Geriatricidio Carcelario
Fuente: Diario El Austral. Sábado 07 de Junio 2025. Correo
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
UNA SESGADA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY
Humberto Julio Reyes
En Chile, nuestra querida Patria, estamos habituados a escuchar y usar repetidamente, tres conceptos:
Igualdad antes la ley, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias.
En la práctica ellos son de aplicación bastante relativa, como es en el caso de la reciente medida anunciada en la última cuenta pública del presidente Boric de transformar el penal de Punta Peuco en un penal común, sin importar que las razones y condiciones que llevaron a su creación no hayan cambiado.
Días después, el ministro de justicia contestó en un matinal de televisión diversas preguntas relativas a cómo se procederá para cumplir la voluntad del presidente, dentro del tiempo que le resta en el cargo.
En dichas respuestas apareció el corolario al principio de la igualdad ante la ley: en Chile no hay privilegios.
Eso está muy bien, dirá cualquiera a quien el anuncio no le despierte mayor inquietud o no tenga posición asumida al respecto.
Pero, lo que queda en el olvido, es que quienes cumplen penas en ese recinto están justamente ahí por haber sido procesados y condenados mediante un sistema procesal que ya no rige para el resto de sus compatriotas.
¡Vaya privilegio!
Se cumplen ya 30 años desde que el ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de reforma procesal penal que terminaría con el que regía hace un siglo, hoy 130 años, y que no otorgaba garantía alguna al procesado.
Pero, en la letra chica estaba la trampa que se ha mantenido exclusivamente para las causas de derechos humanos, permitiendo burlar la prescripción.
Así, en aras de la igualdad no cabría otra cosa que anunciar que los tribunales deberán proceder a aplicar la reforma procesal penal sin exclusiones.
También para respetar dicha igualdad, gendarmería debería otorgar o proponer, según corresponda, los beneficios intrapenitenciarios de los cuales no disfrutan quienes han sido condenados por delitos comunes en causas de derechos humanos.
¿Sería mucho pedir?
No me parece, aunque sí es mucho esperar de parte de quien, como bien lo insinúa en una notable columna, don Sergio Muñoz Riveros, parece haber buscado una forma adicional de castigar a quienes, con avanzada edad y deteriorada salud, cumplen íntegramente largas condenas impuestas en sentencias de jueces prevaricadores.
Esta carta fue respaldada por don Leonidas Montes bajo el título “Humanidad y consistencia”, que recuerda lo más fundamental en derechos humanos y que está ausente en la decisión presidencial.
No me detengo a analizar las posibles motivaciones que otros columnistas asocian a la contienda electoral, para allegar votos a los candidatos oficialistas y, de paso, “sacar al pizarrón” a los de oposición. Aquí todo vale.
Imposible no recordar, nuevamente, lo expresado por otro lector: el presidente refleja la satisfacción del niño que sabe que ha cometido una maldad.
7 de junio de 2025
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Estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco
Sr. Director:
Estoy de acuerdo con cerrar el penal de Punta Peuco una vez que sean liberados o dejados en libertad condicional todos los militares que están privados de libertad en ese penal.
Ello porque: a) los procesos seguidos en su contra adolecen de nulidad por un vicio de inconstitucionalidad, al haberles sido vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso; b) todos fueron condenados por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, tales como la de amnistía y las normas relativas a la prescripción de la acción penal; c) ninguno de ellos está condenado por un delito de lesa humanidad; todos lo están por delitos comunes, que prescriben; d) prácticamente todos ellos son inocentes y están condenados por un delito imaginario, como lo es el denominado “secuestro permanente”; un delito que no han cometido; una ficción jurídica; una fantasía discurrida por jueces que buscan condenarlos sea como sea.
Atentamente le saluda.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Viña del Mar, 4 de junio de 2024.
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¿Cuánto cuesta Punta Peuco?
por Richard Kouyoumdjian 4 junio, 2025
El Libero
Los actuales recintos de Punta Peuco y Colina 1 están con sobrepoblación, por lo que resulta incomprensible y hasta fantasiosa la idea de destinar reos comunes a los lugares que actualmente ocupan los militares del 73, lo que confirma la teoría de que el Presidente habló de la conversión de Punta Peuco sólo con el fin de mantener contentos a los suyos.
El domingo 01 de junio de 2025 el Presidente Boric realizó su cuarta y última cuenta pública. Para ser un evento de larga duración, extrañamente lo que capturó la atención de la prensa fueron tres temas, el capítulo Israel, el tema del aborto y Punta Peuco.
De los penales existentes que están dedicados a presos militares de la época del gobierno militar, los llamados chivos expiatorios de Chile, solo 138 están encarcelados en Punta Peuco, habiendo 204 en el penal de Colina 1. Los restantes que faltan para completar los 400 presos militares, están en penales femeninos, unos pocos fuera de Santiago, y aproximadamente 7 que están en sus domicilios o el hospital militar por sus muy malas condiciones de salud y edad media de 85.
Los presos militares tienen en promedio un poco más de 75 años. En el 73 eran capitanes, tenientes, subtenientes, suboficiales, clases, gente de mar, infantes de marina, aviadores, carabineros, y soldados conscriptos. Muchos de ellos, especialmente los más viejos, están en malas condiciones de salud, y de no cambiar las cosas, literalmente van a morir tras las rejas.
Los números pueden aumentar significativamente si es que se ratifican las condenas de varios cientos correspondientes a procesos que se reabrieron durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, quien además cerró el penal Cordillera que también albergaba a presos militares.
Los actuales recintos de Punta Peuco y Colina 1 están con sobrepoblación, siendo dramático el caso de Colina 1 en donde muchos de estos viejos militares duermen debajo de mesas del comedor por no haber más celdas disponibles, por lo que resulta incomprensible y hasta fantasiosa la idea de destinar reos comunes a los lugares que actualmente ocupan los militares del 73, lo que confirma la teoría de algunos de que el Presidente habló de la conversión de Punta Peuco solo con el fin de mantener contentos a los suyos, los cuales mayormente odian a los soldados de Pinochet, a los que quieren ver pudriéndose en la cárcel, muriendo tras las rejas.
Ya tuvo que salir el ministro de Justicia y Derechos Humanos, un comunista, a reconocer, que al igual que en el caso de Israel, más bien estábamos frente a fuegos artificiales destinados a distraer a los que no entienden la lógica de los temas y solo se quedan en los titulares.
Es obvio y claro, que, si se aplican iniciativas humanitarias que buscan enviar a los más viejos y a los más enfermos a sus casas, Punta Peuco y Colina 1 se pueden ir vaciando conforme no prosperen las causas actualmente en proceso, pero, así y todo, no son recintos que funcionen para reos comunes y menos para los más violentos. Son recintos que no están diseñados para reos peligrosos, sino más bien siempre fueron pensados para presos militares disciplinados y obedientes, que producto de su misma formación mantienen sus lugares de reclusión ordenados y limpios, no siendo extraño ver a un general en retiro limpiando baños y cocinas.
Esta columna no está destinada a la izquierda, y menos a comunistas y frenteamplistas, todos cuales han demostrado sólo querer venganza, nada de humanidad y menos derechos humanos para presos que como indiqué antes, superan los 75 años promedio. Por ellos que se pudran.
Está destinada a remover las conciencias de los que se dicen de centro, de centroderecha, y de derecha. Busca saber cuántos puntos calzan Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser respecto de los presos militares, y en particular respecto de aplicar indultos presidenciales, o bien de promover iniciativas humanitarias que envíen a los viejos y a los enfermos a sus casas o sus hospitales institucionales.
No sólo espero que ataquen la idea de que estos recintos alberguen también a presos comunes, sino más aún, que se comprometan con lo antes mencionado, indultos o iniciativas humanitarias. No hay ninguno de ellos tres que lo haya hecho a la fecha, sólo tocando tangencialmente las ideas, pero sin jugársela. Hay que quienes piensan que ser jugados en esta materia les va a alejar del centro político, pero es algo que pongo en duda. Dejarque viejos militares se pudran en la cárcel no es una buena idea. Darle una salida digna al problema claramente en tiempos en que se clama por orden y seguridad es una buena idea, que no sólo les debería ganar el favor del mundo militar y policial, sino también de los chilenos de buen corazón.
Muchos de los que están presos sólo lo están por haber sido militares y policías en 1973. Cumplían ordenes, o su pecado era estar en el lugar incorrecto. Puede que los haya quienes merecen estar tras las rejas, pero les aseguro que son los menos.
El apodo de los chivos expiatorios no necesita explicación, es más que evidente. En algún momento se acusó a la derecha de ser cómplices silenciosos de violaciones de derechos humanos que por cierto que las hubo, pero yo los acuso de ser insensibles, faltos de humanidad y cariño con nuestros viejos militares, los que hasta ahora solo son preocupación de sus familiares, y de algunos que ven en todo esto un gran acto de injustica, de venganza y abandono.
Y si no se motivan con lo anterior, recuerden que los militares y policías del ahora toman nota no sólo de la forma en que actúa la fiscal Chong, sino también de cómo trataron a sus padres y abuelos. No den por siempre sentado que ellos continuarán sacando las castañas del fuego con sus manos, puede que ustedes lo tengan que hacer si es que nada sucede con los chivos expiatorios.
Quizás lo que el FA y el PC están justamente buscando es despejar la pista, asegurando que el mundo militar se inhiba de actuar como lo hizo en 1973 y el 2019. Una cosa es estar en la cárcel y otra cosa es mezclado con reos comunes. Si tienen dudas, visiten una cárcel chilena. No les quedarán dudas. Si quieren ser una Venezuela o una Nicaragua adelante, son libres de ejercer su derecho constitucional a hacerlo. De ustedes, Evelyn, José Antonio y Johannes, de los senadores, diputados, concejales, de los votantes del centro, centroderecha, y de la derecha depende que saquemos a los viejos militares de la cárcel. Chile nos observa como actuamos, seamos consecuentes con nuestros valores y principios cristianos.
Esta columna se escribió al mediodía del martes 3 de junio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya está tramitando el cambio de nombre y de uso de Punta Peuco, y anoche hubo un primer intento de Gendarmería de introducir dos reos comunes, intento que al parecer fracasó. Punta Peuco no tiene capacidad para recibir más reos y está claramente sobrepoblado. Una cosa es tratar mal a nuestros viejos militares y policías, pero otra cosa es tratarlos como delincuentes.
Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes Más de Richard Kouyoumdjian
Un aporte de nuestro presidente George Brown Mac Lean
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PARANOIA Y MEGALOMANÍA
Humberto Julio Reyes
Probablemente usted, estimado lector, pensará al leer este título que dedicaré las próximas líneas a analizar, sin ser sicólogo, la personalidad de algunos personajes en cuyas manos está el destino de miles o quizás millones de habitantes de nuestro planeta.
Sí y no.
Sí, porque aludiré a dirigentes mundiales como Putin y Kim Il Sung, sin olvidar a Trump.
No, porque al carecer de formación en el campo de la sicología y ser más bien un lector de noticias que intenta analizarlas, sólo puedo sacar conclusiones por lo que hacen o anuncian que harán:
Por sus obras los conoceréis.
Siendo así, parece fácil concluir que los nombrados presentan síntomas de padecer, en mayor o menor medida, desórdenes mentales que pueden considerarse paranoia y megalomanía.
Algunos rasgos pueden ser más acusados que otros, pero postulo que son habituales en personas que detentan el poder, en particular si no están sujetos al escrutinio democrático o intentan burlarlo.
No se piense en todo caso que estos desórdenes mentales pueden afectar exclusivamente a quienes detentan un gran poder.
También a quienes, a un nivel más modesto, confunden la oposición política con enemigos jurados y se sienten en condiciones de plantear desafíos que los superan.
Son los delirios de grandeza que pueden marear al que alcanza alturas desproporcionadas a sus capacidades y que llevan a recordar la película “El rugido del ratón”, parodia de una dramática producción de tiempos de la guerra fría.
Lo primero es el “mal de altura”, propio del engreído circunstancial y lo segundo es lo que lleva a mezclarse en peleas de perros grandes, inolvidable frase pronunciada por don Sergio Onofre Jarpa en un debate televisivo del tiempo de la UP, para poner en su lugar a un “quiltro” que intentó terciar.
Mucho de narcisismo y egocentrismo conviven en la convicción de alguien que pretende “desfacer un tuerto”, adoptando medidas aparentemente inconsultas y que resultarán inútiles para ese propósito o incluso perjudiciales para otros intereses que se deben cautelar.
En ello pueden confundirse principios con preferencias o gustos personales; los primeros para justificar lo segundo y que resulta fácil descalificar si no se actúa en forma coherente con los principios esgrimidos.
Podría haber dejado hasta aquí esta columna, pero, el anuncio de la última cuenta pública de la actual administración me sugirió esperar a conocer en qué terminará, por ahora, el distanciamiento del gobierno de Israel emprendido con tenacidad por el presidente Boric, arrastrando el poncho, como diría alguien acampado.
Escuchada la cuenta, aunque sólo parcialmente, puedo confirmar que, aunque no se anunció la ruptura de relaciones, tema con el que había especulado, las críticas expresadas por el presidente confirman que está muy satisfecho con sus propias actuaciones y, respecto a un efecto adverso para la defensa nacional, ésta debiera diversificar sus proveedores, asunto que da para otra columna.
Como decía un opinante en un chat: “parecía un niño después de haber hecho una maldad”.
Finalmente, la guinda de la torta:
Ha anunciado que Punta Peuco dejará de estar dedicado exclusivamente a quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, llamadas equivocada e intencionalmente “delitos de lesa humanidad”.
Basta recordar que en 1995 el gobierno de la época creó este penal para albergar dos connotados condenados y que, a medida que ha transcurrido el tiempo y se han multiplicado las condenas, ha llegado al tope de su capacidad, sumándosele un abarrotado anexo en Colina 1 y varias cárceles comunes a lo largo del país.
Se comprendería una medida como la anunciada si una progresiva subutilización permitiera el traslado desde otras cárceles, pero ello no ocurre y la perspectiva es que, producto de la diligencia de los tribunales, ello no se produzca y probablemente se agrave.
¿Cuál es entonces la lógica detrás de este anuncio, que no sea atizar el “ni perdón ni olvido”?
2 de junio de 2025
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Nuevamente, ¿el cierre de Punta Peuco?
Carla Fernández Montero
Abogada. Derecho Penitenciario
En la reciente cuenta al país, el Presidente Boric anunció que el CCP de Punta Peuco pasaría a ser una cárcel común, lo que en la práctica -según él- significa quitarle el supuesto “privilegio” que por años ha acompañado a ese penal, entregando a Gendarmería de Chile lo relativo a la administración de la nueva segregación que sería objeto dicho recinto carcelario. Esta polémica decisión merece un análisis especial.
Para empezar, y desde la óptica del destinatario de la iniciativa presidencial, en primer lugar, cabe resaltar el perfil criminológico del reo de Punta Peuco, que no es igual al resto de los reos comunes. Por cierto, si bien se les condena por delitos comunes tipificados en el Código Penal, además, se los califica de “lesa humanidad”, básicamente, por haber sido cometidos contra civiles -en ejercicio de sus funciones castrenses- durante el Gobierno Militar. En segundo término, dada la época de los hechos por los cuales se les condena a estos internos, hablamos de personas que en promedio tienen 80 años de edad, en su mayoría con serias enfermedades crónicas, algunas, terminales, existiendo casos extremos -que por mala salud- ameritan salidas alternativas a la pena efectiva, como la reclusión domiciliaria total. Como tercer punto relacionado con el fin de la pena, se trata de individuos respecto de los cuales existe plena certeza que el transcurso del tiempo y las patologías de base que acarrean, los ha convertido en ciudadanos absolutamente inofensivos, no existiendo necesidades de prevención especial, lo cual incide en el acceso a la reinserción social.
Pero, además, el anuncio debe ser visado desde el punto de vista de la política carcelaria y, por cierto, desde la perspectiva criminógena del preso, porque Punta Peuco es un penal -por así decirlo- de mínima seguridad. Resulta impensado en ese lugar la posibilidad de fugas, riñas entre internos, ataques a funcionarios o ingreso de armas, drogas o celulares, por ejemplo. En este sentido, la administración del penal -en el caso de estos reos- se limita a satisfacer -ciertamente, de manera muy deficiente- las “necesidades de salud” de los ancianos, así como proveerles su alimentación básica, más que atender a “riesgos de seguridad” del recinto penitenciario. Conectado a lo anterior, está el hecho que esta cárcel carece de la infraestructura material y humana capaz de satisfacer los requerimientos de una población penal provecta y enferma. De hecho, no existe un médico de planta, ni una ambulancia a cargo del traslado de los enfermos ni tampoco personal de salud de apoyo a los reos que no son autovalentes o lisa y llanamente, minusválidos. Pese a todo ello, los reclusos de Punta Peuco aguantan con temple esta situación.
Así las cosas, de llevarse a cabo la decisión del Presidente Boric, sin duda alguna acabará judicializándose, principalmente, por la afectación de los derechos fundamentales de los internos de Punta Peuco. No puede administrarse ese penal como si se tratara de un recinto carcelario común, porque sus habitantes poseen una vulnerabilidad inherente a su edad y condición de salud, la cual impide ser simplemente soslayada por un decreto supremo. No entender estas diferencias, atenta contra el principio de igualdad. En palabras simples, no es llegar y mezclar internos.
Por otro lado, apelar al concepto de “privilegio carcelario” para promover la instalación de esta medida, no pasa de ser una aspiración ideológica, un mensaje político-panfletario para la extrema izquierda y que alberga un deseo de venganza soterrado. Su implementación sólo conllevará más división y odio, manteniendo abierta la herida social y obstaculizando la senda hacia el fin de la “eterna” justicia transicional chilena.
Pero lo más importante, es que este anuncio daña y mucho, repercutiendo en las personas de los ancianos privados de libertad que ya deben soportar no solo el castigo penal impuesto, sino sufrir además un maltrato del Estado por las condiciones carcelarias incompatibles con su edad y estado de salud, y ahora, por si fuera poco, volver a tolerar el hostigamiento del Ejecutivo.
Finalmente, la eventual implementación de esta medida deberá tener en consideración tanto nuestra Constitución Política, que garantiza diversos derechos fundamentales (arts. 1, 5 inc. 2°, 6, 7, 19, n°s. 1, 2, 7, 26) como los múltiples tratados internacionales de DDHH suscritos por Chile, y que protegen precisamente a los reos ancianos (p. ej. la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores). Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta un fallo reciente de la Excma. Corte Suprema (Rol 249.389-2023, de 25/09/2024), que en un correcto razonamiento por analogía in bonam partem, homologó el Pabellón Asistir de Colina 1 (que al igual que Punta Peuco alberga reos ancianos condenados por causas de DDHH) a los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del medio libre (ELEAM).
Carla Fernández Montero
Abogada
Derecho Penitenciario
https://www.diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/nuevamente-el-cierre-de-punta-peuco/
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Comisión para la Paz
Francisco Bartolucci Johnston*
El informe recién entregado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Araucanía, no traerá ni la paz ni el entendimiento en esa zona de nuestro país.
Lo anterior debido a que los propósitos, resultados, proposiciones y medidas que contiene no apuntan a las verdaderas causas que generan la violencia y el desentendimiento.
En efecto, la Comisión ha trabajado con el propósito de encontrar formas posibles de entregar tierras a las casi dos mil comunidades mapuches que, conforme a su entendimiento de la ley y de la ley indígena, tienen derecho a ello. Sin embargo, el enfoque de la Comisión no enfrenta las verdaderas causas del conflicto, las que no se relacionan con la falta de tierras, sino con el uso de la violencia como instrumento de presión para obtenerlas.
Las cosas por su nombre, la violencia armada, cruel y asesina la originan grupos mapuches radicales de un territorio supuestamente base de un “territorio soberano y autónomo” para gobernarlo junto a los indigenistas y tiranizar y controlar a todos quienes viven en ese territorio.
Así, el antecedente que origina el conflicto en la Araucanía no es la “asignación de tierras” a las comunidades mapuches, sino más bien la “usurpación del territorio” por parte de bandas armadas que persiguen ese siniestro propósito. Entonces, asignarle
a la Comisión el propósito de erradicar la violencia equivale a que esta se haga el haraquiri en la macrozona.
Desgraciadamente, debemos decir que no habrá paz ni entendimiento, pues la violencia y el odio siguen desbordados y los poderes del Estado, especialmente el Judicial, siguen ausentes, dejando en la impunidad los hechos delictuales. Por ende, la paz en esa zona del sur no será posible mientras el Estado chileno no recupere el uso legítimo de la fuerza y del imperio de la ley.
Edición del sitio Web de Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”
Av. Bernardo O’Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl
❖ Francisco Bartolucci Johnston. Abogado y profesor de la PUCV.
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