Categoría: Seguridad y defensa

                                                               LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS A LAS FUERZAS

                                                             ARMADAS Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

“Realizar ajustes es normal, pero efectuarlos a las instituciones que se dedican  a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que  cumplen algunas de las labores y obligaciones principales del Estado, las que  están en el artículo 1 de la Constitución”. 

Uno de los temas que preocupan a los que se dedican a los temas de seguridad  y defensa son los ajustes presupuestarios que el Gobierno va a aplicar a las  Fuerzas Armadas dentro del ajuste anunciado de $ 544 mil millones, el que  desde ya les indico que tendrá consecuencias tanto para la seguridad nacional  como para la seguridad pública. 

El ajuste en cuestión, del cual están  excluidos Carabineros, la PDI y  Gendarmería, pero no las Fuerzas  Armadas ni el Ministerio Público, los  tribunales y otras reparticiones  públicas que tienen participación en  el sistema de seguridad pública, no   está bien pensado, ya que si bien   deja fuera a las policías y   Gendarmería, no mira la seguridad  pública como un sistema o proceso, pues renuncia a entender que un ajuste de  $ 7 mil millones en el Ministerio Público le quita efectividad al trabajo de  Carabineros y la PDI, ya que son ellos los que procesan a los delincuentes, y los  que dirigen el trabajo investigativo que ellas realizan. Lo mismo aplica a los  tribunales. 

El Ministerio Público tiene la suerte de ser una entidad autónoma, que no reporta  al Ejecutivo y que lo puede enfrentar en caso de tener diferencias en materias  presupuestarias, algo que las Fuerzas Armadas no pueden realizar por ser  obedientes y disciplinadas, y estar bajo el mando del Gobierno, solo pudiendo  eventualmente representar sus diferencias en caso de que no se cumpla la  Constitución, lo que implica que no vamos a ver a los comandantes en jefe  hablando con la prensa sobre los ajustes en cuestión, algo que de seguro  representarán a la ministra de Defensa Nacional y al Presidente de la República  si es que llega a ser necesario. 

Algunos que se dedican a la política ficción, indican que la citación a la senadora  Allende y la ministra Fernández es la forma en que el Ministerio Público le está  mostrando los dientes al Gobierno. Yo no creo que sea así, pero que tienen el  poder y la autonomía para hacerlo, de más que sí, y de más que lo puedan haber  hecho en el pasado. 

Dicho eso, los ajustes van a impactar principalmente al Ejército y la Armada, y  en menor medida a la Fuerza Aérea. Van a afectar la capacidad operativa porque  serán sobre los subtítulos 21 y 22, que son las líneas de sueldos y gastos  generales. Estimo que estamos hablando de a lo menos $ 19 mil millones en el  Ejército y $ 13 mil millones en la Armada, incluyendo en mi cálculo a todas las  reparticiones asociadas a ambas instituciones. 

Si bien los ajustes debieran ser del orden del 2 % en sueldos y 5 % en gastos  generales, los que porcentualmente no suenan muy relevantes, se suman a  ajustes que se realizaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando  establecieron una pseudobase cero, o los que se dieron con motivo del llamado  “Estallido Social”, o los que se realizaron con motivo de las reasignaciones que  se dieron con la pandemia. 

Antes de eso existían presupuestos de operación que daban cierta flexibilidad y  que implicaban presupuestos que tranquilamente podrían ser un 25 % más altos,  si no más. Sin embargo, el ajuste que se pretende ya no elimina reservas  presupuestarias que las Fuerzas Armadas siempre deben tener a mano, sino que  elimina capacidades operativas y mantención de capacidades estratégicas.

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FFAA en control de estado de  emergencia

Por “capacidades operativas” me refiero   a la capacidad de concurrir al socorro de   personas afectadas por desastres   naturales o eventos climáticos, así como  para apagar incendios forestales,  destinar gente a cubrir estados de emergencia o resguardar la frontera norte.  En lo naval -que es lo que más conozco-, esperaría una reducción de los  esfuerzos antárticos, de patrullaje marítimo de la zona económica exclusiva y de  soporte a zonas extremas, olvidándosele al ministro de Hacienda que la Armada  es la que realiza la función de policía marítima y que nuestros puertos y mares  son usados para fines criminales. 

Policía Marítima en Operaciones

En el caso de las capacidades estratégicas estamos hablando de menos horas  de entrenamiento, de navegación, de mantención o de vuelo. Estamos hablando  de que con este recorte se hace difícil dar forma a las mejoras al Servicio Militar,  así como completar las dotaciones de conscriptos y soldados de tropa  profesional. También estamos hablando de disminuir las dotaciones a contrata,  que son normales en posiciones administrativas y educacionales, cuyos efectos  quizás no se vean ahora sino a futuro, en lo que es pan para hoy y hambre a  futuro. 

Habiendo sido buena parte de mi vida director financiero, entiendo la difícil labor  del ministro de Hacienda, el que tiene que hacer calzar los ingresos con los  gastos, algo que en Chile no está claramente balanceado. Entiendo que el ajuste  se debe hacer, pero también se debe buscar disminuir el tamaño del Estado, al  contrario de lo que se ha hecho en tiempos recientes, en que solo vemos  iniciativas que buscan agrandarlo, como son la creación de nuevos ministerios  sin acciones de optimización, como sucedería si se fusionaran Interior, la  Secretaría General de Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia. 

Antes de cerrar, quiero dejar claro que realizar ajustes es normal, pero  efectuarlos a las instituciones que se dedican a la defensa y seguridad nacional no es algo recomendable, debido a que cumplen algunas de las labores y  obligaciones principales del Estado, las que están en el artículo 1 de la  Constitución. Por ende, si vamos a ajustar el presupuesto porque no hay  ingresos o ya copamos nuestra capacidad de endeudamiento, hagámoslo sobre  los ministerios y reparticiones no fundamentales y críticas y, en paralelo, seamos  serios acerca del tamaño de Estado que podemos tener y financiar, sin miradas  ideológicas, sino financieras, y buscando cumplir lo que la Constitución exige al  Estado cumplir y proveer. 

Si no entendemos lo anterior, olvídense de que vayamos a poder echar a andar  el Ministerio de Seguridad Pública, de la construcción de nuevas cárceles, de  fronteras más protegidas, de poder implementar la organización y dotación que  la nueva ley de inteligencia propone, o de tener militares disponibles en números  relevantes para ser destinados a funciones de seguridad pública. Es por ello que  candidatas como Evelyn Matthei, saben que para ser exitosos sus programas de  gobierno requieren de ajustes profundos del tamaño del Estado para liberar los  recursos que sus programas de seguridad pública van a requerir. 

Hacer lo mismo con menos no existe, como tampoco -obviamente- se puede  hacer más con menos. De serlo asumiría que hasta ahora no han sido eficientes,  algo que espero haber dejado claro que no es el caso. Ajustes como los antes  indicados van a implicar que se va a reducir el nivel de actividad en lo que a las  Fuerzas Armadas se refiere y que, por consecuencia y debido a que están  involucradas en labores de seguridad en  la Macrozona Sur y en las fronteras con  Perú y Bolivia, va a haber un impacto en  lo que a seguridad pública se refiere.  

Puede que sus tareas constitucionales en  estas materias no cambien, pero van a  ser con menos gente y, por ende, menos  efectivas. 

❖ Richard Kouyoumdjian.

Oficial de marina, ingeniero en armas de la Academia  Politécnica Naval, MBA del PUC y MA War. Studies del King´s College de Londres.  Vicepresidente ATHENALAB.

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