Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
GOBIERNO INGRESA REFORMA A LEY ANTITERRORISTA Y PROPONE CREAR UNA FIGURA DE “TERRORISMO INDIVIDUAL”
La Tercera, 25/08/2023
Los ministerios del Interior y la Secretaría General de la Presidencia acordaron los términos en que será ingresada la nueva legislación para perseguir este tipo de delitos. El proyecto también busca castigar con penas de hasta 15 años de cárcel para quienes se asocien para “socavar la institucionalidad” o perpetrar ilícitos de incendios, envío de artefactos explosivos y amenazas.
En el Palacio de La Moneda el gobierno anunció este viernes cambios a la Ley Antiterrorista, legislación que data de 1984, a la que se le han intentado hacer constantes cambios.
Luego de dos meses de análisis -y conversaciones con otros poderes del Estado- los ministerios del Interior y la Secretaría General de la Presidencia acordaron las modificaciones que ingresarán hoy al Congreso.
Lo primero que se considera es la creación de un nuevo delito de asociación terrorista (AT), en que se contemplan ciertos elementos que le dan el carácter terrorista propiamente tal, relativos a los fines perseguidos o a los medios empleados por la asociación.
Estos elementos son: “Que se trate de una organización formada por tres o más personas; Que dicha organización tenga una acción sostenida en el tiempo; Fines o características de dichos delitos: finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático u organización internacional; imponer decisiones a una autoridad; aptitud de los delitos para someter o desmoralizar a la población civil”.
Además, considera que “tenga entre sus fines la comisión de uno o más de los siguientes delitos: secuestro o sustracción de menores; tortura; homicidio o lesiones; incendios o estragos con peligro para las personas; ataques con artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios o con armas químicas o biológicas; propagación de elementos peligrosos para la salud y delitos de peligro nuclear”.
Los jefes, fundadores y financistas son sancionados con la pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y 1 día a 15 años); los encargados de reclutar o entregar entrenamiento militar o de combate se les aplica la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y 1 día a 15 años); y los demás integrantes serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).
Sin embargo, también se considerará la creación de la figura de “terrorismo individual”. “Además del delito de formar parte de una Asociación Terrorista, esta nueva regulación crea una figura de terrorismo individual, vinculado a la AT. De tal manera, sanciona como delito terrorista la comisión de cualquiera de los delitos señalados en el apartado anterior, cuando se hubiere cometido por quien, sin formar parte de una AT, actúa en concordancia con o adscribiendo a los fines de esta”, explican en el gobierno.
Asimismo, considerará el proyecto, “se sanciona a quien, sin formar parte de una AT, comete el delito de lanzamiento, colocación o envío de artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios con alguno de los fines terroristas señalados, aunque no lo haga en concordancia con los fines de una Asociación Terrorista”.
También se propone sancionar con la misma pena que prevé la ley vigente (presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y un día a 5 años) a quien provee o recolecta fondos para una asociación, siempre que no forme parte de ella.
En términos investigativos, además, se proponen integrar técnicas que permita el uso de informantes, agentes encubiertos y “mayor facilidad de prueba. La configuración de los delitos que se propone es menos exigente que la actual ley, porque no se requiere la prueba de un solo ánimo complejo, sino que se entregan distintos elementos alternativos, de carácter objetivo, cada uno de los cuales permite calificar una asociación como terrorista”.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Midamos bien la intensidad del conflicto en la Macro Zona Sur.
Hay algunas voces que plantean que en el sur estamos frente a una supuesta “Guerra Civil de mediana intensidad”, a punto de escalar a “Alta intensidad”.
Si partimos de la base que lo que define la intensidad de un conflicto está dado por el tamaño de la fuerza enemiga y por el material que se utiliza para combatir y el daño que este produce, evidentemente en el sur estamos frente a una situación real de conflicto de baja intensidad, dado por escaramuzas o refriegas, y que en ocasiones escala a mediana intensidad, si agregamos los incendios forestales premeditados en periodo estival.
El argumento para establecer lo anterior, está sustentado respecto al material utilizado por la fuerza guerrillera y su tamaño. Es decir, si consideramos que la fuerza efectiva de combatientes de la insurgencia rural es del orden de 350 hombres, estaríamos hablando del equivalente a una Compañía Reforzada. Dicha unidad de ataque insurgente, opera con escopetas hechizas, escopetas de caza, rifles de caza, unos cuantos fusiles M-16, y unos cuantos fusiles FAL, aportados por la RAM.
En definitiva, con ese material sólo se puede causar un daño muy acotado; luego, la guerrilla está haciendo “uso acotado de la fuerza”; y, por consiguiente, está dentro de un conflicto de “baja intensidad”.
Ahora bien, otro antecedente importantísimo que nos permite establecer que en el sur hay un conflicto de baja intensidad, tiene que ver con el material que internó ilegalmente en 1986 por Carrizal Bajo, que a continuación enunciamos:
a) Fusiles M-16, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
b) Ametralladoras M-60, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
c) Lanzacohetes RPG-7, de origen soviético.
d) Lanzacohetes M-72 LAW, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
e) TNT, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
f) Explosivo plástico, de origen checoslovaco.
g) Granadas de mano, del tipo RGD-5, de origen soviético.
Nota: El material de fabricación norteamericana, corresponde a elementos facilitados por EE.UU. en apoyo al gobierno del sur, en el proceso de “vietnamización” de la guerra.
Ahora bien, si partimos de la base que sólo se han utilizado, como indicábamos anteriormente, escopetas hechizas, escopetas de caza, rifles de caza, unos cuantos fusiles M-16, y unos cuantos fusiles FAL, y no se ha empleado ningún otro dispositivo de alto poder destructivo, es imposible que, según declaran algunas voces, estemos frente a una supuesta “Guerra Civil de mediana intensidad”, a punto de escalar a “Alta intensidad”.
Finalmente, el día en que se comiencen a utilizar en el sur elementos, como los que alcanzaron a ser enviados a la zona central, de los embarques ilegales de Carrizal, recién podríamos subir el nivel de intensidad del conflicto a mediana o alta, NO ANTES!!
Pablo Thauby
Magíster en Ciencia Política, Academia de Guerra Naval, Chile.
Un aporte de nuestro Pas presidente Humberto Julio Reyes
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Midamos bien la intensidad del conflicto en la Macrozona Sur.
Hay algunas voces que plantean que en el sur estamos frente a una supuesta “Guerra Civil de mediana intensidad”, a punto de escalar a “Alta intensidad”.
Si partimos de la base que lo que define la intensidad de un conflicto está dado por el tamaño de la fuerza enemiga y por el material que se utiliza para combatir y el daño que este produce, evidentemente en el sur estamos frente a una situación real de conflicto de baja intensidad, dado por escaramuzas o refriegas, y que en ocasiones escala a mediana intensidad, si agregamos los incendios forestales premeditados en periodo estival.
El argumento para establecer lo anterior, está sustentado respecto al material utilizado por la fuerza guerrillera y su tamaño. Es decir, si consideramos que la fuerza efectiva de combatientes de la insurgencia rural es del orden de 350 hombres, estaríamos hablando del equivalente a una Compañía Reforzada. Dicha unidad de ataque insurgente, opera con escopetas hechizas, escopetas de caza, rifles de caza, unos cuantos fusiles M-16, y unos cuantos fusiles FAL, aportados por la RAM.
En definitiva, con ese material sólo se puede causar un daño muy acotado; luego, la guerrilla está haciendo “uso acotado de la fuerza”; y, por consiguiente, está dentro de un conflicto de “baja intensidad”.
Ahora bien, otro antecedente importantísimo que nos permite establecer que en el sur hay un conflicto de baja intensidad, tiene que ver con el material que internó ilegalmente en 1986 por Carrizal Bajo, que a continuación enunciamos:
Nota: El material de fabricación norteamericana, corresponde a elementos facilitados por EE. UU. en apoyo al gobierno del sur, en el proceso de “vietnamización” de la guerra.
Ahora bien, si partimos de la base que sólo se han utilizado, como indicábamos anteriormente, escopetas hechizas, escopetas de caza, rifles de caza, unos cuantos fusiles M-16, y unos cuantos fusiles FAL, y no se ha empleado ningún otro dispositivo de alto poder destructivo, es imposible que, según declaran algunas voces, estemos frente a una supuesta “Guerra Civil de mediana intensidad”, a punto de escalar a “Alta intensidad”.
Finalmente, el día en que e scomiencen a utilizar en el sur elementos, como los que alcanzaron a ser enviados a la zona central, de los embarques ilegales de Carrizal, recién podríamos subir el nivel de intensidad del conflicto a mediana o alta, NO ANTES!!
Pablo Thauby
Magíster en Ciencia Política, Academia de Guerra Naval, Chile.
Un aporte de nuestro Pas presidente Humberto Julio Reyes
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Las temáticas asociadas a tecnología e innovación, generacionalmente, han causado enorme curiosidad, fundamentalmente porque cada día surgen nuevas formas para realizar disímiles tareas que van desde lo básico a lo más complejo.
Recientemente, Chile lanzó un nuevo satélite, constituyendo uno de los primeros en esta nueva constelación de “estrellas” que esperan posicionar nuevamente al país como pilar en la región, un lugar que había cedido hace tiempo, uniéndose así a la carrera iniciada por Brasil, Colombia, Perú, Argentina y otros.
No obstante, los avances tecnológicos no siempre van de la mano de consideraciones legales que cada país le otorga a dichos instrumentos. En este ámbito se encuentran los nuevos “ricos tecnológicos”, un espacio donde proliferan empresas unicornios que han puesto a disposición tecnologías avanzadas con alta capacidad de adaptación para emplearse en nuevos entornos de conflictos. La mayor evidencia es lo que sucede en la guerra Rusa-Ucraniana, y que previamente conocimos en Nagorno–Karabaj el 2020.
Al situarnos en el sector Defensa de algunos Estados regionales, esta clara manifestación tecnológica no ha permeado, suficientemente, en las capas decisionales para proyectos futuros. Sin embargo, en otras latitudes ya comienzan a surgir voces de alerta. En España ha sido la ministra de Defensa quien trazara como un eje primordial este tipo de intenciones, el cual debe ir de la mano con la Defensa.
Conviniendo que la tecnología procura entregar soluciones directas en nuevos entornos globales, habrá que admitir que la inteligencia artificial, en funciones específicas para la Defensa, fortalece los instrumentos que posee un Estado frente a posibles agresiones como ha quedado demostrado en el conflicto ruso-ucraniano.
La relevancia que ofrecen los desarrollos tecnológicos en el sector Defensa ha sido de tal magnitud que convendría revisar la historia de las civilizaciones para situarse en el lugar correspondiente.
Sin duda que los avances tecnológicos contribuirán, como otrora lo hicieron, a potenciar la defensa del futuro. No quedan espacios para continuar con el karma que la Defensa no es buen aliado de la tecnología.
Como CIEE consideramos fundamental reconocer el significado de reforzar alianzas, así como sintonizar la tecnología con Defensa. Y potenciar la industria pública y privada, con desarrollos tecnológicos que complementen planes para los próximos 30 años, constituye un desafío por asumir.
Definitivamente, los escenarios de conflicto actuales no son los mismos, y los del mañana serán completamente diferentes.
CIEE-ANEPE
https://anepe.cl/wp-content/uploads/2023/08/Newsletter-N%C2%B01-2023.pdf
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COLETAZOS DE UN “NO”: DEFENSA ORDENA A LAS FF.AA. NO ASISTIR AL SENADO A EXPONER SOBRE REGLAS DEL USO DE LA FUERZA.
La Tercera, 02/08/2023
Los comandantes en jefe y auditores del Ejército, la FACH y la Armada estaban citados a la Comisión de Defensa Nacional para su sesión del martes 1 de agosto, sin embargo, la tarde previa fueron advertidos de que no debían viajar a Valparaíso por instrucciones del Ejecutivo y, posteriormente, por los parlamentarios. La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, advirtió: “El uso de la fuerza no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir”.
Era algo que se manejaba en estricta reserva -por el carácter secreto de la instancia- en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se discute el proyecto que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que fue ingresado por el gobierno en abril de este año. Eso hasta el lunes.
Fueron cinco días, desde el miércoles 26 de julio, que la exposición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los auditores de la FACH, el general Francisco Costa; de la Armada, el contraalmirante Francisco Figueroa, y el general del Ejército Eduardo Rosso, no se conoció, hasta que La Tercera PM reveló lo sucedido, principalmente el “no” de estas instituciones al grueso del proyecto del Ejecutivo con el cual busca regular su uso de la fuerza.
Su negativa, según expusieron en la instancia, tiene que ver con lo amplio del proyecto, donde no se diferencia su rol con el de Carabineros y la PDI, como tampoco se sabe con claridad la posición jurídica en que quedan los uniformados en caso de usar sus armas, las cuales, reconocieron, están destinadas a otro tipo de labores, ajenos al orden público.
En el gobierno, más específicamente en el Ministerio de Defensa, sabían de esta postura, pues han venido conversando y trabajando en eventuales indicaciones al proyecto que ha sido llevado principalmente por la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El que se supiera públicamente su postura complicó a todos. Al Ejecutivo, a los parlamentarios y también a las FF. AA., pues exponía a los uniformados al “debate político y legislativo”.
Además, les quedaba una concurrencia más al Congreso, ahora, para exponer su posición en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, donde se tramita otro proyecto sobre las RUF, pero impulsado por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (Ind), Felipe Kast (Evópoli) y Kenneth Pugh (RN).
Los generales auditores -quienes analizan todo lo que tiene que ver con lo jurídico en sus respectivas instituciones- fueron citados hace ya varias semanas y debían concurrir con sus comandantes en jefe.
El del Ejército, Javier Iturriaga; el de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y el “número uno” de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez.
Todo se mantuvo así hasta la tarde del martes, cuando cada uno fue notificado de que había un cambio de planes. “Nos dijeron que no teníamos que ir y esperar una nueva citación”, confidencia uno de los tres uniformados. Un segundo consultado coincide con esa versión.
Consultados en el Ministerio de Defensa señalaron que se les pidió a los generales que no debían asistir para, primero, afinar las indicaciones que se trabajarían con el gobierno. Además, explican que no se les quiere “contaminar” con la exposición política que puedan generar sus observaciones al proyecto del Ejecutivo.
El recordatorio de Tohá. Sólo llegaron el martes 1 de agosto a la comisión la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de Defensa, Maya Fernández.
Las secretarias de gobierno expusieron, también a los senadores la necesidad de mantener fuera a las FF. AA. en esta instancia legislativa, y solicitar su concurrencia para después. El presidente de la instancia, Kenneth Pugh, estuvo de acuerdo.
Antes de entrar al debate de fondo del proyecto del Senado, y exponer la necesidad de buscar un punto en común entre las mociones de los parlamentarios y la del gobierno, la ministra Tohá lanzó una advertencia que también escucharon en el Ejército, la FACH y la Armada.
“Queremos dejar en claro que no por el hecho de que haya observaciones de las Fuerzas Armadas, el proyecto debe recogerlos. Estos son proyectos que rige el uso de la fuerza por parte de las FF. AA. y Carabineros, que no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir ese estándar”, dijo en la comisión.
La ministra -quien encabeza esta iniciativa legislativa incluida en el “fast track”-insistió en el punto. “Por el tema de que se trata es que hay queser muy prudente en considerar esas opiniones y también otras. Estamos regulando lo que hacen las Fuerzas Armadas, estamos poniéndoles límites a las FF. AA. y Carabineros. Las fuerzas de orden y seguridad son órganos regulados por la legislación que estamos discutiendo”, dijo.
La ministra Fernández, por su parte, explicó que se está trabajando con las FF. AA. en avanzar en las indicaciones que requiere el proyecto del gobierno, y que su posición es algo que ya se sabía.
Durante las próximas semanas, el gobierno definirá las mejoras a la iniciativa, donde se considerará la opinión de los uniformados, pero no como algo vinculante ni decidor.
La última palabra, dicen en el gobierno, la tendrá el Ejecutivo.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.
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CÁMARA BAJA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIÓN DECRETADA COMO SECRETA.
Beatriz Mellado
EMOL, 31/07/2023
Se trata de la postura de las Fuerzas Armadas respecto a las normas del uso de la fuerza que se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados.
El secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que se iniciará una investigación para esclarecer si es que efectivamente se filtró información secreta a un medio de comunicación en el marco de la discusión de las normas del uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La iniciativa legal que está impulsado el Gobierno se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución, en ese contexto el jueves pasado se determinó un momento secreto donde se retiraron los celulares y se desconectaron los computadores.
Este lunes La Tercera informó que algunos participantes de la instancia relataron que algunos auditores de las Fuerzas Armadas presentaron críticas y reparos a la iniciativa, información que habría sido de carácter secreto.
Ante esta posible filtración, el secretario general de la corporación señaló que el presidente de la comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS) solicitó investigar si lo que publicó el medio guarda relación con lo que se conversó en secreto la semana pasada.
En esa línea, sostuvo que si es así, vamos a hacer una denuncia por violación de secreto conforme al artículo 427 del Código Penal y se hará la denuncia a Fiscalía.
Preocupación que también fue manifestada por el diputado Marcos Ilabaca (PS) quien aseguró que el medio relevó “casi todo el contenido de la comisión secreta”.
Asimismo, dijo que “solicitamos que se pasaran todo los antecedentes al comité de ética y que sea informado al Ministerio Público”.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.
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