Categoría: Columna de Opinión

Fernando Thauby García

28/09/2023

Terminada la II Guerra Mundial, los vencedores: EE. UU., la URRS, China, Francia y el Reino Unido, establecieron tribunales para juzgar a los derrotados, principalmente Alemania, y los condenaron por violar los derechos humanos (DDHH) en su propio país y en los países que invadieron.

La institucionalización de este nuevo orden se proclamó en París, el 10 de diciembre de 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborado por los países socios de las Naciones Unidas. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General mediante un texto de 30 artículos que se establecieron como objetivo para todas las naciones del mundo.

Es curioso que países como la URRS y China hayan concurrido a este compromiso y que las grandes potencia occidentales que posteriormente violaron crudamente esta Carta (Francia en Argelia y EEUU en Viet Nam y la URRS en su propio país) y sus estados protegidos (Israel y Cuba), nunca fueron investigados y menos sancionados, en agudo contraste con Chile, convertido en el paradigma mundial de los violadores de derechos humanos.

Mas aun, los grandes utilizadores de esta organización y que han ejercido importantes cargos en su administración son, precisamente estados que bajo cualquier criterio, son violadores contumaces de los DD. HH. de sus ciudadanos.

En los últimos años, la iniciativa para generar investigaciones y proponer sanciones se han expandido desde los reclamos y solicitudes de grupos nacionales no-estatales perseguidos por sus gobiernos, hacia los estados que, habiendo sido acusados de violar DD. HH., han reclamado que los agredidos son ellos, por parte de los grupos no-estatales ya mencionados.

Esta situación ha llevado un debate entre los gobiernos y las organizaciones no-estatales respecto a la naturaleza de estos derechos: ¿Los DD. HH. se vinculan exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son algo amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Los Argumentos Jurídicos de este debate se basan en que la Declaración Universal de los DD. HH., que no tiene fuerza obligatoria ya que es una Declaración y no un Tratado. Sin embargo la Declaración Universal a dado pie a la firma de varios Convenios y Pactos que SI son tratados internacionales que obligan a los países que los suscribieron a cumplir con ellos y por lo tanto los sujetos obligados por estos convenios y pactos son los Estados, no las personas ni las organizaciones privadas.

Desde esta perspectiva, y dado que el “derecho Internacional de DD. HH.” es pertinente solo a los Estados (que hayan suscrito esos Pactos y Convenios), también es evidente que ellos deben cumplirlos.

A partir de lo señalado, existe consenso mayoritario en que los responsables exclusivos de cumplir con los DD. HH. y de vigilar su respeto son los Estados, únicos representantes del Bien Común y únicos garantes que pueden ser requeridos en caso de violación de esos derechos.

Desde esta perspectiva, el término “violación de DDHH” no se aplica a una determinada clase de actos como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino solo a la comisión de estos actos por parte de los Estados o de sus agentes.

El Estado, a raíz de su legitimidad mayor, tiene una responsabilidad también mayor por los DD. HH. El argumento final es que “si se aceptara una responsabilidad por presuntas violaciones de DDHH a actores ajenos al gobierno, tendríamos que aceptar también la legitimidad de una fuerza distinta del Estado para garantizarlos”. De otra manera caeríamos en la anarquía y la destrucción del Estado de Derecho y la llegada de la barbarie y la violencia indiscriminada.

En esta lógica, los crímenes que produzcan otras personas diferentes de los agentes del Estado, serían delitos y no violaciones a los DD. HH.

Desde la óptica de las víctimas los efectos de estos delitos podrían ser iguales o peores que si los cometiera el Estado, y la consecuencia lógica sería que los Estados son también los responsables al no impedir que personas privadas violen los DD. HH. de los ciudadanos bajo su protección.

En breve, los Estados son responsables, a todo evento, de la protección de los DD. HH. de sus ciudadanos y sus reclamos respecto a la inclusión de los crímenes de grupos subversivos en la agenda de DD. HH., sería solo una muestra de su intención de relativizar esta obligación Estatal.

Parece claro que en estas circunstancia una política de crímenes atroces, posibles de endosar a los Estados, es un arma muy potente en manos de un grupo subversivo. Hasta aquí las pretensiones y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en línea con su Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Organismos No Gubernamentales (ONG), que trabajan en estrecha proximidad y con agendas muy parecidas cuando no iguales.

Parece de toda evidencia que las actividades que realizan estos actores, en términos de priorización, intensidad, apoyo comunicacional y apoyo político están fuertemente determinadas por elementos políticos e ideológicos, así como de apoyo o rechazo a la identidad de los actores de cada situación de conflicto.

Nadie podría negar que en muchos sentidos estas diferencias entre los estados miembros de las NN. UU. son determinantes en la decisión, determinación de objetivos y término de cada misión en “defensa de los DD. HH.” de los bandos que reciben las simpatías o repulsa de sus respectivos promotores.

Dadas las condiciones de la Guerra Fría, que enmarcó el nacimiento y desarrollo de estas ideas, la gran mayoría de las ONG dedicadas al tema, son proclives no a los Estados, sino a sus adversarios.

Esta concepción, especialmente de las ONG, adolecen de parcialidad hacia los grupos de izquierda y anti estado y una actitud de sospecha y de descalificación de los Estados y sus agentes, que los lleva a preferir enfocar e intervenir en cada conflicto en cuanto a hechos más o menos ciertos, omitiendo y descalificando los contextos y los resultados finales.

En efecto, su proximidad a los organismos de NN. UU., facilita a las ONGs la coordinación política y jurídica favorable a sus aspiraciones. Así es como se ha desarrollado una frondosa jurisprudencia internacional y una intensa difusión y propaganda de sus puntos de vista.

El actual debilitamiento de los Estados y sus trágicas consecuencias, así como el colapso de la exURSS y su bloque y el desinterés de China en estas actividades, les está restando visibilidad y recursos.

Peor aún, en algunas oportunidades recientes los opresores son sus exmecenas y en otros casos, son gobiernos de izquierda que capturaron el Estado en forma más o menos democrática y se han convertido en lugares de opresión brutal y descarnada, imposibles de disimular.

Esto es visible en la lentitud de las recciones de las NN. UU. ante estados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y muchos más. Muchas organizaciones de DD. HH. han perdido su objetividad, su prestigio y autoridad moral reteniendo aun cierto poder político, limitado pero real.

Volviendo a los aspectos jurídicos, es ilustrativa la opinión de una ONG: “Mientras la metodología de las ONG de DDHH tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los DDHH), para el seguimiento de lo que hacen “los agentes no estatales”, no sirve esta herramienta objetivadora. No hay otra salida que entrar al campo político con todos sus riegos. Evaluar el accionar de grupos “subversivos”, “insurgentes”, “alzados en armas” etc., resulta – no siempre, pero en la mayoría de los casos – más complicado y controversial que medir, con la regla de los DD. HH., el comportamiento de los gobiernos. Pero la tarea no se queda en evaluación. De ellas las ONG deben deducir los reclamos que se presentan a los responsables”.

En breve, los estados siempre están en inferioridad de condiciones y esto no es por azar sino porque así fue construido el entramado legal en vigencia. Sumado a la simpatía original de las ONGs por los actores no estatales, se agrega que no se atreven a identificarlos y denunciarlos para no verse involucrados en la lucha política.

La falta de voluntad de resolver este dilema ha ido reduciendo el prestigio y credibilidad de las ONGs. El problema grave es que esta reducción de su credibilidad ha ido acentuando el uso y abuso de concepciones jurídicas que se alejan más y más de las realidades políticas de los conflictos.

David Tralma

La Tercera, 29/09/2023

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, junto a la directiva del partido. En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

“Efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.

Faltaban algunos minutos para las 14:00 de este jueves, cuando el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, le envió un mensaje a militantes de su partido. En el grupo de WhatsApp -que comparten más de 40 personas del consejo político nacional y que se llama “CPN 2023-2024″- el dirigente hizo sus descargos.

Esto, luego de que se conociera su declaración ante la Fiscalía en medio del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. En RD estaban al tanto de que Dettoni había declarado ante el Ministerio Público, en particular que abordó el caso que originó la crisis, que protagonizaron militantes de la tienda, en traspasos entre la organización Democracia Viva (encabezada por Daniel Andrade, entonces pareja de Catalina Pérez) y la Seremi de Vivienda de Antofagasta (dirigida en ese momento por Carlos Contreras, exasesor de la misma parlamentaria).

Sin embargo, lo que los personeros de Revolución Democrática desconocían era el contenido del testimonio que entregó Dettoni ante la justicia. Su relato incomodó y molestó al partido, pues devolvió la crisis del lío de platas a La Moneda, al asegurar que el timonel de la tienda, Juan Ignacio Latorre, le habría informado del caso entre el 15 y el 16 de junio al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.

Hasta ayer, el gobierno había intentado dejar claro que se enteraron el mismo 16 de junio, cuando se destapó el caso en el medio Timeline.

A su vez, también subió la presión contra la directora de la Dirección de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez, ya que Dettoni menciona que ella le informó sobre rumores vinculados al caso de Democracia Viva. “El día 21 de junio de 2023 me enteré de que Catalina (Pérez) sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalu Millar (…) le había alertado a Romina Neumann (jefa de gabinete de la diputada) sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez Fariña…, también militante y actual jefa de la Dipres como un rumor y que lo confirmara”, sostuvo en su declaración.

Por lo mismo, la militancia hizo sus descargos en el grupo de WhatsApp y se lanzó contra Dettoni y la directiva de Latorre.

Algunos apuntaron a que la vinculación del lío de platas con Carlos Durán era “muy delicado”, mientras que el propio secretario ejecutivo del partido intentó contener las críticas en su contra.

En su defensa, Dettoni planteó que en el inicio de la crisis el partido llegó a “dos conclusiones”. La primera, aseguró, fue que “todo se puede saber y filtrar”, mientras que la segunda es que, bajo esa lógica, la estrategia de la dirección de Latorre pasó por tener que “aportar todo lo que tengamos a nuestra disposición”.

En la directiva de RD, dicha idea es compartida. La tesorera de la colectividad, Sofía Valenzuela, también abordó la situación. Ella consideró como “lamentable que la carpeta de la investigación se haya filtrado completa”. Al mismo tiempo, reforzó la idea de que el partido entregó “todos los antecedentes que manejábamos”.

Una de las voces más críticas de esta estrategia fue el consejero político -electo como primera mayoría- Nicolás Valenzuela Levi, considerado como un histórico del partido fundado por Giorgio Jackson.

El también director de Metro apuntó directamente a Dettoni. “Que nefasta declaración compañero. Esto no es lo peor. En otra parte figura gratuitamente involucrando a la directora de la Dipres en un proceso judicial. Lo encuentro impactante”, manifestó. Luego, prosiguió: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

“Pucha compañeros. De no creer las declaraciones de Edson. Yo ya no sé qué decir”, añadió.

La conversación continuó con una respuesta del propio Dettoni, quien cerró con que “efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.

En privado, la mayoría de los dirigentes consultados de RD comparten los dichos de Valenzuela. “Interpreta a muchas tendencias del partido”, plantea uno de ellos.

En público, en tanto, altos representantes del Frente Amplio han optado por guardar silencio. El único que habló fue el senador Latorre, quien solo se refirió a que su reunión con Durán “no sucedió y no se le informó al jefe de gabinete del Presidente antes de que el caso fuera conocido públicamente”.

Al ser consultada al respecto, este viernes Martínez se defendió: “No tengo claridad de lo que se dijo o no se dijo”.

La situación también asoma en un momento complicado para el partido, ya que este fin de semana son las elecciones de RD. La única lista inscrita es la que encabeza el exjefe de gabinete de Giorgio Jackson, Diego Vela, quien está acompañado por la exconvencional Tatiana Urrutia, entre otros.

La Tercera consultó a la futura directiva, sin embargo, prefirieron no abordar el asunto.

Durante la próxima semana, la nueva dirección tendrá el desafío de cambiar o no la estrategia política y judicial respecto del lío de platas, el hito que marcó el final de la directiva de Juan Ignacio Latorre y que significó un castigo del Ejecutivo con las salidas del gabinete de Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Marco Antonio Ávila (Educación).

GDB Humberto Julio Reyes

Desde que me enterara por la prensa que el Consejo Nacional de Televisión había acordado, finalmente, aprobar un importante aporte a la realización de una película basada en el libro que sostiene la tesis del magnicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, casi instantáneamente pensé en que la intención era la que me permite titular esta columna.

Ya me explicaré, pero, previamente, conviene tener presente que el correspondiente proyecto ya había sido presentado con anterioridad al consejo y, quiero imaginar que éste no le concedió recursos esperando prudentemente el término del largo proceso, donde finalmente quedó descartada dicha tesis y se absolvió definitivamente a quienes fueron inicialmente condenados.

Agrego que, a pesar de estar vigente hace una veintena de años la que se llamó reforma procesal penal, llamada a terminar con un procedimiento inquisitivo donde el mismo juez dirige la investigación, procesa, acusa y condena, privando a los afectados del derecho a un debido proceso, la Corte Suprema haciendo uso de autos acordados, ha mantenido vigente aquello que se resolvió cambiar. Volveré sobre este particular.

Pareciera sorprendente, entonces, que, pese a que ocho magistrados unánimemente descartaran el magnicidio, se intente ahora por parte de los querellantes “ganar por secretaría”, arrojando una sombra de duda sobre lo obrado por el poder judicial, en particular respecto a la inocencia de los originalmente condenados, hecho que ya ha sido representado en forma pública.

Nos enteramos también de que dicho consejo ha señalado que debe respetarse el fallo definitivo y que se ha cambiado el nombre del proyecto de película, ¿eso bastará para que no prospere esta forma de negacionismo?

Esperemos y veremos.

Respecto al “II” del título debo decir que también recordé haber escrito hace años otra columna que llamé “Ganar por secretaría” y, no por afán de autorreferencia, sino para evitar confundir a mi ordenador, agregué ahora esa sigla.

En esa ocasión, el 26 de junio de 2010, me referí a la demanda de la AFDD de que, a raíz del que se llamaría “Indulto Bicentenario”, se negase todo beneficio a condenados por delitos asociados a la represión del extremismo.

Inicialmente pareció que no encontraron acogida, pero, finalmente, los señores Piñera e Hinzpeter propinaron un portazo a la iniciativa de la Iglesia Católica.

Lo anterior demuestra que siempre es posible ganar por secretaría, ya que, no bastando la condena y reparaciones consiguientes, se agregó la negación de todo beneficio, aspecto nunca considerado en las sentencias como pena accesoria.

Concluyo con una reflexión personal con la cual el paciente lector podrá o no concordar:

De haberse llevado adelante el juicio por el fallecimiento del expresidente Frei por el sistema procesal vigente, creo altamente improbable que hubiera existido la sentencia condenatoria de primera instancia que hemos conocido y que ahora se intentaría validar por secretaría.

Y yo que pensaba que, ahora, terminadas las conmemoraciones, los ánimos de revivir viejas divisiones se podrían atemperar.

Carlos Peña

El Mercurio, Columnistas, 24/09/2023

”La regla aprobada en el Consejo sobre quien está por nacer no es —la verdad sea dicha— ni insensata, ni medieval, ni añeja, ni atávica, ni opresora de las mujeres, ni patriarcal, ni nada semejante”.

De todos los temas públicos, el del aborto es, sin duda, uno de los más controversiales. Y las opiniones encontradas respecto de él no son un fruto de la equivocación moral o de la terquedad frente a un dilema simple, sino de los límites que posee el juicio frente a un tema complejo y en una sociedad cuyos miembros deben tratarse como iguales.

Y, por supuesto, para dilucidar los problemas que plantea hay que abandonar el simplismo o la tontería que asoma cada vez que el tema se discute y que divide a los ciudadanos en partidarios de la vida (quienes se oponen al aborto) o agentes de la muerte (quienes están por permitirlo); liberales (quienes lo permiten) y conservadores (quienes se oponen); la izquierda (que lo favorecería) y la derecha (que lo impediría); creyentes (que se opondrían) y ateos (que lo favorecerían).

Todas esas formas de plantear el problema son simplezas, infantilismos, frases ligeras de sobremesa, ideas recibidas, cosas que se escriben en las redes o en los blogs.

En cambio hay que hacer esfuerzos por identificar las razones en un sentido o en otro e intentar alcanzar una solución razonable.

¿La hay?

El texto propuesto en el Consejo Constitucional (quien está en el vientre materno, dice ese texto, es alguien) puede ser un punto de partida.

Aceptemos que la regla recién aprobada dice, de manera implícita pero inequívoca, que en el vientre materno hay un individuo como usted o como yo y que él merece protección. ¿Cuáles son los alcances de esa regla? ¿Expresa ella un acuerdo que debiera considerarse razonable?

Desde luego la regla no impide —como se ha dicho con cierto apresuramiento— el aborto en tres causales actualmente vigente. Y la razón —vale la pena repetirla— es que en esos tres casos se permite el aborto no sobre la base de negar la humanidad al feto, sino porque prohibirlo significaría establecer deberes para la mujer que no es razonable exigirle de manera coactiva.

Así entonces permitir el aborto en esas tres causales es compatible con reconocer humanidad al nasciturus.

Debe entonces concluirse que la regla aprobada no importa desconocer la regla sobre aborto actualmente vigente. Eso es inconcuso.

Lo que sí hace la regla es impedir el aborto a requerimiento de la mujer, lo que suele llamarse el aborto libre. Y es que parece evidente que así como no se debe coaccionar a una mujer a que lleve adelante deberes supererogatorios (que suponen un sacrificio que nadie estaría dispuesto sin más a aceptar), tampoco debe permitirse que el nasciturus (si es alguien como usted o como yo) quede a disposición de la mera voluntad.

Así como ningún adulto está obligado a un sacrificio extremo por otro; pero tampoco puede usar a otro como un simple medio para sus fines, así también ocurriría (bajo la regla aprobada) en la relación entre el nasciturus y la madre.

La madre no está obligada a un sacrificio heroico (y de ahí que se permita el aborto en tres casos); pero tampoco puede decidir a voluntad el destino del nasciturus (impidiéndose por tanto el aborto llamado libre).

La conclusión entonces es que la regla aprobada permite, por una parte, el aborto en tres causales e impide, por la otra, la consagración del aborto por la solicitud de la mujer sin que medien causales cualificadas.

No es una regla —la verdad sea dicha— ni insensata, ni medieval, ni añeja, ni atávica, ni opresora de las mujeres, ni patriarcal, ni nada semejante.

Más aún (y aunque esta no sea una razón decisiva) es probable que ese punto de vista coincida con el de la mayoría. Esta última en efecto favorece el aborto con causales; pero es difícil que se incline por el aborto sin cualificación alguna.

De esta forma —y mal que pese— la regla aprobada por la mayoría del Consejo, si se la mira con detenimiento y sin simplezas, parece reflejar un acuerdo razonable en un tema donde las dificultades para alcanzar una conclusión que todos puedan aceptar es muy difícil.

La dificultad deriva de la índole del debate democrático donde todos se reconocen iguales y cuyas capacidades, sin embargo, los conducen a conclusiones diferentes.

Por eso para pensar este problema quizá sea útil comenzar por evitar llamar partidarios de la muerte a quienes abogan por el aborto, o excomulgar socialmente a quienes se oponen a él.

El aborto plantea un problema moral de gran envergadura y se le deforma cuando se le reduce a una opción partidaria, como parece estar ocurriendo. Por eso quizá lo más preocupante de este tema no es la posición que cada uno adopta ante él, sino el deterioro que muestra de la capacidad de discernirlo, la falta, en este lado y el otro, de conciencia acerca de la hondura moral que este tipo de problemas posee.

Es propio de los seres humanos buscar el asentimiento racional de sus decisiones. A eso se le puede llamar conciencia moral.

Abandonar la búsqueda de asentimiento racional —en el aborto o en cualquier otro, sustituyéndolo por una opción puramente partidaria o por la suma de likes— equivale a perder esa conciencia.

Kemy Oyarzún, Miguel Lawner, Álvaro Insunza, Morgana Rodríguez, Alejandra Araya, Claudio Herrera y Eduardo Vera, Directores Fundación Neruda

El Mercurio, Cartas al Director, 23/09/2023

Señor Director:

Al cumplirse 50 años de la muerte de Pablo Neruda, la Fundación que lleva su nombre y que resguarda el valioso y enorme legado del poeta quiere reiterar su profundo compromiso con la verdad y el respeto a los derechos humanos.

Neruda muere un día como hoy, 23 de septiembre, en la Clínica Santa María, adonde fue trasladado desde Isla Negra el 19 de septiembre de 1973, y abogamos por un pronto pronunciamiento de la justicia respecto de las inciertas causas de su muerte.

La brutalidad del golpe de Estado afectó profundamente al poeta que, en pocos días, vio arrasados sus ideales y a sus amigos asesinados. Cuando los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos del país y del mundo sufren los embates de nuevos populismos, nuevos fascismos y negacionismos crueles, la figura de Pablo Neruda es ejemplo de lecciones para el hoy.

El poeta fue objeto de violencia política en vida y post mortem. Sus libros fueron censurados, prohibida su circulación, las bibliotecas públicas y privadas fueron objeto de expurgos, quema y silenciamiento. La finalidad de tales acciones fue provocar la muerte social de Neruda intentando, de este modo, borrarlo de la historia del país como figura política y cultural por el hecho de ser comunista y referente ineludible de la lucha por la justicia social.

Sin embargo, la grandeza de sus obras y sus discursos políticos son la llama viva de su memoria en todo el mundo, como lo demuestran los 100 años de la creación y publicación del libro “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, traducido a más de 40 idiomas y cuyo centenario está pronto a celebrarse durante el año 2024.

La Fundación Pablo Neruda subraya en este día su voluntad de intensificar el cuidado y la divulgación del patrimonio, la vida y obra de un poeta comprometido con los más altos valores sociales y culturales.

MÁS SOBRE NERUDA

Miguel A. Vergara Villalobos

El Mercurio, Cartas al Director, 24/09/2023

Señor Director:

Con motivo de cumplirse 50 años del fallecimiento de nuestro premio Nobel, don Pablo Neruda, en esta sección se publicó ayer una carta avalada por varios directores de la Fundación Neruda, haciendo referencia a la violencia política sobre el poeta y a la censura y quema de parte de su obra.

Seguramente, por la brevedad exigida en una carta no se entregan antecedentes que avalen tan fuerte aseveración.

Por mi parte, intentando contribuir a la verdad, aporto una visión de la parte contraria.

El canciller de la época, vicealmirante Ismael Huerta, una persona de honorabilidad a toda prueba, en su libro autobiográfico “Volvería a ser marino”, dice que pocos días antes del fallecimiento de Neruda —quien estaba “afectado por un mal incurable, que ya lo padecía cuando se le rindió un homenaje a su regreso al país, en diciembre de 1972”—, un grupo de amigos o familiares se contactó con la Cancillería manifestando que el poeta requería con urgencia ciertos medicamentos que no se encontraban en las farmacias.

Ante esta solicitud, “la respuesta del ministerio fue inmediata: la misma Cancillería podía encargarse de obtenerlo o, si él lo prefería, de facilitarle un viaje al exterior”.

No hubo respuesta, salvo un telegrama “reclamando una supuesta pérdida de la libertad del vate”. Así se va tejiendo la historia.