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11/09/23: LA CONMEMORACIÓN QUE PUDO SER

 

11/09/23: LA CONMEMORACIÓN QUE PUDO SER.

Martín Browne

La Tercera, 03/09/2023

En el gobierno se preparan para el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado con menos expectativas de las iniciales. El camino ha sido más complejo de lo esperado, se han cancelado planes y el proceso ha dejado varios caídos. Ahora el Presidente se esfuerza para poder cerrar un acuerdo que esté a la altura del hito.

El viernes a las 13.00 el expresidente Sebastián Piñera llegó a La Moneda a conversar con el Presidente Gabriel Boric. El motivo de la visita era abordar la conmemoración del Golpe de Estado e intentar llegar, como sea, a un acuerdo sobre el valor de la democracia.

El plan es que los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet -que también se reunirán con Boric en los próximos días-, además de Piñera, sean parte del acto llamado “Por la democracia, hoy y siempre” que se realizará el 11 de septiembre en La Moneda y que puedan firmar el compromiso, al que también se invitó a todos los partidos, aunque han manifestado mayor resistencia.

Ese, dicen en La Moneda, que antes se veía como un mínimo esperable de la conmemoración, se terminó por convertir en el peor de los enredos.

El clima político, ha reconocido Boric a sus cercanos, no es el que esperaba para la conmemoración, y con ello en La Moneda han tenido que bajar las expectativas en torno a un acto que en su diseño original tenía todo para ser exitoso: un Presidente de izquierda, declarado admirador de Salvador Allende -incluso lo mencionó en su discurso al asumir-, y el Partido Socialista y el Partido Comunista, protagonistas de la Unidad Popular, en la primera línea del gobierno con figuras como Maya Fernández, nieta de Allende, y Carolina Tohá, hija del exministro del Interior asesinado en dictadura, José Tohá, en el gabinete.

Pero no fue suficiente. Los intentos por guiar las actividades de la fecha han generado fricciones con los partidos oficialistas y de oposición -que han asegurado que el gobierno ha “polarizado el debate”– y también dejaron a dos ministros y a uno de los hombres más cercanos al Presidente en el camino: Julieta Brodsky (Convergencia Social), Jaime de Aguirre y Patricio Fernández.

Esta semana el mismo Boric se refirió al contexto en el que se enmarcará el hito. “El ambiente está eléctrico, está cargado. No sé si ustedes lo sienten, pero siento que si toco a alguien le daré la electricidad en cualquier momento”, dijo el Presidente en el aniversario de la UTEM, a propósito de la conmemoración.

Un día antes, el mismo Mandatario había tensionado el clima en pleno velatorio del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”, aseguró Boric, refiriéndose al suicidio de Hernán Chacón, exbrigadier del Ejército condenado por el homicidio del cantante Víctor Jara.

No fue lo único. El miércoles, en el Día del Detenido Desaparecido, Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda en medio de la polémica que habían generado sus declaraciones. Por ello, la oposición no asistió a la actividad.

Desde que el Mandatario empezó a coordinar acciones para la conmemoración, se han ideado diferentes proyectos y se han evaluado distintos planes -algunos más ambiciosos y masivos que otros-, que finalmente, por la contingencia y el clima político, no vieron la luz.

Así, en la oposición han asegurado que las señales han sido confusas. “Te pega un combo y te invita al cumpleaños”, se suele escuchar. Primero, porque la invitación del Presidente a firmar un acuerdo les llegó por sorpresa: fue por la prensa, desde España, y con un contenido que distaba de lo que se había conversado para enmarcar la conmemoración: que en vez de mirar al pasado y cuestionar el Golpe, se pusiera el foco en el futuro.

“Vamos a invitar a todos los partidos de Chile a firmar una declaración”, dijo Boric el 15 de julio desde Europa. El compromiso, dijo, giraba en torno a dos ejes. El primero, “que convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un Golpe de Estado es inaceptable”. En segundo lugar, “que nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto, ni de nadie”.

El Presidente -a veces fruto de sus pasiones-, boicoteó una de las ideas primordiales de la conmemoración, que era la búsqueda de un acuerdo por el cuidado y la defensa de la democracia, firmado por todos los partidos. De ahí en adelante, la situación solo se ha puesto -al decir de Boric- bastante eléctrica entre la clase política.

La primera intención. Habían pasado un par de meses desde que Boric llegó al poder cuando la exministra Brodsky le pidió una reunión al Presidente. Se le habían acercado desde la Fundación Salvador Allende y de otras organizaciones de derechos humanos para ver qué pensaba hacer el gobierno con la conmemoración de los 50 años.

Hasta ahí, no había nada, más allá de lo que se señalaba en el programa de gobierno sobre reparación a víctimas de violaciones a los DD.HH. Pese a las alusiones directas del Presidente en su discurso inicial, y su admiración confesa y reiterada hacia Allende, no había propuestas concretas sobre los 50 años.

Luego de esa conversación se creó una mesa interministerial para ver las acciones. Participaban Justicia, Cancillería, Defensa, Educación y Cultura, entre otros.

Pasó el tiempo y en septiembre de 2022, en medio de la gira a la Cumbre de la ONU en Estados Unidos, el Presidente le planteó a su equipo una idea: que cuando se cumplieran los 50 años quería hacer una cumbre en Chile sobre el valor de la democracia.

La lista de invitados era ambiciosa. Además del presidente de España, Pedro Sánchez, se pensaba en el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el Presidente de Irlanda, Michael Higgins, además de actores de Hollywood y figuras internacionales como Bono, vocalista de U2. El Rechazo recién había dado el batatazo, y el golpe no era del todo aquilatado en La Moneda.

Hoy, a una semana de la conmemoración, ninguno de ellos podrá asistir. El último en justificar su ausencia fue Higgins, quien fue observador en el plebiscito de 1988, pero que tuvo que restarse por motivos de salud.

Quienes sí vendrán serán los presidentes Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina) y Gustavo Petro (Colombia), además de representantes de Alemania y el primer ministro de Portugal, António Costa. Un elenco distinto al de la idea inicial, que tenía la transversalidad como eje. “Que nadie sintiera que era un acto solo suyo”, repiten en La Moneda.

Los invitados no han sido el único cambio en las expectativas y de foco de la conmemoración. En noviembre de 2022 Patricio Fernández -uno de los hombres más cercanos al Presidente- llegó a La Moneda a hacerse cargo del aniversario, dejando atrás los otros avances. Para entonces, en el Ministerio de las Culturas tenían trabajo adelantado: el diseño que se evaluaba era un logo hecho por Alejandro “Mono” González, artista clave en la estética de la Unidad Popular y el retorno a la democracia. El afiche consistía, según quienes pudieron verlo, en un fondo negro con un impacto de bala. Pero Fernández aconsejaba algo diferente y así se lo manifestó al comité de ministros.

El cambio de estética -que terminó a cargo de la diseñadora Constanza Gaggero- buscaba que el foco no estuviera en la polarización ni en ánimos revanchistas del pasado, sino que en buscar acuerdos para el futuro. Por eso se creó la flor de los 50 años, que fue presentada en abril bajo el lema “democracia es memoria y futuro”.

Apenas arribó Fernández buscó llegar a un acuerdo entre todos los partidos con el énfasis en las palabras democracia y el futuro. Desde la mesa interministerial se convocó a los partidos de oficialismo y de oposición, en diciembre, y se les presentó un relato que en marzo -a través de un oficio- les envió Brodsky a todas las instituciones públicas y policiales. Se llamaba: “Relato Oficial Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973″. El nombre generó de inmediato la molestia de los partidos, porque instalaba una versión única de los hechos, lo que motivó distintas recriminaciones desde Presidencia al Ministerio de las Culturas.

También hubo críticas desde la oposición por el tono del documento. “Si las fuerzas que terminaron con la democracia ese 11 de septiembre de 1973 ahora parecen lejanas, diariamente constatamos la irrupción de nuevas corrientes que la acechan. Esta es también, por tanto, una ocasión para reflexionar acerca de los riesgos y amenazas que ella sufre en la actualidad, y renovar nuestro absoluto compromiso democrático”, se leía en el oficio. Y lo que se quería era justo lo contrario: establecer que no hay verdad oficial respecto del pasado, pero sí compromiso común respecto del futuro.

Junto con la bajada del “relato”, la intención era que en enero se presentara el sello oficial -que ya estaba diseñado-. Nuevamente se evaluaron posibilidades ambiciosas, como anunciar la campaña en el Cerro Chena -lugar en el cual se cometieron violaciones a los derechos humanos- y donde se realizará un sitio de memoria. También se evaluó la alternativa de tener actividades todos los meses, con invitados internacionales de peso (ahí se sondeó la alternativa de Bono).

Pero estallaron los indultos presidenciales y se retrasó la presentación. Los ánimos de la oposición se crisparon y la disposición a apoyar las iniciativas del gobierno fue disminuyendo.

En febrero llegaron los incendios y el gobierno no encontraba la fecha idónea para presentar el sello. Fueron varias las actividades que estaban en coordinación con el ministerio que no se dieron en el marco oficial por el retraso del anuncio. Hasta que, antes de eso, llegó el cambio de gabinete, con el ajuste en Culturas como uno de los grandes anuncios. En reemplazo de Brodsky el Presidente llamó a Jaime de Aguirre -uno de los creadores de la campaña del “No”-, lo que fue visto como un gesto claro hacia la conmemoración. Pero tampoco resultó.

El sello recién se presentó el 2 de abril en un evento en el Parque La Castrina, en San Joaquín, en homenaje al rol de las iglesias en la dictadura. “No voy a descansar y voy a dar lo mejor de mí, y nuestro gobierno, nuestros colaboradores, no me cabe ninguna duda que también, para alcanzar ese horizonte. Un Chile donde el futuro sea sinónimo de libertad, de democracia y de respeto, de justicia y dignidad. Un Chile más justo, con memoria y con futuro, donde todos y todas tengamos el derecho de vivir en paz”, dijo el Presidente en su discurso.

De todas formas, después de la presentación del sello la coordinación no mejoró. En las reuniones los partidos insistían en su preocupación por la conmemoración. El 18 de mayo, en una reunión con las directivas oficialistas, el ministro De Aguirre y el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano -quien también se sumó en marzo-, hablaron de hacer un “monumento al trabajo del cuerpo militar en la construcción de la Carretera Austral, en reemplazo del actual monumento a Pinochet en La Junta”. Pero con el tiempo las gestiones se enredaron, por la resistencia de la comunidad, y el ánimo se empezó a crispar. Hoy reconocen en La Moneda que la posibilidad de retirar el monumento se ve muy difícil.

Otro de los planes que se descartaron de plano fue hacer un acto masivo, con música, el sábado 9 de septiembre, del que pidió hacerse cargo a De Aguirre. Se evaluaron escenarios: en La Moneda pensaron que podrían contar con el Estadio Nacional -pero solo podrá haber actividades en el frontis por los Juegos Panamericanos-, luego se sondeó el Parque O’Higgins y también hacer algo en la Alameda. Pero no resultó.

Entre el riesgo de tener manifestaciones violentas y ante la crisis por el lío de platas entre el Estado y fundaciones, en el gobierno optaron por retroceder.

También en Cultura había un escenario complejo: las polémicas del mismo ministerio, como el rechazo a participar de la Feria de Frankfurt, hicieron que De Aguirre no pudiera avanzar como esperaba y terminaron sentenciando su salida el 16 de agosto. La actriz Carolina Arredondo llegó en su reemplazo.

El asesor. La salida de de Aguirre no fue la única. A fines de junio había renunciado Fernández ante la exigencia del Partido Comunista.

“El reto de Boric no es la vuelta al pasado, sino que patear la pelota hacia el futuro”, dijo el escritor el 4 de junio en una entrevista con LT Domingo. Sus declaraciones generaron molestia en el PC y el reclamo fue planteado por los ministros de Apruebo Dignidad.

“¿Por qué un asesor del Presidente da entrevistas?”, decían. Las quejas fueron transmitidas desde Presidencia al escritor, quien pocos días después volvió a generar polémica al referirse al contexto en que se produjo el Golpe de Estado en una conversación con el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Tras eso, los comunistas exigieron la renuncia del escritor y Manuel Guerrero -hijo del profesor asesinado en el caso degollados- asumió como jefe de Contenidos del Segundo Piso para mejorar la comunicación con los partidos y el mundo de los derechos humanos.

Las declaraciones de Fernández no fueron las únicas de las que se quejaron los comunistas sobre el tono de la conmemoración. El mismo 4 de junio, el Presidente, en televisión, recomendó lecturas sobre el Golpe de Estado: “Permítanme hacer una recomendación. Se habla mucho de la Unidad Popular y yo creo que es un período a revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no sólo desde una perspectiva mítica”, planteó el Mandatario, quien nombró dos libros: “Las armas de la política”, del español Joan Garcés (1976), y “Salvador Allende”, de Daniel Mansuy (2023), el intelectual de derecha cuyo libro tiene una visión crítica de la Unidad Popular.

La reflexión del Presidente no le gustó al PC y tampoco a partidos del Frente Amplio, que optaron por coordinar sus propias mesas de los 50 años.

El martes, el gobierno difundió el programa de actividades en el que se anunció una agenda legislativa en materia de derechos humanos, que incluiría buscar una solución para levantar el secreto Valech (uno de los compromisos presidenciales de Boric) y también buscar alternativas para la prohibición de la aplicación de beneficios carcelarios en crímenes de lesa humanidad.

Mientras que el 11 de septiembre, Boric espera poder firmar el compromiso, si no es con los partidos, al menos con los expresidentes. Sin Fernández en La Moneda, con cambio de ministro en Cultura y tensión entre el Presidente y la oposición -que el 22 de agosto pidió leer la declaración del Congreso de 1973 cuando se declaró el gobierno de Allende como inconstitucional-, la conmemoración está lejos de ser lo que habían imaginado. Ahora las condiciones son diferentes.

Piñera, al menos, aseguró que está dispuesto a firmar un compromiso “si hacemos una declaración que signifique renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y a las leyes, al Estado de Derecho, también con el respeto a los derechos humanos, condenar la violencia”.

Y, tras salir de la reunión con Boric, agregó: “Es fundamental conmemorar para aprender de esos errores. Y se cometieron muchos errores; cometimos muchos errores, antes, durante y después del 11 de septiembre del 73″.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

         

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

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Condenas y procesos contra militares. René Norambuena Veliz

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                      Condenas y procesos contra militares.

Una seguidilla de altas condenas a ancianos militares que morirán en las cárceles además de un fallecimiento en su hogar por un General con ochenta y seis año y ahora un nuevo procesamiento muy mediático en contra de un Cdte en Jefe, no por enriquecimiento personal sino por malversación de recursos con una jueza entregando su cargo, es la tónica de estos últimos veinte días.

Insólito que todo se resuelva en veinte días.

Resumen de la seguidilla de condenas.

Caso Soria ,siete ex uniformados con un total de setenta y un año de condena.

Caso Víctor Jara, siete ex uniformados con ciento cincuenta y cinco años de condena.

Caso Fuente Ovejuna, veinte ex militares con un total de ciento diez y siete años de condena.

Sin lugar a dudas todos morirán en la cárcel con excepción de catorce que tienen libertad vigilada.


Un ex Cdte en Jefe por utilizar recursos de acuerdo a la atingencia de la época y no objetada por Contraloría de la época será procesado.


Va a ser curioso ver a muchos de los que están en contra absoluta del pasado del Ejército, muy sonrientes en la parada militar

René Norambuena Veliz

GDB(R)

Presidente de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

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50 AÑOS DEL GOLPE: ¿QUÉ RECORDAR?

 

   

50 AÑOS DEL GOLPE: ¿QUÉ RECORDAR?.

Miguel Saralegui, Profesor del Instituto de Historia de la USS

El Mercurio, Columnistas, 29/08/2023

“…no recordaremos de modo unánime qué y por qué ocurrió en Chile un golpe de Estado. Esta vez podemos estar contentos del desacuerdo de la clase política…”.

El medio siglo transcurrido desde el golpe constituía, en apariencia, una buena oportunidad para que, como sociedad, acordáramos qué y por qué ocurrió el 11 de septiembre de 1973.

Para la misión de orientar la memoria colectiva, el Presidente Boric nombró a Patricio Fernández como asesor. Sin embargo, desde que Fernández renunció, los intentos por generar un relato oficial han quedado, si no disueltos, descoloridos.

Muchos intelectuales se han lamentado de esta falta de acuerdo. Aunque los motivos inmediatos del disenso pueden ser indeseables —la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con los grupos que lo respaldan, pues Fernández renunció por las críticas de los comunistas—, podemos estar satisfechos de que el proyecto de generar un relato colectivo se haya frustrado.

Obligar al recuerdo parecería algo necesario, sobre todo de un hecho que marcó, como ningún otro, la historia reciente del país.

Aparte de la importancia de lo ocurrido, nos sentimos inclinados a imponer una memoria colectiva por un aspecto más circunstancial: el carácter insoportablemente desmemoriado de las sociedades contemporáneas.

Se debe generar un relato colectivo no porque estemos encerrados en el recuerdo, obsesión preteritocéntrica por la que Nietzsche censuró a las sociedades europeas de mediados del XIX en la Segunda Intempestiva. Sentimos la necesidad de que el Estado recuerde por lo contrario: vivimos en una sociedad que lo olvida casi todo.

Somos sociedades amnésicas, sociedades que muy rápidamente consagran algo como histórico y definitivo —¿cuántos opinólogos predijimos que la pandemia traería un cambio de “paradigma”? — para olvidar la transición decisiva de modo casi inmediato: ¿cuántos siquiera sienten la necesidad de desdecirse después de comprobar que poco ha cambiado una vez acabada la pandemia?

La despreocupación con la que la sociedad chilena se ha tomado que Patricio Fernández no fuera repuesto confirma esta actitud presentista. Incluso si el deseo de recordar el 11 de septiembre de 1973 —qué, cómo, por qué ocurrió— es correcto, este no tiene nada que hacer contra el presentismo.

Cualquier campaña estatal será tan efímera, pero en su presente infinitamente menos recordada y percibida que la publicidad de la película “Barbie”.

A pesar de la previsibilidad del fracaso, ¿sería positivo que el Estado mantuviera una actitud quijotesca y se empeñara en hacer recordar a la sociedad? ¿Se recuperaría el pasado para el grupo reducido que tuviera acceso a este relato público? Cuando el Estado fuerza un recuerdo, por muy positivo que sea, también anula el pasado, no lo recupera.

La obligación de la memoria se vincula sobre todo con la fuerza que en el presente tiene quien nos propone recuerdos. El pasado está hecho de una realidad muy sutil. Cuando se accede a él a través de la moralidad colectiva —por muy elevada que sea—, en vez de por los meandros, esfuerzos, incertidumbres, más propios de la memoria individual que de la grupal, el pasado se desvanece.

Aunque otras colectividades recordaban más que nosotros, no podían recordar mejor. Las sociedades memoriosas tienen recuerdos de cartón piedra, rígidos, pensados más en su fuerza inspiradora para el presente que en la reconstrucción del pasado: Roma se acordaba de una loba que amamantó a dos huérfanos.

Esta relativa falsificación que toda memoria colectiva impone resulta especialmente ilógica en una sociedad que, como la nuestra, también desde el Estado, ensalza al espíritu crítico como primer criterio pedagógico.

Por afortunado que fuera, el criterio que a Fernández le dio tiempo a proponer —un Estado nunca puede matar ni torturar— se vinculaba más con el presente que con el pasado, con lo que se debe hacer más que con lo que se hizo hace medio siglo.

No recordaremos de modo unánime qué y por qué ocurrió en Chile un golpe de Estado. Esta vez podemos estar contentos del desacuerdo de la clase política. Es verdad: ese recuerdo no nos configurará como chilenos, pero al menos no pagará el precio de ser tergiversado.

Podemos estar satisfechos de que no se vaya a articular un relato sobre lo que ocurrió, que el pasado esté abierto al espíritu crítico y al interés de las pocas personas —pues pocas serán— que se preocupen por saber qué ocurrió durante aquellos días y meses.

Y que en Chile no haya golpes de Estado y se defienda la democracia no va a depender de que se difunda un recuerdo presentista, interesado y cuadriculado, limitado a los eslóganes de la historia, sino de que ahora y mañana estemos en contra de los golpes de Estado

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

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“NO SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA”: CÓMO OPERABA LA TRIANGULACIÓN QUE PERMITIÓ CONTRATAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DINEROS DE FUNDACIONES

 

   

“NO SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA”: CÓMO OPERABA LA TRIANGULACIÓN QUE PERMITIÓ CONTRATAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DINEROS DE FUNDACIONES.

Víctor Rivera y José Carvajal

La Tercera, 01/09/2023

Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.

Si bien fue el jueves 31 de agosto que  evacuó el informe de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Serviu de esa región, las repercusiones del caso no terminarán ahí.

El lunes será el propio contralor, Jorge Bermúdez, quien expondrá ante la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades detectadas, donde mantendrá en la palestra un caso que desde junio no deja de incomodar al gobierno.

Es que el informe de Contraloría identificó nueve irregularidades en la forma de operar entre estos servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, donde cinco tienen indicios penales. Por lo mismo, esos hallazgos ya fueron despachados al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde hay uno que no deja de llamar la atención en la Fiscalía y en el ente contralor: la contratación de empleados de las fundaciones, pero que trabajaban en la Seremi de Vivienda y el Serviu.

“Se constató que, en dependencias del Serviu de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública. Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas”, dice el informe de Contraloría.

Según detalla la investigación del ente contralor, estas personas fueron contratadas por “los organismos receptores de fondos”, las que desarrollaban actividades propias de los organismos públicos indagados, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable y otros trabajos institucionales.

“Dichas personas cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, atendido que fueron contratadas por entidades privadas sin fines de lucro y sus remuneraciones-honorarios fueron financiadas con recursos asignados a aquellas por ambas entidades públicas, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño, por no revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, lo señalado da cuenta del uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios”, se lee el documento de Controlaría.

Esta situación, calificó el organismo fiscalizador, “no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”. Además, se advierte que debió haber una obligación “de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia”.

Quiénes se sentaban en los lados del mesón. Sin embargo, hay otro elemento que llamó la atención de los auditores. El caso de dos personas que trabajaban en el Serviu, pagadas por dos fundaciones, pero que el 1 de agosto fueron contratadas por el organismo público, es decir, una vez estallado el caso, el 16 de junio.

Se trata de Camila Fernanda Prado Barrías, de profesión administradora pública de la Universidad de Antofagasta, de la cual egresó el 2017. Ese mismo año comenzó a trabajar como “asistente de proyectos Innova” en la Corfo. El 2021 comenzó a ser “analista de gestión” en el Serviu de Antofagasta.

En su LinkedIn se define como “con experiencia activa en proyectos. Caracterizada por excelente rendimiento, funcional, integración, y aceptación de usuarios”.

Contraloría sostiene que Prado en el Serviu realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, esto mientras estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas. Sin embargo, la institución asegura que fue contratada el 1 de agosto de 2023 en la repartición en la que trabajaba.

Misma situación que Karla Paulina Farías Olivares, quien también prestaba funciones en el Serviu de Antofagasta, pero que estaba contratada por Corporación Espacio Lúdico.

Farías, desde el 2020 trabajaba en el Programa Asentamientos Precarios de la Intendencia, un año después desempeñó las mismas funciones, pero en la ahora Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. El 2022 llegó a la fundación en labores de “asistencia técnica”.

En la misma Corporación Espacio Lúdico, figura contratado Adolfo Enrique Carpio Miranda, funcionario del Serviu de Antofagasta. El ingeniero en construcción fue identificado por Contraloría como “apoyo técnico”.

Ya en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, aparece contratada por dos fundaciones, Camila Constanza Ortiz San Martín, quien recibió remuneraciones de la Fundación Un Techo Para Chile y Corporación Espacio Lúdico. Lo mismo que Jacqueline Nattaly Véliz Avendaño, quien junto con prestar servicios para la Corporación Espacio Lúdico, también recibía la remuneración de Asociación Campamento de Ideas.

Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, por su parte, estaba contratada en la Fundación Democracia Viva, según Contraloría, “para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”. También prestaba funciones en la Fundación Campamento de Ideas.

Otra de las personas por las cuales Contraloría cuestionó que estuvieran contratadas en las fundaciones mientras trabajaban en la Seremi, es Claudio Andrés Cárdenas Campillay, quien es diseñador gráfico pero que aparece como contratado en la Fundación Movimiento Fibra.

Misma fundación en la que está contratada Nicole Carolina Salinas Rivera, quien es “analista técnica del Programa Habitabilidad” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) según su LinkedIn. La arquitecta de la Universidad de Antofagasta también ha trabajado anteriormente en oficinas privadas y en la Fundación Para la Superación de la Pobreza, así como también en la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los lazos políticos y otra vez RD. En la Fundación ProCultura, figura como contratado el abogado Wilson Ernesto Ahumada Zepeda, sin embargo este se desempeñaba en la seremi de Vivienda de Antofagasta.

También en esa fundación estaba contratada Liliana Ivania González Cortés, quien también es egresada de derecho de la Universidad de Antofagasta y fue candidata a consejera constituyente, es militante de Revolución Democrática y “se ha desempeñado como asesora jurídica de fundaciones en el marco de la colaboración con organismos de Estado y como investigadora académica (en pasantía) en el Primer Tribunal Ambiental”, según detalló en el Match Constituyente de La Tercera.

Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras, quien recibió su sueldo desde la Fundación Superación de la Pobreza. Según dio a conocer este medio en junio pasado, Fuica es concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, pero además fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, además trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

“Ella prestó servicios a honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante esos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos”, comentaron desde la fundación en junio.

En esa fundación, también estaba contratada Ignacia Carolina Yáñez Arancibia, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio.

Según su LinkedIn, es diseñadora gráfica y trabajó hasta junio pasado en la Seremi como analista urbano, donde debía “realizar control y seguimiento de las gestiones asociadas al área técnica constructiva, apoyar técnicamente la coordinación Regional de la Secretaría Ministerial de Antofagasta”.

Sin ningún lazo político, Contraloría también detectó que estaba contratado en la Asociación Campamento de Ideas, Diego Exequiel Barrera Venegas. Además de Marcela Paz Oyanedel Barrera, en Un Techo Para Chile.

De aquí en más, en Teatinos N°56 esperan cambios y subsanar las irregularidades detectadas, en 30 días más, pues no sólo se identificaron problemas a nivel regional, sino que a “nivel central” -es decir el Ministerio de Vivienda- también fue duramente cuestionado por no intervenir prácticas que, a juicio de Contraloría, están en el borde de la legalidad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

         

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

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Libro del General Martínez.

                 

                                                            Libro del General Martínez.

Señor Director:

Recientemente se lanzó un libro “Un Ejército de todos”, que no es el nombre usado por esta institución, dado que en el distintivo que se usa en la tenida de combate o vestuario de uso diario es: “Ejército de Chile”. Entonces estamos frente a un nombre sugerente o político como título para un libro que sin dudas despierta el interés y consustancialmente invita a leer, más si existe o se presume una intencionalidad clara de generar una visión contrapuesta en un año sensible donde se conmemoran los 50 años del quiebre democrático.

En las instituciones Armadas es sabido que el único que puede hablar a nombre de ellas son los comandantes en Jefe en ejercicio, el General Martínez está retirado.

Es lamentable hacer juicios de valor y comentar que en su acción de mando dedicó tiempo en analizar el pasado por parte de alguien a quien el Estado en su momento le confió la conducción profesional del Ejército y, en ésta tarea su única responsabilidad “era o fue” el desarrollo y capacitación profesional de la institución y alejarla de cualquier atisbo político.

JORGE VILLARROEL CARMONA

Publicado en El Mercurio el 01 de septiembre del 2023

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

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“OTROS MUEREN DE MANERA COBARDE”: CÓMO BORIC CRISPÓ EL AMBIENTE AD-PORTAS DEL 11 Y LAS OTRAS VECES QUE SUS DICHOS HAN GENERADO POLÉMICA

 

“OTROS MUEREN DE MANERA COBARDE”: CÓMO BORIC CRISPÓ EL AMBIENTE AD-PORTAS DEL 11 Y LAS OTRAS VECES QUE SUS DICHOS HAN GENERADO POLÉMICA

Isabel Caro

La Tercera, 30/08/2023

El Mandatario realizó ayer declaraciones que fueron leídas como una crítica directa al exbrigadier Hernán Chacón, quien se suicidó tras ratificarse su condena por el secuestro y homicidio de Víctor Jara. No es primera vez que sus palabras tensionan las relaciones con la oposición.

 

“Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”.

La frase la dijo ayer el Presidente Gabriel Boric tras asumir la guardia de honor del féretro del líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien falleció la madrugada de este martes a los 79 años de edad. Sus palabras no dejaron a nadie indiferente.

Horas antes, también había muerto uno de los condenados por el secuestro y homicidio del cantante Víctor Jara, el exbrigadier del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años. El otrora militar, sin embargo, se quitó la vida antes de ser detenido por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios habían llegado a buscarlo a su departamento en Las Condes para hacer efectiva la condena que en la previa había ratificado la Corte Suprema en contra suya y de otros cinco exmilitares.

La alusión al suicidio de Chacón por parte de Boric fue evidente y nadie en La Moneda se molestó en aclarar sus dichos ni menos dar contexto respecto de lo que quiso decir.

La frase, dicen en el gobierno, fue lo suficientemente elocuente. Por lo mismo, en la oposición se encendieron de inmediato las alarmas y varios dirigentes del sector salieron a cuestionar duramente al Mandatario por lo que podría considerarse como una nueva salida de libreto.

“Este comentario es una vergüenza. Pida perdón, porque no solo no ayuda en nada a la unidad con que tanto fanfarronean, sino que denota una falta total de conciencia del cargo que ostenta”, dijo el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, mientras que el timonel UDI, Javier Macaya, cuestionó que “usar la muerte de una persona para hacer apología a la división y ofender a las familias que han sufrido la muerte de algún ser querido a causa del suicidio no es la forma de trabajar por la unidad del país. ¿Busca dar señales a los propios? ¿Qué hay de la investidura del cargo?”.

El exministro da Salud Enrique Paris, por otro lado, señaló en Emol que “con esa frase el Presidente destruye y hace poco creíble su convencimiento de que está preocupado de la salud mental de las personas (…). Cuando un Presidente, que se ha pasado hablando de la salud mental y tiene un amigo siquiatra que ha ganado millones con programas de prevención del suicidio, se burla en el fondo de una persona que se suicida, es muy grave”.

En esa misma línea, el diputado UDI Jorge Alessandri agregó: “El Presidente que, se supone, está preocupado por la salud mental, no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida. Las personas que se quitan la vida merecen nuestro respeto, nuestros cuidados antes de que eso ocurra y jamás un juicio de valor, jamás una descalificación. Presidente Boric, nunca pensé que caería tan bajo”.

El senador Manuel José Ossandón (RN), recalcó que “el Presidente llama como estadista a los partidos a La Moneda para construir acuerdos y luego hace declaraciones de guerrilla. Él no está para definir cuándo una muerte es digna o no. Él está para gobernar a todos, respetar a todos, incluido los muertos, y buscar la unidad para Chile”.

En La Moneda hay quienes reconocen que “no fue una buena frase”, mientras que otros apuntan a que el Jefe de Estado pudo haber sido más cuidadoso en las palabras, pero desdramatizan sus declaraciones. Lo que sí admiten es que su intervención crispa aún más los ánimos en el país cuando quedan solo días para el 11 de septiembre, fecha en que se conmemorarán 50 años del Golpe de Estado.

Una situación compleja, sobre todo cuando el propio Presidente recalcó ayer que va a insistir en generar un consenso de todo el arco opositor para que ese día firmen una declaración que selle un compromiso irrestricto con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En el oficialismo, en todo caso, salieron a defender a Boric. “Creo que el Presidente reveló en eso probablemente la impotencia en muchos familiares de las víctimas, que después de muchos años obtienen sentencia y se producen circunstancias como estas, y yo entiendo esas declaraciones en ese contexto. Lo que nosotros estamos teniendo en los últimos años es el cierre de una serie de investigaciones que han demorado bastante tiempo”, dijo esta mañana su ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se ha caracterizado por ser el secretario de Estado que sale a blindar al Mandatario cuando realiza declaraciones poco claras o que son cuestionadas.

“Son tan claras y categóricas las palabras del Presidente… Al que le venga el sable que se lo ponga. Hay gente que, estoy pensando en Pinochet, se escudó en una demencia senil para no enfrentar a la Justicia”, dijo, por su parte, el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en tanto, recalcó que “las encuentro ajustadas a la realidad, no por este caso en particular, sino porque ¿cuántos se han escapado de la justicia?”.

Un hecho sintomático del ambiente entre Boric y la derecha se dio justamente este miércoles. Según el Mandatario, La Moneda invitó a todos los presidentes de partidos -incluyendo a la oposición- a la ceremonia de lanzamiento del Plan de Búsqueda que fue anunciado, justamente, en el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Al evento, que se realizó en la Plaza de la Constitución esta mañana, no llegó ningún dirigente de la derecha.

Esto, sin embargo, fue desmentido por Macaya. “Yo pongo en conocimiento al Presidente Boric. No sé si es una confusión, entiendo que puede estar mal asesorado, no creo que esté mintiendo. Nosotros no fuimos convocados al acto de la mañana. Y al final del día lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición emplazándolos en cuestiones que terminan dividiendo el país”, dijo.

Las otras declaraciones. No es primera vez que las intervenciones del Presidente crispan el ambiente. El Mandatario, por ejemplo, también generó incomodidad el 15 de julio pasado, cuando en el marco de su gira or Europa anunció que convocaría a ese acuerdo a todos los partidos de cara a la conmemoración del Golpe de Estado, sin antes haber socializado los márgenes de su propuesta con los dirigentes políticos ni siquiera de su propio sector.

De hecho, el propio oficialismo ha reconocido públicamente que el Presidente se apresuró en ese anuncio y que, pese a todos los esfuerzos, será complejo que la derecha le conceda la firma de un documento de esas características de aquí al 11 de septiembre.

En su paso por París, también a mediados de julio, el Mandatario metió más leña al fuego al señalar que la oposición en Chile tenía ánimos de “desestabilizar” a su gobierno, algo que también levantó cuestionamientos en la derecha en esa oportunidad.

A inicios de agosto, Boric también crispó el ambiente con la derecha. En menos de 48 horas, el Jefe de Estado pidió a la oposición buscar consensos en torno a las reformas que propone en materia de pacto fiscal y pensiones y, luego, los acusó de retroceder en “la valoración irrestricta de la democracia y, por ende, la no justificación de un Golpe de Estado”.

Hace algunas semanas, el Mandatario, además, se enfrascó con la oposición por la ofensiva contra el ahora exministro Giorgio Jackson.

“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Y que lo digan públicamente”, dijo cuando el Partido Republicano anunció un libelo en su contra, acción que terminó haciéndolo renunciar en el marco de la crisis por el lío de platas.

Pero eso no fue todo. El viernes 11 de agosto, en el marco de un homenaje que se realizó en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos para Rodolfo Seguel, Boric cuestionó a uno de los fundadores de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, lo que desató la molestia de la derecha. En la ocasión, afirmó que “desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

 

 

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional