utilizando el ámbito marítimo, el que a pesar de las múltiples restricciones por el COVID-19, no se ha detenido. Además, ha enfatizado sobre la amenaza que reviste para la seguridad global, luego de que algunos países hayan comenzado a regularizar el uso de criptomonedas, ya que en la dark web, estas se utilizan como plataforma de transacción de drogas.
 En este complejo escenario, el CIEE pone a disposición de nuestros lectores una serie de análisis relacionados con las nuevas rutas de la droga y su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que, a pesar de la pandemia, han incrementado su esfera de influencia. De hecho, países como Turquía se han convertido en un punto estratégico para el acceso a Europa, cuyos tentáculos se entrelazan con el Cartel de Sinaloa (México). Si bien, diferentes administraciones han logrado imponer mayores controles para desincentivar el flujo de drogas, de alguna forma los carteles continúan traspasando fronteras y controles terrestres, aéreos y marítimos.
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Columna de Opinión

Orgullo de ser chileno por Adolfo Paúl Latorre — Una acusación sin fundamento legal (El Mercurio)—- Pandemia y Crimen Organizado. CIEE “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos”—

Orgullo de ser chileno por Adolfo Paúl Latorre — Una acusación sin fundamento legal (El Mercurio)—- Pandemia y Crimen Organizado. CIEE “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos”—
LAS OPINIONES DE ESTA SECCIÓN .SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN
Al ver un video de la Escuela Naval “Arturo Prat” desfilando y escuchar las marchas militares interpretadas por sus bandas instrumental y de guerra, y al observar la marcialidad y la gallardía de los cadetes, me invadió un sentimiento de emoción, orgullo y satisfacción por ser chileno y por haber seguido la hermosa y honrosa carrera militar en las filas de nuestra gloriosa Armada de Chile.
 
Señor Director: 
 
            Al ver un video de la Escuela Naval “Arturo Prat” desfilando y escuchar las marchas militares interpretadas por sus bandas instrumental y de guerra, y al observar la marcialidad y la gallardía de los cadetes, me invadió un sentimiento de emoción, orgullo y satisfacción por ser chileno y por haber seguido la hermosa y honrosa carrera militar en las filas de nuestra gloriosa Armada de Chile.
            Lamentablemente este orgullo se ha visto afectado al constatar como está siendo minada la unidad nacional —de la nación chilena; una nación mestiza que hemos construido entre todos a lo largo de casi cinco siglos y que está constituida por descendientes de los habitantes de los pueblos originarios; de los españoles que a mediados del siglo XVI trajeron desde Europa su civilización, su cultura y su religión; y de los inmigrantes llegados posteriormente a nuestra tierra desde diversas latitudes—; ultrajados los símbolos patrios y los monumentos a nuestros héroes; desmoronadas nuestra cultura, costumbres, forma de ser, virtudes morales y la pureza de nuestro idioma; tergiversada nuestra historia; debilitadas nuestras Fuerzas Armadas y de Orden; amparada la violencia delincuencial, guerrillera y terrorista; resistida la aplicación de la violencia física legítima del Estado —cuando ello es preciso para la conservación del orden público, el resguardo del Estado de Derecho y del orden institucional de la República y la defensa de intereses vitales— y desvirtuadas nuestras tradiciones y la noción de patria; todo ello promovido por sectores políticos cuya finalidad es la de destruir al Chile que conocemos y refundarlo desde sus cenizas, olvidando quienes somos, de dónde hemos venido y lo que hemos sido.
 
                        Atentamente le saluda.
 
                              Adolfo Paúl Latorre

                                 Capitán de Navío

UNA ACUSACIÓN SIN FUNDAMENTO LEGAL. El Mercurio, Editorial, 26/07/2021



Las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición han sido extraordinariamente complejas. Ninguna parte está exenta de responsabilidades, pero la segunda ha usado sus mayorías legislativas para tensionar en exceso las relaciones políticas. Esto es particularmente cierto en la Cámara.
Es verdad que la política tiene una dimensión en que se agudizan las diferencias, pero si ello se extrema, solo contribuye a desprestigiar a los propios políticos. Es difícil no concluirlo después de estudiar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
En ninguna de sus 142 páginas se prueba una ilegalidad de la autoridad. El documento sí abunda en críticas políticas, pero eso no significa que existan violaciones a la Constitución o a las leyes.
La acusación se estructura en torno a tres capítulos: no haber asegurado el derecho a la educación a propósito de la regulación y financiamiento del sistema educativo; vulneración de los derechos de trabajadores de la educación, y amenaza a la vida, integridad física y psíquica de las comunidades.
En el primer caso se argumenta, por ejemplo, que en lugar de agregar nuevos recursos se asignaron dineros de otras partidas para financiar apoyos a las escuelas, pero ese es un principio de sana administración si precisamente, por la pandemia, esos fondos no se iban a ocupar en plenitud.
Se argumenta, adicionalmente, que se habría asignado menos subvención de la debida, pero ninguno de los cuadros que se ofrecen en el documento acusatorio permite comprobarlo o bien corresponden a ejemplos con disminución en matrícula.
Se cuestiona que no se haya aprobado una nueva reglamentación para clases presenciales y se entremezcla esto con la falta de criterio de algunos planteles escolares, pero poco se dice sobre las normas que se dictaron para velar por el mejor desarrollo de las clases remotas, a pesar de todas las dificultades que se han enfrentado en esta pandemia no solo en Chile, sino en el mundo.
Precisamente por esto, todos los organismos internacionales expertos han recomendado no cejar en intentar las clases presenciales. La autoridad educacional pudo hacerlo mejor o peor que en otras latitudes, pero no hay nada en el documento que sugiera en este capítulo ilegalidad o abandono de deberes.
Un libelo como este pone en duda la seriedad con que hoy se está haciendo política.
En el segundo capítulo, los argumentos para sostener que se habrían vulnerado los derechos de trabajadores de la educación descansan en que no se habría presentado una legislación específica para regularlos en pandemia.
Tal crítica se sostiene en argumentos puramente especulativos; en cualquier caso, difícilmente podría haber aquí alguna ilegalidad.
También resulta artificial la acusación de que se habría incumplido el pago de bonos de retiro, pasaje en el que se reiteran una y otra vez los cuerpos legales que han establecido estos bonos, pero no se ofrece evidencia de un mal actuar.
El libelo llega a ser risible en su último capítulo, donde, rayando en la truculencia, se intenta alegar indiferencia moral frente a los fallecidos por el covid-19 y se arguye una supuesta actitud de poner en riesgo la vida y estabilidad de las comunidades.
En fin, es una acusación que pone en duda la seriedad con la que se está haciendo política en la actualidad.


Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Pandemia e impunidad del Crimen Organizado. CIEE ANEPE Newletter

Diferentes medios de comunicación, en la cotidianidad de la pandemia, han avanzado en abordar investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado y, lamentablemente, los datos no son muy auspiciosos.
En efecto, la astucia de las bandas criminales para soslayar las restricciones en las rutas aéreas para trasladar su “apreciada carga” a los potenciales compradores, no ha dejado de sorprender y, para ello, los ámbitos terrestre y marítimo se han constituido como los de mayor valor. Así, los territorios ubicados en las Costas del Pacífico han sido revalorizados para este propósito.
En Ecuador han aumentado los decomisos de hasta tres toneladas en embarcaciones que tenían otros fines para sus cargas, obligando a incrementar la seguridad de sus puertos. Del mismo modo, se ha observado un aumento de bandas criminales como la organización de origen brasileño “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que ha acrecentado sus redes de influencia en la región. Este grupo no solo posee una referencia en el narcotráfico, sino además como una banda criminal que gestiona diferentes tipos de ilícitos.
Pero PCC tiene conexiones más allá de Brasil, estimándose que hay nexos en Perú, en específico con Sendero Luminoso, y con otros grupos en Bolivia, donde una investigación del diario El Deber, de dicho país altiplánico, logró establecer que las nuevas rutas y estaciones de droga se encuentran en comunidades aisladas y protegidas, dificultando su ingreso. En este mismo sentido, Chile no está exento de estos movimientos. Durante el año 2020 se realizó por medio de la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Armada, la “Operación Azteca”, que logró desbaratar en el puerto de San Antonio la llegada de tres toneladas y media de marihuana que iba a ser distribuida en las fiestas de fin de año. Hoy la atención está en lograr desbaratar las bandas que utilizan los medios marítimos por medio de contenedores para lograr transportar las drogas.
Por otra parte, Naciones Unidas ha comenzado a alertar a la comunidad internacional, sobre el incremento del tráfico de drogas utilizando el ámbito marítimo, el que a pesar de las múltiples restricciones por el COVID-19, no se ha detenido. Además, ha enfatizado sobre la amenaza que reviste para la seguridad global, luego de que algunos países hayan comenzado a regularizar el uso de criptomonedas, ya que en la dark web, estas se utilizan como plataforma de transacción de drogas.
 En este complejo escenario, el CIEE pone a disposición de nuestros lectores una serie de análisis relacionados con las nuevas rutas de la droga y su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que, a pesar de la pandemia, han incrementado su esfera de influencia. De hecho, países como Turquía se han convertido en un punto estratégico para el acceso a Europa, cuyos tentáculos se entrelazan con el Cartel de Sinaloa (México). Si bien, diferentes administraciones han logrado imponer mayores controles para desincentivar el flujo de drogas, de alguna forma los carteles continúan traspasando fronteras y controles terrestres, aéreos y marítimos.

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Columna de Opinión

¿Qué es una nación? por Ana María Stuven – – Obligación esencial del Estado. Carta al Director por Adolfo paúl Latorre

¿Qué es una nación? por Ana María Stuven – – Obligación esencial del Estado. Carta al Director por Adolfo paúl Latorre

LAS OPINIONES EN ESTA PÁGINA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

La pregunta no solo es histórica, sino muy contingente. Los derechos fundamentales y las prácticas democráticas, ¿deben inscribirse en el marco de la nación?

El problema de la nación es uno de los ejes en torno al cual giran los debates de la Convención Constitucional. El uso del mapudungun como expresión de la nación mapuche ha agitado sus primeros días de funcionamiento.

De hecho, Elisa Loncón, al asumir su presidencia, anticipó la postura de que Chile debía declararse un Estado “plurinacional”.

Es pertinente, en este contexto, volver a la pregunta que formuló Ernest Renan, intelectual francés, en un discurso pronunciado con este título en 1882 en La Sorbonne, inspirado en la pérdida de Alsacia y Lorena que sufriera su país ante Alemania.

No fue —por cierto— el primero en preguntárselo. La Revolución Francesa y las guerras que le siguieron pusieron sobre la mesa —tal como sucederá en Chile en los debates constitucionales— la relación entre nación y etnias, nación y lenguaje, nación y política.

La pregunta no solo es histórica, sino muy contingente. Los derechos fundamentales y las prácticas democráticas, ¿deben inscribirse en el marco de la nación?

Dos son los modelos que han prevalecido para su conceptualización: la nación política y la nación cultural. El primero surge de la Francia revolucionaria, siendo Emmanuel Sieyès quien mejor lo representa, asociando el concepto de nación al pueblo y a la patria, y rechazando una monarquía considerada ajena y foránea. La nación cultural admite varias interpretaciones, reconociéndose comúnmente que la mayoría de las naciones tiene un compuesto de poblaciones heterogéneas, pero que logran conformar una comunidad definida por condiciones prepolíticas, como el idioma, las costumbres, la historia.

Para gran parte de los teóricos de la nación, la composición racial no sería la más importante entre ellas. Además de comunidad, desde su uso con sentido político en los siglos XVII y XVIII, la nación es un principio de legitimidad política; una comunidad de ciudadanos. Se vincula con el Estado, pero no se confunde con él; tiene una cultura propia, una conciencia colectiva, una historia común, que tiene un significado político.

  “…en el debate sobre si la nueva Constitución debe establecer un Estado plurinacional, parece relevante repensar el concepto de nación que subyace…”.

Puede incluso, como sostuvo Mario Góngora para la historia de Chile, ser formada desde el Estado.

Lo mismo que en el caso francés, una nación soberana, por obra de la Revolución y las guerras. Sería, como sostuvo Renan en su famoso discurso, un plebiscito diario, el cual, en el caso europeo, es fruto de la diversidad cultural.

No son los elementos raciales, religiosos o lingüísticos los que caracterizarían a la nación, sino la voluntad de pertenecer. Lo anterior no niega, sino que afirma la conciencia de un pasado común que cristaliza en su memoria histórica, pero también reconoce que sus tradiciones emanan de una forma de sincretismo; no basta con una cultura común para formar un consenso nacional durable. Es preciso, por el contrario, asumir que su búsqueda puede resultar en un nacionalismo excluyente.

El acuerdo sobre la prohibición de la violencia para zanjar las diferencias es fundamental en un Estado democrático, tanto como el reconocimiento de que esta ha estado en el origen de las fusiones de las poblaciones que lo componen.

Por eso, dice Renan, “el olvido… incluso el error histórico, son un factor esencial de la formación de una nación”.

Desde lo político, la Constitución es la piedra de tope del sistema de instituciones que estructuran la comunidad histórica que se reconoce como nación, y es inseparable de la participación de sus miembros en el conjunto de instituciones sociales, culturales y políticas de una comunidad. Tiene un rol funcional que busca la coherencia de las reglas y los procedimientos, y tiene una significación ética, porque estas corresponden a las convicciones morales de la comunidad.

En ese sentido, la nación implica un principio de solidaridad fundado en la aptitud de identificarse con el otro a través del debate público.

Una solidaridad que rema río arriba, retrospectivamente, hacia las generaciones precedentes y fluye hacia el futuro, solidarizando con las generaciones venideras a través de la acción común de ciudadanos en el presente.

Esa acción solidaria, que percibe sus propias tradiciones como fuente de igualdad entre individuos, grupos y comunidades de origen, de condición y de confesión, abierta a las diferencias internas, requiere una negociación permanente entre lo esencial e indiferente, entre lo público y privado.

En el debate sobre si la nueva Constitución debe establecer un Estado plurinacional, parece relevante repensar el concepto de nación que subyace, para lo cual puede ser necesario relacionar conceptos adyacentes como tradición, memoria, historia, con concepciones éticas inspiradas en la solidaridad, el respeto y la convivencia democrática.

La política debe crear una comunidad política incluyente entre personas plurales y singulares que permita el ejercicio de una ciudadanía moderna. Arrogarse, diría Renan, el derecho a definir los contornos de la nación es una doctrina arbitraria y funesta que justifica toda violencia.

Ana María Stuven

Fuente:El Mercurio, Columnistas, 26/07/2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Obligación esencial del Estado

Señor Director:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

                  Atentamente le saluda.

                                Adolfo Paúl Latorre

Columna de Opinión

Obligación esencial del Estado por Adolfo Paúl Latorre y Horas decisivas (El Mercurio)- La violencia no amaina en la Araucanía por Adolfo Carrasco Lagos CN.

Obligación esencial del Estado por Adolfo Paúl Latorre y Horas decisivas (El Mercurio)- La violencia no amaina en la Araucanía por Adolfo Carrasco Lagos CN.

LAS OPINIONES EN ESTA SECCIÓN, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

Obligación esencial del Estado

Señor Director:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

                  Atentamente le saluda.

                                                                            Adolfo Paúl Latorre

                                                                                     Abogado

Viña del Mar, 14 de julio de 2021.

HORAS DECISIVAS

Las recientes elecciones primarias han cambiado el escenario electoral. Los triunfos de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel, impensados hasta hace pocas semanas, han alterado las proyecciones.

Y si bien quedan interrogantes sobre qué harán los sectores más extremos a ambos lados del espectro, una incógnita de no menos trascendencia es lo que ocurra en la ex-Concertación (hoy Unidad Constituyente).

Desde ya, ha quedado claro el fuerte costo que le significó su ausencia de las primarias legales, cuya cobertura, sumada a la franja de propaganda televisiva, permitió desplegar abundantemente las ideas de cada pacto.

Pero, incluso más allá de la pérdida de presencia mediática, la no participación privó a la centroizquierda de un mecanismo legitimado para resolver una candidatura única que represente a ese sector en la presidencial de noviembre. Peor aún, los resultados de esa primaria le han dejado poco espacio para levantar una propuesta competitiva.

Respecto del mecanismo de elección, recién el viernes se zanjará si la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asumirá efectivamente la candidatura DC. Pero, si bien las señales anticipan una respuesta afirmativa, aún permanece sin resolverse la fórmula por la cual Unidad Constituyente determinará una candidatura única.

Hay sectores que plantean que debe primar el pragmatismo y forzar la renuncia de las otras postulaciones de la coalición (el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez), asumiendo su bajo apoyo en las encuestas, mientras otros insisten en la necesidad de realizar “primarias ciudadanas” en un plazo breve.

Cualquiera sea la fórmula, tendrá costos. En la política actual la participación ciudadana en la nominación de candidaturas presidenciales se ha tornado cada vez más esencial; la idea de una definición en virtud de un acuerdo cupular resulta especialmente resistida en tiempos de máximo descrédito de los partidos.

  Unidad Constituyente debiera acelerar sus definiciones y su propuesta al país.

Sin embargo, una primaria “ciudadana” no solo no contaría con los beneficios de las primarias legales (financiamiento, logística y propaganda televisiva), sino que, en parte por eso, difícilmente lograría una convocatoria parecida a la registrada el pasado domingo.

Pero, además, la postulación de Unidad Constituyente enfrentará un problema de posicionamiento, toda vez que la bandera del “socialismo democrático”, concepto largamente repetido en las últimas semanas, pierde fuerza cuando el candidato de la izquierda más dura no es comunista.

Aún más, ha sido la propia centroizquierda la que durante los últimos años —y en particular a partir de octubre de 2019— ha abandonado su propio espacio, mimetizando parte de sus propuestas y discurso con los sectores más radicalizados. Le resultará, entonces, difícil mostrar una diferencia clara con la izquierda radical.

En especial, no es descartable que una parte del electorado socialista se alinee con Boric antes que con la carta de la centroizquierda.

Aun así, con todos esos dilemas, los partidos de Unidad Constituyente debieran acelerar sus definiciones y su propuesta al país, intentando recuperar —aunque sea parcialmente— el tiempo y espacio perdidos, de forma de brindarles a los electores de centro y centroizquierda una alternativa que conecte con los valores democráticos propios de ese sector.

Fuente: Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Un aporte de nuetro Director Antonio Varas

 

La violencia no amaina en la Araucanía

Ya suman centenas los hechos de violencia y actos terroristas que han soportado las regiones de la Araucanía y Bíobío, cuya mayoría de desmanes son generados por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización político-militar liderada por Héctor Llaitul, asesorado por extranjeros, que va dejando en los lugares siniestrados diferentes “mensajes” alusivos a la mal llamada “causa mapuche,” que pretende formar una nación independiente dentro de nuestro territorio nacional mediante la lucha armada, en alianza con el tráfico de drogas que provee los recursos para la adquisición de armamento de guerra superior al usado por carabineros.

Ya han sido asesinados por la CAM el matrimonio Lutsinger-Mackay, fallecidos por incineración, al impedírseles a balazos salir de su casa que era consumida por el fuego; el carabinero Eugenio Nain con un proyectil de fusil de guerra; el sargento 1º de carabineros Francisco Benavides en Collipulli; el camionero Juan Barrios, incinerado mientras dormía en su camión que fue quemado y otros servidores públicos.

Los terroristas también son responsables de incendiar cientos de camiones, maquinarias diversas de uso agrícola y bosques pertenecientes a empresas y particulares, además de cosechas, casas, bodegas y colegios de residentes mapuches no afectos a su causa, a los cuales también les roban sus animales. Además, han atacado cuarteles de carabineros y FFAA e incendiado edificios municipales, iglesias y capillas católicas y evangélicas.

Pero pese a todos estos actos de violencia que asesinan a personas, que atentan contra la soberanía nacional y evitan el progreso de la zona habitada por mapuches, las autoridades no  han tomado hasta esta fecha acciones concretas contra la violencia; sólo atinan a querellarse “contra los que resulten responsables”… pero la mayoría de las veces éstos no son encontrados o los jueces correspondientes determinan que las pruebas presentadas por la fuerza pública no son suficientes para aquello… por lo que los malhechores quedan en libertad.

Recién, en la noche del 4 julio en Cañete, una familia fue baleada estando en su propiedad, y su casa, su automóvil y todo el menaje casero y ropa, quemados totalmente; nada alcanzaron a salvar. Y en la noche siguiente, en Quidico, dispararon contra la casa de un sargento de carabineros de la lV Comisaría, quemándole su automóvil.

Toda la gente asustada; muchos saben quienes son los terroristas, pero nadie quiere hablar de estos hechos; el temor cunde por toda esa zona.

¿Hasta cuándo permitirá el gobierno que la CAM asociada al negocio de la droga siga amedrentando a la población local, sin tomar las medidas indicadas en el artículo Nº 24 de nuestra Constitución Política?.

Adolfo Carrasco Lagos.  Capitán de Navío

Fuente: ASOFAR Bitácora del Socio 10 Jul 2021

Imagen de la fuente: portavoznoticias.cl

Columna de Opinión

Generales en Retiro y dictamen de la Contraloría: “Los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación” y Cuerpo de Almirantes en retiro – Poder Constituyente- Horas decisivas. -El error de la Presidenta

Generales en Retiro y dictamen de la Contraloría: “Los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación” y Cuerpo de Almirantes en retiro – Poder Constituyente- Horas decisivas. -El error de la Presidenta

LAS OPINIONES DE ESTA PÁGINA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Inconducente, asimismo, es su pronunciamiento respecto a que las declaraciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse a la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa, toda vez que tal materia no ha sido objeto de consulta ni tampoco de incumplimiento, ya que fue dictada con posterioridad a los hechos.

Mediante dictamen CGR N° e123413/2021, de 21 de julio de 2021, el Contralor General de la República ha resuelto que “las Fuerzas Armadas deben abstenerse de realizar declaraciones que afecten su carácter de no deliberantes, debiendo ajustarse a la directiva comunicacional del ministerio de defensa nacional”. El Centro de Generales de Ejército, representando el sentir de los militares en retiro, estima inoficioso el mencionado dictamen toda vez que, como queda de manifiesto en el texto del mismo, el Contralor concluye, que los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación.

Inconducente, asimismo, es su pronunciamiento respecto a que las declaraciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse a la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa, toda vez que tal materia no ha sido objeto de consulta ni tampoco de incumplimiento, ya que fue dictada con posterioridad a los hechos.

Extraña el análisis doctrinario respecto de la no deliberación militar y la obediencia al poder civil constituido, cuando el propio Ministro de Defensa Nacional ha informado al Contralor, que las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, fueron previamente conocidas y aprobadas por dicho secretaría de estado.

Por otra parte, resulta paradojal la conclusión del Contralor que refiriéndose a declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército publicadas en El Mercurio, señala: “Las expresiones vertidas en esas instancias, sin configurar una infracción al deber de obediencia ni implicar un cuestionamiento a las declaraciones del poder civil al que se encuentra subordinado el Ejército de Chile constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, que no guardan relación directa con las funciones propias de esa rama armada y que, de reiterarse, terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional”.

Si las expresiones vertidas por el Comandante en Jefe del Ejército, no configuran una infracción al deber de obediencia, ni implican un cuestionamiento a las declaraciones del poder civil, ni constituyen deliberación; debe entenderse que se ajustan a derecho, por lo que mal podrían, en caso de reiterarse, terminar afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.

Representamos nuestro desacuerdo, que una entidad llamada a pronunciarse estrictamente en derecho, en materias de su competencia que dicen relación con el desempeño de los funcionarios de la Administración del Estado, exceda abiertamente dicho ámbito y caiga en subjetivismos, llegando incluso a suponer futuras conductas que, siendo similares a las que ha estimado que no constituyen deliberación, puedan a futuro terminar afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.

Finalmente, se aprecia en la argumentación una velada advertencia inhibitoria de la libertad de expresión, opinión y rol que le corresponde al Comandante en Jefe del Ejército, como responsable de una institución que también debe velar por el resguardo de valores patrios y tradiciones del Ejército, aspectos que considera el dictamen, por lo que estimamos que una advertencia de esa naturaleza, no se aviene con el rol del Contralor General de la República.

Enrique Slater Escanilla, general de Brigada en Retiro, Presidente del Centro de Generales de Ejército

Fuente: https://www.infogate.cl/2021/07/24/generales-en-retiro-y-dictamen-de-la-…

Viña del Mar, 24 de julio de 2021.

Poder constituyente

Señor Director:

Se discute si la Convención Constitucional tiene un poder constituyente originario o derivado.

Es clara la intención de quienes postulan lo primero: que la Convención es la expresión máxima de la soberanía popular, que está por sobre los poderes del Estado y que, por lo tanto, puede disolver al Congreso y cesar cargos de otras entidades del Estado.

Lo cierto es que la Convención Constitucional no es un poder constituyente, ni originario ni derivado: es solo un grupo de personas a quienes se les mandató —mediante reglas establecidas en la Carta Fundamental vigente— para redactar y aprobar una propuesta de texto constitucional que será sometido a un plebiscito nacional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta.

                              Atentamente le saluda.

                                                                      Adolfo Paúl Latorre

                                                                             Abogado

 HORAS DECISIVAS

Las recientes elecciones primarias han cambiado el escenario electoral. Los triunfos de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel, impensados hasta hace pocas semanas, han alterado las proyecciones.

Y si bien quedan interrogantes sobre qué harán los sectores más extremos a ambos lados del espectro, una incógnita de no menos trascendencia es lo que ocurra en la ex-Concertación (hoy Unidad Constituyente).

Desde ya, ha quedado claro el fuerte costo que le significó su ausencia de las primarias legales, cuya cobertura, sumada a la franja de propaganda televisiva, permitió desplegar abundantemente las ideas de cada pacto.

Pero, incluso más allá de la pérdida de presencia mediática, la no participación privó a la centroizquierda de un mecanismo legitimado para resolver una candidatura única que represente a ese sector en la presidencial de noviembre. Peor aún, los resultados de esa primaria le han dejado poco espacio para levantar una propuesta competitiva.

Respecto del mecanismo de elección, recién el viernes se zanjará si la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asumirá efectivamente la candidatura DC. Pero, si bien las señales anticipan una respuesta afirmativa, aún permanece sin resolverse la fórmula por la cual Unidad Constituyente determinará una candidatura única.

Hay sectores que plantean que debe primar el pragmatismo y forzar la renuncia de las otras postulaciones de la coalición (el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez), asumiendo su bajo apoyo en las encuestas, mientras otros insisten en la necesidad de realizar “primarias ciudadanas” en un plazo breve.

Cualquiera sea la fórmula, tendrá costos. En la política actual la participación ciudadana en la nominación de candidaturas presidenciales se ha tornado cada vez más esencial; la idea de una definición en virtud de un acuerdo cupular resulta especialmente resistida en tiempos de máximo descrédito de los partidos.

Unidad Constituyente debiera acelerar sus definiciones y su propuesta al país.

Sin embargo, una primaria “ciudadana” no solo no contaría con los beneficios de las primarias legales (financiamiento, logística y propaganda televisiva), sino que, en parte por eso, difícilmente lograría una convocatoria parecida a la registrada el pasado domingo.

Pero, además, la postulación de Unidad Constituyente enfrentará un problema de posicionamiento, toda vez que la bandera del “socialismo democrático”, concepto largamente repetido en las últimas semanas, pierde fuerza cuando el candidato de la izquierda más dura no es comunista.

Aún más, ha sido la propia centroizquierda la que durante los últimos años —y en particular a partir de octubre de 2019— ha abandonado su propio espacio, mimetizando parte de sus propuestas y discurso con los sectores más radicalizados. Le resultará, entonces, difícil mostrar una diferencia clara con la izquierda radical.

En especial, no es descartable que una parte del electorado socialista se alinee con Boric antes que con la carta de la centroizquierda.

Aun así, con todos esos dilemas, los partidos de Unidad Constituyente debieran acelerar sus definiciones y su propuesta al país, intentando recuperar —aunque sea parcialmente— el tiempo y espacio perdidos, de forma de brindarles a los electores de centro y centroizquierda una alternativa que conecte con los valores democráticos propios de ese sector.

Fuente: Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas

 

Por Carlos Peña. El Mercurio 22 de julio de 2021

Un aporte de nuestro Director Raúl Godoy C.

 

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional