Categoría: Seguridad y defensa

                                                                               CUCALONES, REGLAS DE USO DE LA FUERZA,

                                                                           FUSIBLES Y CIERTAS APRENSIONES.

CRL (J) Juan M. Rodríguez Etcheverry, Abogado

“Cucalón es un término peyorativo usado en el siglo XIX y acuñado durante la Guerra del Pacífico entre las filas castrenses chilenas que indica a aquellos civiles adjuntos autorizados por el gobierno o una institucionalidad superior a participar en las operaciones militares, quienes por no poseer conocimientos castrenses incurren en la intromisión en asuntos bélicos siendo considerados un estorbo. (Wikipedia, término peyorativo)”.

También se lo define como “Persona curiosa o intrusa que se mete en una profesión que no es la suya”.

La “apreciación de la situación” en el ámbito militar es facultad privativa del Comandante de la Fuerza, así como la resolución que al respecto adopte y los medios a emplear para el logro del objetivo, conforme a principios de estrategia y táctica, de manera similar a lo que ocurre en otros ámbitos, tales como en medicina, la evaluación clínica del paciente por el médico y el tratamiento que disponga a su respecto o el análisis jurídico del abogado y las acciones a ejercer en una causa.

Las tres actividades comparten el carácter de ciencias o artes y su ejercicio está reservado a quienes están profesionalmente habilitados.

Las Reglas de Uso de la Fuerza, que por ley se pretende imponer a los militares, que ya tiene precedente en un decreto supremo vigente, dictado por Sebastián Piñera, vulneran, a mi juicio, principios elementales de estrategia y táctica para el logro del objetivo militar, muy en especial la iniciativa, coartando la libertad de acción y exponiendo la maniobra al fracaso y a la fuerza militar a la derrota,

Importan una renuncia a la primacía que conlleva el ejercicio de la fuerza legal y plantean el conflicto como una especie de contienda, casi deportiva, en que el delincuente flagrante posee un estatus legal similar al de quién tiene la misión de reprimirlo, no de “convencerlo”, labor esta última que compete a otros estamentos, muy en particular a quienes precisamente pretenden establecer estas Reglas de Uso de la Fuerza, habiendo previamente fracasado en la persuasión que, como autoridades políticas es de su exclusiva responsabilidad.

Las RUF constituyen un subterfugio para hacer recaer en los militares la responsabilidad ulterior de su empleo, el cual, como es de público conocimiento, ocurre en un contexto de violencia inusitada que se ha podido apreciar, entre otros eventos, en el denominado “estallido social”, en que incluso participaron hombres públicos que ostentan altos cargos en la Administración del Estado y que hoy patrocinan el respectivo proyecto de ley.

Resulta ilustrativo recordar que en esa ocasión el entonces Presidente Sebastián Piñera declaraba estar en una situación de guerra respecto de la cual, consultado el entonces Jefe de Fuerza, con la prudencia y aplomo que caracteriza a un militar de su jerarquía, declaró que él no estaba en guerra con nadie, mientras por otro lado, el entonces diputado don Gabriel Boric (si mal no recuerdo, aunque podría equivocarme) enrostraba a un militar de servicio, en plena Plaza Baquedano y a los pies del monumento a ese héroe de la República, por el sólo hecho de estar allí cumpliendo las órdenes de sus superiores, pudiendo apreciarse en imágenes simultáneas de la televisión de entonces como los manifestantes, verdaderos delincuentes, se encaramaban en los blindados desplegados intentando provocar reacciones represivas de parte de los uniformados, las que para fortuna de ellos y frustración de quienes los dirigían políticamente, no se produjeron y los privaron del pretexto que buscan siempre para enardecer a las masas: una víctima fatal.

En la ocasión, simplemente ciñéndose a la ley, a las reglas propias de su profesión y al buen criterio, los militares cumplieron con su deber y nadie pudo imputarles exceso alguno.

¡Qué contraste entre el actuar del militar a cargo y el de las autoridades políticas mencionadas! ¿Parece necesario que estos últimos concibieran la idea de imponer Reglas de Uso de la Fuerza a quien las conducía de la manera que el General a cargo lo hacía?

Toda ley lleva aparejada una “razón de legislar”, esto es la satisfacción de una necesidad u objetivo determinado.

En el caso de las Reglas de Uso de la Fuerza hay uno declarado y otro encubierto y, por supuesto, el que importa es este último, ya que el primero se encuentra completamente cubierto por la normativa legal vigente y por los principios y normas que informan el ejercicio de la profesión militar.

En efecto, toda conducta ilícita en que pueda incurrir un militar con ocasión de su empleo está debidamente cubierta y sancionada en el Código de Justicia Militar, el Código Penal y diversas leyes especiales que resultaría excesivo entrar a analizar para los fines de este comentario.

No existe actividad más reglamentada en la profesión militar que la del empleo de la fuerza, porque ése es precisamente el corolario de su actividad.

En consecuencia, si las Reglas de Uso de la Fuerza constituyen procedimientos absolutamente contrapuestos con la ciencia militar en cuanto al empleo de la fuerza y la exponen al fracaso, no debiendo tratarse de ideas propias de “cucalones” aunque el efecto sea el mismo.

¿Cuál es el verdadero propósito de las RUF? Es obvio: la autoridad política es el ulterior responsable del empleo de la fuerza pública y de las fuerzas armadas, de las que sólo puede disponer mediante la dictación de los respectivos decretos supremos.

Y como invariablemente los hechos para los cuales se recurre a ellas son de carácter violento, normalmente en estados de excepción constitucional, la existencia de víctimas (de ambos lados) suele resultar inevitable, contexto en el cual diversos actores, principalmente políticos contrapuestos, apuntarán contra dicha autoridad, responsabilizándola por los actos de los militares, (no así de los civiles que ejercen la violencia) aun cuando la responsabilidad penal, en caso de haberla, es personalísima y debiera recaer directamente en el autor del delito, cuyo no sería el caso de la máxima autoridad ni de sus asesores, salvo para ciertas organizaciones nacionales e internacionales que hacen de este tipo de conflictos su razón de ser.

En ese escenario, a mi juicio, surgió la idea de las RUF, como un mecanismo para exonerar anticipadamente a la autoridad civil de toda responsabilidad derivada del empleo de la fuerza, tratando de pre-constituír una prueba de haberse actuado con esmeradísimo celo o diligencia al asumir por esa vía, una especie de conducción táctica de la fuerza militar cuyo incumplimiento o desobediencia haría recaer en ellos la responsabilidad final, debiendo saber o no pudiendo ignorar que el contenido de tales reglas vulneraría principios y reglas esenciales de la profesión militar, limitando su accionar, tornándolo ineficaz y altamente riesgoso para quienes representan el imperio de la ley, al poner, no sólo en un mismo plano su desempeño con el de quienes delinquen ante ellos, sino en condición de desmedro, al ceder la iniciativa a estos últimos y limitarse a responder con medios “proporcionales a la agresión”, agresión que no se somete a regla alguna, como ocurrió en el denominado “estallido social”.

En conclusión, las RUF pretenden exonerar de responsabilidad penal y política a la autoridad gubernamental que dispone su empleo, haciéndola recaer exclusiva y directamente en los militares para el muy probable caso que no puedan ceñirse a ellas por su carácter contrapuesto con las reglas de su propia ciencia o arte o por resultar atentatorias para su propia integridad.

De esta forma, los militares pasan a constituir verdaderos fusibles (de ninguna manera confundir con fusiles) en resguardo de dicha autoridad, salvo que exista un segundo objetivo encubierto y que éste sea la derrota de la fuerza militar para dar paso a ese tipo de régimen de gobierno que, planificadamente, sin prisa pero sin pausa, crea estas situaciones críticas para acceder al poder y perpetuarse en él, como hemos visto en otros países de nuestro continente.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                                    VIOLENTO ROBO EN RECINTO DE LA ARMADA EN

                                                                                    CONCÓN: LOS PRESUNTOS ASALTANTES SERÍAN

                                                                        EXUNIFORMADOS

David Vergara, con información de Felipe Ávila – BioBioChile.cl, 01/03/2025

La investigación del robo ocurrido el jueves pasado en un recinto de la Armada de Chile en la comuna de Concón, región de Valparaíso, estaría apuntando a exuniformados como presuntos responsables del asalto.

Según información revelada por Emol, se ha abierto una nueva arista en el caso relacionada con los presuntos implicados. Esto, luego de que se descubriera que los asaltantes utilizaron lenguaje interno de las Fuerzas Armadas durante los hechos registrados en el Campo de Entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada de Chile.

Concretamente, habrían dicho a los dos infantes de marina que se encontraban de guardia y a quienes les quitaron fusiles y municiones que “entregaran todo si a lo más arriesgan una A o una B en su hoja de vida”. Este detalle indica conocimiento sobre las infracciones que se manejan dentro de la institución armada.

Reacciones a la nueva arista investigativa por el robo en un recinto de la Armada. Ante estos nuevos antecedentes, la diputada Camila Flores, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, recalcó la gravedad de los hechos. Incluso, mencionó posibles infiltraciones dentro de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el diputado Tomás de Rementeria, también miembro de la Comisión de Defensa Nacional expresó su preocupación. Asimismo, adelantó que solicitará información privada para tomar cartas en el asunto.

Cabe recalcar que, si esta nueva información resulta ser cierta y las personas detrás del asalto son exuniformados, no sería algo inédito.

Como antecedente reciente y similar, está el robo de fusiles ocurrido en 2023 en Viña del Mar, donde se detuvo a dos personas que habían formado parte de la institución naval.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                                LOS CABALLOS VUELVEN A LA GUERRA DESPUÉS

                                                                                 DEL DESASTRE DE LOS BLINDADOS RUSOS EN UCRANIA

Jesús Díaz – El Confidencial, 07/02/2025

Un vídeo[1] de dos soldados rusos cabalgando hacia el frente por las planicies ucranianas puede parecer una mera anécdota pero, si lo añades a las brutales cifras de las pérdidas de vehículos blindados y los miles de vídeos que muestran a las tropas de Moscú usando furgonetas, coches civiles preparados improvisadamente, y hasta bicicletas robadas, son una manifestación de uno de los grandes problemas de Vladimir Putin: se están quedando sin vehículos tanto por la acción de los drones de Kiev como por la obsolescencia de su equipamiento.

Y sin movilidad efectiva, la posibilidad del colapso de sus líneas —que algunos analistas occidentales habían augurado para este año— se dispara.

Sin contar transportes convencionales, Rusia ha perdido entre 15.000 y 30.000 vehículos blindados en Ucrania, forzando a sus tropas a luchar en furgonetas improvisadas y ahora, a caballo

Los vehículos blindados rusos están siendo destruidos o inutilizados a un ritmo escandaloso, con cifras que la industria rusa, lastrada por las sanciones y años de corrupción, no puede reponer.

Según datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania del 6 de febrero de 2025, Rusia ha perdido 9.965 tanques, más de 20.730 vehículos de combate, 36.211 camiones y cisternas, y un total de 3.737 equipos especiales, lo que incluye camiones, remolques y otro tipo de vehículos.

Aunque estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente, sí coinciden con la percepción generalizada sobre el terreno, donde los vídeos de vehículos rusos destruidos o abandonados son constantes.

Ya lo decíamos hace más de un año: “A medida que Ucrania ha destruido miles de tanques, cientos de aeronaves, y decenas de barcos, Rusia ha tenido que desplegar armamento anticuado de los tiempos de la Unión Soviética y se acerca rápidamente a un colapso de su maquinaria militar en 2025”. Ahora parece que la previsión se está haciendo realidad.

Improvisación y movilidad del siglo XIX. Como informa la revista Forbes, esta escasez de vehículos ha obligado a los soldados rusos a utilizar medios de transporte improvisados, como los infames Lada, coches civiles cuyo uso se ha normalizado en el frente según varios analistas independientes que monitorean la guerra a través de fuentes abiertas, como Andrew Perpetua.

Como el resto, este último se ha mostrado sorprendido ante la proliferación de vídeos de ataques a vehículos Lada por parte de drones ucranianos. “Es la hora del asalto”, escribió irónicamente. “Todos al Lada”.

Hay múltiples vídeos de tropa en motocicletas y bicicletas robadas, así como furgonetas y vehículos ‘frankenstein’ que fusionan varios componentes. La falta de vehículos motorizados es tal que algunas unidades han recuperado el uso de caballos como medio de transporte.

Según el corresponsal de guerra ruso Roma Sapozhnikov, “la sensación es que los responsables de rearmar al ejército con vehículos de combate y tanques han ignorado los problemas del frente y de las fuerzas armadas del país en guerra”. Esta falta de previsión ha obligado a los soldados a usar “vehículos civiles que son una completa ‘mierda’ que arde y mata a nuestros soldados”, según declaró una fuente al propio Sapozhnikov.

La realidad es que Rusia no da abasto: construye apenas 200 nuevos vehículos de combate BMP-3, 90 nuevos tanques T-90M y unos pocos cientos de vehículos blindados, incluyendo vehículos de combate con ruedas BTR-82.

Una cifra ridícula comparada con las pérdidas que está sufriendo en Ucrania y que pueden llevar a su Ejército al colapso en 2025.

Recuperando equipos de hace un siglo. Agotadas las nuevas unidades, Rusia ha tenido que recurrir a viejas unidades almacenadas durante la Guerra Fría.

Pero, como explica el analista Jompy, “un vehículo que no se mueve durante tanto tiempo es un vehículo muerto”. Jompy analizó tres parques de vehículos y concluyó que la mayoría de los vehículos restantes no se habían movido en años. “Seguro que has visto lo que les pasa a los coches civiles abandonados durante unos pocos años al aire libre”, sentenció.

La situación se ha ido deteriorando para el ejército ruso a medida que la guerra se alarga. Eso de por sí es grave para Moscú pero es aún peor cuando sabemos que su ejército ruso estaba anticuado desde el principio de la guerra, con camiones y tanques antiguos que se quedaban tirados en cualquier parte.

La realidad ha demostrado que el teórico poder armamentístico soviético se ha quedado en una broma que sólo ha podido ser compensada con cantidades ingentes de soldados, arrojados al combate mal equipados.

La estimación de la cifra de muertos y heridos en las filas rusas sobrepasa ya la marca de los 800.000.

Esta situación se explica, en parte, por la corrupción endémica en el ejército ruso. Como denunció el exministro de Exteriores ruso Andrei Kozyrev, gran parte del presupuesto militar se ha desviado durante años a causas ajenas a la modernización del ejército, lo que ha provocado que, en una guerra como la de Ucrania, quede patente la falta de preparación y equipamiento de las tropas.

[1] Nota: Video no incluido.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                         ¿EN QUÉ DEBE MEJORAR EL SISTEMA NACIONAL

                                                                 DE INTELIGENCIA?

Richard Kouyoumdjian, Experto en Defensa y Seguridad Nacional – El Líbero, 05/02/2025

Uno de los temas que tanto expertos, académicos, miembros del gobierno actual e integrantes de los dos gobiernos de Sebastián Piñera mencionan como necesario es tener un robusto y efectivo sistema nacional de inteligencia, que esté de acorde a las necesidades que el Chile actual tiene en la materia tanto producto del escenario global, como producto del problema de seguridad pública que nos afecta.

El consenso general es que el actual sistema no da el ancho y no está cumpliendo con su propósito, algo que no necesariamente tiene su origen en la ley actual.

Claramente toda ley y todo sistema puede mejorar, pero esperar que sólo por la vía de mejorar la ley existente vamos a cambiar notoriamente las capacidades y efectividad del sistema es ser en extremo iluso.

El actual sistema nacional de inteligencia está regulado por la ley 19.974 del 2004, que aparte de establecer la operación del sistema y aspectos administrativos, crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), continuadora legal de la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones que había sido creada en 1993 con un foco en el orden y seguridad pública, y no en la función de inteligencia del Estado como un todo o con la mirada sistémica que tiene la actual que nos rige.

Claramente toda ley y todo sistema puede mejorar, pero esperar que sólo por la vía de mejorar la ley existente vamos a cambiar notoriamente las capacidades y efectividad del sistema es ser en extremo iluso y cae en la misma categoría de ingenuidades como es la creación del Ministerio de Seguridad, algo que algunos creen por el hecho de existir y tener un ministro a cargo va a acabar con los delincuentes, criminales, terroristas e insurgentes que asolan el Chile actual.

¿Qué aspectos deberían ser mejorados en la ley actual?, la que en opinión de este autor y de algunos reputados expertos no es mala, pero que después de 20 años sí necesita algunos ajustes.

Estamos hablando de los relativos a la dotación de la ANI, que por ley tiene una dotación cercana a los 100, necesitando tener de 7 a 10 veces si es que tomamos como referencia los servicios de inteligencia de países europeos y en particular del español; un presupuesto de a lo menos US$80 millones (10 veces el actual); de una ley que nos permita desarrollar especialistas de carrera en los cuales poder invertir; permitir que la gobernanza y operación del sistema sea más fluida e integrada; que no hayan dudas de que lo relativo a inteligencia es secreto y que su violación está penada con cárcel, y que tenga las capacidades máximas en recolección de data local e internacional de todos tipos y su procesamiento.

Las mejoras que actualmente se discuten en el Congreso tiene un foco principal en la gobernanza y propósito del sistema, pero no necesariamente generan músculo o aumentos de capacidades reales, y en ese sentido, peca de los mismos problemas que tiene la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, en el sentido de que su modificación no resuelve el problema que tenemos de buena y oportuna inteligencia, e incluso, podrían echar a perder lo ya existente.

Entrando en detalles, la ley actual, quizás buena para el 2004, asume y continúa la dirección de seguridad pública e informaciones creada en el gobierno de Aylwin en 1993, basando su capacidad inicial tanto en número como en integrantes de la dirección a la que reemplazaba, pero fallando en ser flexible en cuanto a dotaciones, como también en la creación de especialistas en la materia y la carrera profesional que ellos podrían desarrollar, algo que 20 años después sigue siendo el problema principal a haber.

“Para realizar inteligencia se necesita de gente que sepa, tenga la experiencia y las capacidades requeridas para los tiempos actuales, tiempos de la IA y de realidades que cada vez son más complejas.”

El proyecto de ley que moderniza la inteligencia sí crea una Escuela de Inteligencia, pero falla en lo que se refiere a dotaciones necesitadas y el desarrollo de una carrera profesional, lo que, entre otras cosas, haría más fácil la inversión y entrenamiento en el capital humano de la organización.

Esto que indico es normal en organizaciones como la española, las del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica.

Como indiqué anteriormente, el proyecto de ley que se discute en el Congreso desde hace más de 5 años coloca mucho foco en el gobierno corporativo, nuevos roles, y comités, pero no asegura o mejora que la coordinación y flujo de información dentro del sistema se produzca o que, de suceder, sea rápido y oportuno, que es una de las falencias del sistema actual, uno en donde muchas veces el director de la ANI tiene que pedir apoyos para que las cosas funcionen.

Dicho eso, sí incorpora al sistema organizaciones como el Registro Civil, SII, Aduanas, UAF, Gendarmería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y de todos aquellos que algo tienen que ver con la materia.

Tampoco la ley que se discute asigna mayores presupuestos a la ANI o su sucesora, la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANIC), los que son necesarios no sólo para disponer de equipos humanos más grandes y preparados, sino que también para adquirir capacidades tecnológicas superlativas, de IA y de procesamiento de datos, sean de origen humano, como de otros medios como son cámaras, pórticos lectores, de interceptación de comunicaciones, etc…, todas cosas propias de la modernidad que vivimos.

En esta sección sí reconoce la necesidad de un Centro de Fusión de Inteligencia, componente central en la creación de información para la toma de decisiones de las autoridades nacionales.

Para cerrar y para concluir, las capacidades que tengamos en materia de inteligencia van a ser directamente proporcionales a la inversión que hagamos en la materia, a la preparación y capacidades humanas y tecnológicas que tengamos, a la fluidez y oportunidad de la información, a la calidad del gobierno corporativo, en donde la complejidad no ayuda, y en entender que es un sistema el cual para ser efectivo debe ser administrado como tal.

Lo que no puede suceder es dejar las cosas como están o sólo quedarse con una nueva ley de inteligencia que no se hace cargo de lo principal, que son la falta de capacidades del sistema en lo humano y en lo tecnológico, y que, de no haberlas, no será efectivo o robusto, o a la altura de lo que necesitamos para el Chile de hoy y las complejidades del mañana.

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Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                               FISCALÍA FORMALIZA EN AUSENCIA Y PIDE EXTRADICIÓN

                                                                                DE DOS LÍDERES DEL TREN DE ARAGUA IMPLICADOS EN

                                                                                                EL CRIMEN DE RONALD OJEDA

José Carvajal Vega – La Tercera, 28/01/2025

La mañana de este martes en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago continuó la formalización y reformalización de los 19 integrantes de la célula del Tren de Aragua en Chile, Los Piratas de Aragua, organización criminal sindicada por el Ministerio Público como la responsable del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en febrero del año pasado.

Durante esta segunda jornada, la Fiscalía imputó por el homicidio del exmilitar a Rafael Gámez Salas -alias el “Turko”- y a Carlos Gómez Moreno –“Carlos Bobby”-, quienes están detenidos en el extranjero. Para el Ministerio Público, la extradición de ambos sujetos es una pieza clave, ya que podrían colaborar y entregar evidencia directa con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante esta segunda jornada, los fiscales del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Héctor Barros y Alex Cortés, presentaron los antecedentes y formalizaron en ausencia a dos de los líderes de la organización, y altos jerarcas de la banda de origen venezolano, Rafael Gámez Salas -alias el “Turko”– y Carlos Gómez Moreno –“Carlos Bobby”-.

Ambos imputados fueron encausados luego de que fueran detenidos en el extranjero por órdenes vigentes en Chile, tras huir y ser identificados como quienes ordenaron el crimen de Ojeda. Esto, como la misma Fiscalía ha sostenido, previo encargo del régimen de Nicolás Maduro, específicamente del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La formalización en ausencia es un paso clave para que Chile pueda pedir la extradición de Gámez y Gómez, quienes fueron detenidos las últimas semanas en Estados Unidos y Colombia, respectivamente. Ahora, y tras la autorización del tribunal, será la Corte de Apelaciones de Santiago la que -de aprobarla- deberá remitir los antecedentes judiciales para que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé curso a la petición ante los mencionados países.

El lunes pasado, cabe hacer presente, sólo se alcanzaron a revisar las incidencias plateadas por las defensas de los imputados, la que logró que tres sujetos sean formalizados el próximo martes 4 de febrero; entre ellos, detenidos que ya están en prisión preventiva por otros delitos.

Los líderes. Durante la audiencia de formalización de este martes -que se realizó bajo reserva-, la Fiscalía imputó a los dos líderes de Los Piratas, una variedad de delitos. Y es que el Ministerio Público apunta a que Gámez y Gómez son quienes ordenaron al resto de la banda la ejecución de una serie de secuestros, homicidios y extorsiones.

Según antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, en total, el Ministerio Público le imputará a los integrantes de la célula del Tren de Aragua en Chile, siete hechos, perpetrados a lo menos desde el 2023.

Así, la Fiscalía calificó a Carlos Bobby como el líder de la organización criminal a nivel latinoamericano y al Turko, como el encargado de la operación en Chile. Según pudo conocer este medio, ambos imputados son quienes impartieron las instrucciones, extorsionaron, fijaron las medidas para los miembros de la banda y eran quienes distribuían las funciones.

En el caso del Turko, además, se le imputa haber sido quien elegía a las víctimas de los secuestros y extorsiones, incluso directamente a los familiares de las víctimas. Gámez, además, era quien encabezaba el grupo de WhatsApp que tenían los integrantes de Los Piratas de Aragua, chat donde se planificó -en parte- el crimen de Ojeda.

Además de Gámez y Gómez, la jornada de este martes la Fiscalía también formalizó en ausencia a Dayonis Orozco, un ciudadano venezolano apodado “Boti”. Este sujeto, además de ser miembro de la banda, también es imputado en la causa por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez y quien fue detenido en Colombia luego de huir de Chile tras el crimen del funcionario policial.

Los formalizados. El miércoles 22 de enero, hace una semana, Fiscalía y PDI irrumpieron en la toma Santa Marta, en Maipú, para detener -en total- a seis personas. Una de ellas correspondía un integrante de Los Piratas de Aragua, quien tiene participación directa en el crimen de Ojeda.

El detenido corresponde a Julio Iglesias, un hombre de nacionalidad colombiana que tendría un grado de participación posterior a la muerte del exmilitar venezolano, específicamente en enterrar su cuerpo en la toma de Maipú, donde finalmente fue encontrado Ojeda el 1 de marzo del 2024.

A Iglesias se le imputó el delito de secuestro con homicidio, al igual que al resto de los integrantes de Los Piratas que participaron del ataque al refugiado migrante venezolano en Chile. La misma calificación jurídica por la que se le comunicaron cargos en su contra a Anthony Barboza, un ciudadano venezolano que actualmente se encuentra privado de libertad en la Cárcel Santiago 1 por otro hecho delictual.

Barboza -que no es imputado en el caso de Ojeda-, a juicio de la Fiscalía, tiene participación en varios delitos de secuestros cometidos por Los Piratas. En concreto, al menos en un hecho, fue el encargado de contactar a una víctima para conseguir información de esta, con tal de poder secuestrarlo posteriormente por el resto de la organización.

El mensaje del Turko. Parte de los antecedentes que ventiló la Fiscalía durante la audiencia de formalización, fueron mensajes enviados por el Turko a la banda que encabezaba. Incluso, según han podido determinar policías y fiscales, fue -junto a Carlos Bobby- quien pidió al resto de los implicados en el crimen que dejaran el país y huyeran.

En una ocasión, según dio a conocer La Tercera este lunes, Gámez reunió a los integrantes de Los Piratas en la toma Santa Marta para mantener una videollamada con ellos.

Un testigo reservado en la causa expuso que el Turko habría regañado a la organización, tras el asesinato de Ojeda, apuntando a que “el trabajo había salido mal, retándonos y señalándonos que el ‘Mudo’, el ‘Jose Carlos’ y el ‘Gordo Ale’ habían hechos las cosas mal, motivo por el que todos los que habían participado en el secuestro del militar debían salir de Chile por instrucción del ‘Bobby’”.

Pero el enojo del líder de Los Piratas en Chile habría durado poco. El 24 de marzo de 2024 -23 días después del hallazgo del cuerpo de Ojeda-, el Turko escribió a través de un estado de WhatsApp un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaban en el mundo delictual.

“Hoy quiero darle gracias a mis hermanos que han estado desde el minuto 0 conmigo, en las buenas y las malas conmigo”, decía el mensaje, que -según fuentes de La Tercera- será expuesto durante la audiencia de formalización que se desarrolla durante estos días. “De un pan comemos todos y que no nos llamamos nada, que siempre todos en la cama o todos en el piso”, continuaba la publicación.

A eso, El Turko agregó: “Bendiciones, vida y salud para todos ustedes siempre de corazón nunca por enveniencia…Aquí no nos importa quien sea el más velocista si no el que conduzca como debe ser. Feliz día bendiciones para todos” (sic), mensaje que era acompañado de los emojis “” en alusión al nombre de la organización.

Días después, el 30 de marzo, el líder de Los Piratas volvió a usar la misma aplicación de mensajería. Esta vez para publicar una fotografía con seis armas que fue subida a sus historias acompañada del texto “puros piratas no más”.

La investigación también ha podido determinar que luego de que el 21 de septiembre del 2023 se hiciera un allanamiento a la cárcel de Tocorón, Venezuela, donde estaban recluidos los principales líderes del Tren de Aragua, el Turko publicó “tumbaron a castillo más no al rey. Así que el juego sigue”.

Una huida ordenada. Diferentes testigos que han declarado ante la justicia aseguran que, tras cometido el crimen de Ojeda, el propio Gámez y Carlos Bobby ordenaron a los integrantes de Los Piratas que participaron en el crimen de Ojeda que abandonaran el país.

Así lo hizo el encargado de conseguir los vehículos que usaron los secuestradores que llegaron al departamento de Ojeda vestidos como falsos policías. El seguimiento de la PDI y la Fiscalía permitió distinguir que solo tres días después del secuestro el sujeto fue detectado en la frontera de Chile con Perú.

Ese sería el destino predilecto por los integrantes de la organización, pero por una razón muy concreta. Un testigo reservado aseguró a la Fiscalía que dos autores del crimen de Ojeda se fueron “en dirección a Perú, ya que en ese lugar les iban a pagar el dinero por ese trabajo. Luego de eso, me enteré de que se fueron a Venezuela, pero tenían la intención de volver, ya que están pasando hambre en ese país”.

Eso también quedó establecido en la revisión de los mensajes del teléfono de Yolvi González, integrante de Los Piratas e imputado por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, ocurrido el año pasado. En su teléfono, González tenía conversaciones con el Mudo, a quien le “recomendó” el 26 de febrero huir a Perú. Este último habría ido acompañado de “Jose Carlos”, otro de los imputados en el caso de Ojeda.

En las conversaciones de la banda también existen registros fotográficos de algunos imputados, quienes las enviaron a modo de despedida. También hay un audio que está consignado en los antecedentes de la causa. Yolvi González también tiene una conversación con otro integrante de la banda, de quien se despide: “Bueno que le vaya buen. Que le vaya bien amigos míos que dios los bendiga y lo cuide en su camino, le habrá nuevas puertas y nuevas fronteras y que todo le salga bien el nombre de dios”.

A raíz de estos antecedentes, la Fiscalía durante estos 11 meses alertó a diferentes países, entre ellos Perú, Colombia, México y Estados Unidos. Esa alerta tuvo resultados luego de que el propio Turko y los otros dos integrantes de Los Piratas fueran detenidos en el extranjero, y ahora están esperando ser extraditados a Chile para ser juzgados por el crimen de quien fuera un desertor del régimen de Maduro.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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