HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS, News

BOLETÍN N° 22 DEL MUSEO NACIONAL AERONÁUTICO

 

BOLETÍN N°  22 DEL MUSEO NACIONAL AERONÁUTICO

La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, ha querido compartir con ustedes este importante e interesante boletín que refleja en cierta medida lo que ha sido la historia de nuestra aviación y de la magnifica obra de conservación de nuestro patrimonio aeronáutico que puede ser visitado en el Museo Nacional. Esta es una publicación del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, Sección Historia. Julio 2023. Los invitamos a volar por sus interesantes artículos.

El Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio en su edición número 22, representa el deseado retorno a la normalidad, tras la dura prueba representada por la pandemia de COVID-19. De este modo en sus páginas, las preocupaciones sanitarias dan paso a reseñas sobre material aéreo, actividades de la aviación civil y generales del museo.
Un artículo sobre la importancia del avión North American T-6 en la Fuerza Aérea de Chile. Antecedentes del material aéreo empleado por la Aviación Naval a lo largo de su historia ya centenaria y finalmente una presentación referida a los participantes en el XVII Festival Aéreo Internacional Villarrica 2023, constituyen la temática de esta edición.
A la vez, los diversos proyectos y actividades desarrolladas por el museo en el período julio 2022 a junio 2023 también encuentran cabida en nuestras páginas, reflejando el permanente compromiso con la preservación del patrimonio aeronáutico.
Así, nuestro boletín llega una vez más al alcance del público general y los entusiastas del mundo aeronáutico, confiando en constituir un aporte al conocimiento de la historia aeronáutica nacional.

Ver Boletín completo en el siguiente enlace:

MuseoNacionalAeronáutico

 

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

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DIFERENCIAS CONCEPTUALES por Humberto Julio Reyes

 

DIFERENCIAS CONCEPTUALES

                                                                                     Humberto Julio Reyes

         Aclaro inicialmente, estimado lector, que originalmente había elegido el título “Errores conceptuales” para esta columna, al advertir de parte de una persona entrevistada lo que me parecía eran errores en sus planteamientos, pero, finalmente, advertí que ello implicaba considerarme el dueño de la verdad en algo que es opinable, aunque a mí me parezca equivocado. Así que cambié a “diferencias”.

         Todo partió al ver un programa de actualidad de reciente aparición donde participan cuatro panelistas que interrogan a la persona invitada y que son moderados por una entrevistadora que procura asegurar una participación equilibrada. También pueden los telespectadores plantear sus preguntas y emitir opiniones.

En esta ocasión la invitada era quien desempeñaba el cargo de Subsecretaria de Prevención del delito durante el periodísticamente llamado “estallido social”.

En su recuento de las dos oportunidades en que los “manifestantes”, al haber desbordado los cordones policiales, habrían estado a punto de asaltar el palacio presidencial, declaró que el presidente Piñera enfrentado al dilema de salvar la democracia o “sacar los militares a la calle”, habría optado por lo primero, como si fueran opciones mutuamente excluyentes, es decir un dilema.

Todas las consultas formuladas al respecto no lograron que se aclarara lo que para mí es una diferencia conceptual fundamental: si los militares “se sacan a la calle”, en esas circunstancias, es justamente para salvar la democracia de los quince mil “manifestantes” (la cifra es de ella) que intentaron tomarse la sede del gobierno.

¿Qué piensa usted al respecto, estimado lector? Yo, al menos, no advierto dicotomía alguna sino una relación de causa y efecto.

Otra diferencia evidente pero quizás menos importante es continuar hablando de manifestantes respecto a personas que durante esos meses dejaron fuera de servicio el 75% de los vehículos de Carabineros y redujeron la disponibilidad de carros lanza agua a uno sólo en un momento crítico (nuevamente las cifras son de ella), causando aproximadamente 5000 lesiones de diversa índole a los funcionarios que finalmente salvaron la democracia.

Nos confidenció que, en marzo de 2020, en el segundo intento, los únicos recursos que quedaban disponibles para enfrentarse y rechazar a la “primera línea” eran sesenta hombres montados, pero, aun así, no se recurrió a las Fuerzas Armadas por la posibilidad que causaran muertes entre quienes estaban decididos a usar la fuerza ilegítima.

Como política, bastante discutible.

Surgió también el cuestionamiento a la frase del presidente Piñera donde reconoció que nos enfrentábamos a un enemigo implacable, cosa que me parece curiosa, ya que se entiende que la empleó al igual como se hace para combatir la pobreza, la inflación, la corrupción, etc., sin que tuviera necesariamente que identificarlo, cosa que hasta hoy no sucede pese a que existiría un fiscal que transcurridos casi cuatro años no parece estar más cerca de formular cargos a los responsables de organizar ese caos que algunos siguen pretendiendo fue espontáneo y que no se puede descartar vuelva a producirse, en menor o mayor escala.

Se dice que tarde o temprano la verdad se conoce, pero cuando se trata de administrar justicia el plazo razonable es fundamental, de lo contrario es dudoso que efectivamente se establezca la verdad, condición básica para impartirla.

Finalmente concluyo en que la prevención falló, quizás por falta de inteligencia o quizás por ignorar o minimizar lo que debiera haber sido advertido, pero, más grave aún, falló la represión por falta de voluntad para impedir un enorme daño aún no enteramente reparado, mientras la atención se sigue desviando a lo sucedido hace medio siglo.

16 de ago. de 23

  Imagen: Diario Las Américas

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

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Columna de Max Colodro: Réquiem para un sueño

 

Columna de Max Colodro: Réquiem para un sueño

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La Tercera© Proporcionado por La Tercera

La Tercera

No fue un “acto de nobleza” ni un “gesto de generosidad” hacia la agenda gubernamental, sino el peso demoledor de una evidencia que en los últimos días solo fue confirmándose: esta vez la acusación constitucional tenía posibilidades de prosperar, y los respaldos decisivos vendrían de sectores independientes, de centro e, incluso, de partidos oficialistas. Un escenario eventualmente catastrófico en medio de una crisis que, hasta ahora, sigue incontenible.

Como si el destino no tuviera contemplaciones, el mismo día en que Giorgio Jackson abandona el gabinete se conocen antecedentes de que Karina Oliva -excandidata del Frente Amplio al Gore Metropolitano en 2021- también habría utilizado en su campaña una fundación “fantasma” para defraudar al Fisco, confirmando que esto es todavía una historia en desarrollo, cuyas aristas y antecedentes están apenas empezando a destaparse. Lo que sí se sabe ya con relativa certeza es la envergadura del impacto para un gobierno y una coalición política que, en breve plazo, debió contemplar la demolición de su proyecto histórico en las urnas.

Y aparentemente sin capacidad de entender aún lo que ello significó, ahora son develados en el espejo de una interminable estela de corrupción, donde sus nombres y rostros, siglas y consignas, van pasando día a día a formar parte de un vergonzoso prontuario. Un espejo en el que dicen no reconocerse, culpando a sus adversarios y opositores de lo que solo ha sido el resultado de su propia creatividad. Igual que en la rechazada propuesta constitucional y en el “milagro” de haber conseguido que, en la reciente elección de consejeros, uno de cada dos chilenos votara por la derecha y uno de cada tres lo hiciera por el Partido Republicano.

Por eso es que escuchar a Jackson en su despedida de Palacio y al oficialismo en la valoración de su “gesto noble”, solo volvió a confirmar que el verdadero abismo en el que se encuentran las fuerzas de gobierno no es exclusivamente político, sino algo mucho más complejo y profundo: es un desajuste basal que les impide mirar cosas tan obvias como la magnitud de una derrota política y tan evidentes como un esquema para defraudar al Estado; una negación de la negación casi hegeliana, cuyo horizonte vano e ingenuo es pretender que todos los demás participemos de ella.

Ingenuo y, además, inútil. Igual que el esfuerzo de explicar esta renuncia como un “acto de generosidad”, un sacrificio con el objeto de que sus adversarios no tengan ya excusas para no respaldar una agenda de reformas que no comparten. Como adolescentes taimados que fueron descubiertos in fraganti y todavía se sienten con la credibilidad y la estatura moral para hacer algún tipo de exigencia.

En fin, a estas alturas, da lo mismo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, nada puede ya borrar el hecho de que fueron ellos, y solo ellos, los que escribieron el réquiem de su propio sueño.

Por Max Colodro, filósofo y analista político

Un aporte de nuestro socio y ex director Raúl Casas Cordero

Ver: https://www.msn.com/es-cl/noticias/other/columna-de-max-colodro-r%C3%A9quiem-para-un-sue%C3%B1o/ar-AA1fc8ed?ocid=socialshare&cvid=fa3db90e4d354c21bee64f2f9cc3ef16&ei=36

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ANTES IRREGULARIDADES, HOY CORRUPCIÓN: ¿CÓMO Y QUÉ TANTO SABE LA MONEDA?

 

ANTES IRREGULARIDADES, HOY CORRUPCIÓN: ¿CÓMO Y QUÉ TANTO SABE LA MONEDA?

Martín Browne y Isabel Caro

La Tercera, 06/08/2023

En el gobierno no han logrado tomar control de la crisis tras el escándalo del lío de platas. A casi dos meses de que estalló, las autoridades siguen renunciando a goteo y los equipos no han podido levantar información suficiente para adelantar los movimientos.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), tomó la iniciativa. Estaba preocupado.

Habían pasado pocos días desde que estallara el lío de platas entre el Estado y fundaciones, a mediados de junio, cuando el socialista se contactó con los demás ministerios.

Lo que Monsalve veía era una total inmovilidad en el gobierno en medio de la crisis. Su intención era recopilar todos los antecedentes de traspasos y convenios para tratar de ordenar el caos en La Moneda.

Pero su impulso se diluyó. Pese a que alcanzó a recibir algunos documentos, finalmente el comité de crisis que había improvisado el gobierno -compuesto por los ministros Carolina Tohá (PPD), Camila Vallejo (PC), Álvaro Elizalde (PS) y Luis Cordero- optó por otro camino: que toda la información fuera centralizada por dos autoridades: la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), y la subsecretaria de la Secretaría General de Presidencia, Macarena Lobos (ambas forman parte del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno).

En una labor silenciosa -que se ha pedido guardar bajo extrema reserva-, ambas reciben a diario antecedentes de cada ministerio, ordenan la información y reportan según la materia. Los temas jurídicos van para Cordero y los políticos, para Elizalde.

A casi dos meses de que el escándalo de Democracia Viva se tomó la agenda de La Moneda, en el gobierno tienen claro que hay debilidades y limitaciones en los equipos políticos y de rastreo: la dimensión de la crisis no se ha logrado controlar y siguen las renuncias por goteo ante las denuncias que estallan por los medios de comunicación o por el Ministerio Público sobre traspasos irregulares del Estado -las últimas, las de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, y la seremi metropolitana de su cartera, Alejandra Jiménez (PC)-.

Además, el tono para condenar los hechos ha cambiado a medida que el gobierno conoce más antecedentes, en un proceso que ha sido más lento de lo esperado. Esta semana, Boric marcó el punto de inflexión en su cuenta de Twitter:

“Más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello”, escribió el martes el Mandatario.

Poner el énfasis en la palabra corrupción no fue casualidad. Antes ya lo habían hecho el ministro Cordero, el subsecretario Monsalve y también el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Y para que el Presidente lo planteara en esos términos, también esperó a tener las claridades conceptuales que le entregó el mismo ministro de Justicia –a quien suelen llamar las autoridades del gobierno para buscar consejos jurídicos– en una de las tantas conversaciones privadas que han tenido durante esta crisis.

La explicación tiene que ver con que no se necesitaba una sentencia para catalogar los actos como “corruptos”, porque el concepto es más amplio que la constatación de un delito.

Y eso -consensuaron en La Moneda- ya se puede acreditar con todos los antecedentes recopilados por sus equipos: que en este caso hubo autoridades que se aprovecharon de sus funciones para obtener beneficios personales.

Ese cambio de tono ha profundizado una de las interrogantes que ha planteado la oposición y que también rondan en La Moneda. ¿Qué es lo que realmente sabe el gobierno y de qué estaba en conocimiento con anterioridad?

Cómo La Moneda ha abordado la crisis. Trabajo de hormiga. Macarena Lobos y Javiera Martínez trabajan codo a codo desde que se les otorgó la función de ordenar los antecedentes y los traspasos a fundaciones.

La recopilación de información ha estado concentrada en al menos tres fuentes de información: el sistema financiero, la identificación de excepciones en el traspaso de fondos corrientes en las glosas presupuestarias y el sistema de rendición de cuentas.

Esa información, afirman quienes han conocido de su levantamiento, luego es procesada y se desglosa de manera particular en cada ministerio y cada convenio, respondiendo a las particularidades de cada uno.

El subsecretario Monsalve también ha intentado buscar soluciones desde el principio y organizó una reunión con las subsecretarías con mayor gasto para coordinar revisiones en sus servicios.

Con esos datos, el repaso ha sido caso a caso, trabajo que ha sido definido por sus ejecutoras como “de hormiga”, puesto que ha resultado más complejo de lo esperado.

Este catastro se va actualizando e informando tanto al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), como a los ministros del comité de crisis. Además, la información se traspasa en simultáneo al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

En el gobierno tienen claro que su velocidad de búsqueda no puede competir contra la de Contraloría o la Fiscalía, instituciones que cuentan con otras herramientas -como la inteligencia artificial- para detectar conflictos de interés y para tener acceso a declaraciones de patrimonio más acabadas de los involucrados.

Esto ha llevado a que en La Moneda asuman que la crisis es muy difícil de dimensionar en los tiempos esperados y que siempre hay algo que los puede sorprender. El trabajo, entonces, se reduce a disminuir esa posibilidad con las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo y estar preparados para responder.

Pero para eso necesitan prolijidad en las entregas de información de sus autoridades y eso tampoco ha ocurrido.

Así sucedió el viernes 28 de julio con la ahora exsubsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez -cercana al Presidente y a su pareja, Irina Karamanos-, quien ese día llamó a La Moneda para alertar de un convenio con la Corporación de Santiago, donde había trabajado menos de un año antes de firmarlo.

La alerta llegó más de 30 días después de que se les pidiera a las autoridades entregar ese tipo de antecedentes. Luego sucedió algo similar con la seremi de Culturas en la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez (PC), quien incluso le había consultado a su equipo jurídico por su convenio cuestionado. Ambas debieron dar un paso al costado.

Ante la aparición de casos de esa connotación, el ministro Cordero -quien se ha convertido en uno de los voceros del gobierno en la crisis- cuestionó la formación de las autoridades primerizas en el gobierno.

“Cuando llegan por primera vez a un cargo directivo de una administración en el Estado, deberían tener una capacitación básica”, aseguró el experto en derecho administrativo, cansado de salir a dar explicaciones ante los errores que sus pares arrastran desde el comienzo del escándalo y que han traído consecuencias. Al punto de dejar expuesto al Presidente.

Manos al fuego. La primera vez que el Presidente se refirió al caso de Democracia Viva fue categórico. “Nuestro gobierno será implacable”, planteó el 22 de junio. Luego, cinco días después, aseguró: “Toda irregularidad tiene que salir a la luz”.

Pero dos días más tarde su postura tuvo un matiz. Las presiones por exigir las renuncias de autoridades aumentaban y Boric optó por salir a respaldarlas. Lo hizo con el ministro Montes, con el ministro Giorgio Jackson (RD) -probablemente el jefe de cartera más debilitado-, con la delegada presidencial Daniela Dresdner (RD) y también con el entonces seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), apuntado por los convenios entre el ministerio y la ONG Urbanismo Social -donde había trabajado-.

Y eso que solo 48 horas antes había dicho que “no pondría las manos al fuego por nadie”.

“Él declaró previamente que se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación donde había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador… Con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, comentó el Presidente.

Pero antes de prestarle ropa a la autoridad regional, nadie del equipo del Mandatario se contactó con él para certificar los antecedentes y los costos que podía tener una declaración como la que iba a hacer.

Hernández solo se había comunicado con el equipo del ministro Montes y había asegurado que los papeles estaban en orden. En el gobierno explican que la buena evaluación que tenía el entonces seremi, y la poca rigurosidad en los documentos enviados, afectaron para que Boric saliera a defender a una autoridad que poco tiempo después debió renunciar y someterse a un sumario administrativo.

Hoy, Urbanismo Social es de los flancos que más preocupan al gobierno, incluso más que Democracia Viva, por los resultados de las investigaciones preliminares.

A un mes de la renuncia de Hernández, en La Moneda reconocen que el desorden provocó errores en las primeras salidas comunicacionales y también en la dimensión que Boric le otorgó al tema en un principio.

Así también había ocurrido semanas atrás con la diputada Catalina Pérez (RD), involucrada en el caso Democracia Viva junto a su expareja Daniel Andrade (presidente de la fundación) y el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (RD), quien se había desempeñado como jefe de gabinete de la parlamentaria.

El tono con el que Boric y el oficialismo respondieron al escándalo se endureció con las semanas y sus consecuencias han avanzado como una bola de nieve: primero con la salida de Contreras y de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), luego con la expulsión del partido de los involucrados y la suspensión de militancia de Pérez y, finalmente, con todas las autoridades refiriéndose al caso como de “corrupción” sin tapujos.

En esa lenta transición, la crisis en un comienzo se canalizó desde el Ministerio de Vivienda -que cuenta con tres equipos encargados de supervisar convenios-, y algunos ministerios criticaron que el escándalo no estuviera mejor centralizado en el palacio presidencial.

En el Congreso también han surgido críticas. Pese a que el escándalo se destapó por los vínculos de una diputada oficialista, nadie de La Moneda ha hecho control de daños entre las bancadas simpatizantes al gobierno ni se les ha solicitado a todos los parlamentarios que envíen información si es que pueden estar involucrados en situaciones parecidas. Ni siquiera un catastro.

Tampoco han podido resolver el conflicto con Catalina Pérez. Y la reaparición de Daniel Andrade el viernes los tomó por sorpresa. “Entiendo que el Ministerio (de Vivienda) estaba en antecedentes del convenio”, acusó el ingeniero en el matinal de Chilevisión. Ahí también tuvo un espacio de autocrítica: “Siento que la cagué”, dijo.

El otro comité de crisis. Las salidas comunicacionales han sido otro foco de conflicto, y por ello es que la Secretaría de Comunicaciones, que dirige Pablo Paredes (RD), armó su propio comité de crisis o “fuerza de tarea”, como prefieren llamarle para quitarle dramatismo y mantener su privacidad.

La instancia la lidera el periodista Juan Carvajal (PS), quien se incorporó como asesor externo a la Secom, espacio que conocía de antes, cuando fue director durante los cuatro años del primer gobierno de Michelle Bachelet (PS).

La mesa que organiza Carvajal, junto a Paredes y su jefe de Estudios, Claudio Villegas, ha contado con la presencia de personas de confianza de cada uno de los ministerios involucrados en la crisis, en algunos casos jefes de asesores y en otros, jefes de gabinete.

Parte de la estrategia que han comunicado desde esa instancia es que el gobierno no se puede quedar inmovilizado por la crisis (“que da para largo por las investigaciones”, dicen) y tiene que salir a contraatacar a la oposición con Nuevo Pacto Fiscal -que fue presentado esta semana- y la reforma de pensiones como principales armas.

Entre los números que manejan los asesores de Boric hay un respaldo a esas políticas públicas, lo que quieren utilizar para intentar tener un respiro en medio de la crisis.

El Presidente presentó la propuesta para un Nuevo Pacto Fiscal esta semana.

También, en los espacios de conversación con ministros se ha abordado la situación de Montes y de Jackson, debido a la creciente presión para removerlos de sus cargos, sobre todo al frenteamplista.

A tal punto de que esta semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar la renuncia del ministro de Desarrollo Social con el voto incluido del diputado oficialista Raúl Soto (PPD) y también de Maite Orsini (RD), quien pidió rectificar su sufragio.

Pero en La Moneda quieren aguantar. En el comité político, y también entre los asesores, se ha conversado que sacar a Jackson no tiene un sentido estratégico y que lo único que lograría sería poner los focos cada vez más cerca del Presidente; Jackson es uno de sus mejores amigos y con quien ha construido todo su camino político.

Además, en septiembre viene la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y en octubre, los Juegos Panamericanos, dos hitos que pueden desviar la atención para otro lado.

Pero no será fácil, porque la presión -incluso entre los suyos- es cada vez más fuerte.

A tal punto que entre los asesores del Presidente prefieren ser cautelosos.

  • Primero hay que pasar agosto-, es la advertencia.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

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UN CEMENTERIO Y 222 NARCOFUNERALES

UN CEMENTERIO Y 222 NARCOFUNERALES

Gianluca Parrini

La Tercera, 06/08/2023

De los 1.767 “entierros de alto riesgo” registrados en Chile, el 12,5 % ha sido realizado en Lo Espejo. En el Cementerio Metropolitano, donde se realizan estos sepelios, y en sus alrededores, trabajadores y vecinos comparten la misma tragedia: cuando se trata del narco, ni siquiera la muerte es capaz de traer calma.

Cristián Manríquez está parado frente a una lápida de mármol. En este cementerio, el Metropolitano de Lo Espejo, hay muchas, todas similares, una al lado de la otra. Mientras habla, el sepulturero de 32 años enciende un cigarro.

  • Mira, acá está enterrado el “Cogote de Toro”— dice mientras bota un poco de humo—. Para ese funeral llegaron como 400 personas afuera del cementerio, pero dejaron entrar a unas cien, no más. Cerraron el cementerio durante dos horas para ellos.

Manríquez hace una pausa. Luego dice:

  • Ese día fue complicado. A ninguno de los chiquillos le gusta ir a esos funerales. Pero tienes que atenderlo nomás.

La tumba que mira Manríquez es la de Vladimir Soto, un conocido narcotraficante del sector sur de Santiago. Fue acribillado por una banda rival el 21 de agosto del 2020 en La Pintana.

Seis días después, una procesión acompañó su féretro, que salió desde el Servicio Médico Legal, pasó por la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, y terminó acá, donde está parado el sepulturero.

Ese funeral Manríquez lo recuerda como uno de los más difíciles que le tocó asistir. Las autoridades los llaman “funerales de alto riesgo”, aunque popularmente se les conoce como narcofunerales: una masiva procesión que acompaña al cuerpo de un ladrón, narcotraficante o familiar cercano de una banda de crimen organizado.

  • Estos no son funerales de gente tranquila— explica el sepulturero—. Ahí ves de todo. Vienen fumando marihuana, o se pegan los saques ahí mismo. Andan con pistolas. Entonces, de repente estamos sepultando y pa, pa, pa, se ponen a disparar.

La escena se repite con frecuencia, dice Manríquez. Mientras camina por las calles del cementerio, asegura que a él y a los 50 sepultureros que él representa como secretario del sindicato que los agrupa, el trabajo se les hace cada vez más difícil.

Ahora hay otra tumba frente a él. Está adornada con autos de juguete.

  • Esta es la tumba de Diego Marchant. El que tenía un narcomausoleo en una plaza. A este funeral vino mucha gente, sobre todo cabros chicos. Se paraban arriba de las otras tumbas. Le gritaban ‘te recordaremos’, y le ponían unos temas de reggaetón. Hay uno que siempre colocan. Es de Rakim y Ken Y. ¿Lo has escuchado? ‘Amigo, ya que al cielo tú has partido…’. Fíjate encima de la tumba. ¿Viste que le dejaron dos pititos ahí encima?

La sepultura de los Marchant en el Cementerio Metropolitano. Acá también están los restos de Diego, a quien su familia le construyó en su memoria un mausoleo en una plaza pública de Lo Espejo. Luego, ante la amenaza de ser demolido por el Estado, amaneció destruido.

Según información de Carabineros obtenida a través de Ley de Transparencia, en Chile ha habido 1.767 “funerales de alto riesgo” entre el 22 de mayo de 2019 -cuando se empezaron a medir- y el 28 de junio de 2023.

Es decir, durante los últimos cuatro años, en Chile puede contabilizarse más de un narcofuneral diario.

La comuna que más entierros de ese tipo ha albergado es, precisamente, Lo Espejo: suman 222. Supera a otras comunas como Maipú, que tiene 172; Puente Alto, con 146; Recoleta, con 124; San Bernardo, con 91, y Huechuraba, con 53.

Las primeras nueve comunas de esta lista aglutinan más de la mitad de los funerales del país. Todas esas comunas también tienen cementerios dentro de sus límites.

Lo Espejo también lidera en otras cifras. Es la comuna del país que más funerales de riesgo extremo (20) y alto (78) ha albergado. El puntaje crece dependiendo de los antecedentes del fallecido, de cómo murió y de qué tan peligroso es el entorno del velatorio.

También esta comuna es la que más detenidos ha tenido en estos eventos. Van 268 versus los 133 de Maipú, que es la que le sigue.

Cuando llegó a trabajar el año 2015, dice Cristián Manríquez, la situación no era así. Ese año, luego de egresar de técnico en Electrónica, el tío de su esposa le dijo que había un puesto vacante en el Cementerio Metropolitano.

Al principio lo dudó, pero se dio cuenta que de esa forma podía tener un empleo que le permitiera evitar algo que le incomodaba: trabajar encerrado. En este parque, dice, se sentía tranquilo. Estaba todo el día rodeado de naturaleza, al aire libre.

Pero con el tiempo, dice Manríquez mientras se termina el cigarro, las cosas empezaron a cambiar. El sepulturero señala que no se puede olvidar de uno de los primeros funerales donde vio violencia explícita. Era de un barrista de Colo Colo. Mientras bajaban el ataúd de la carroza, el grupo que lo acompañaba se descontroló.

  • Los tipos sacaron los extintores que había en el lugar y los usaron, arrojando el polvo al aire. Los guardias tuvieron que encerrarse con rejas en una oficina, para protegerse.

Luego, mutaron. Fue apareciendo cada vez más gente. Se hacían más seguido, también. Y ya no eran barristas, sino narcotraficantes. La situación para Manríquez se desbordó en el 2019. Fue en uno de esos funerales cuando sintió temor por primera vez.

  • Estábamos haciendo ese entierro con tres colegas más. Y cuando estaban los familiares despidiéndose, tomamos la urna y le pusimos las huinchas para bajarlo a la fosa. Ahí un tipo se me acerca y me dice, déjame sepultarlo.

Manríquez le respondió que no podía hacer eso.

  • Le dije: si se te cae, me despiden a mí. El tipo volvió a los dos minutos, me mostró un cuchillo así de largo y me dijo: ¿me vas a dejar sepultarlo o no, conchatumadre?

Un ataúd roto cubierto de cocaína. Los funerales de bandas organizadas no eran así hace 30 años.

Ainhoa Vásquez es investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la U. Nacional Autónoma de México (UNAM). Es doctora en Literatura de la PUC, pero vive hace 16 años en México. Allá decidió estudiar los fenómenos ligados al narcotráfico. Dice que los narcofunerales son algo reciente.

  • Antes esos funerales eran un ritual muy pequeño e íntimo. Iban sólo los amigos. Eran sumamente recatados. Y aunque todos supieran que eran narcos, se hacían pasar como que eran empresarios, por ejemplo. No hacían alardes.

Vásquez dice que se suele pensar que esta tradición de despedir de forma masiva y bulliciosa a un caído fue importada desde México. Pero ella lo refuta.

  • Acá en México no existen narcofunerales. Eso es un fenómeno muy chileno. Acá son mucho más reservados y asisten pocas personas. En cambio, allá dicen voy a ir al territorio enemigo, voy a hacer alarde, voy a decir que voy a cobrar venganza por la muerte de alguno de los míos.

Javiera López (RD), concejala de Lo Espejo, ha vivido toda su vida en esa comuna. Afirma que si bien las balas al aire y los fuegos artificiales han marcado la historia reciente de ese lugar, esto es algo nuevo. Y da razones.

  • Por un lado, las bandas tienen mayor poder de fuego —indica—. Y por otro, lo que ellos quieren es hacer una demostración de fuerza. Quieren mostrar quién controla el territorio. Y una de esas formas es interrumpir la cotidianidad que tienen las vecinas y vecinos.

El poder que consiguieron las bandas es patente para los sepultureros del Cementerio Metropolitano. Lo ven en la fastuosidad de los funerales. Para el funeral de Vladimir Soto, por ejemplo, contaron 36 coronas de flores gigantes que, estiman, costaron en total unos $ 43 millones de pesos.

La euforia y el desorden en esas procesiones es tal, dicen los sepultureros, que a veces los ataúdes llegan rotos o con los vidrios quebrados. “Les van pegando como si fuera un bombo”, dice un empleado del cementerio.

Manríquez, en tanto, añade que es común que en esos funerales arrojen, además de flores, cerveza, camisetas de fútbol, joyas de oro y pistolas. “Hay veces que incluso han abierto bolsas con cogollos de marihuana y con cocaína, las abren y se las echan encima al ataúd”, cuenta. También dice que en el momento más fuerte del fenómeno, llegaron a realizar tres ceremonias de este tipo a la semana.

Lo que más lamenta Manríquez es que los asistentes de estos velatorios le perdieron el respeto a todo el mundo. Sobre todo a ellos.

  • Tenemos que aceptar algunas reglas. Por ejemplo, no puedes llamarle la atención a nadie, aunque estén rompiendo flores de otras tumbas o haciendo desorden. Lo otro es nunca apurar. Cuando haces el amago de empezar a sepultar, te dicen, ¿qué hueá, andái apurado? Nos han pescado a patadas, a charchazos. ¿Y qué vas a hacer? Estás en tu pega, pero no te respetan. No respetan a nadie aquí.

Lo que dejó helado a Manríquez fue cuando descubrió que no iba a dejar de ver a la gente que lo agrede cuando se terminaba el funeral.

  • Acá vienen a celebrar cumpleaños en las tumbas. Hacen asados, con cervezas y marihuana. Todos los meses celebran algo. Acá está prohibido hacer asados, pero lo hacen igual. Y los guardias no pueden hacer mucho, porque les pueden pegar.

Ainhoa Vásquez dice algo preocupante. Sostiene que el narcotraficante está validado en la sociedad. Lo ve en el culto que les tienen las bandas a los muertos, que pasa a ser un protector de sus fortunas después de la muerte. Ha ido tan allá, dice, que hay mausoleos narcos en plazas públicas.

Esto tiene que ver, cuenta la investigadora, con la manera en que los jóvenes ven su futuro hoy en el país.

  • Chile es un país tremendamente clasista. Y hay jóvenes que ven un futuro sin mayores oportunidades, donde no ven un mañana. Ahí entra el narcotráfico, que se presenta como una salida a eso. Hay una frase que se dice mucho acá: mejor vivir un año como rey a 10 como buey. O sea: si te mueres, te mueres, pero en tu ley. Por lo menos viviste feliz. Y con algo que nunca ibas a poder tener.

Las tres balas de Fresia. A una cuadra de la casa de Fresia Bueno hay un parque y una pandereta. Detrás está el Cementerio Metropolitano. Ella, una costurera de 79 años, ha vivido toda su vida en esa casa en calle Yucatán. Ahí vivieron sus padres, hoy muertos. Están enterrados en ese cementerio junto a su hermano mayor.

Para ella, un momento de recogimiento cuando se alejaba de su máquina de coser era ir a ese camposanto a visitar a sus familiares que ya no están con ella. Pero esa tranquilidad se rompió un sábado cuando, en pleno almuerzo familiar, con sus hijos y nietos sentados en su mesa, escucharon que una caravana se acercaba por la Av. Eduardo Frei, bordeando ese parque.

Primero escucharon los bocinazos. Después, los gritos. Al final, los disparos. Poco después, tres balas atravesaron su techo. Todas cayeron alrededor de la mesa donde estaba sentada su familia.

Una de ellas perforó una baldosa en el piso, a centímetros de donde estaba sentada su nieta de 30 años.

Fresia Soto sintió que tenía que hacer algo.

  • Recogí los tres casquillos de las balas y las llevé al cementerio. Me acerqué a un oficinista. Le dije oiga, mire. Cayeron tres balas en mi casa. Me dijo, señora, ¿qué quiere que le haga? Nosotros no podemos pararlos ni decirles nada. No tenemos la culpa. Yo le dije, bueno, ¿y si me hubieran matado a mi nieta en la casa?

De lo que se queja Soto, como varios vecinos de Lo Espejo, es de la impunidad de este tipo de funerales. No puso una denuncia, ni fue al municipio. Pensó que si lo hacía, iba a perder el tiempo.

Cristopher Ferreira, director de seguridad de Lo Espejo, explica que hay una razón por la cual la suya es la comuna con más “funerales de alto riesgo” en el país.

  • Cementerio Metropolitano está dentro de nuestra comuna. Pero está en un límite intercomunal. Queda cerca de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Pintana y San Bernardo. Nosotros no tendríamos “funerales de alto riesgo” si no hubiera un cementerio acá.

Lo otro que explica Ferreira es que ellos, como municipio, solo tienen la facultad de prevenir delitos, pero no de controlar el orden público. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, suspender las clases en un colegio que puede verse muy expuesto.

El académico e investigador de la UDD Mauricio Bravo ha estudiado el impacto de los narcofunerales en los colegios. Dice que estos han generado un efecto negativo en la educación de los niños de Lo Espejo.

  • Hay 50 establecimientos educativos ubicados a dos kilómetros a la redonda del Cementerio Metropolitano. Son 18.501 estudiantes con un índice de vulnerabilidad escolar de 86 %. Entre el 2019 y 2022, estas escuelas redujeron su asistencia escolar en 2,3 %, incluso algunas hasta en un 16 %. Además, hay una rotación docente del 19 %. Esos son profesores que se trasladan a otros establecimientos educativos o se retiran del sistema.

El coronel de Carabineros Gonzalo Urbina, de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, celebra una cosa: que los funerales de este tipo han ido a la baja por la intervención policial.

Pero asume que se siguen realizando, porque no hay una ley que los prohíba, ya que son eso: funerales.

Lo que sí, es que hay controles: cuando muere un sujeto vinculado al crimen organizado –“son cada vez más jóvenes”, dice el coronel-, se ponen en contacto con la familia para saber dónde será realizado el funeral. Luego, miden el riesgo que puede tener. Si es leve, le asignan una patrulla. Si es alto, asignan drones e, incluso, hasta 40 efectivos policiales.

Lo otro que dice el coronel Urbina es que el trazado de los funerales en Lo Espejo lo hizo Carabineros pensando en tener el mayor control del orden público. Es el más ágil para llegar al cementerio desde, por ejemplo, la población José María Caro: Avenida Central, Eduardo Frei, Panamericana, Cementerio.

Pero este trazado hace que los funerales pasen por afuera de la casa de Fresia Bueno. Por eso, dice, se siente cada vez más encerrada. Le da miedo que les pase algo a sus nietos, que cuida todos los días.

  • Ahora voy cada vez menos a ver a mis familiares. Cuando voy, lo hago a las ocho, para no pillarme esos funerales bulliciosos. Me vuelvo derechito para mi casa.

El gerente general del Cementerio Metropolitano, Leonardo Díaz, no accedió a una entrevista. A través de un correo, recalcó que el reclamo de los vecinos apunta a los velatorios de alto riesgo, que no se realizan en su cementerio.

Además, sostuvo que solo Carabineros puede prohibir el ingreso a ese lugar, y con ellos coordinan la seguridad de su público y de su personal.

Manríquez, en tanto, ha pensado recurrentemente en renunciar. Los funerales de ese tipo lo afectan en lo psicológico. Su esposa lo notó y le dijo que buscara otro trabajo.

Pero se ha mantenido ahí. Aún tiene fe en encontrar un poco de paz en el ambiente y en el apoyo de sus compañeros.

A veces piensa que lo logra, pero entonces sucede de nuevo. Los bocinazos, los gritos, los disparos. Ahí es cuando regresa el miedo.

El sepulturero del Cementerio de Lo Espejo no quiere morir ahí.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

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“El cerco de Contraloría a 16 gobiernos regionales, dos ministerios y el “misil” que prepara sobre el convenio del Minvu con Democracia Viva

 

“El cerco de Contraloría a 16 gobiernos regionales, dos ministerios y el “misil” que prepara sobre el convenio del Minvu con Democracia Viva”.

Diario La Tercera

Actualmente el organismo de control realiza múltiples investigaciones, las que abrió de oficio y dividió en cuatro grandes áreas, que abarcan todo el país: el Programa de Asentamientos Precarios, gobiernos regionales, el Ministerio de las Culturas y lo relativo a la Seremi Minvu de Antofagasta. En este último caso, el gobierno pidió prórroga para hacer sus descargos.

Una serie de investigaciones administrativas a diversas reparticiones estatales lleva adelante la Contraloría contra reloj en los casos vinculados al traspaso de fondos desde instituciones públicas a fundaciones.

Las investigaciones por estos líos de platas caminan por vías distintas. Por un lado, está el Ministerio Público, cuyas fiscalías regionales indagan los traspasos de fondos en 39 causas a lo largo del país y, por el otro, está Contraloría, entidad que revisa la legalidad de los convenios que autorizaron las transferencias.

Así, tras estallar el escándalo por el convenio entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, Contraloría inició de oficio una serie de indagatorias que ahora se tornaron prioritarias, a fin de evacuar las primeras responsabilidades en las distintas aristas que tiene el caso. De hecho, es el citado convenio entre la Seremi de Vivienda y el organismo ligado a ex personeros de Revolución Democrática el que podría ser el primero en desembocar en resultados.

El organismo dirigido por Jorge Bermúdez dividió en cuatro grandes áreas sus indagatorias, las que buscan determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos para luego definir qué tipo de fiscalización llevar adelante. Las cuatro áreas corresponden a los gobiernos regionales (GORE), el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, los contratos de la Seremi del Minvu de Antofagasta y el Ministerio de las Culturas.

Son 16 los gobiernos regionales que indaga Contraloría, a partir del “freno” que activó a los contratos entre las instituciones públicas y las fundaciones, anunciado a fines de junio. Del total de procesos de toma de razón, 29 fueron declarados ilegales.

Se trata de auditorías que están en pleno desarrollo en Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Rancagua, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Ñuble. A ellas se suman Coquimbo, Magallanes y la Región Metropolitana, donde la Contraloría ya solicitó información.

Un aporte de nuestro socio y ex director Raúl Godoy Casas Cordero

 

Ver informnación completa en: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-cerco-de-contraloria-a-16-gobiernos-regionales-dos-ministerios-y-el-misil-que-prepara-sobre-el-convenio-del-minvu-con-democracia-viva/5ESFIQ33OZAYTJSUHSD54XLYHY/

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

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LOS CHIVOS EXPIATORIOS DE PUNTA PEUCO. Un Arreglo Inmoral

 

LOS CHIVOS EXPIATORIOS DE PUNTA PEUCO 

Un Arreglo Inmoral.  

La existencia de “chivos expiatorios”   permite que políticos, jueces y militares  duerman tranquilos. 

Cuando nos sentimos frustrados, porque no vemos manera de resolver un  problema, la respuesta más sencilla para canalizar esa impotencia, miedo o  ansiedad es dirigirla hacia una tercera persona o un grupo. De hecho, a menudo la elección del chivo expiatorio es un proceso que se  alimenta de manera inconsciente. 

¿Estalló la paz? 

El 11 de marzo de 1990, fue el fin de un proceso -la competencia política  entre el Gobierno Militar y la Concertación y el comienzo de otro -la  Transición- bajo el liderazgo de Aylwin1 que estableció un conjunto de tareas  para materializarla: Regreso de las FFAA a su rol profesional. Enfrentar el  problema de las violaciones a los DDHH en forma tal que satisficiera las  exigencias de su conglomerado político, que evitara el arrinconamiento de  los militares y combinara justicia con prudencia para conseguir la  reconciliación nacional, entre otras. 

La primera prioridad se puso en la normalización de las relaciones entre el  poder político y las FFAA. 

Por la parte militar “La fuerza del legalismo y la tradición profesional de las  FFAA se tradujo en que la continuidad de un rol político militar no estuvo  nunca entre los objetivos militares, con lo que quedó descartada la  posibilidad de un nuevo golpe de Estado2”. 

Aylwin se movió rápido. No derogó la Ley de amnistía de 1978 y para  tranquilizar a sus socios de más a la izquierda, lanzó el concepto de las  “leyes Cumplido” 3: “esclarecer la Verdad, se haga justicia, en la medida de  lo posible, y venga después la hora del perdón” para lo cual se constituyó la  “Comisión de Verdad y Reconciliación” que excluía la pretensión de enjuiciar  el régimen pasado o a las FFAA4

1 Mensaje al Congreso 21 de mayo de 1991 

2 Edgardo Boeninger. 

3 Leyes (Francisco) Cumplido. 

4 Edgardo Boeninger

Así se conformó la “Comisión Rettig” cuyo trabajo “fue complementado con  una intensa presión política y de los juristas del mundo de la Concertación  que hizo suya el Presidente”, quien afirmó que la Ley de Amnistía de 1978  no impedía investigar hasta llegar a la identificación de los culpables y que   ello era condición previa a su aplicación. Según Boeniger, el “informe fue  lapidario” y la Comisión estableció que los detenidos -desaparecidos fueron  algo menos de 2000 detenidos “con obvio resultado de muerte”5 pero que  evidentemente los secuestros fueron efectuados por los servicios de  seguridad del gobierno, con la pasividad del Poder Judicial. El informe  rechazó “en forma categórica la noción de que Chile hubiese vivido un  estado de Guerra Interna6”. Así “se estableció, sin duda ni réplica, lo que se  pasó a denominar la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, resolviendo “uno de los problemas más conflictivos de DDHH y de la incisiva movilización de las agrupaciones de familiares, dirigida por personas de  reconocida cercanía con el PC y la extrema izquierda”7

En septiembre de 1980 el PC efectuó “un cambio, adoptando la estrategia  denominada “de rebelión popular de masas” que incluía el uso de la  violencia y los aparatos militares para derrocar al régimen” “que más tarde  derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel  Rodríguez conformando “un proceso de masas, político, ideológico, moral y  cultural, organizativo civil, militar y paramilitar que se engrana con toda la  actividad del pueblo”8 

Esta reorientación de la lucha clarifica bien la variación de las bajas entre  los grupos militares que luchaban contra el Gobierno Militar. Los primeros  combates fueron entre los “agentes del Estado” en sus diversas  configuraciones y el MIR, que actuaba desde la clandestinidad y cuyas  bajas lo llevaron a la derrota militar y desaparición. Desde comienzos de  1980, fueron remplazado por las milicias militares y paramilitares comunistas ya identificadas, que recibieron el grueso de los esfuerzos  militares del Gobierno para su destrucción, que se tradujo en un incremento  exponencial de las bajas de las fuerzas del PC. 

5 Aunque ello nunca fue probado 

6 Dado que las FFAA no se dividieron en bandos contendientes. Lo que, a mi juicio es una interpretación escuálida y an=cuada de la  naturaleza de los conflictos actuales

7 El 30 de diciembre de 1992 la Corte Suprema establece que la Amnistía no es aplicable a los casos de detenidos  desaparecidos y se inventa la figura (ficción jurídica) del “secuestro permanente”. 

8 “Mi vida”, Ricardo Lagos

El arsenal enviado a Carrizal Bajo por el gobierno de Cuba fue capturado en  su casi totalidad y ello desarticuló por completo la estrategia del PC para dar comienzo al Estallido 1.09. El fracaso del intento de asesinato del general  Pinochet una semana más tarde, marcó la derrota final del esfuerzo militar  del PC, su regreso a las formas políticas de acción y su ingreso a  regañadientes a la Concertación10

Este breve recuento nos lleva a algunas conclusiones.  

– El objetivo principal del Gobierno civil fue normalizar su relación con  las FFAA y lo consiguió liberándolas conceptualmente del Gobierno  Militar y de la carga política, ideológica y judicial correspondiente. 

– Los militares tuvieron una actitud defensiva orientada a “no aceptar  ninguna forma de condena colectiva o imputación de responsabilidad  a las instituciones armadas como tales”11. Para lo anterior se adoptó  la política de que “los delitos de DDHH cometidos por “agentes del  estado”, durante el Gobierno Militar eran imputables a persona y no a  los mandos institucionales12”. Con esta decisión se abrió la temporada  de caza de “agentes del estado”, que habrían actuado como  individuos – por si y ante si- fuera del esquema de mando militar y  funcionario de las instituciones que los encuadraban y cuyos mandos  quedaron exentos de juicio político, moral y judicial. 

– El problema de los DDHH fue dividido en dos partes, un juicio político  e ideológico que se desarrolló en el Congreso Nacional, los medios  de comunicación social, la acción propagandística y el otorgamiento  de pensiones e indemnizaciones a todos los que se declararon  perjudicados por el Estado durante el Régimen Militar y otra a  configurar un conjunto de “agentes del estado” con los que se  conformó un grupo de chivos expiatorios adecuado para recibir un  duro castigo que satisficiera las aspiraciones de todos los interesados  en “hacer justicia”.  

– El Poder Judicial, culpado de haber sido cómplices de los atropellos a  los DDHH durante el Gobierno Militar, fue neutralizado mediante un  enérgico reemplazo de los miembros de la Corte Suprema y una  reforma judicial que incorporó a jueces políticamente correctos con  “credenciales democráticas” respaldada por una barrida de “agentes” 

9 El Estallido 2.0 lo intentaron el 18 de octubre de 2019, también derrotado por las fuerzas del orden. 10 Estos hechos, a mi entender, arrojan dudas sobre el aserto de la Comisión Rettig de que “Chile no hubiese vivido un  estado de Guerra”. 

11 Edgardo Boeninger 

12 Contradiciendo la más básica doctrina y moral militar

que fueron sometidos a juicios rápidos y encarcelados, con legislación  ad-hoc e interpretada favorablemente para los fines del Gobierno. 

¿Chile país de hermanos? 

Las decisiones concertadas, ilegales e inmorales del conjunto de las nuevas  elites políticas, oficialista y de oposición, construyeron “en los bordes de los  posible” un esquema basado en chivos expiatorios, con el silencio  aprobatorio de los mandos militares que se sentían implicados por los  excesos cometidos. Los viejos y nuevos políticos entraron en un ejercicio de  “democracia de los acuerdos” funcional al momento político pero lejano a la  ética pública y la responsabilidad política. 

La implacable captura y encierro de las bestias permitió y sigue permitiendo que los políticos, los militares y los jueces duerman tranquilos y en paz entre  ellos. Es la función de los chivos expiatorios. 

La violencia destructiva y homicida del “Estallido 2.0” es hija de esta  hipocresía devenida en corrupción. 

Fernando Thauby García 

Melosilla 10 de agosto de 2023

Un aporte del Pas Presidente Humberto Julio Reyes

 

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional