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LA TRAVESÍA DE RONALD OJEDA: EL TENIENTE (R) QUE ESTABA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA VENEZOLANA Esteban González y Amelia Eguiguren

                                                                       LA TRAVESÍA DE RONALD OJEDA: EL TENIENTE (R) QUE                                                                                           ESTABA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA VENEZOLANA

Esteban González y Amelia Eguiguren

La Tercera Domingo, 25/02/2024

Detrás del cinematográfico secuestro del exmilitar, quien vivía en Chile desde agosto de 2018, se esconde una historia de presuntas conspiraciones, operaciones de inteligencia y el escape desde una prisión destinada a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Amigos de Ojeda reconocen que desde mediados de enero estaba en alerta: la supuesta confesión de un excapitán capturado, con quien mantenía fluido contacto, lo había situado como parte de un presunto plan para atacar un regimiento y matar al mandatario venezolano.

“Voy a hablar del caso ‘Brazalete Blanco’”, dijo en una extensa conferencia de prensa el pasado 14 de febrero Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público de Venezuela. “Esto consistía en la planificación de un ataque contra la 21° Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, luego de atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y, posteriormente, iniciar una escalada de actos terroristas hasta el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro”, expresó Saab en un tono duro y pausado.

“Brazalete Blanco” es el nombre que se le habría dado a la supuesta operación de inteligencia en la que, según las autoridades venezolanas, estaría involucrada la DEA, agencia estadounidense contra las drogas, y la CIA, agencia de inteligencia norteamericana.

El caso, denunciado inicialmente por Venezuela el pasado 22 de enero junto a otras cuatro tramas de presuntas conspiraciones, ha provocado una ola de detenciones de exmilitares y opositores al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos está la abogada y activista Rocío San Miguel, cuya captura gatilló también la expulsión de Caracas de la oficina técnica del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“No voy a mencionar todos los nombres, pero hay por este caso 19 involucrados, hay además 15 órdenes de detención por ejecutar, porque muchos están prófugos. Pero hay una detención clave, que fue la del exmilitar terrorista Ányelo Heredia”, explicó Saab en su conferencia.

De inmediato, el fiscal general pidió que se reprodujera un video que, agregó, fue clave para desbaratar la supuesta conspiración. Para varios exmilitares de ese país esta sería una pieza clave para entender el cinematográfico secuestro en Chile del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno (32), ocurrido a las 3.10 horas del pasado martes desde su departamento en Independencia.

“Emprendí mi salida desde Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta (Colombia), donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela, evadiendo las alcabalas fronterizas”, dice en el video mirando a la cámara y vestido con un uniforme carcelario celeste el excapitán Ányelo Heredia Gervasio. Heredia fue detenido el 14 de diciembre pasado, cuando, presuntamente, se preparaba para iniciar la operación “Brazalete Blanco”.

En su supuesta confesión, Heredia también delató a quienes lo acompañarían en su plan de sabotaje. “Con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo”, se escucha decir al excapitán. En Chile, y tras ver el video, el exteniente Ronald Ojeda supo de inmediato que se había convertido en un objetivo de la justicia venezolana, aseguran hoy sus amigos.

“Quedó muy preocupado, muy afectado en general. El año pasado Ronald tuvo mucho contacto con el capitán Heredia. Sabía que él no se prestaría para algo así, a menos que fuese por amenaza a su familia o tortura”, recuerda hoy desde España el también exteniente Eduardo Figueroa Marchena, quien compartió durante casi todo 2017 prisión con Ronald Ojeda en el penal de Ramo Verde, cerca de Caracas.

“También le preocupaba la situación en Chile luego de esa declaración. Creía que le podía afectar. Le recomendé que estuviera muy atento. Me dijo que lo estaría, que estaba cambiando sus rutinas”, rememora Figueroa sobre la última conversación que tuvo con Ojeda el lunes pasado, dos días antes de su desaparición. Desde noviembre del año pasado Ojeda recibió la calidad de refugiado político en nuestro país.

El secuestro de Ojeda -quien fue sacado a la fuerza desde su casa por cuatro sujetos armados, vestidos con pasamontañas y chalecos antibalas con logos de la PDI- ha llevado al gobierno de Chile a ponerse en “todas las hipótesis detrás del plagio”, entre ellas, un secuestro extorsivo por parte de bandas relacionadas al Tren de Aragua e, incluso, la posibilidad de un autosecuestro para generar impacto político.

Pero el hecho de que a cuatro días del rapto no se haya pedido dinero por su rescate, sumado al activismo antichavista de Ojeda y su supuesta vinculación con la operación “Brazalete Blanco”, han incrementado la teoría de un “secuestro poco común”. Una trama que tiene en vilo a su familia, pero también al gobierno de Chile y al Ministerio Público.

Secuestro en la torre 14. Es la mañana del jueves 22 de febrero y las miradas de los vecinos que salen del condominio ubicado en calle El Molino 1775, en la comuna de Independencia, son una mezcla de miedo y curiosidad ante el cerco de cámaras de televisión en el lugar. “Quienes sean los que hayan hecho esto, supieron hacerlo muy bien”, dice una residente sobre el secuestro de Ronald Ojeda.

Otros vecinos relatan que en el conjunto de dos edificios, de 25 pisos cada uno y de 600 departamentos en total, más de dos tercios de los habitantes son venezolanos, que se autodefinen “de clase media”, varios de los cuales dejaron propiedades y negocios en su tierra al emigrar a Chile.

El lugar está a sólo dos cuadras de un gran recinto de Carabineros que alberga el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la 30° Comisaría de Radiopatrullas y la 57° Comisaría Motorizada de la institución.

“Esto es algo muy delicado, la policía está a cargo y la orden es que ninguno de los conserjes puede decir nada de lo que pasó”, advierte brevemente el administrador sobre los hechos que ocurrieron a las 3.10 horas del pasado martes 20 de febrero, en el piso 14 de la torre A.

Horas más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había confirmado que un grupo de cuatro desconocidos llegó a bordo de un auto gris marca Nissan, modelo Versa, del año 2020, al conjunto habitacional. En su parabrisas, una luz estroboscópica azul como las que usa la PDI destelló ante las cámaras de seguridad del condominio.

Desde su interior bajaron tres sujetos corpulentos, vestidos con equipamiento táctico, pasamontañas, cascos, banderas chilenas en sus brazos y con un caballete de los que usa la policía para derribar puertas en allanamientos.

“En la noche siempre quedan dos conserjes de turno. A esa hora uno andaba haciendo una ronda por los pasillos y el otro, que estaba solo, creyó de verdad que era la PDI la que había llegado y los dejó pasar”, relata otra vecina.

Rápidamente, los tres hombres tomaron uno de los ascensores de la torre A. Imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas horas más tarde, los mostraron al interior conversando y manipulando sus teléfonos celulares, hasta que con total calma se bajaron en el piso 14.

Lo que vino después fue escuchado por varios de los vecinos. Un golpe seco que dejó un orificio en la puerta del departamento de Ojeda y los gritos desesperados de Jetsy, su mujer, y del hijo de ambos, de seis años.

“Se escucharon unos gritos muy fuertes, me despertaron. Pero no salí a mirar ni nada. En el chat de WhatsApp del edificio dijeron que la PDI se había llevado a alguien y los otros vecinos sólo reclamaron que por qué estaban haciendo ruido a esa hora, que eran gente de mal vivir”, comenta una vecina venezolana del piso 13 de la misma torre, quien por temor pide reserva de su identidad.

Las cámaras de seguridad difundidas por diferentes medios el jueves pasado mostraron a Ojeda semidesnudo, maniatado y tomado del cuello por uno de los tres falsos policías. Luego, sin forcejeos aparentes y con pistola en mano, uno de los hombres lo subió al falso auto policial que los esperaba al interior del estacionamiento de visitas.

Posteriormente, a las 3.57 horas, Costanera Norte detectó a través de sus cámaras que en la autopista en dirección al poniente, entre Bulnes y General Velásquez, en la comuna de Renca, un auto había sido abandonado.

Se trataba del mismo vehículo al que 46 minutos antes había sido subido Ronald Ojeda, el que llevaba patentes clonadas desde hace unos seis meses desde otro auto de la misma marca, modelo y color. Según ha trascendido, en las cámaras de la concesionaria no habría quedado registro de los captores subiendo al secuestrado a otro vehículo.

Por horas la versión de una detención policial siguió siendo lo que la comunidad del edificio creyó que había pasado. “Los ánimos no estaban muy buenos. La noche anterior había ocurrido un apagón y todo el mundo reclamaba contra la administración. Por eso, después de los gritos siguieron haciendo sólo reclamos”, señala la misma vecina del piso 13.

Sólo horas más tarde, cerca de las 6 de la madrugada, otro de los residentes escribió “no fue la PDI, fue un secuestro” en el chat. Lo que vino después fue silencio. “Su mujer está en el grupo de WhatsApp y todos entendieron que era mejor no decir nada más”, sostiene la mujer.

A esa hora Carabineros ya había recibido la denuncia hecha por la esposa de Ojeda y descartado que fuera una diligencia real de la PDI. El primer relato de la mujer habría apuntado de inmediato a que los captores tenían acento extranjero y a que el secuestro había sido orquestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

Pero, hasta ahora, eso sigue siendo un absoluto misterio y una de las varias hipótesis del caso.

La contrainteligencia del teniente Ojeda. Nacido el 2 de septiembre de 1991, Ronald Ojeda proviene, según recuerdan sus cercanos, de una familia de pocos recursos. Por ello, no fue extraño que a los 16 años optara por la carrera militar.

De esa manera, el año 2008 ingresó a la Academia Militar de Venezuela. En uno de los varios videos que Ojeda grabó estando en Chile, relató que “yo era un niño por ese tiempo (…) y ese eslogan de la revolución bolivariana para mí era incomprensible”.

Sobre esa misma época el exmilitar secuestrado dijo en el video que “por esos años yo ya no era el joven militar, ya no era el joven estudiante de un instituto de formación de oficiales donde va a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, sino que simplemente un militante de un partido más”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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¿SECUESTRO O ENTREGA NEGOCIADA? EL PAQUETE CHILENO. Ángel Alberto Bellorin, Coronel Retirado del Ejército Venezolano

 

                                                                        ¿SECUESTRO O ENTREGA NEGOCIADA? EL PAQUETE CHILENO

Ángel Alberto Bellorin, Coronel Retirado del Ejército Venezolano

Caracas, Venezuela, 22/02/2024

A propósito del presunto secuestro del joven Teniente del ejército venezolano de nombre Ronald Ojeda, ocurrido hace dos días en Chile, no se debe pasar por alto esta noticia que anexo.

Leyendo su contenido se puede mirar el bosque más allá del árbol puesto en escena. Algo huele mal y a quemado en Chile.

Observando las noticias en desarrollo sobre el tema, desde Santiago de Chile, puede determinarse que el vocero oficial sobre la investigación de la “desaparición”, que está generando órdenes de bloqueos fronterizos y alertas de interpol, es un Viceministro de nombre Manuel Monsalve.

Revisando la noticia compartida y videos sobre el tema, se verifica que el señor Monsalve estuvo en Venezuela el 18 de Enero de este mismo año y fue firmante de sendo convenio socialista de “Cooperación policial y criminal” entre Chile y Venezuela.

A pocos días de la firma de tal convenio secreto hasta ahora, no debe descartarse que este hecho sea producto de un acuerdo entre gobiernos y nos estén vendiendo a Venezuela y al mundo un “paquete chileno”.

Por todo lo anterior, es lógico pensar en una entrega controlada y directa del gobierno chileno a su homólogo socialista venezolano.

Esa rapidez en el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad que el oficial ya está en Venezuela, no es casualidad. Muy difícil una operación aislada tipo comando israelí en la extracción de Eichmann en Argentina.

La extradición tiene demasiada formalidad legal y judicial y Maduro necesita urgente más testigos militares que declaren que María Corina es la cabecilla de la operación Brazalete Blanco.

La comandante en jefe del ejército liberal restaurador del siglo XXI.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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OTRO MILITAR DESERTOR QUE VIVE EN CHILE PIDE PROTECCIÓN POLICIAL Y FISCALÍA IDENTIFICA DOS AUTOS MÁS UTILIZADOS EN SECUESTRO DE TENIENTE (R) VENEZOLANO. Víctor Rivera. La Tercera

 

                                                                                           OTRO MILITAR DESERTOR QUE VIVE EN CHILE PIDE                                                                                            PROTECCIÓN POLICIAL Y FISCALÍA IDENTIFICA DOS                                                                                             AUTOS MÁS UTILIZADOS EN SECUESTRO DE                                                                                                          TENIENTE  (R) VENEZOLANO

Víctor Rivera

La Tercera PM, 23/02/2024

Los investigadores detectaron dos patentes más asociadas al ilícito, cuyos vehículos tampoco cuentan con encargos por robo. En paralelo, Carabineros recibió una denuncia de otro exuniformado del país caribeño, quien en Talca dijo conocer a la víctima y tener “miedo” de que le ocurra algo similar. Se le dispuso una medida de protección de rondas periódicas en su domicilio.

A 48 horas del secuestro del teniente coronel (R) Ronald Ojeda, ni las policías ni las Fuerzas Armadas (FF. AA.), fiscales, y menos las autoridades de gobierno, saben cuáles fueron las motivaciones de la desaparición del exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro.

La perplejidad, por ahora, es total, tanto así, que en las distintas reuniones que ha sostenido el gobierno con el equipo investigador del caso -el fiscal Héctor Barros y el jefe de la PDI, Sergio Muñoz-, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario, Manuel Monsalve, solicitan antecedentes para responder su principal inquietud: “¿Qué fue lo que pasó acá?”.

Los antecedentes del caso, por ahora, apuntan a tres hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana; un autosecuestro; o bien, un urdido plan de venganza del crimen organizado.

En esa búsqueda para despejar cada una de estas líneas investigativas es que los investigadores detectaron la utilización de dos autos más para concretar el secuestro de Ojeda.

En la revisión de las cámaras de seguridad, tanto de las autopistas como las de tránsito en las calles cercanas a la zona norte de la capital, se identificaron dos patentes asociadas al secuestro. Los vehículos, si bien no han sido encontrados, de acuerdo a la revisión que hicieron los policías, no cuentan con encargo con robo vigente.

Lo mismo ocurrió con el único auto encontrado hasta ahora, en la Costanera Norte, y que resultó tener una patente clonada.

Otro de los peritajes relevantes en la indagatoria será lo que resulte del análisis del teléfono celular de la víctima, el cual ya está siendo periciado por los investigadores. Hasta ahora, sin embargo, no han dado con mensajes que den cuenta de amenazas o hechos que apunten a que haya tenido algún tipo de rencilla con alguna banda delictual.

En esa misma línea, quienes han conocido los testimonios de sus familiares, Ojeda no habría advertido a sus cercanos que se sentía amenazado o vigilado. Sin embargo, acá los peritos hacen una advertencia, pues la manera y el horario en que se ejecutó el secuestro, dio cuenta de una preparación previa y actuaron sabiendo que la víctima estaba en su domicilio, y totalmente desprevenido.

“Temo por mi vida”. Paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía, sumaron otra denuncia asociada indirectamente al caso.

El mismo miércoles en la tarde, tras conocerse y estallar el caso del teniente (R) Ojeda, un exuniformado venezolano, también desertor del régimen de Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros, en Talca.

“Temo por mi vida”, les dijo a los carabineros presentes en el lugar y aseguró -de acuerdo a su denuncia- conocer al teniente (R) Ojeda y estar en la misma condición de él, es decir, refugiado.

Por lo mismo, pidió a Carabineros protección policial, sin embargo, al policía derivó la solicitud a la Fiscalía, quienes accedieron a lo solicitado.

En base a esa resolución del Ministerio Público, la policía uniformada dispuso una medida de protección de rondas periódicas en torno al exmilitar venezolano, las cuales comenzaron a ejecutarse a partir de la jornada del jueves 22 de febrero.

Gobierno reconoce que el paradero de la víctima es “por ahora desconocido”. En el Ejecutivo están al tanto de la medida de protección dispuesta al militar (R) en Talca, dado que su preocupación en torno al caso es alta, más cuando las horas avanzan y se desconoce la motivación del secuestro, como también el paradero de Ojeda.

Por ahora, el gobierno concretó el ingreso de la querella anunciada el jueves por el subsecretario Monsalve. En el escrito de 11 páginas dio cuenta, brevemente, de cómo ocurrieron los hechos.

En el relato consignado en la acción judicial ingresada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señalan que “la víctima fue llevada atada de pies y manos, advirtiéndose que los hechores portaban lo que parecen ser armas de fuego y vestimentas similares a las utilizadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Además, en el texto presentado por Interior se señala que a la víctima se la llevaron “por la fuerza en el vehículo en que se trasladaban, hacia un paradero por ahora desconocido”.

Entre las diligencias que el gobierno pidió a la Fiscalía están que se oficie a la Brigada de Investigaciones Especiales con el objeto de que confeccione un peritaje planímetro, que determine los lugares donde se verificaron los hechos y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el secuestro.

El caso sigue abriendo de más interrogantes, tanto a investigadores, policías y las autoridades de gobierno, donde conocer la trama tras el secuestro sigue sin ser resuelto.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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Imposición del Orden y la Seguridad Por una vez digamos la verdad.1 (2). Fernando Thauby García

 

                                                         Imposición del Orden y la Seguridad
                                                         Por una vez digamos la verdad.1 (2)

La “seguridad ciudadana” es el producto de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida.
La percepción de inseguridad en 2023 Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 fue 70,6%
Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.
Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%.
Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco.
Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.
La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”. El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad.
Este concepto evolucionó hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” sino a garantizar la “calidad de vida” de los mismos. Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia.
Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado. Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando.

En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento pre- revolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación. Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión: el descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.
Si sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat es completamente naturales y fundados. A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos y judiciales.
Volviendo al tema que nos interesa, si los que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de éste el lugar en donde debemos buscar la causa y no solo hacerlo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile.
Parece evidente que la refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
En este marco, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Para concluir, podríamos decir que el modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de la seguridad de las personas.
Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes hacia la conformación una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.
En una próxima oportunidad, veremos el concepto de Plan Cuadrante y la necesidad de otra organización policial integrada a Carabineros pero operada directamente por el Ministerios del Interior (o de Seguridad Pública), para manejar temas complicados, con fuerte carga política, que conflictúan con la existencia de una policía “comunitaria” realmente eficaz; me refiero al control de disturbios, multitudes agresivas y descontroladas, de grupos políticos violentos y de terroristas, delitos de ocurrencia ocasional pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.

Fernando Thauby García
Melosilla 20 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes

Este paper forma parte de un conjunto de varios documentos que, bajo un mismo título seguido de un número correlativo conforma una propuesta estratégica de seguridad ciudadana.

 

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Imposición del Orden y la Seguridad Por una vez, digamos verdades. Fernando Thauby García

                                                                                Imposición del Orden y la Seguridad
                                                                                    Por una vez, digamos verdades

La reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo texto fue publicado por el gobierno, fue  fraude. En efecto, la ciudadanía creyó que se trataría de la seguridad que les importa a ellos y así lo dejó creer el gobierno. Pero no, el tema era darle más vueltas al manido tema de la “protección de la infraestructura” de servicios por parte de las FFAA.
Del texto quedó claro que el asunto de fondo era constatar que tanto las FFAA como el Gobierno no querían que, durante la existencia de un Estado de Excepción Constitucional específico, éstas se involucraran en la protección de la ciudadanía que vive en áreas urbanas.
Llevamos años dando vuelta al tema de las FFAA en la seguridad interna. El asunto es simple y claro: El responsable y encargado de proveer a los ciudadanos de un entorno seguro en el cual llevar a cabo su vida y actividades es el Gobierno. Todas las Constituciones habidas y por haber así lo establecen. Es el eje del contrato social mediante el cual los ciudadanos entregan parte de su libertad y su dinero al Estado, a cambio de la protección de su vida y sus bienes. En Chile, la Constitución entrega esta tarea al Presidente de la República y éste lo lleva a cabo mediante un conjunto de instituciones que la misma Constitución establece.
Para enfrentar situaciones extraordinarias, la Constitución considera la existencia de Estados de Excepción Constitucional que a su vez requieren su confirmación por parte del Congreso. Este Estado de Excepción otorga al Presidente la facultad de determinar la forma y oportunidad del empleo de las FFAA en tareas de orden y seguridad.
En breve, la responsabilidad de la conservación del orden y la seguridad es responsabilidad del Presidente en tiempos normales, refrendado por el Congreso en tiempos extraordinarios.
Si el poder político (ejecutivo y congreso) quieren eliminar un Estado de Excepción, o modificarlo, es asunto suyo, en el cual los militares no tienen opinión. Es una elección política.
Desde otra perspectiva, la Constitución excluye a las FFAA de las tareas de resguardo del orden y la seguridad pública, pero reconoce que puede haber situaciones “excepcionales” que serán definidas y juzgadas así por el Poder Político; es decir tiene claro que existen situaciones fuera de la normalidad y que se requiere el empleo de medios y recursos de fuerza excepcionales. En este caso, La misma Constitución establece que esas fuerzas son las FFAA, que tienen características de equipamiento, empleo y objetivos específicos derivados también de la misma Constitución. Son fuerzas de combate para la defensa armada y exterior de la República.
Esto nos permite apreciar que si se vive una situación de tal magnitud que el Gobierno declara un Estado de Excepción que lo autoriza a emplear a las FFAA y que éstas son, sin duda, fuerzas de combate, las consecuencias de su empleo son de su exclusiva responsabilidad, ya que el Congreso lo autorizó a emplear los recursos de fuerzas existentes tal y como son. Si quiere otro tipo de capacidades deberá fundar otras instituciones o modificar profundamente las existentes, renunciando a disponer de fuerzas de combate.
Si no era eso lo que quería, debería levantar el Estado de Excepción.
De la misma manera, deberá asumirá que el empleo de las fuerzas tendrá consigo un determinado nivel de eficacia y un probable nivel de bajas. De esta realidad es de donde surge el poder disuasivo del ejecutivo – a través de sus FFAA- hacia los causantes del caos, que los llevará a desistir de sus empeños violentos o a enfrentar conscientemente los efectos de su elección. Es absurdo enviar una fuerza de combate con prohibición de emplear sus medios de combate. Los oponentes, conocedores de esa situación actuarán aún más violentamente. A contrario sensu, su aparición en la escena, estando conscientes que se empeñarán en combate en cualquier momento es, efectivamente disuasivo y las probabilidades que haya un encuentro mayor, decrecen fuertemente.
La derrota de las FFAA es el primer paso de la derrota del Estado.
Por ahora, creo que está establecido, uno, que para un gobierno tomar decisiones a medias es mucho más peligroso de lo que parece y segundo que no debería declarar Estado de Emergencia en una situación que no es tal y que no válida el empleo de fuerzas militares.
Tratar de modificar sobre la marcha la naturaleza de una fuerza de combate es tentar al destino y correr riesgos imposibles de cuantificar.
¿En qué condiciones las FFAA pueden actuar con eficiencia en la protección del orden y seguridad pública? ¿Quién asume las responsabilidades políticas y operativas? ¿Quién manda que?
En una próxima oportunidad revisaremos estos y otros aspectos críticos de este problema.

Fernando Thauby García
Melosilla, 17 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes

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“Geopolítica en las aldeas: las regiones y sus dilemas” ANEPE

                                                          “Geopolítica en las aldeas: las regiones y sus dilemas”

                                                                  Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

La que hasta hace poco fuera nuestra, amalgamada, aldea global, ha comenzado a fracturarse. Una ruptura que ha debilitado significativamente al multilateralismo, pero sin que aún pueda considerarse la aparición de un nuevo orden mundial, sustentado en una multipolaridad ni mucho menos, a pesar del deseo de algunas potencias emergentes y medianas de reemplazar el orden nacido en la post II Guerra Mundial.

Nos encontramos así con un mundo que, a pesar de su elevada interconexión, no ha creado mecanismos o instituciones nuevas para fomentar la negociación, la cooperación o la resolución de los nuevos conflictos, de manera tal que solamente se observa una crítica fuerte y en parte fundada a la multilateralidad, pero que hasta ahora no ha pasado de ser un intento de alterar la distribución del poder global y su institucionalidad.

En estas circunstancias, la geopolítica tradicional ha dado paso a un complejo abanico de factores a considerar que poseen importancia para todos los países del orbe por los efectos que genera y que van configurando una dinámica en función de la cual se establecen áreas de tensión y problemas complejos cuya evolución constituye materia de trabajo de los análisis subsiguientes.

Descargar Mirador Mundial:

https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/mirador/article/view/1070

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ACUSACIONES DESESTIMADAS, ABSUELTOS O A LA ESPERA DE JUICIO: ¿QUÉ PASÓ CON LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?. José Carvajal Vega y Danilo Barra

 

                                                                  ACUSACIONES DESESTIMADAS, ABSUELTOS O A                                                                     LA ESPERA DE JUICIO: ¿QUÉ PASÓ CON LOS CASOS                                                                    MÁS EMBLEMÁTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?

José Carvajal Vega y Danilo Barra

La Tercera PM, 02/02/2024

Diferentes son los escenarios judiciales de los casos más recordados de la crisis social de 2019, como el ataque a Gustavo Gatica, causa en la que aún no comienza el juicio oral. También está el supuesto centro de torturas de Baquedano o los vejámenes sexuales en contra de un estudiante que fueron desestimados por el Ministerio Público. Finalmente, en los apremios ilegítimos que sufrió la ahora senadora Fabiola Campillai ya hay una condena. Todo esto salta a la luz a raíz del “vuelco” en el caso Pío Nono, donde la Fiscalía ofreció un juicio abreviado abriéndose a la posibilidad de que no existiera un homicidio frustrado.

Cuatro años han pasado desde el inicio del estallido social del 2019 y diferentes son los escenarios judiciales de las causas que por aquel entonces se iniciaron por la violación a los derechos humanos de los manifestantes de la crisis social que comenzó el 18 de octubre de ese año.

Y es que, si bien con el pasar del tiempo algunos casos ampliamente viralizados durante el 2019 han sido aclarados o desestimados por la Fiscalía, otros han logrado la condena de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, principalmente por apremios ilegítimos, como es el caso en el que se vio afectada la ahora senadora, Fabiola Campillai.

El registro sale a la luz ahora que hubo un vuelco en la causa del denominado Puente Pío Nono y el ofrecimiento de un juicio abreviado por parte de la Fiscalía, lo que significa un vuelco en lo que se planteó desde un inicio que era un homicidio frustrado cometido por el carabinero Sebastián Zamora. ¿En qué están algunas de las emblemáticas causas del 18-O?

Caso Pío Nono. El viernes 2 de octubre 2020, el adolescente de 16 años, A. A. cayó al río Mapocho desde el Puente Pío Nono impulsado por el excabo de Carabineros, Sebastián Zamora durante las manifestaciones de aquel día en la Plaza Baquedano.

El joven, producto de la caída sufrió fracturas en el cráneo y en sus dos muñecas, consideradas como lesiones graves.

Inicialmente, la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, pidió una pena 8 años de cárcel por el delito homicidio frustrado. Cargos que han sido rechazados por la defensa de Zamora, quien incluso desestimó aceptar un procedimiento abreviado y optó por un juicio oral, en el que pudiese demostrar su inocencia.

La defensa argumenta que la causa de la caída del joven al río sería por un “choque casual” y no habría dolo en su acción. Causa que será resulta, finalmente, en un juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago.

El falso centro de tortura en Baquedano. La madruga del 23 de octubre de 2019, a sólo pocos días del inicio de la crisis social, comenzó a viralizarse un mensaje de WhatsApp. “Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene “comisaría interna”). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente”, decía el mensaje que tenía como origen un joven estudiante de 22 años, Nicolás Lüer Santis.

La denuncia daba cuenta que funcionarios de Carabineros habrían -supuestamente- llevado al joven hasta la comisaría al interior de la estación Baquedano, donde lo habrían torturado y observó amarras desde donde se supone que colgaban a los detenidos e incluso les disparaban.

La magnitud de lo denunciado derivó en que, efectivamente, dos magistrados llegaran hasta el recinto policial bajo tierra, descartando ya en esa instancia que el lugar se habría utilizado como centro de tortura. Sin embargo, igual se enviaron los antecedentes al Ministerio Público.

Un año después la Fiscalía Metropolitana Oriente descartó la existencia del supuesto centro de tortura, e incluso se revelaría que el denunciante pese a declarar jamás formalizó la denuncia. “Lo cierto es que no solamente no se logró acreditar estos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron”, sostuvo el fiscal Álvaro Pérez el 15 de junio del 2020.

Un informe de la PDI -a la que se le encargó la investigación- expuso que, una serie de pericias en el lugar, testimoniales, fotográficas y hasta de cámaras de seguridad del recinto desmentían la denuncia. “No se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado”, dice parte del expediente dado a conocer por La Tercera ese año.

Tiempo después el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago finalmente sobreseyó la investigación.

Un estudiante víctima de vejaciones sexuales. También durante los primeros días de la crisis social de 2019, se comenzó a viralizar en redes sociales la denuncia de Josué Maureira, estudiante de medicina de la Universidad Católica, quien relató haber sido torturado por efectivos de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda tras ser detenido, señalando incluso que en el recinto policial había sido abusado y sometido a vejámenes sexuales.

Con el pasar de los días la propia Fiscalía reformalizó los hechos ocurridos, excluyó y descartó la supuesta agresión sexual, dejan sólo los delitos de torturas y apremios ilegítimos.

Finalmente, en julio del 2022 el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a los siete efectivos policiales que habían sido formalizados por estos hechos, ya que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos denunciados.

Incluso, el tribunal consideró que la utilización de la fuerza por parte de los funcionarios en contra de Maureira se había ajustado a los protocolos.

Pese a que los actos de carácter sexual fueron descartados muy tempranamente en la investigación y que no se pudo comprobar hechos de tortura, el tribunal sí pudo constatar que el estudiante fue agredido con golpes de puños y pies al interior del recinto policial, aunque no se logró acreditar la culpabilidad de los tres funcionarios señalados como los autores de esas agresiones.

Acuña y Veloz. La noche del 23 de octubre del 2019, Mario Acuña (43) se encontraba manifestándose junto a un grupo de personas en una plazoleta de Buin. En ese contexto, llegaron funcionarios policiales lo que provocó que la gente huyera del lugar, pese a eso dos carabineros alcanzaron a Acuña a quien le ordenaron tirarse al piso para luego comenzar a golpearlo.

Los golpes fueron, según sostuvo la Fiscalía, principalmente en la cabeza, generando un traumatismo encéfalo con compromiso nervioso y de la médula espinal, provocando que la víctima quedara con un daño permanente, postrado y con inhabilidad total para trabajar e incluso incapacidad para su autocuidado.

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a los exfuncionarios Henry Cuellar y Víctor Lastra a una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados por la brutal golpiza al trabajador.

En la Región de Coquimbo, en septiembre del año pasado, se condenó a cuatro funcionarios del Ejército por el crimen de Romario Veloz, quien falleció el 20 de octubre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil en el cuello en una marcha en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena.

La condena más alta, a 15 años de cárcel, la recibió el capitán del Ejército, José Faúndez, acusado como autor del delito de violencia innecesaria causando la muerte y dos delitos de violencia innecesaria causando lesiones graves.

Campillai y Gatica. En noviembre del 2019, Fabiola Campillai recibió en el rostro el impacto de una lacrimógena, percutada por el excapitán de carabineros Patricio Maturana, lo que le causó heridas graves que concluyeron en la perdida de la visión de ambos ojos.

El excarabinero fue dado de baja el 28 de agosto de 2020, luego que la institución haya tomado esa decisión por no ayudar a la víctima y omitir el procedimiento legal correspondiente.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretó la sentencia el 11 de octubre 2022, por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en carácter de consumado.

El uniformado fue condenado en octubre del 2022 a la pena de 12 años y 183 días de prisión y es una de las causas que según Amnistía Internacional Chile, forma parte de las 27 condenadas que se han logrado en casos originados en el estallido social.

La defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin embargo, el tribunal de alzada rechazo la solicitud.

En el caso de Gustavo Gatica, la Fiscalía Centro Norte en septiembre del año pasado presentó la acusación y solicitó una pena de 12 años de cárcel para el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien es sindicado como el autor de los disparos que cegaron al entonces joven estudiante de psicología.

El ente persecutor, acusa al otrora funcionario de las extintas fuerzas especiales de la policía uniformada del delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones grave gravísimas.

Luego de la acusación, la causa se encuentra en una etapa previa de la preparación del juicio oral, citándose a los testigos del caso.

La defensa del desvinculado funcionario logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, a quien se le ha acusado de tener posturas poco parciales en las causas relacionadas a la crisis social.

Se espera que se fije una fecha para que inicie el juicio oral en contra de Crespo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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