Columna de Opinión

Cocina Legislativa y acuerdos políticos

Cocina Legislativa y acuerdos políticos

Tres cartas enviadas y publicadas en el El Diario El Mercurio de Valparaíso por Adolfo Paul Latorre, en que se refiere a la Ley de Amnistía; a la Cocina Legislativa y neolenguaje

 LEY DE AMNISTÍA

Señor Director: El ministro en visita extraordinaria Jaime Arancibia Pinto —un tribunal unipersonal inconstitucional, porque fue establecido con posterioridad a la perpetración de los hechos (art.19 Nº 3, inc. 5 CPR)— en la entrevista publicada el domingo 4 expresó que el argumento principal para no aplicar la Ley de Amnistía “es que al tratarse de delitos de lesa humanidad las amnistías no tienen efecto”.

Está muy equivocado el señor Arancibia —pues no podría estar actuando con mala fe— porque: a) Los hechos investigados no pueden ser calificados como de lesa humanidad, por cuando no cumplen con el requisito del tipo penal para ser calificados

como tales y porque a la fecha de su ocurrencia no existía ninguna ley interna o tratado internacional ratificado por Chile que se refiriera a ellos. Los crímenes de lesa humanidad fueron establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incorporados en el derecho positivo interno chileno mediante la ley 20.357. Tanto esta ley como el Tratado de Roma entraron en vigor en Chile el año 2009 y no pueden ser aplicados retroactivamente; y b) No existe convenio internacional ni ley interna alguna que prohíba la dictación o la aplicación de amnistías, es decir, que prohíba perdonarse entre hermanos. Adolfo Paúl Latorre, El Mercurio Valparaíso, 4/1/2015.

“COCINA” LEGISLATIVA Y NEOLENGUAJE

Señor Director: En relación con la “satanización” de ciertas palabras a la que se refiere Miguel A. Vergara, me parece pertinente comentar que la estrategia de Antonio Gramsci para cambiar el mundo de base y crear un orden nuevo —de transformarlo en socialista en un sentido

igualitario— se fundamenta en un cambio cultural; modificando las valoraciones morales y políticas en que se fundamenta

la sociedad, des jerarquizando todo lo valioso y toda forma de religión trascendente, y transformando el sentido común.

Una herramienta de esta estrategia es el “neolenguaje”, que trata de cambiar el significado de las palabras, aunque conservando algo de su esencia. Al cambiar el sentido de las palabras las personas cambian su forma de pensar y, al

cambiar su forma de pensar, cambia su conducta.

Curiosamente, antes de morir, Gramsci se convirtió al catolicismo. Adolfo Paúl Latorre,

El Mercurio, 7/1/2015

Cocina Legislativa y acuerdos políticos

Señor Director: A lo manifestado por Miguel A.Vergara (carta del 7 de enero), en el sentido de que “los acuerdos políticos constituyen la esencia de una democracia”, agregaría que lo esencial es que la mayoría no impida la libertad de las minorías, que la democracia no sea tiránica; tiranía a la que son proclives quienes gobiernan como partido único y que piensan que la mayoría, con reformas constitucionales y legales, puede imponer cualquier cosa a las minorías. Para ello es preciso alcanzar acuerdos entre quienes tienen distintas posiciones políticas; acuerdos que normalmente se logran mediante transacciones, como ocurría con los antiguos partidos Conservador, Liberal y Radical. Estos acuerdos devinieron en algo prácticamente imposible con el surgimiento de los partidos Comunista, Democracia Cristiana y Socialista – partidos “ideológicos”, según Bernardino Bravo Lira— que postulaban “planificaciones globales” inmodificables, intransables y excluyentes, y cuyos dirigentes pronunciaban frases tales como: “no cambiaré una coma de mi programa ni por un millón de votos”, “avanzar sin transar”, “les negaremos la sal y el agua”, “no soy Presidente de todos los chilenos”.

Al respecto, cabría citar a Gonzalo Vial Correa: “Y si no está de acuerdo con ella —la planificación global de la política, la economía, la educación, la cultura, etc.— lo único que le corresponde es ser vencido y desplazado. Y ahí viene la polarización, y de ésta el odio. Cuando la minoría se siente herida o amenazada en derechos básicos, como la vida, el honor, la familia, la educación de los hijos o la religión, se defiende con la fuerza. Y si se recurre a la fuerza, quienes deciden no son ni la mayoría ni la minoría, sino los que verdaderamente tienen la fuerza”. Adolfo Paúl

Latorre, El Mercurio, 8/1/2015.

Columna de Opinión

Cocina Legislativa y acuerdos políticos, neo lenguaje y ley de amnistía;

Tres cartas enviadas y publicadas en el El Diario El Mercurio de Valparaíso por Adolfo Paul Latorre, en que se refiere a la Ley de Amnistía; a la Cocina Legislativa y neolenguaje
LEY DE AMNISTÍA
Señor Director: El ministro en visita extraordinaria Jaime Arancibia Pinto —un tribunal unipersonal inconstitucional, porque fue establecido con posterioridad a la perpetración de los hechos (art.19 Nº 3, inc. 5 CPR)— en la entrevista publicada el domingo 4 expresó que el argumento principal para no aplicar la Ley de Amnistía “es que al tratarse de delitos de lesa humanidad las amnistías no tienenefecto”.
Está muy equivocado el señor Arancibia —pues no podría estar actuando con mala fe— porque: a) Los hechos investigados no pueden ser calificados como de lesa humanidad, por cuando no cumplen con el requisito del tipo penal para ser calificados
como tales y porque a la fecha de su ocurrencia no existía ninguna ley interna o tratado internacional ratificado por Chile que se refiriera a ellos. Los crímenes de lesa humanidad fueron establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incorporados en el derecho positivo interno chileno mediante la ley 20.357. Tanto esta ley como el Tratado de Roma entraron en vigor en Chile el año 2009 y no pueden ser aplicados retroactivamente; y b) No existe convenio internacional ni ley interna alguna que prohíba la dictación o la aplicación de amnistías, es decir, que prohíba perdonarse entre hermanos. Adolfo Paúl Latorre, El Mercurio Valparaíso, 4/1/2015.

“COCINA” LEGISLATIVA Y NEOLENGUAJE
Señor Director: En relación con la “satanización” de ciertas palabras a la que se refiere Miguel A. Vergara, me parece pertinente comentar que la estrategia de Antonio Gramsci para cambiar el mundo de base y crear un orden nuevo —de transformarlo en socialista en un sentido
igualitario— se fundamenta en un cambiomcultural; modificando las valoraciones morales y políticas en que se fundamenta
la sociedad, desjerarquizando todo lo valioso y toda forma de religión trascendente, y transformando el sentido común.
Una herramienta de esta estrategia es el “neolenguaje”, que trata de cambiar el significado de las palabras, aunque conservando algo de su esencia. Al cambiar el sentido de las palabras las personas cambian su forma de pensar y, al
cambiar su forma de pensar, cambia su conducta.
Curiosamente, antes de morir, Gramsci se convirtió al catolicismo. Adolfo Paúl Latorre,
El Mercurio, 7/1/2015

Cocina Legislativa y acuerdos políticos
Señor Director: A lo manifestado por Miguel A.Vergara (carta del 7 de enero), en el sentido de que “los acuerdos políticos constituyen la esencia de una democracia”, agregaría que lo esencial es que la mayoría no impida la libertad de las minorías, que la democracia no sea tiránica; tiranía a la que son proclives quienes gobiernan como partido único y que piensan que la mayoría,con reformas constitucionales y legales, puede imponer cualquier cosa a las minorías. Para ello es preciso alcanzar acuerdos entrequienes tienen distintas posiciones políticas; acuerdos que normalmente se logran mediante transacciones, como ocurría con los antiguos partidos Conservador, Liberal y Radical. Estos acuerdos devinieron en algo prácticamente imposible con el surgimiento de los partidos Comunista, Democracia Cristiana y Socialista – partidos “ideológicos”, según Bernardino Bravo Lira— que postulaban “planificaciones globales” inmodificables, intransables y excluyentes, y cuyos dirigentes pronunciaban frases tales como: “no cambiaré una coma de mi programa ni por un millón de votos”, “avanzar sin transar”, “les negaremos la sal y el agua”, “no soy Presidente de todos los chilenos”.
Al respecto, cabría citar a Gonzalo Vial Correa: “Y si no está de acuerdo con ella —la planificación global de la política, la economía, la educación, la cultura, etc.— lo único que le corresponde es ser vencido y desplazado. Y ahí viene la polarización,y de ésta el odio. Cuando la minoría se siente herida o amenazada en derechos básicos, como la vida, el honor, la familia, la educación de los hijos o la religión, se defiende con la fuerza. Y si se recurre a la fuerza, quienes deciden no son ni la mayoría ni la minoría, sino los que verdaderamente tienen la fuerza”. Adolfo Paúl
Latorre, El Mercurio, 8/1/2015.

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Fallos judiciales por Adolfo Paúl Latorre. Afán por Adolfo Ibañez

Fallos judiciales por Adolfo Paúl Latorre —-  Afán por Adolfo Ibañez

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

Los jueces sustentan tal violación en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en ciertos casos han declarado -arbitrariamente y sin sustento jurídico válido alguno- que los delitos cometidos por militares son de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados.

Documento publicado el día de hoy en el diario El Mercurio de Santiago, enviado por nuestro socio CN  y abogado Adolfo Paul Latorre, en Cartas al Director.

Cartas

Lunes 29 de diciembre de 2014

Fallos judiciales

Señor Director:

En relación con el “activismo político” denunciado por Miguel A. Vergara (carta del viernes), cabría señalar que los procesos judiciales en que se aplicó la Ley de Amnistía a militares han sido reabiertos, no así aquellos en que la aplicación de dicha ley benefició a guerrilleros o terroristas; lo que constituye una flagrante violación a los principios de la cosa juzgada y de la igualdad ante la ley.

Los jueces sustentan tal violación en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en ciertos casos han declarado -arbitrariamente y sin sustento jurídico válido alguno- que los delitos cometidos por militares son de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados.

Dicha Corte no tenía competencia para conocer o resolver tales asuntos porque: a) Los hechos ocurrieron antes de la fecha en que Chile ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) No tiene facultades para intervenir en asuntos de jurisdicción interna de nuestro país -menos aún para ordenar reabrir causas ejecutoriadas e interferir en atribuciones soberanas del Estado de Chile- por cuanto según lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Constitución Política “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Por tal razón para reconocer el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, y dado que este confiere a dicha Corte jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República, fue necesaria una reforma constitucional; lo que no ocurrió en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No obstante lo antedicho, atropellando el principio de supremacía constitucional y las garantías que la Carta Fundamental establece, nuestra Corte Suprema de Justicia, encontrando que el criterio de la CIDH coincide con su particular modo de ver las cosas, con la cortedad de miras de todo sectarismo ha aceptado que un órgano supranacional incompetente le enmiende la plana, sin reparar en el daño extraordinario que se está causando a las instituciones de la República, al orden jurídico y al Estado de Derecho.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

 

Afán

“Los proyectos apuntan a un fin que ha quedado oculto y fuera de discusión: el control de la población por parte de los dirigentes, los antiguos custodios de la conciencia de clase, impulsados por su voluntarismo lleno de odio y resentimiento…”

 

Adolfo Ibáñez

Al Gobierno y sus huestes los mueve un intenso afán de reformas. Aquel repite incansablemente que tiene que cambiar el modelo. Y se ha dicho que será con retroexcavadora. Aunque se ha tratado de suavizar esta presentación, lo cierto es que no ceja en su finalidad de cambio total. En las discusiones legislativas ha morigerado aspectos técnicos y políticos puntuales, pero, en el fondo, continúa en su afán de imponer un nuevo orden que, en su voluntarismo, revela una estrecha identidad con el viejo y fracasado comunismo, hoy disimulado con la expresión “socialismo del siglo XXI”.

Tratar de abarcar tanto y tan prontamente no revela un deseo de mejorar las cosas, sino un afán por controlar toda la vida de los chilenos. Es una reacción impulsada por la debilidad conceptual que se oculta tras su mayoría parlamentaria. Se trata de impedir a cada uno colaborar, día a día y casi siempre anónimamente, con el engrandecimiento del país. Otra cosa es que durante estas décadas de Concertación se haya ido paulatinamente, por dejación y por omisión, ensanchando el estatismo que permite proliferar a los poderosos de siempre -sindicatos, políticos y empresarios- en desmedro de la participación y beneficio colectivo. Corregir esta falla es urgente.

Los proyectos apuntan a un fin que ha quedado oculto y fuera de discusión: el control de la población por parte de los dirigentes, los antiguos custodios de la conciencia de clase, impulsados por su voluntarismo lleno de odio y resentimiento. Buscan especialmente que la novedosa y extensa clase media, que hoy constituye amplia mayoría, llegue a sentirse explotada y abusada. Es el primer eslabón para despersonalizarse y entregarse maniatados a la férula de aquellos dirigentes o casta sacerdotal del socialismo, caracterizados por su autoritarismo impositivo.

Este afán reformador que apunta a tal cantidad y magnitud de cambios insulta a todos los chilenos que con su tesón han ido construyendo paulatinamente el país en que vivimos, porque desprecia ese esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo. También es una bocanada de odio, con toda la pestilencia que ella acarrea, para enrarecer el ambiente e imposibilitar toda posible concordia y todo vínculo entre las personas. Es el modo para atarnos a la inhumana frialdad que deriva de las ideologías que tanta destrucción y sufrimiento derramaron sobre el mundo en el siglo XX. Es el camino de siempre para tratar de hacer de las personas unas máquinas. Y por ello siempre han fracasado.

 

Columna de Opinión

Autonomía de jueces en casos de DD.HH.23/12/2014

Autonomía de jueces en casos de DD.HH.23/12/2014
Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Carta al diario “La tercera”
El ministro de Defensa, Jorge Burgos, responde al general Juan Emilio Cheyre en referencia a la asimetría jurídica que este último denuncia a través de su diario, aduciendo que en nuestro país existe el “estado de derecho”. Si el ministro revisara los expedientes de varios de los reos militares detenidos en Punta Peuco, vería que muchos han sido procesos irregulares y sus sentencias basadas sólo en presunciones.

Le aconsejaría el libro documental escrito por el abogado  y capitán de navío (r) Adolfo Paul,  Procesos sobre violaciones a los derechos humanos: inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, en el que consignan diversos casos anómalos y demuestra que se está afectando seriamente el “estado de derecho”, además de denunciar prevaricación de algunos jueces.

Francisco Le Dantec Gallardo

Columna de Opinión

Las políticas redistributivas, que podrían ser un objetivo socialmente deseable, terminan constituyéndose en un mecanismo de exacción de magnitud cuasi-ilimitado. Por Juan Pablo Couyoumdjian. ¿Pinochet genocida? por Enrique Maldonado Roi

Las políticas redistributivas, que podrían ser un objetivo socialmente deseable, terminan constituyéndose en un mecanismo de exacción de magnitud cuasi-ilimitado. Por Juan Pablo Couyoumdjian. ¿Pinochet genocida? por Enrique Maldonado Roi

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

“El respeto de los derechos de propiedad es un elemento clave de una democracia liberal. Estos derechos otorgan a las personas la libertad de usar su propiedad en la forma que estimen conveniente, siempre que no violenten o engañen a otros. GENOCIDIO “Exterminio sistemático de un grupo social por motivo étnico, racial religioso político o de nacionalidad”.

Escribe Juan Pablo Couyoumdjian

Publicado 19-11-2014

Las políticas redistributivas, que podrían ser un objetivo socialmente deseable, terminan constituyéndose en un mecanismo de exacción de magnitud cuasi-ilimitado.

El respeto de los derechos de propiedad privada es un elemento clave de una democracia liberal. Estos derechos otorgan a las personas la libertad de usar su propiedad en la forma que estimen conveniente, siempre que no violenten o engañen a otros. A lo largo de la historia se ha visto que las sociedades que más progresan son aquellas que efectivamente protegen estos derechos. Más aún, sin el respeto a los derechos de propiedad no puede existir una verdadera libertad individual.

Dicho lo anterior, en algunos casos pueden surgir conflictos entre el uso de los derechos de propiedad de acuerdo a intereses privados y a otros intereses públicos, o comunes. La forma cómo distintas sociedades resuelven estos tipos de problemas es muy iluminadora respecto de su verdadero respeto por las libertades individuales.

En una democracia liberal la capacidad expropiatoria del Estado sólo se puede resolver con una compensación efectiva a los dueños originales de los derechos. Esta compensación debiera ser equitativa, en el sentido de que debiera reflejar los costos de oportunidad de los recursos expropiados y, además, debe ser cancelada de forma oportuna (en contraposición a esto, recordemos los bonos no reajustables de la “reforma agraria”, proceso que marcó un hito en el menoscabo a la libertad individual en el Chile moderno). La definición del interés social que constituiría la excepción es, por otra parte, otro elemento muy importante de considerar aquí.

Como resulta aparente, en estos temas pueden surgir algunas complicaciones que vale la pena considerar con más cuidado. Algunos autores, como el profesor Richard Epstein, han argumentado que de acuerdo al principio del respeto de los derechos de propiedad sólo es admisible un sistema de impuesto a la renta de tipo proporcional. Si bien en materia tributaria puede haber varios principios en juego, este razonamiento indica que si todos los agentes reciben bienes y servicios públicos en la misma medida, ellos debieran pagar impuestos en las mismas proporciones. Nótese, en todo caso, que si uno argumentara que los agentes más ricos obtienen un aprovechamiento mayor de los bienes públicos, podríamos defender también algún grado de progresividad tributaria. Pero desde un punto de vista analítico, la progresividad tributaria debe de tener un límite en la medida que creemos en el respeto de los derechos de propiedad.

Los casos de las fijaciones de precios máximos y mínimos, corresponden a otras áreas donde vemos una interferencia con el principio de los derechos de propiedad privada. Lo mismo ocurre en el caso de las regulaciones existentes en distintos mercados. Desde un punto de vista analítico estos son temas altamente sensibles. Pero más allá de los principios en juego, en la práctica estos tipos de políticas están sujetas a las normativas constitucionales existentes en cada país. En el caso de Chile la Constitución reconoce que los derechos de propiedad son un elemento fundamental de los derechos ciudadanos. A su vez, el orden constitucional reconoce también el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, siempre que no se oponga a algunos intereses comunes. En estos ámbitos, las limitaciones a estos derechos serían calificados como tales por el Congreso, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional representa una restricción importante a las pasiones de las democracias mayoritarias.

Cuando la autoridad simplemente invoca un interés social indefinido para expropiar la propiedad privada y, más aún, la compensación no se aplica, se genera una gran incerteza, la que a su vez tiene efectos importantes sobre las decisiones individuales. Estas transgresiones ocurren más a menudo de lo que uno cree; considérense, por ejemplo, los planos reguladores. En la medida que el valor actual de las propiedades refleje los usos permitidos de los terrenos el verdadero problema se genera cuando consideramos los cambios de estas ordenanzas, que ocurren con una frecuencia bastante mayor que la esperable. Aquí vale la pena anotar que en muchos de estos casos el interés social en juego es bastante nebuloso y, demás está decir, en la práctica no existe ningún tipo de compensación a los propietarios afectados.

A la luz de lo señalado, queda claro que existen varios casos en los cuales los gobiernos quebrantan los derechos de propiedad privados. En el último tiempo han aparecido nuevas propuestas en el ámbito de las políticas previsionales y de seguros de salud que apuntan en esta dirección. Los planteamientos en el sentido de expropiar (en parte o en su totalidad) los aportes individuales de los cotizantes de salud representan una violación flagrante de los derechos de propiedad. Al igual que en el caso de la política tributaria, en este punto nos encontramos de nuevo con un concepto de interés social que parece justificar todo tipo de contribución forzosa. Considerados en su conjunto, aquí vemos que las políticas redistributivas, que podrían ser un objetivo socialmente deseable, terminan constituyéndose en un mecanismo de exacción de magnitud cuasi-ilimitado.

Este breve análisis nos indica que el estudio del derecho constitucional económico representa en verdad un tema de la mayor importancia, que debe ser difundido entre la población de forma de entender de forma clara y precisa el ámbito de protección de la libertad individual existente en nuestro ordenamiento jurídico. Las leyes deben subordinarse a la Constitución, y los ciudadanos deben reconocer y apreciar esta supremacía, tal como aflora en otros países que valoran y protegen su libertad individual (como por ejemplo sigue ocurriendo, a pesar de todos sus problemas, en los Estados Unidos). La caída de los sistemas de planificación económica centralizada no debe generar un sentido de complacencia en materia de la defensa de los derechos de propiedad. Estar permanentemente alerta para defender los principios de una sociedad libre, expresados en nuestra Constitución, es una forma eficaz para proteger nuestros derechos como ciudadanos.

http://ellibero.cl/ideas-libres/una-alerta-sobre-los-derechos-de-propiedad/#

A raíz del minuto de silencio realizado en la Cámara de Diputados con ocasión del séptimo aniversario de la muerte del general Pinochet, los diputados comunistas Teillier  y Gutiérrez  manifestaron que no correspondía hacer este tipo de homenajes a un GENOCIDA. El marxismo ha logrado instalar tal concepto en la opinión pública para referirse a que durante el Gobierno Militar hubo una “política de estado” para exterminar a sus oponentes constituyendo un GENOCIDIO.

Al remitirnos a la información difundida en los medios  y los datos oficiales contenidos en el Informe Rettig, sin desconocer que hubo violaciones a los DDHH y crímenes políticos, no encuentro mérito para usar el calificativo de GENOCIDIO “Exterminio sistemático de un grupo social por motivo étnico, racial  religioso político o de nacionalidad”. Según el informe Rettig, entre los años 1973 y 1990 se registran en Chile 2.279 muertes atribuidas a los servicios de seguridad y 1.248 detenidos desaparecidos y más de 22.000 torturados. En beneficio de la duda podemos hablar de entre 3 y 4 mil muertos, de ellos cerca del 60 % corresponden a fines del año 73 y principios de 1974, cuando aún había focos de resistencia armada, y el resto SE PODRIA ATRIBUIR a la acción de los organismos de seguridad del régimen.

Si damos por cierto el hecho que hubo algo más de 22.000 torturados, debemos suponer que se trata de personas que en algún momento estuvieron en un lugar de detención sometidos a apremios ilegítimos con el fin de obtener de ellos  información.  Así las cosas, si hubo más de 22.000 detenidos o “secuestrados” por los organismos de seguridad y poco más de 3.000 son los muertos o asesinados atribuido a esos mismos  organismos, objetivamente y sin ánimo de desconocer esas muertes como violaciones a los derechos humanos,  no hay mérito para afirmar que hubo una “política de estado” para el exterminio de un grupo social opuesto al régimen.

A mayor abundamiento, la mayoría de los muertos  a partir de mediados de 1974 a 1990 corresponde a miembros de los grupos subversivos y terroristas del  MIR y FPMR, organizaciones que optaron por la vía armada para desestabilizar y terminar con el gobierno del general Pinochet, el cual, independiente de la forma como llegó al poder, era la autoridad constituida en Chile, reconocida por  la Organización de Naciones Unidas y la mayoría de las naciones no comunistas del mundo y como tal tenía pleno derecho a combatir la subversión armada  y neutralizar el terrorismo, en consecuencia  parece más apropiado calificar las muertes acaecidas en ese periodo como consecuencia de la represión contra la subversión y el terrorismo y no de genocidio.

Ahora respecto de la propiedad con que los parlamentarios comunistas califican de Genocida al General Pinochet, no es necesario mencionar los millones de muertos en regímenes comunistas de todo el mundo, pero me parece pertinente recordar que el partido comunista chileno desatendiendo el camino trazado en la Constitución del 80, aprobada mayoritariamente en una consulta plebiscitaria, optó por la lucha armada y se comprometió a fondo para terminar con el gobierno de Pinochet.  Con ese fin creó el FPMR, promovió la operación retorno de combatientes entrenados en el exterior, realizó la masiva internación de armas descubierta en Carrizal Bajo y autorizó el atentado al general Pinochet. De no haber fracasado en sus intentos,  el partido comunista habría conducido a nuestro país a una guerra interna con miles de muertos, similar a la experimentada en Colombia con las FARC o en Perú con Sendero Luminoso, y difícilmente habríamos recobrado la democracia mediante la transición trazada en la Constitución de 1980, que en su momento fue calificada de ejemplar y admirada internacionalmente.

Enrique Maldonado Roi

Columna de Opinión

INIQUIDADES JUDICIALES COMETIDAS CONTRA MILITARES Y CARABINEROS EN LOS PROCESOS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL .DEBE RE FUNDARSE EL EJERCITO

INIQUIDADES JUDICIALES COMETIDAS CONTRA MILITARES Y CARABINEROS EN LOS PROCESOS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL .DEBE RE FUNDARSE EL EJERCITO
Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Los tres artículos que se muestran, pueden verse al final de esta página.

 Nuestra Constitución Política asegura derechos y garantías a todos los habitantes de este suelo. Sin embargo, hay un sector de chilenos que no están alcanzados por esa protección.

El tema de combinar adecuadamente la independencia de cada juez y su libertad para resolver el caso que tiene frente a él, sin ninguna
clase de ataduras, y por otro lado establecer principios uniformes de justicia en la sociedad, es un tema que ha generado debates de gran intensidad en medios académicos y en el foro.
Sobre esta materia, en un artículo anterior llamado “Derechos Humanos de los Militares”, el suscrito analizó una serie de infracciones a garantías   constitucionales de los militares, en procesos penales seguidos en su contra, por casos de los
llamados derechos humanos. Se comentaba, en ese artículo, una muy grave contradicción en sentencias, respecto del concepto de autoría que establece la ley penal chilena.
Los dos fallos se referían al caso de Tenientes, uno de ellos de Ejército, y el otro de Infantería de Marina, que actuaron obedeciendo órdenes en sucesos posteriores al golpe de estado de Septiembre de 1973. En ambos casos, los Tenientes habían cumplido órdenes de detención de personas, poniéndolas a disposición de sus superiores, en las unidades respectivas
Columna de Opinión

Al enemigo, ni justicia… ni derechos humanos. La jurisprudencia en materia penal (Ver en adjunto al final de la página)

Al enemigo, ni justicia… ni derechos humanos. La jurisprudencia en materia penal (Ver en adjunto al final de la página)

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El maltrato a los presos de edad avanzada en causas vinculadas con la lucha contra la subversión es la manifestación más clara de haber trocado justicia por venganza

Se aproxima el fin de año. Aunque el tiempo de la Navidad debería invitar a la reflexión personal, la intimidad familiar y la compasión por el otro, la realidad es un torbellino que supera las mejores intenciones y las sepulta con sus exigencias laborales, brindis variados, planes veraniegos y promesas incumplidas, aunque siempre repetidas.

En este contexto: ¿quién sabe, quién piensa o quién muestra interés porque en la Argentina haya cientos de presos mayores de 70 años, algunos con casi 90 en cárceles comunes? Son parte de los 1800 detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra antisubversiva que ocurrió en el país hace ya 40 años. Muchos de ellos, sin sentencia condenatoria. Ya han muerto 267 en cautiverio, entre los cuales se cuentan muchos casos atribuibles a desatención, abandono de persona o negligencia médica.

¿Valdrá la pena recordar que en nuestra legislación el principio de humanidad exige que las personas más vulnerables, como los adultos mayores, puedan cumplir la detención con prisión domiciliaria? ¿Y que puedan ser atendidos en hospitales, si sufriesen problemas de salud, como habitualmente ocurre con personas de esa avanzada edad, y no en las colapsadas enfermerías u hospitales precarios de las cárceles que carecen de infraestructura, médicos gerontólogos y servicios esenciales?

En democracia es importante señalar la discriminación manifiestamente inconstitucional que sufren estos detenidos, que son discriminados entre la misma población carcelaria porque no rige para ellos como para los demás acusados penalmente y para presos comunes ni la presunción de inocencia, ni el principio de irretroactividad de la ley penal, así como no tienen el beneficio de la excarcelación, ni de la libertad condicional, ni de prisión domiciliaria sobre la base de su estado de salud. Ni siquiera se les otorgan salidas transitorias, como sí las tienen, por ejemplo, los miembros de Vatayón Militante. Tampoco pueden cursar carreras universitarias ante las objeciones planteadas por la UBA.

La declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, en 2005, no implicó que las causas de lesa humanidad fueran eximidas de las garantías elementales de la legislación penal, como el debido proceso legal. Sin embargo, tratándose de militares o civiles que actuaron durante la dictadura militar, el gobierno kirchnerista no tuvo ni tiene interés por determinar la real autoría de los delitos, sino realizar con ellos un sacrificio simbólico en el altar del poder político, el que paradójicamente sirve de cortina de humo para ocultar los gravísimos casos de corrupción que tiñen la actual administración.

De esa manera, los procesamientos, prisiones preventivas y las condenas en la mayoría de los casos se han basado en pruebas amañadas, cuando no en ausencia total de pruebas, falsos testigos, hipótesis no comprobadas y causalidades remotas. Basta que jóvenes oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad (para no excluir a los muchos que no son militares) hubiesen prestado servicios en una determinada unidad castrense para sindicarlos como autores de delitos contra la humanidad, sin probar su autoría. O, en el caso de civiles, ha bastado la mera portación de cargo, como ocurre con el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, que fue acusado de delitos en razón de su función, no obstante que la normativa legal vigente dictada durante el gobierno de ese entonces, lo excluía de toda participación en las cuestiones antisubversivas.

Su derecho a la legítima defensa también se encuentra comprometido dado que los acusados carecen de recursos para costearse abogados. Así, la defensa ha quedado mayoritariamente en manos de defensores oficiales, quienes no se atreven a confrontar el discurso kirchnerista, ni a interrogar a los testigos para no “victimizar a las víctimas”, alineándose con los mismos fiscales, vinculados muchos de ellos con Justicia Legítima.

Pero la Justicia, para ser legítima, debe respetar el proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, es sólo otra puesta en escena tendiente a cumplir fines ideológicos y políticos. Y si los acusados se juzgan conforme a la ideología o a la política, la justicia deja de ser justicia y se convierte en instrumento del derecho “penal del enemigo” y la venganza.

La historia está llena de ejemplos de tribunales revolucionarios donde los imputados estaban condenados desde la primera audiencia y todos terminaron en crueles y estrepitosos fracasos. Recuérdese la etapa jacobina de la Revolución Francesa, cuando se decapitaron 2217 personas para consolidar el poder de Robespierre. Y los célebres “procesos de Moscú” durante la dictadura de Stalin.

El benévolo Ernesto “Che” Guevara, en cambio, firmó sentencias de muerte en los procesos sumarísimos de La Cabaña, donde se ejecutó a, por lo menos, 500 personas, sin que se le moviera un pelo. En los países del “socialismo del siglo XXI” se experimenta la “justicia de clase”, donde la Justicia se quita la venda para que los magistrados dicten fallos conforme lo ordenan el partido y la revolución, como ocurre con los opositores al régimen bolivariano.

Tal vez sea oportuno señalar el inmenso contraste entre la situación de los militares y civiles que hoy sufren prisión, con los guerrilleros y la “maravillosa juventud” que luchaban “por la patria socialista”, a quienes el ex presidente Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo y a quienes el Poder Ejecutivo ordenó “aniquilar” mediante cuatro decretos de 1975 ya olvidados. Fueron esos “jóvenes idealistas” quienes provocaron la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón y no la iniciativa militar. El morir por una causa no significa que esa causa sea digna de morir por ella.

No obstante, quienes asesinaron y empujaron al vacío a un gobierno democrático fueron indultados y, muchos de ellos, indemnizados. Para no mencionar tampoco a los funcionarios civiles del gobierno peronista de aquel entonces, los firmantes de los citados decretos y los ejecutores de la “aniquilación” ordenada, que no han sido llamados ante los tribunales, ni por delitos de lesa humanidad, ni por crímenes de ninguna especie. Esta situación discriminatoria se acrecienta con la ley sancionada el año pasado por la cual muchos de los que participaron en acciones violentas percibirán una pensión vitalicia, en lo que se configura como un premio para quienes portaron las armas y agredieron a la sociedad.

El maltrato a los detenidos de edad avanzada demuestra una completa ausencia de dimensión humana y de comprensión de los valores en juego. Cuando llegan los últimos años, las personas pierden gradualmente la voluntad de vivir y comienzan a alejarse, lentamente, de los hechos cotidianos en una transición que merece un respeto distinto. Cada uno de los ancianos es un poco “todos los hombres”. Poco les importa, en lo personal, la cárcel, el maltrato, la enfermedad y la muerte. Los que más sufren son los familiares de los detenidos en las condiciones mencionadas. Cada persona mayor en prisión, detenida en forma injustificada, procesada por un tribunal político, no sufre en sí misma esa privación de su libertad, sino que la decisión se dirige primordialmente contra su grupo familiar, ajeno a las acusaciones vertidas, pero directamente afectado por el castigo dispuesto por quienes encontraron en sus padres, sus hermanos o sus abuelos, una oportunidad de ganar aplausos y adhesiones políticas a través de sus sacrificios en el falso altar de los derechos humanos.

Con su estilo campechano, que refleja puro sentido común, sin necesidad de acudir a libros de ética, ni a tratados internacionales, en una actitud que muestra ausencia de resentimiento no obstante su pasado guerrillero, el presidente de Uruguay, José Mujica, se ha manifestado recientemente en igual sentido: “Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años presos no corresponde”, dijo y continuó: “En otros países hay pena de muerte y, afortunadamente, aquí (en su país) no la hay. Algún día, la humanidad transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido”.

Europa sufrió dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX con decenas de millones de muertos y países devastados. Menos de 30 años más tarde, los ex enemigos pasaron a ser formidables aliados y potencias económicas. Mantienen la memoria, pero no arman la vida de las sociedades mirando hacia atrás. La Argentina debe cerrar capítulos de su historia e invertir la energía en construir el futuro, sin generar nuevas injusticias que, a la larga, serán cargadas a la cuenta de las próximas generaciones.

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Jueves 20 de noviembre de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

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