Categoría: Columna de Opinión

PROFESOR ARTURO FERMANDOIS ANALIZA LA OPCIÓN DE REPETIR EL PROCESO CONSTITUYENTE EN CASO DE GANAR EL RECHAZO

‘¿Habrá que repetir el proceso, de ganar el Rechazo?’, fue una de las preguntas que el profesor Carlos Peña plasmó en su columna de ayer en ‘El Mercurio’. Con ella, el académico abrió un debate respecto de las dos hebras que se pueden ver en la actual discusión constitucional, las que Peña sincroniza en los aspectos conceptual y jurídico, a propósito de lo dicho por el Presidente Gabriel Boric.

El viernes, el mandatario planteó que ‘Chile votó de manera clara (…) que quiere una nueva Constitución, pero no votó solo esto, votó que quería una nueva Constitución, escrita por un organismo especialmente electo para ese fin (..). Y de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo, a partir de cero’.

Y en su columna, entre otros aspectos, Peña expresa que ‘de ganar el Rechazo, seguirá existiendo la obligación de producir una nueva Carta Fundamental: ese punto es inconcuso. Esa decisión es la que surgió del plebiscito. Y ella no puede estimarse derogada por el rechazo del texto. La obligación sigue vigente y la única pregunta es cómo cumplirla’.

A eso, el académico esgrime que ‘la respuesta se encuentra, si no se le modifica, en el inciso final del artículo 142 de la actual Constitución: ¡la forma de cumplirla es repetir el proceso! (…)’.

Ante ese debate, María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y quien fue parte de la Mesa Técnica Constituyente en que se trató el tema, cree que ‘efectivamente, en la Constitución quedó establecido un proceso para reformar la Constitución del 80, pero ese proceso que está en la Constitución tiene fechas y plazos. Para poder activarlo, de todas maneras, el Ejecutivo con el Congreso tienen que juntarse y hacer una reforma a ese capítulo 15 con nuevos plazos y nuevas condiciones, requisitos, etcétera. En eso puede haber otras cosas en las cuales se acuerden, se pueden modificar incluso más allá de simplemente los plazos, en términos de que, si siguen los quorum actuales de la Constitución del 80 capítulo 15, hay que reformarlo por 2/3. Entonces, de nuevo, un acuerdo amplio para reiniciar de la forma como políticamente se acuerde que hay que reiniciar un proceso’.

Mientras que el exconstituyente frenteamplista Fernando Atria contestó que ‘el profesor Peña dice que eso está decidido por las normas permanentes de la Constitución y creo que tiene razón; sin embargo, lo que él no deja en claro es que para hacer aplicable ese procedimiento permanente, se requeriría todavía fijación de fechas que resultaría del Congreso, entonces la pregunta que ha de enfrentar cada votante es si el Rechazo deja en vías de solución, de acuerdo a lo ya definido por la ciudadanía, el problema constitucional, porque han sido los propios que están por el Rechazo, como dice el Presidente, que han negado en todos los tonos la conveniencia de una nueva Convención Constitucional. Ellos están abogando por un Rechazo para reformar, por un acuerdo parlamentario, una comisión de expertos, etcétera. Nada de eso está a la altura de lo que la ciudadanía decidió en el plebiscito de entrada y entonces, creo yo, la cuestión queda planteada en términos de cuál es la manera de avanzar en la solución de acuerdo a lo ya decidido en el plebiscito del programa constitucional, y en mi juicio es evidente que la única vía que contiene una solución para eso es el Apruebo’.

Ante la pregunta de si habría que ir al Congreso por la fijación de fechas y si también habría que sumar lo que no fue inicialmente, pero que después se sumó en otros legajos legislativos, como que fuera paritaria, pueblos originarios, independientes, Atria señaló que al respecto ‘hay un procedimiento establecido en las reglas de la Constitución y ese procedimiento debiese ser repetido’.

Para Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, ‘solo cabe leer la columna como una opinión política tan legítima como discutible, respecto a cuál cree Peña que es el mejor curso de acción en caso de ganar el Rechazo. Porque, al igual que el Presidente Boric, Carlos Peña parece creer que en ese escenario conviene dar lugar a una nueva Convención. Es una opinión legítima porque, efectivamente, es una de las alternativas posibles. Y es una opinión discutible precisamente por el mismo motivo: esa es solo una opción entre varias otras posibles. Dicho de otro modo, se trata de un debate abierto, no abordado por las reglas del proceso constituyente en curso. No existe ninguna obligación legal de repetir el mismo procedimiento, y para advertirlo, basta leer los artículos 130 y siguientes de la Constitución actual. Hay ahí plazos y fechas determinadas, que impiden cualquier conclusión distinta a la obvia: un nuevo proceso constituyente necesariamente requiere una reforma constitucional que lo habilite’.

En redes sociales, la exministra de la Segpres Paulina Veloso escribió que ‘la interpretación de Peña sobre necesidad de nueva Convención, si triunfa Rechazo, es más cercana al texto CP del 80 que cualquier otra. Probablemente no lo pensaron los autores, pero el texto manda. Como dice la filosofía, la norma creada es más inteligente que su autor’.

Por otra parte, el abogado constitucionalista y académico UC Arturo Fermandois concuerda con lo señalado por el jefe de bancada DC (ver entrevista) en relación con este debate, ‘porque las normas de la actual Constitución que regulan el proceso —arts. 130 a 143— no le permitirían convocar por sí solo a un segundo proceso. Aun si se buscara tal cosa, se coincida o no con esta tesis, existe un obstáculo insalvable: hay en esos preceptos al menos tres fechas precisas de 2020 y 2021 que necesariamente tendrían que ser actualizadas mediante una reforma constitucional aprobada con aprobación parlamentaria. Es materialmente imposible convocar a un segundo proceso con fechas fijas de elecciones y de vigencia de leyes que quedaron atrás en el calendario. Esto demuestra que estas normas no se redactaron pensando en dos procesos constituyentes, sino en uno solo, el actual. Su tarea era ejecutar el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, que solo previó este proceso, que termina de la forma que sabemos’.

Mientras que, para Jorge Barrera, académico de la Universidad de Chile, ‘lo señalado por el diputado es efectivo. El Congreso Nacional es el depositario del poder constituyente y no el Presidente, por lo que la ruta final adoptada siempre va a depender de la decisión democrática aprobada por el Parlamento’.

Debate que se da en la antesala del plebiscito constitucional de salida convocado para el próximo 4 de septiembre, en que se podrá votar por las opciones Apruebo o Rechazo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

CÁNCER DE PRÓSTATA: EL PRONÓSTICO DE CURA ES MAYOR AL 90% CUANDO SE DETECTA EN ETAPAS TEMPRANAS

Agenda País. El Mostrador, Agenda Saludable, 21/07/2022

Conmoción ha generado en el mundo del espectáculo el deceso a los 73 años del popular humorista Jorge “Chino” Navarrete luego de una lucha de más de 12 años contra un cáncer de próstata.

En Chile, se estima que cerca de 25 mil pacientes al año padecen de esta enfermedad en cualquiera de sus etapas, y que anualmente 2 mil personas fallecen por esta causa.

De hecho, se ha transformado en la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y que, si bien no tiene una prevención específica, es posible que se pueda detectar de forma oportuna, lo que permite aumentar sus posibilidades de manejo y curación.

Según explicó el urólogo de Clínica Meds Óscar Storme, “los principales factores de riesgo son la edad, raza y antecedentes familiares que no son modificables. Pero el sobrepeso y obesidad, las dietas ricas en grasas saturadas y alimentos altamente procesados también cumplen un rol en el desarrollo de cáncer prostático y sí son modificables”.

Al igual que muchos tipos de cáncer, los tumores de próstata solo generan síntomas cuando se encuentran en etapas muy avanzadas.

El especialista indicó que “para lograr la detección temprana de tumores en la próstata es necesario que todos los hombres a partir de los 45 años se realicen un examen físico de tacto rectal y un examen de sangre denominado antígeno prostático”.

Los pacientes con antecedentes familiares de primer grado de cáncer prostático como padre o hermanos deben adelantar la revisión anual a los 35 años.

“La detección precoz aumenta la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida en pacientes con cáncer prostático, pues nos permite ofrecer un tratamiento curativo. Si se detecta en edades tempranas un paciente a los 5 años puede sobrevivir en más de un 90 % y a los 10 años, más de un 80 %. El problema es cuando no se hace el chequeo preventivo y el cáncer ya es diagnosticado cuando está fuera de la próstata”, explicó el doctor Storme.

El urólogo aseguró que en el caso de quienes no se han realizado los chequeos es importante estar atentos a posibles síntomas: “En general el cáncer de próstata no presenta síntomas hasta etapas más avanzadas y esos síntomas son hematuria, que es orinar con sangre, dificultad para orinar y dolor lumbar y óseo en general.

En caso de presentar algunos de esos síntomas es fundamental consultar de forma inmediata. Es muy importante que los hombres se realicen un chequeo completo una vez al año”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

El Líbero, Actualidad, 19/07/2022

Mañana miércoles será el bautismo de fuego de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez Fuenzalida, elegida hace una semana.

Como directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (CDH) de la Universidad de Chile; ha sido una férrea defensora de los pueblos indígenas.

Mañana, sin embargo, Yáñez deberá tomar dos decisiones clave en su incipiente carrera como jueza constitucional, respecto de miembros de la etnia mapuche.

La compleja decisión de la presidenta del TC. Ello, porque la Segunda Sala del TC verá el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de movimientos que ejercen la violencia en La Araucanía y Biobío.

“La declaración de inconstitucionalidad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Wichan Auka Mapu, Resistencia Mapuche Malleco y Resistencia Mapuche Lafkenche es justa, necesaria e indispensable para nuestro Estado Democrático de Derecho. Y, en especial, para las familias mapuche y no mapuche que viven en las regiones de la Macrozona Sur”, dice el texto de 70 páginas presentado por el abogado Pablo Urquízar.

Nancy Yáñez, por tanto, deberá decidir si se inhabilitará en la votación, como han pedido la diputada Gloria Naveillán y la presidenta de Mujeres por La Araucanía y exconstituyente, Ruth Hurtado. O si votará a favor o en contra de la admisibilidad del recurso.

Qué dice el recurso de inconstitucionalidad contra la CAM y otros grupos violentos. En el escrito ante el TC, Pablo Urquízar expone todos los antecedentes que acreditan la participación de dichos grupos en graves hechos de violencia; autoría reconocida por ellos mismos, así como el gran perjuicio a la seguridad de la población.

Desde 2014 a la fecha, solo la CAM ha reivindicado 156 atentados en el sur del país.

“Los objetivos de ‘autonomía’ y ‘liberación’ se materializan a través de tres acciones prácticas; que se traducen en la recuperación de tierras, acciones de defensa y acciones de resistencia territorial. Las cuales, tal como lo ha reconocido la propia CAM, utilizan y validan la violencia como método de acción política legítimo para recuperar la ‘nación Mapuche’. En el mismo sentido la WAM, la RMM y la RML”, sostiene el documento.

A su vez, denuncia que la CAM, la WAM, la RMM y la RML “utilizan métodos evidentemente ilícitos y antidemocráticos para la consecución de sus objetivos políticos. Por lo que se tratan de formas de organización política que no se ajustan a la Constitución y corresponde sea sancionada”.

La inhabilidad que le piden a la presidenta del TC. Quienes alegan que la presidenta del TC debe inhabilitarse hacen mención al artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

“Será motivo de implicancia respecto de los asuntos a que se refieren los números 1° a 16°, inclusive, del artículo 93 de la Constitución, el hecho de haber emitido opinión con publicidad o dictamen sobre el asunto concreto actualmente sometido a conocimiento del Tribunal”.

“Una persona que tiene una opinión formada y, además, la ha hecho pública, y que preside un tribunal como este, por transparencia debe inhabilitarse”, señaló a El Mercurio la diputada Naveillán.

El fuerte indigenismo de la presidenta del TC. Durante varios años, Nancy Yáñez ha dado cátedra y diversas charlas y entrevistas sobre los temas indígenas.

Ella cree en el Estado plurinacional, la autodeterminación y en un sistema propio de justicia para las etnias originarias.

También es muy crítica del “modelo extractivista y de consumo” que impera en Chile. En contraposición, pone como ejemplo el modo armónico con la naturaleza de las actividades indígenas.

“Los pueblos son naciones preexistentes a la conformación de los estados republicanos y mantienen sus instituciones. Por eso, el derecho internacional les ha reconocido el derecho a la libre determinación”, señaló a la radio Duna en marzo pasado.

Respecto de la justicia indígena plantea que “se puede definir por competencia territorial, personal o por ambas. Si fuera territorial, cualquiera que ingrese ahí se vería sometido a esta justicia, pero habría que demarcar ese territorio”.

Presidenta del TC afirma que hay “líderes mapuches presos en función del contexto político”. La jurista ha emitido polémicas declaraciones, que ahora relucen a raíz del fallo que deberá emitir.

“No cabe ninguna duda que los líderes mapuche están presos en función del contexto político en el que han sido sistemáticamente vulnerados los derechos del pueblo mapuche”, dijo en una entrevista a Radioanalisis de la Universidad de Chile.

En su argumentación, agregó que “si para cualquier persona del pueblo mapuche, en particular para un líder religioso, una condena que lo aleja de su cultura, de su tierra, que lo mete en cárceles hacinadas, imagínate eso respecto de una autoridad que necesita restablecer de su energía día a día en su rehue, donde, además, provee de estos servicios a toda su comunidad”.

Yáñez es defensora de “los derechos de la naturaleza”. En una exposición ante la Gran Logia de Chile el pasado 19 de octubre, Nancy Yáñez expuso su pensamiento político sobre diversos temas relacionados con el mundo indígena.

La abogada defiende la “necesidad de que el acuerdo constitucional reconozca los derechos de la naturaleza, de las aguas, de las tierras de los territorios y del mar; de cada uno de los elementos que componen la naturaleza y de las personas y pueblos como parte integral de estos espacios; donde se encuentran los cerros, montañas, los ríos, lagos”.

La jurista dijo que “la protección del derecho indígena de establecer sus prioridades, en materia de desarrollo, hace parte central del reconocimiento de esta comprensión indígena respecto a la naturaleza; porque concibe el desarrollo en una relación armónica, con el ecosistema”.

La abogada agregó que dicho ecosistema está “amenazado por las actividades industriales en que se centra nuestro modelo de desarrollo, fundado en el extractivismo minero, la energía, la pesca industrial, las actividades acuícolas, la agricultura industrial, la silvicultura, e incluso el turismo a gran escala; que no tiene en definitiva una perspectiva armónica con el entorno”.

En contraposición, afirmó ante la Gran Logia que “el derecho a la subsistencia por medio de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas nos muestra una forma distinta de proveernos del sustento, de lo que se llama la soberanía alimentaria. Ello, de acuerdo con el sistema de vida y costumbres de los pueblos indígenas”.

“Hablar de territorios indígenas implica hablar de la protección de la totalidad del hábitat. Por lo mismo, de la protección del medio ambiente”, señala Yáñez.

“Si nos vamos al norte no cabe ninguna duda de que la minería amenaza los territorios de los pueblos indígenas”, agrega la abogada.

Presidenta del TC calificó de “oscuros hechos” la “anexión” de territorios en la Guerra del Pacífico. En su charla, Nancy Yáñez afirmó que “la ocupación militar de la Araucanía a fines del siglo XIX, la anexión de los territorios del norte del país por medio de la guerra del Pacífico y la anexión del territorio insular de Rapa Nui por medio de un acuerdo de voluntades, que finalmente no fue respetado en su integridad por el Estado de Chile, o la ocupación de los territorios indígenas en el extremo austral que implicaron el genocidio de esos pueblos en la primera mitad del siglo XX, son algo de los oscuros hechos que han enlutado nuestra historia republicana, y que han sido invisibilizados, siendo el momento de traerlos a la luz”.

Por lo tanto, plantea que “es una demanda que implica un cambio en un tipo de Estado; cuya comunidad política asume que no solo está integrada por personas individuos; sino por pueblos y que se debe una nueva relación fundada en reconstruir nuestra historia republicana, haciéndonos cargo de la violación sistemática de los derechos a los pueblos indígenas”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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INTERVENCIONITIS AGUDITIS. 

Francisco Orrego. El Líbero, Opinión, 13/07/2022

“La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado” (Montesquieu)

En términos médicos, el sufijo “itis” nos indica que existe una inflamación o infección en algún órgano o parte del cuerpo humano, mientras que en términos políticos también nos indica algo de índole patológico. Y eso es lo que pasa precisamente en el gobierno.

Jugado por completo por la opción Apruebo, las principales autoridades del país ven con angustia las diversas encuestas que, semanalmente, dan al Rechazo como la opción ganadora en el plebiscito de salida. Y ello lo está obligando a reaccionar, aunque sea de mala fe.

Sólo en ese contexto pueden entenderse las diversas expresiones de intervencionismo electoral que, ante la total pasividad de la Contraloría General de la República, se ven diariamente desde La Moneda.

El instructivo sobre probidad y prescindencia electoral emanado del órgano contralor ha sido sobrepasado, una y otra vez, por un gobierno temeroso de perder su lucha revolucionaria a través de un nuevo texto constitucional, totalmente ideológico, revanchista y partisano.

Con el comando central del Apruebo instalado en el palacio de gobierno, éste resolvió intervenir directa y activamente en la campaña electoral. Ya no es necesario disimularlo. Sólo se esfuerzan por desmentirlo, sin mayor éxito.

Bajo la fachada de la campaña “Hagamos Historia”, el gobierno ha concentrado parte importante de sus esfuerzos para desplegar territorialmente la campaña a favor del Apruebo.

De la mano de las Secretarías Regionales de Gobierno y de los alcaldes afines al gobierno, han comenzado en todo el país a vociferar la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 o de Pinochet, según me informaron asistentes encubiertos a uno de esos encuentros.

Cuál será el verdadero alcance y éxito de esta campaña está por verse, pero harían bien en hacerle seguimiento y eventualmente presentar todos los elementos a la Contraloría.

El episodio ocurrido la semana pasada en La Moneda superó todos los límites. El diputado socialista Leonardo Soto subió un video a las redes sociales dando cuenta de la realización de una reunión de coordinación en la sede de gobierno para la campaña del Apruebo. De poco sirvió darlo de baja ni menos pedir disculpas. Los tapones ya habían saltado en todas partes, menos en la Contraloría.

Con chapita apruebista en la solapa, la Ministra Vallejo salió a justificar el error del parlamentario, sumándose así este incidente a la larga lista de eventos donde el gobierno declara o hace algo y luego sale a desmentirlo o a disculparse, ejercitando descaradamente la estrategia del “miente, miente, que algo queda”.

Aunque todos los ojos apuntan al gobierno, no desatendamos la pasividad con que ha actuado la Contraloría en esta materia. A estas alturas, y frente a actos de incuestionable intervencionismo electoral, nuestro órgano fiscalizador debería dar señales claras y categóricas de su compromiso efectivo con la prescindencia y abstención electoral.

Aunque esta semana envió un oficio al Ministro Jackson solicitando un informe sobre la reunión -a raíz de la denuncia presentada por diputados de Chile Vamos-, existen serias dudas sobre si realmente reprochará o no al gobierno.

La Contraloría quedará deslegitimada si no adopta una actitud proactiva en cuanto a investigar y sancionar de manera prolija, expedita y ejemplar esta denuncia, marcando los límites de la campaña, pues de nada servirá su pronunciamiento después del 4 de septiembre.

Diagnosticado con “intervencionitis aguditis”, el gobierno necesitará hacer más que simple trampa para evitar que gane la opción Rechazo en el plebiscito de salida y con ello desafectar los resultados electorales con la baja evaluación presidencial.

Aunque nadie está libre de cometer errores, en el caso de un gobierno estos “errores” patológicos se pagan caro en términos políticos y comunicacionales.

Van minando la confianza y apoyo ciudadano e incubando un sentimiento generalizado de rechazo a la gestión gubernamental y al texto constitucional, que se mostrará con fuerza el próximo 4 de septiembre.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de

PLEBISCITO. Adolfo Ibáñez El Mercurio, Columnistas, 18/07/2022

La Convención concluyó. Es deber y es la oportunidad para que los convencionales, las personas y grupos que no lograron que sus propuestas fueran incluidas expliquen sus planteamientos con fundamento y lenguaje comprensible para la mayoría del pueblo, evitando la jerga técnica; señalar las bondades de lo que fue rechazado y por qué el texto propuesto es malo en su conjunto, aparte de estas o aquellas disposiciones perniciosas.

Hay que señalar esto porque en su momento carecieron de una difusión fuerte y bien definida que le diera presencia a la minoría.

Afirmar con convicción que la postura disidente no fue capricho ni cálculo, sino defensa del futuro del país, de acuerdo con su tradición y experiencia de lo bueno y lo malo ocurrido en el tiempo.

La tarea no consiste solo en exponer la complejidad argumentativa, sino, y principalmente, en convencer a la mayoría.

A los parlamentarios de oposición les corresponde definir rápido una alternativa para alcanzar la meta de una nueva Constitución a la brevedad.

No me inclino por una nueva Convención; parecería algo así como que dijéramos: elijamos una nueva, pero ahora con reglas adecuadas para no volver a perder la mayoría: es impresentable.

La tarea para ellos consiste en ofrecer una forma expedita y donde se pueda debatir a fondo la complejidad de cada tema.

Es fundamental que tanto los exconvencionales como los parlamentarios de oposición tengan claro que, si ahora las encuestas muestran un margen en favor del Rechazo, eso no es producto de su actividad comunicadora, sino de la suma de reflexiones y comentarios emanados de diversos grupos y personas ajenas a la Convención y a los partidos, a medida que fue apareciendo el borrador final: han sido ellos los que fueron llenando el vacío de comprensión y de difusión durante estos meses.

Ellos señalaron que de allí nacía un camino extraviado.

Esto apura a los actores de la Convención y de la política a completar estas tareas con decisión, prontitud y claridad. Y subrayar también que si el texto propuesto logra el Apruebo, nadie va a tener fuerza para hacerle modificaciones. Todo lo que se habla en ese sentido no pasa de ser voladores de luces.

En esta posta, los convencionales de izquierda partieron con enorme ventaja, la que dilapidaron enredados en su soberbia.

En este relevo es el Rechazo el que ahora parte con alguna ventaja. De mantenerla, solo pasaremos a un nuevo relevo, donde se requerirá mucha claridad y energía de todos para afianzar un rumbo al futuro.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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En medio de la polarización en torno al Apruebo/Rechazo emergen reflexiones como la de Carlos Peña, Ricardo Lagos o el propio Presidente, Gabriel Boric, que invitan a la unidad: a concordar que, independiente del resultado del próximo plebiscito, se necesitará de grandes acuerdos y de poner fin a las trincheras.

Porque sea que se apruebe el texto constitucional, no solo se tendrá que comenzar con su implementación reglamentaria, sino que, también, deberá incorporar mejoras.

Por otro lado, si se rechaza la propuesta, corresponderá también convenir y decidir cómo llevar a cabo las mejoras que el país demanda.

La esperada unidad nacional, por tanto, no viene garantizada por aprobar o rechazar la propuesta, sino que debe iniciarse antes. Y para ello, resulta urgente dirigir una cruzada transversal contra los populismos -de derecha e izquierda. Porque ambos son, finalmente, los que causan más daño, profundizando las fisuras y dividiendo el país entre buenos y malos, amigos y enemigos.

El populismo se caracteriza, como indica Cristóbal Bellolio en su libro El momento populista chileno, por ser una estrategia que divide y moraliza el mundo político entre un “pueblo virtuoso” y una “élite corrupta”.

Tanto la izquierda y derecha en sus variantes populistas se autodesignan del lado del “pueblo virtuoso” para defender, respectivamente, sus opciones Apruebo/Rechazo; y embisten a la contraparte como “elitista”, “clasista”, “ninguneadora”, etc. En dicho esfuerzo, ambas ejecutan lo mismo: invalidan a su interlocutor.

Pero esa invalidación mediante la moralización/demonización del adversario político -del lado que sea- impide cualquier intento por concordia; clausura de raíz la posibilidad de acuerdos, de reconocer “algo” común que puedan compartir -pese a tener diferencias.

Porque la postura populista, sea del Apruebo o del Rechazo, se estiliza a sí misma como víctima de la otra. Y entre dos víctimas que se culpan mutuamente de sus agravios es imposible el diálogo.

Trascender el debate victimario populista será clave para una política de largo aliento. No para que la postura defendida por una clase, experto, partido, mayoría o minoría, se adjudique la representación por sobre el individuo, sino precisamente para garantizar su autonomía.

El populismo avanza a costa de la autonomía. Porque una decisión autónoma no se identifica con optar entre opciones. Se trata más bien de poder elegir y esto requiere condiciones: contar con toda la información sobre la materia a decidir; escoger sin presiones externas, comprender la información y ponderar los alcances de la decisión.

Por ello, particularmente los populismos que desinforman, tergiversan o mienten, limitan la posibilidad -abierta en principio a todos- de que cada quien decida soberanamente por la opción que considere mejor.

La unidad ocurrirá en defensa de la autonomía individual que los populismos atacan: resguardando la libertad para decidir, cada cual, por o contra la propuesta.