News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

CONVENIO CON VENEZUELA SUMA OTRO CAPÍTULO: AHORA EL EMBAJADOR GAZMURI REABRIÓ LAS DUDAS SOBRE CUÁNDO ENTRÓ EN VIGENCIA.Martín Browne y David Tralma

                                                                             CONVENIO CON VENEZUELA SUMA OTRO CAPÍTULO:                                                                                     AHORA  EL EMBAJADOR GAZMURI REABRIÓ LAS DUDAS                                                                SOBRE CUÁNDO ENTRÓ EN VIGENCIA

Martín Browne y David Tralma

Este lunes en un almuerzo en Cancillería el diplomático le aseguró a la Comisión de Relaciones Exteriores que el polémico convenio estaba legalmente activo desde el primer día y que sí sirvió para el traspaso de información entre ambos países antes de que hayan fijado las contrapartes, lo que contradice la versión que se había entregado desde la Subsecretaría del Interior.

Este lunes en la Cancillería el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri (Partido Socialista) -quien fue llamado a consulta por el Presidente Gabriel Boric en medio de la tensión diplomática entre ambos países-, se reunió con la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

En el encuentro los diputados le preguntaron al diplomático cuál era la efectividad de tener un representante en Caracas y pidieron detalles sobre el trabajo en materia de seguridad, lo que fue largamente respondido por el socialista.

Un punto clave de la sesión fue la discusión en torno al convenio de colaboración que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, firmó en su viaje a Caracas. La respuesta de Gazmuri sorprendió a los presentes, ya que el gobierno había dicho que el convenio no se encontraba operativo.

Según fuentes de Cancillería y de más de tres de los parlamentarios que estuvieron en el encuentro el embajador aseguró que el convenio estaba activo desde el primer día, lo que incluso fue consultado en divisiones jurídicas, y que sí sirvió mucho para facilitar el traspaso de información de Venezuela a Chile, lo que se dio antes de que la semana pasada durante el Consenso de Brasilia se fijara una contraparte entre las policías, como había planteado el gobierno a través de Monsalve.

Al ser consultado por la información revelada por asistentes a la reunión, el diputado Raúl Soto (PPD), dijo que “el embajador fue bien categórico en defender la vigencia y utilidad del polémico convenio. Creo que se generó una confusión a propósito de las afirmaciones que hizo el subsecretario Monsalve en la comisión, eso llevo a varios de nosotros a criticar la eficacia y utilidad del convenio, pero Cancillería ha sido clara: el convenio ha sido útil para Chile desde el primer día, hemos recibido información relevante respecto de delincuentes, lo cual es fundamental dada la crisis de migración y seguridad”.

Mientras que el diputado Diego Schalper (RN) -también presente en la cita- aseguró que “el Gobierno tiene que aclarar esto. Es muy grave que haya dos posturas. Basta de improvisaciones”.

En el gobierno atribuyen la imprecisión a un problema comunicacional luego de que se diera a conocer el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba en Chile en calidad de refugiado.

“Este convenio dice que ambos países tienen que nombrar a sus contrapartes y que solo opera una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo”, dijo Monsalve a Radio Duna el 28 de febrero.

Al ser consultados, desde la Cancillería respondieron formalmente que “tal como ha señalado el subsecretario Monsalve, el convenio está vigente desde la firma de las contrapartes, que se definieron la semana pasada. La legalidad de este convenio interinstitucional fue refrendada por la Contraloría”.

Mientras que en la Subsecretaría del Interior evitaron referirse al tema.

Este martes a las 15.00 horas el embajador visitará el Congreso y nuevamente se reunirá con la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el encuentro los parlamentarios esperan profundizar sobre los detalles del convenio.

 

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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OTRO CASO DE JUSTICIA PARA MILITARES. La Tercera, Correo de los lectores

 

                                                          OTRO CASO DE JUSTICIA PARA MILITARES

La Tercera, Correo de los lectores, 23/04/2024

Señor director:

En este y otros medios se ha discutido en tiempos recientes los casos del comandante Crespo o el soldado conscripto Robledo, pero en esta oportunidad quiero llevar la atención a un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron 2 jóvenes y que involucra a 13 militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del Regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito.

Por alguna razón, bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

De los 13 a los que se les condena, solo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo. Es mandarlos a morir a la cárcel. Dicen que la justicia es ciega, pero ello no quita que deba ser justa.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones.

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis, AthenaLab

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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JUSTICIA MILITAR PARA MILITARES Y POLICÍAS. Richard Kouyoumdjian Inglis. El Líbero

 

                                                               JUSTICIA MILITAR PARA MILITARES Y POLICÍAS

Richard Kouyoumdjian Inglis

El Líbero, 24/04/2024

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, las FF. AA. y las policías toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Ha quedado claro para muchos que, de no haber cambios en la situación de seguridad interna, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que tomar un rol más activo es cada vez más real, y es por ello por lo que debemos ver qué cosas hay que arreglar si es que su uso llega a ser requerido.

La equivocada estrategia del gobierno en materia de seguridad que coloca los acentos en ejes que no necesariamente tienen impacto o no aplican a la realidad local, como es el caso de infraestructura crítica no habiendo amenazas terroristas que la pongan en riesgo, o de reglas de uso de la fuerza -que buscan impedir su uso por parte de agentes del Estado-, olvida resolver lo que es el problema principal de cara a poder usar efectivamente la fuerza de las armas que está en manos de militares y las policías.

El problema al que me refiero es la justicia que reciben los militares y policías cuando actúan como agentes del Estado en labores de seguridad interior como las que se generan en estados de excepción constitucional, las que se podrían dar bajo el concepto de infraestructura crítica o toda vez que deben actuar en contra del crimen organizado, insurgentes, terroristas, violentistas y revolucionarios como son por ejemplo los que actuaron en octubre del 2019.

Entendiendo que nadie está por sobre la ley y que la ley debe ser justa, se acepta que sea ciega, pero que en ninguna circunstancia pierda su esencia de ser justa y darle a cada uno lo que le corresponde, incluyendo por cierto a militares y policías que actúan por cuenta y bajo órdenes del Estado de Chile, su Presidente o quienes pertenezcan legalmente a la cadena de mando.

Lamentablemente la justicia militar no tuvo su mejor desempeño durante el gobierno militar, razón principal por la que en tiempos más recientes se haya limitado mucho su campo de acción.

Esa reducción es la que deja fuera de su ámbito los casos en que se vean involucrado civiles, sean actuales como son los casos de Robledo, Crespo o los infantes de marina que tuvieron que actuar en Cañete en el 2021, o bien casos antiguos del 73 en que hay jueces designados para investigar y dictar sentencia bajo el antiguo sistema procesal penal.

Puede que las autoridades de la época hayan visto lo anterior como necesario, pero la verdad es que en lo actual el sistema falla, así como también en los casos de casi 50 años de antigüedad.

Me parece que nadie tiene dudas de las injusticias sufridas por Robledo o Crespo, o las que puedan afectar al general Yáñez, o al carabinero acusado por el caso del puente Pío Nono.

Todos son ejemplos de la actuación de militares y policías en que el Estado de Chile les ha ordenado intervenir objeto restablecer el Estado de Derecho, siendo ellos acusados por hacerlo con demasiada fuerza o detrimento de los derechos humanos de los victimarios, olvidando que a ellos los atacaban, o bien debían disponer de las fuerzas que se hacían cargo del problema, como era el caso de los principales mandos de Carabineros del 2019 a los que las autoridades políticas dejaron en el más completo abandono, y con los cuales algunos de la ultraizquierda se quieren festinar.

Evidentemente esos casos recién nombrados, así como los que indicaré a continuación de épocas más pasadas habrían sido mejor atendidos por justicia militar, que se especializa en los casos que involucran a militares y policías, y que al igual que cualquier otro tribunal en Chile, tiene la supervisión de instancias superiores, ya que por un lado está la Corte Marcial (integrada por una mayoría de ministros de corte de apelaciones), y por sobre ella, la Corte Suprema, lo que quita los argumentos de falta de independencia y de 100 % militarizados que algunos le asignan con el fin de quitarles mérito y que vuelvan a ser usados para casos en que hay civiles involucrados.

En columnas anteriores podrán encontrar más detalles de los casos del soldado conscripto Robledo y del teniente coronel Crespo. Estos son casos actuales que están siendo manejados entre el Ministerio Publico y tribunales civiles, a diferencia de un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron dos jóvenes y que involucra a trece militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito su delito.

Por alguna razón bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

Las reaperturas no se hicieron bajo la justicia militar. Se hicieron asignando casos a ministros en visita que operaban bajo el sistema de justicia antiguo en que el magistrado investiga, procesa y dicta sentencia, en clara ausencia del debido proceso.

De los 13 a los que se les condena en octubre del 2023, sólo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo, para nada justo. Es mandarlos a morir a la cárcel.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones, o bien cumplir órdenes superiores.

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Es de esperar que en algún minuto vuelva el sentido común y todos los casos en que militares y policías actúan como agentes del Estado de Chile, y en que se determine que debe actuar la justicia, sea la justicia militar la que actúe, ya que la que se está usando actualmente parece no estar dando garantías de justicia, transformando a los buenos en malos, condenando a personas como el general Cheyre por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, o que es incapaz de demostrar compasión y clemencia con personas que están entrando a la cuarta edad, encarceladas o pronto a serlas, por casos en que no son responsables o bien sólo son culpables de cumplir órdenes superiores.

Para cerrar, espero que esta columna dé esperanzas a los que están siendo afectados por la injusticia y sufriendo el pago de Chile. No están solos y somos muchos los que queremos que reciban justicia y un trato digno.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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EL IMPACTO DE LOS DRONES EN LA GUERRA MODERNA. Ignacio Mary

                                                                   EL IMPACTO DE LOS DRONES EN LA GUERRA MODERNA

Ignacio Mary

Pucará Defensa, 22/04/2024

El cielo, anteriormente dominado por aviones, ahora está lleno de drones. Estos sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) han revolucionado la guerra moderna, ofreciendo capacidades disruptivas a los ejércitos de todo el mundo. Es evidente que los drones armados han llegado para quedarse, con un mercado en expansión y con inversiones considerables de recursos en su desarrollo y mejora continua.

La tecnología de drones ha avanzado a pasos agigantados, permitiendo vuelos prolongados y equipándolos con misiles de largo alcance. El impacto de los drones en los conflictos actuales es evidente, alterando la dinámica de guerra y paz, como se ha visto en Siria, Azerbaiyán, Libia y Yemen.

Los drones ofrecen una negación plausible y permiten ataques precisos sin poner en riesgo vidas humanas. La introducción de drones más sigilosos y avanzados promete transformar aún más los campos de batalla, marcando un punto de inflexión en la historia militar.

Surge el interrogante de si la introducción de esta tecnología ha cambiado la esencia misma de la guerra o simplemente ha modificado sus características. Lo que es indiscutible es que cada día surgen nuevas innovaciones en el uso de drones. La simplificación de la interfaz de usuario, que permite a los soldados operar drones utilizando dispositivos como tablets, los ha vuelto más accesibles incluso para el personal militar promedio.

Distintos niveles. Los UAS han transformado las operaciones militares, ofreciendo capacidades aéreas notables en todos los niveles, proporcionando una gama diversa de funciones.

Desde el soldado de infantería que utiliza un pequeño cuadricóptero comercial para la vigilancia, hasta los grandes UAS equipados con municiones de precisión con capacidad de operar más allá de la línea de visión, los drones han ampliado el alcance de la guerra moderna.

Los pequeños UAS (sUAS), a menudo adquiridos comercialmente o incluso donados a través de campañas de financiamiento colectivo, han demostrado ser valiosos incluso contra adversarios tecnológicamente avanzados. Estos dispositivos del Grupo 1-3 se han adoptado extensamente por su bajo costo, su menor necesidad logística y de comunicaciones, y por su capacidad para realizar tareas de reconocimiento, vigilancia infrarroja y adquisición de objetivos (RISTA), así como análisis de Big Data (BDA), permitiendo a los comandantes visualizar el campo de batalla en tiempo real, realizar ajustes tácticos y evitar emboscadas.

En Ucrania se ha observado la modificación de sUAS del Grupo 1-3 para transportar y liberar municiones, incluyendo municiones antitanque, de mortero y granadas. Esta táctica, aunque utilizada anteriormente por miembros del Estado Islámico desde 2015, ha sido adoptada en cantidades significativas y fuera de los canales formales de adquisición y desarrollo militar.

Estos sUAS poseen una sección transversal de radar mínima, lo que les permite evitar la detección por la mayoría de los sistemas modernos de defensa aérea y de misiles (AMD), lo que los convierte en una herramienta táctica efectiva en el campo de batalla.

Por otro lado, los UAS más grandes clasificados como Grupo 4 o 5 requieren una infraestructura logística y de comunicaciones más robusta. Estos drones, además de proporcionar funciones de RISTA, también pueden desempeñar funciones de ataque con armamento avanzado.

Swarming. La discusión sobre el uso de drones en el campo de batalla se centra en la dicotomía entre calidad y cantidad. Los drones ofrecen la posibilidad de ser empleados en formaciones de enjambres que tienen el potencial de superar las defensas enemigas mediante la saturación y la coordinación.

Aunque la idea de utilizar enjambres de drones no es nueva, su implementación efectiva en conflictos reales ha sido limitada hasta eventos recientes, como fueron los ataques hutíes en Abqaiq y Khurais en el este de Arabia Saudita en 2019. Estos ataques demostraron el potencial disruptivo y el uso viable y efectivo de los enjambres de drones en el campo de batalla.

La tecnología siempre está una década por delante de lo que realmente quieren hacer con el sistema los altos mandos militares. En 2018, China utilizó más de 1.300 drones en un espectáculo de luces en Xi’an, evento que no solo estableció un récord mundial, sino que también mostró la precisión y la capacidad de coordinación que se puede alcanzar con grandes números de drones.

Por su parte, Estados Unidos realizó la Perdix Swarm Demonstration en China Lake donde tres aviones F-18 desplegaron 103 drones sobre un objetivo.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) también ha mostrado interés en la idea del enjambre de drones, impulsando el concepto conocido como Gremlins, que involucra un enjambre de municiones merodeadoras.

Los enjambres de drones han llevado a los países occidentales a reconsiderar sus estrategias de defensa aérea. La guerra en Libia es un ejemplo reciente donde drones económicos turcos neutralizaron sistemas de defensa aérea rusos, lo que sugiere que los drones pueden actuar como una fuerza aérea instantánea y cambiar las dinámicas del campo de batalla.

Los enjambres de drones representan una innovación significativa en el ámbito militar, obligando a los estrategas a reconsiderar sus tácticas y defensas. La capacidad de despliegue masivo y la flexibilidad operativa de los enjambres de drones tienen el potencial de cambiar fundamentalmente la dinámica de cualquier conflicto futuro.

Defensa antiaérea. Desde su aparición, la neutralización de drones representa un desafío significativo para la defensa aérea moderna, ya que su versatilidad y capacidad para evadir sistemas tradicionales de defensa aérea los hacen difíciles de detectar y neutralizar.

Tradicionalmente, los drones han sido derribados utilizando métodos similares a los empleados contra aeronaves tripuladas. Sin embargo, esta estrategia presenta limitaciones importantes.

Por un lado, la detección temprana de drones puede ser complicada, especialmente en entornos donde el radar puede no detectarlos a tiempo. Por otro lado, el uso de aeronaves costosas para defenderse contra drones de menor tamaño puede resultar ineficiente y costoso. Además, la proliferación de drones en el campo de batalla plantea el desafío de interceptar y neutralizar múltiples amenazas simultáneamente.

El principal desafío radica en la detección efectiva de todos los drones, ya que incluso los sistemas militares más avanzados pueden ser vulnerables. Los drones pueden ser interceptados mediante la creación de entornos sin GPS o con interferencia de radio. Sin embargo, si los drones son autónomos, guiados por sistemas ópticos o inteligencia artificial, la única solución es derribarlos físicamente.

Los ejércitos modernos tienen la capacidad de adquirir, entrenar y desplegar drones de Grupo 4 y 5 con efectividad, lo que plantea la necesidad de desarrollar contramedidas avanzadas.

En el campo de batalla actual, la guerra electrónica, los nuevos sensores y la tecnología de puntería mejorada se perfilan como herramientas clave en la lucha contra los drones.

Por ejemplo, se está trabajando para hacer que las ametralladoras calibre .50 sean más precisas o incluso “guiadas”.

Los conflictos en Ucrania y Nagorno-Karabaj han resaltado la necesidad de sistemas de defensa aérea y misiles actualizados para enfrentar a los sistemas aéreos no tripulados. Los ejércitos necesitan implementar sistemas de defensa contra UAS (C-UAS) más robustos para negar el espacio aéreo y, en el mejor de los casos, interceptar y destruir los drones.

La importancia de entrenar y equipar a las unidades para enfrentar las amenazas de drones, incluidos los drones del Grupo 1-3, se ha vuelto cada vez más evidente.

Estrategias consideradas obsoletas han reaparecido, como la guardia aérea, la reacción al ataque aéreo y el uso de armas pequeñas para derribar drones están siendo reconsideradas y adaptadas para la lucha C-UAS.

El uso cada vez más frecuente de UAS, especialmente aquellos del Grupo 1-3, como los observados entre Ucrania y Rusia, ha evidenciado la necesidad crítica de expandir la cobertura de sistemas C-sUAS para contrarrestar esta amenaza. La rápida adopción de armas C-sUAS por parte de los combatientes subraya la urgencia de esta expansión.

Ya que las plataformas de AMD actuales no son capaces de interceptar adecuadamente estos UAS por su abundancia, bajo costo y facilidad de uso, es necesario que los ejércitos modernos integren capacidades C-sUAS en todas sus fuerzas. Los sistemas C-sUAS, como el Sistema de Detección y Neutralización de Amenazas Múltiples (M-LIDS) y cañones “drone buster”, deben estar disponibles de manera orgánica para todas las unidades militares, tanto de maniobra como de apoyo.

La necesidad de una cobertura de radar de 360 grados, y de radares capaces de detectar más allá del horizonte es fundamental para detectar drones, que se mueven de manera impredecible y no siguen trayectorias predecibles como otros objetivos. Esto requiere sistemas de detección avanzados que puedan ver más allá del horizonte en todas las direcciones.

El Ejército de los Estados Unidos reconoció esta amenaza en 2017, adaptando sistemas como el Phalanx de Raytheon y el C-RAM de Northrop para enfrentar a los drones.

El desarrollo de tecnologías como los láseres de baja frecuencia, como el proyecto Light Blade de OptiDefense, presenta una nueva vía para la defensa contra drones. Estas tecnologías tienen el potencial de derribar drones de manera eficiente y sin la necesidad de reponer municiones. Sin embargo, un inconveniente significativo es la necesidad de desplegar grandes cantidades de estos sistemas para defender áreas extensas.

La tecnología para crear y contrarrestar enjambres de drones existe, pero implementar soluciones antiswarm en cada base y ubicación sigue siendo un desafío logístico y económico considerable.

El papel de los drones en operaciones de información. El uso de Sistemas Aéreos No Tripulados ha trascendido su función inicial en combate para convertirse en una herramienta crucial en las operaciones de información durante conflictos armados.

El conflicto de Nagorno-Karabaj en 2020 entre Armenia y Azerbaiyán no solo evidenció un uso generalizado de UAS, sino también la instrumentalización de la información sobre su empleo. Ucrania ha reforzado las observaciones hechas durante el conflicto de Nagorno-Karabaj.

Ambos lados en estos conflictos han utilizado UAS en operaciones de información, donde los medios de comunicación gubernamentales han desempeñado un papel activo al compartir imágenes y videos de UAS en acción, ya sea golpeando objetivos o vigilando fuerzas enemigas.

El propósito detrás de la difusión de estas imágenes es claro: proyectar una imagen de éxito militar en el campo de batalla para asegurar el apoyo doméstico y captar la admiración internacional. Esta estrategia de comunicación busca influir en la percepción pública y la narrativa del conflicto.

Si bien es común que todos los lados en un conflicto inflen sus logros y minimicen los fracasos, el hecho de que las operaciones con UAS sean tan centrales y se informen con tanta frecuencia demuestra que los UAS no solo son valiosos por sus capacidades tácticas sino también por su impacto estratégico en la guerra de la información.

Cuestionamientos. El uso de drones en operaciones militares y de vigilancia ha sido criticado por sus implicaciones éticas y generado debate sobre su impacto psicológico en los operadores. A menudo, la percepción pública puede caer en la estereotipación, comparando el manejo de drones con jugar videojuegos. Sin embargo, la realidad de los operadores de UAV es considerablemente más compleja.

Según Wayne Phelps, la labor de las tripulaciones de UAV es frecuentemente voyeurista, monótona y, en ocasiones, angustiante, distando mucho de la experiencia lúdica de un videojuego, presentando desafíos emocionales y mentales significativos.

La reducción del riesgo personal para los operadores de drones puede influir en su capacidad para equilibrar las demandas tácticas con las consideraciones éticas y las prioridades estratégicas. Las dinámicas psicológicas de los operadores pueden verse afectadas por la distancia al objetivo y la naturaleza de las misiones que realizan. Estos factores pueden alterar su percepción de la realidad del conflicto y su impacto en las vidas humanas.

La guerra remota ha sido objeto de críticas debido a su potencial para distorsionar la conciencia situacional y permitir que las decisiones de vida o muerte se tomen a distancia, alejadas de las complejidades y matices de un campo de batalla físico.

El futuro del uso de drones en el campo de batalla. A medida que los drones militares y comerciales se vuelven más asequibles, accesibles y fáciles de operar, su proliferación entre militares y grupos armados de todo el mundo continuará en aumento. Aunque la tecnología de drones ha avanzado significativamente, su potencial aún no se ha explotado completamente, principalmente debido a la falta de visión estratégica.

Actualmente, no existe un “profeta del poder de los drones”, es decir, no hay un líder militar visionario que haya adoptado los drones en masa para transformar completamente el arte de la guerra, como lo hicieron los comandantes de tanques en la década de 1930.

Esto deja varias posibilidades para el futuro de los drones, que van desde su integración con aeronaves tripuladas hasta su uso como una fuerza independiente. Otra opción es adoptar un enfoque de drones de múltiples capas, integrándolos en las operaciones de todas las ramas militares, o emplearlos en enjambres masivos como un sistema de armas desechable para lograr la dominación táctica.

La limitación actual en el uso de drones está dada por la intervención humana en su operación. Por esta razón se está investigando y desarrollando inteligencia artificial para permitir que los drones realicen la mayor parte de sus operaciones de forma autónoma, mientras que los humanos supervisan y guían la misión en su conjunto.

El país que logre integrar completamente los drones en cada aspecto de sus operaciones militares obtendrá una ventaja táctica y estratégica significativa. La cuestión clave es determinar el número de drones que se desplegarán, el nivel de IA que se integrará en ellos, y si predominarán los drones de alta gama, cuyo valor disuade su sacrificio, o si se optará por enjambres de drones utilizados como bombas inteligentes y misiles de crucero.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión, News

Realidad carcelaria al límite. El Mercurio

                                                   Realidad carcelaria al límite

Las condiciones de ejecución de las penas de encierro en Chile pueden considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Mientras los líderes políticos de izquierda y de derecha apuestan por incrementar el uso de la cárcel —los primeros, para los delitos de “cuello y corbata”; los segundos, especialmente para los delitos violentos—, la realidad de los recintos penitenciarios en Chile no resiste más. Cumpliendo los deberes propios de su cargo, los fiscales judiciales de Santiago y de San Miguel han realizado recientemente sendas presentaciones, dando cuenta de las vulneraciones que están sufriendo los internos y las internas a causa de las condiciones en que se encuentran encerrados. En lo mismo vienen insistiendo desde hace años los magistrados en sus informes de visitas de cárcel y la Defensoría Penal Pública.

En el caso del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, el fiscal judicial de la Corte denunció a comienzos de este mes que las internas embarazadas, “se encuentran gravemente expuestas a sufrir complicaciones de salud e incluso la muerte”, desde que la referida unidad carcelaria no cuenta con autorización sanitaria para funcionar ni con los estándares mínimos para atender los requerimientos médicos de la población penal. Agregaba que ya existen fallos confirmados por la Corte Suprema que, después de un año, aún están pendientes de ejecución: “Se ha constatado que la dotación del equipo de salud es incluso peor, a la fecha, que la existente antes de la interposición de ambos recursos que tuvieron su origen en graves hechos ocurridos al interior de la cárcel, uno de los cuales culminó con la muerte de una imputada y el otro, con una mujer privada de libertad dando a luz en un pasillo adyacente a los depósitos de basura”.

La situación no es distinta en Colina Uno. Según denunciaba el fiscal judicial subrogante de la Corte de Santiago en marzo de este año, dependencias antes destinadas a la reinserción social de los internos o a sus necesidades de salud, de asistencia jurídica o a actividades educativas, han sido redestinadas en el último tiempo a servir como dormitorios, de manera que hay internos pernoctando en bodegas e incluso en comedores. Destaca la inexistencia de condiciones adecuadas para las personas recluidas, muchas de las cuales presentan movilidad reducida, tienen bolsas urinarias externas, están en silla de ruedas o son ciegas, además de padecer diversas enfermedades en estado avanzado. Cita, además, el caso del fallecimiento de un recluso por peritonitis aguda como consecuencia de no haber sido derivado al centro de salud más cercano, lo que, en palabras de un informe de enero de este año, “concluyó en una muerte absolutamente evitable”.

También en enero de este año, una reclusa del centro penitenciario de Iquique dio a luz a su hija al interior de la cárcel. Al momento del parto solo fue atendida por otras internas, quienes pidieron ayuda a viva voz a funcionarios de Gendarmería. Todos carecían de experiencia y del equipamiento adecuado para brindarle atención. Por cierto, tampoco se realizaron los controles prenatales durante las cuatro semanas anteriores al parto. Junto con constatar que la mujer estaba obligada a dormir con la recién nacida en una misma cama, la Corte Suprema afirmaría que “las mujeres embarazadas no reciben la información sobre la gestación, su nutrición ni la agenda de salud”, como tampoco los beneficios estatales del programa Chile Crece Contigo.

Las condiciones de ejecución de las penas de encierro en Chile pueden considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el responsable de estas violaciones a los derechos humanos de los reclusos es el Estado de Chile. Esta ha de ser la primera prioridad para el sistema penal chileno, condición indispensable de todo lo demás.

Editorial El Mercurio

Martes 16 de abril de 2024

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Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

CUIDADO: NO PIDA AYUDA A CHATGPT CON LA ORTOGRAFÍA.Esteban Vázquez-Cano, Profesor Titular de Universidad (Facultad de Educación) Didáctica y Organización Escolar, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

 

                                                                           CUIDADO: NO PIDA AYUDA A CHATGPT CON LA ORTOGRAFÍA

Esteban Vázquez-Cano, Profesor Titular de Universidad (Facultad de Educación) Didáctica y Organización Escolar, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

The Conversation, 17/04/2024

Hace unas semanas, mi hija de 11 años estaba realizando unos ejercicios de ortografía que le habían puesto en el colegio. Me acordé de que solía dar a mis estudiantes de instituto un ejercicio que consistía en corregir los errores ortográficos de 20 oraciones sencillas del español que el procesador de textos Word no identificaba.

Así que se lo puse a mi hija para que practicara un poco de cara al examen.

Mi hija, una vez hecho el ejercicio, me lo trajo para que se lo corrigiera. Le propuse: “Antes de decirte lo que tienes bien y mal y por qué, vamos a preguntar a un profesor que sabe de todo, que se llama ChatGPT. A ver qué nos cuenta y cómo corrige el ejercicio”. Junto a ella, escribí la siguiente consulta o prompt:

“Hola, ChatGPT. ¿Me puedes decir si las siguientes oraciones tienen errores ortográficos de acentuación o puntuación, corregirlos y explicármelos?”.

De los 24 errores, no identificó o corrigió mal diez: el 41,6 %. Y en las explicaciones “alucinaba”, es decir, se inventaba las reglas, no identificaba los errores o los explicaba mal. Sirvan de ejemplo estas dos oraciones:

Maria dijo que no.

Corrección: María dijo que no.

Explicación: “María” lleva tilde en la “í” porque es un nombre propio.

Según ChatGPT, María lleva tilde no por ser un hiato (dos vocales en sílabas diferentes, una de ellas cerrada “i” y la otra abierta “a”), sino que la tilde le corresponde porque es un nombre propio. Así que a partir de ahora las “Isabeles” o los “Ismaeles” también deberían llevar tilde, si aplicamos su razonamiento.

Cuánto más come más engorda.

Respuesta: Esta oración está correctamente escrita y puntuada.

“Cuánto” no tiene en esta oración sentido ni interrogativo ni exclamativo, sino adjetivo, por lo tanto, no lleva tilde. Asimismo, después de “come”, se escribe una coma porque se introduce una oración consecutiva.

Una vez que fuimos viendo los resultados y yo le expliqué en qué se había equivocado ChatGPT a la hora de corregir el trabajo, como se pueden imaginar, el comentario de mi hija fue: “Pues vaya profesor, como sea este el que me tenga que explicar la ortografía, no apruebo ni loca”.

Desarrollo de aprendizajes no artificiales. Con el pretexto de este ejemplo real, quiero poner de relieve una de las preocupaciones mayores que está generando la inteligencia artificial en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje.

Algunos docentes y muchos estudiantes están depositando en inteligencias artificiales como el famoso ChatGPT o Copilot, entre otras muchas, la realización de determinadas tareas, ejercicios, actividades, proyectos o trabajos.

Estos programas, en muchas ocasiones, los realizan con solvencia. Por ejemplo, suelen aportar resúmenes valiosos. Pero en otras muchas ocasiones genera explicaciones erróneas o inventadas muy lejos de la realidad; lo que en la literatura científica se ha denominado “alucinación”.

La reflexión crítica y la producción de contenido constituyen competencias esenciales para los estudiantes en su desarrollo académico. El fácil acceso a la inteligencia artificial para la realización de estas tareas debe empujar a los docentes a repensar su didáctica y los procesos de evaluación hacia el desarrollo de aprendizajes “no artificiales”.

Se trata de enseñar a usar las inteligencias artificiales de manera consciente, crítica y reflexiva con los resultados que nos proporcionan y cómo utilizarlos para aprender más y mejor.

Enseñar a detectar errores. En este sentido, hacer visibles los errores, alucinaciones y las inconsistencias de las inteligencias artificiales debe ser hoy en día uno de los contenidos transversales (así lo recomienda la UNESCO) en las diferentes áreas y materias que conforman tanto la enseñanza preuniversitaria como la universitaria.

Una competencia no muy diferente, por ejemplo, a la de saber detectar noticias falsas o vídeos manipulados, bulos y mentiras en la información publicada en redes sociales.

Atajos a cambio de qué. Como estudiantes podemos sentirnos inclinados a buscar atajos, hacer “chuletas” para exámenes, copiar del compañero, descargar un trabajo del ya en el pleistoceno “Rincón del vago” o ver la película para no leer el libro.

Pero usar atajos puede estar bien si sabemos a qué nos exponemos. Es como decidir si comprar un coche en oferta que frena el 70 % de las veces o un coche más caro que en principio no falla. La conclusión es clara: si compras el barato, en alguna curva te quedarás.

Por cierto, mi hija tuvo un 30 % de fallos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

EMBAJADOR VALDÉS ENVÍA CARTA DE PROTESTA POR DICHOS DE SENADOR RUBIO (EE. UU) SOBRE HEZBOLÁ EN CHILE Mesa de noticias de El Mostrado

 

                                                                              EMBAJADOR VALDÉS ENVÍA CARTA DE PROTESTA POR                                                                                  DICHOS DE SENADOR RUBIO (EE. UU) SOBRE HEZBOLÁ EN                                                              CHILE

Mesa de noticias de El Mostrador, 17/04/2024

El embajador de Chile en EE. UU, Juan Gabriel Valdés, presentó una carta de molestia ante el Congreso del país norteamericano por los dichos del senador republicano Marco Rubio, quien dijo que Hezbollah está en Chile y que bajo el Gobierno “han tenido una retórica dura” con Israel.

A raíz de las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre vínculos del grupo terrorista Hezbollah con Chile, el embajador de Chile en EE. UU, Juan Gabriel Valdés, presentó una carta de molestia ante el Congreso del país norteamericano.

Según reportó en primera instancia El Mostrador, Rubio, el pasado 11 de abril y en medio del ataque de Irán a Israel, dijo ante la subcomisión de Relaciones Exteriores estadounidense que “una de las cosas a las que pienso que no hemos puesto suficiente atención es a la presencia de Hezbollah en nuestro hemisferio”.

En ese sentido, “un lugar donde ha estado por un tiempo es Chile”, cosa que le preocupa porque “bajo el Presidente Gabriel Boric, los chilenos han tenido una retórica muy dura acerca de Israel”.

“Creo que tenemos sanciones a las empresas dirigidas por Hezbollah con sede en Chile. Pero Chile se ha abstenido de designar a Hezbollah como organización terrorista. ¿Creemos que están haciendo lo suficiente para reprimir las operaciones de Hezbollah en el país? y ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos comunicando sobre lo que esperamos que hagan?”, cuestionó.

Los dichos de Rubio fueron respondidos por el embajador Valdés, quien le envió una carta al senador Tim Kaine, quien preside la instancia donde Rubio emitió sus declaraciones. “Señor Presidente, con el debido respeto, estas declaraciones carecen de fundamento fáctico y son gravemente engañosas”, dijo Valdés.

“Chile nunca ha tenido empresas sancionadas por Estados Unidos por estar vinculadas con Hezbollah o cualquier otra organización terrorista. Chile no tiene empresas dirigidas por Hezbollah. Hoy la Policía de Investigaciones – PDI, a través de sus Brigadas Especializadas, y también mediante coordinación permanente con el FBI y otros servicios del hemisferio mantiene un seguimiento constante de actividades o acciones ilegales que puedan amenazar la soberanía de nuestro país, las cuales, de ser creíbles, son denunciadas a la entidad fiscal para iniciar el proceso investigativo. Actualmente no existe ningún proceso de investigación sobre alguna actividad en Chile vinculada al grupo terrorista mencionado por el senador Rubio”, añadió, agregando que estarán “sumamente agradecidos si la oficina del Senador Rubio nos brindara la información que respalde sus acusaciones”.

“Lo que considero inaceptable e insultante para Chile -agregó Valdés- es la afirmación del senador estadounidense de que la opinión de nuestro gobierno y de nuestro Presidente sobre la actual guerra y la violación del derecho humanitario en Gaza por parte del gobierno israelí podría significar la apertura de nuestro territorio a las actividades de Hezbollah o de cualquier otro grupo terrorista. Esta declaración contradice una historia de muchas décadas de amistad y confianza entre nuestras dos democracias”.

Sin “base real”. En conversación con radio Infinita, el embajador Valdés agregó que “el senador Rubio dijo que Chile había recibido castigos de Estados Unidos por tener empresas que eran dirigidas por Hezbollah. Eso es una situación que no se ha dado nunca en nuestra historia. Por lo tanto, no tiene ninguna base real”.

Valdés sostuvo que para presentar la carta y argumentar su molestia, conversó previamente con la Policía de Investigaciones (PDI), desde donde le dijeron que lo señalado por Rubio “no era así”.

También, le comentaron que el organismo trabaja permanentemente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, el cual “jamás había manifestado ninguna preocupación por este tema en este momento”.

“Entonces, la verdad es que nosotros no podemos dejar de reaccionar sin molestia ante una serie de afirmaciones que carecen de base. No hay ninguna realidad para esas acusaciones”, sentenció.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.