Categoría: Seguridad y defensa

NUEVA ESCALADA EN LA MACROZONA SUR

El Mercurio, Editorial, 04/05/2023

Una serie de atentados de graves consecuencias ha vuelto a golpear a la zona sur. Destrucción de maquinarias, incendio de casas patronales, una capilla y camiones se cuentan entre las pérdidas de las últimas semanas, hechos a los que se suman los disparos a un bus escolar con más de 20 estudiantes en su interior que transitaba por un camino rural de Cañete.

Estas situaciones han conmocionado a la opinión pública y dan cuenta de una escalada de violencia que el acotado estado de excepción que impera en la región no parece lograr prevenir.

Los datos contenidos en el último estudio mensual sobre los actos de violencia que afectan a la macrozona sur, realizado por la Multigremial de La Araucanía, demuestran que el número de atentados se ha mantenido relativamente constante en los últimos tres años.

Si bien el informe señala una disminución de las acciones violentas en marzo respecto de igual período en los dos años previos, se observa un mayor impacto en cuanto al número de personas afectadas y de bienes destruidos, situando a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como principal responsable de la mayoría de los atentados adjudicados, entre los otros grupos que operan en la zona.

La multiplicación de ataques incendiarios y acciones intimidatorias con uso de armas de fuego parece indicar una coordinación entre los grupos radicalizados, que buscan mayor visibilidad, escalando y extendiendo sus acciones a otras regiones —como Los Lagos—, y afectando a diferentes rubros, ya no solo al forestal, sino también a la producción salmonera, agrícola y a la construcción.

También son blanco de ataques los centros educacionales, de salud y de culto, lo que perjudica directamente a la población local y denota la total desvinculación de estos grupos con las comunidades.

Pese al estado de excepción, los grupos radicalizados continúan manteniendo a numerosas comunidades bajo el temor.

La transversal condena de las autoridades a estos hechos no parece suficiente frente a una embestida radical. Como fundamentos de esta, a la demanda por la liberación de presos mapuches se ha sumado la protesta por la recientemente aprobada ley Naín-Retamal.

Para la Multigremial, es necesario avanzar con decisión en una ampliación del estado de excepción, pues los niveles de violencia que afectan a la zona comprueban su ineficacia ante grupos que operan en sectores donde no hay vigilancia ni presencia de fuerzas militares ni policiales.

Los últimos atentados así lo evidencian. En este contexto, especial alarma causó el ataque a una faena forestal en Maquehue, por su cercanía a la ciudad de Temuco, en una demostración de fuerza del grupo Weichan Auka Mapu, lo que revela que la violencia ya no solo se da en la ruralidad, sino que se acerca a las zonas urbanas.

Todo indica que, sin una real voluntad política y una coordinación entre los diferentes poderes del Estado, no será posible avanzar hacia la erradicación de la violencia en la zona sur.

La experiencia comparada y los frustrados esfuerzos anteriores indican que se debe progresar particularmente en el diseño de un sistema de inteligencia del Estado a la altura de los graves desafíos que allí se enfrentan.

No menos relevante es el resguardo de las víctimas y la protección de los testigos, donde cabe una responsabilidad importante al Poder Judicial. Y aunque ciertamente el problema no se resolverá con la mera dictación de leyes, sí resulta crucial, al menos, la reforma de la normativa referida al delito de usurpación.

La multiplicación de acciones violentas de máxima gravedad debe ser no solo denunciada, sino también repudiada, para evitar que una suerte de “acostumbramiento” le reste relevancia y quite el sentido de urgencia que su atención y solución ameritan.

La respuesta a la demanda ciudadana por seguridad debe contemplar la desarticulación de los grupos radicales cuyo actuar mantiene bajo el temor a numerosas comunidades que sufren los efectos de la violencia.

Solo así será posible atender a la resolución de los problemas de una zona que comprende un porcentaje importante de población indígena vulnerable que requiere de políticas públicas eficientes para alcanzar mejores condiciones de vida.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

“ES UNA MALA DECISIÓN Y TARDÍA”: LAS CRÍTICAS QUE GENERA EL PLAN “CALLES SIN VIOLENCIA” QUE EXCLUYÓ A PAC, QUE SUFRE CON FUNERAL NARCO

Gabriela Mondaca, José Carvajal Vega y Catalina Batarce

La Tercera PM, 24/04/2023

A las 11.00 horas de este lunes empezó el responso fúnebre de un reconocido delincuente del sector Lo Valledor Sur en Pedro Aguirre Cerda.

Sólo horas antes, el gobierno anunció el inicio del plan “Calles sin Violencia”, iniciativa que no incluye a dicha comuna, que durante las últimas semanas ha sido escenario de una serie de hechos a raíz de la muerte de Moisés Gallardo (32), lanza internacional más conocido como “El Mota”. De hecho, la exclusión de esta y otras comunas del plan anunciado por el gobierno generó controversia entre varias las autoridades comunales.

Las primeras críticas tras el anuncio del plan llegaron por parte del mismo alcalde de Pedro Aguirre Cerda,  Nosotros no entendemos por qué no hemos sido incluidos, hemos sido claros, hemos llegado con información concreta a La Moneda, le entregué una carta al Presidente para que pudiéramos armar un plan antibalacera…”.

Y no solo eso. El edil confirmó que desde la semana pasada ha intentado concretar reuniones con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, para conocer las razones de tal decisión y cuáles serían las alternativas que el gobierno propondría para garantizar otros programas proseguridad en las comunas excluidas.

Sin embargo, éstas se han visto truncadas por la “contingencia nacional” que se ha visto marcada por otros hechos delictuales, como una balacera en Atacama y el hallazgo de un cuerpo en Maipú la semana pasada.

Pese a que fuentes conocedoras del tema sostienen que la no realización de las reuniones respondería a un factor político y personal entre el alcalde y el subsecretario Monsalve, esto fue descartado por Astudillo a La Tercera PM. “Este no es un tema personal (…), acá lo importante es la comunidad de Pedro Aguirre Cerda que queda totalmente excluida por malas decisiones que se están tomando, pero yo no creo que esto sea una diferencia o disputa entre el subsecretario y yo. Al contrario, esta es una mala decisión, tardía, nosotros ya deberíamos haber tenido un plan para poder intervenir los sectores más complejos, no solamente en nuestra comuna, sino que en todas las comunas de Chile. Fue un error haberlo acotado a algunas comunas”, expresó.

El juicio de los alcaldes. Pese a que algunos alcaldes tuvieron opiniones y proyecciones positivas sobre el inicio del plan, otros jefes comunales de la Región Metropolitana -principalmente de las que no fueron incluidas en la iniciativa- mostraron sus reparos y pidieron que se evalúen algunos aspectos del plan y se aclare cómo será la redistribución de carabineros.

“No se ha hablado de nueva dotación, sino que es la redistribución de carabineros. Este plan para las 42 comunas va a requerir por lo menos 600 carabineros, y ¿de dónde salen todos esos medios, esos carabineros? De las comunas puntualmente que hoy día ya tenemos una escasez”, comentó René de la Vega (Ind.), alcalde de Conchalí, una de las comunas que ha quedado fuera del proyecto de seguridad.

Para el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. Chile Vamos), el plan responde a un factor “más político” que de seguridad en sí. “El gobierno hace el lanzamiento de este plan a días de una elección, donde incluye un alto porcentaje de municipios del oficialismo. Nos hubiese gustado ver esa misma capacidad de organización en el diseño y planificación de este plan”.

En esa dirección, Alessandri sostiene que hasta la fecha tampoco se conocen mayores detalles de la iniciativa de seguridad: “El gobierno incurre en errores al hablar de comunas y no de sectores. Cada comuna enfrenta distintos tipos de delitos violentos, esto es importante para la destinación de recursos. Hasta ahora no sabemos cómo se van a destinar esos recursos, en base a qué necesidades específicas de seguridad”.

Dicho planteamiento ya había sido destacado por la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), quien en conversación con La Tercera el pasado 17 de abril, sostuvo que a ellos, como ediles, tampoco se les había detallado cómo y cuándo comenzaría a regir el plan de seguridad.

Por otro lado, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, dijo estar “sorprendida” por no haber sido incluida en las comunas priorizadas. “Creemos que esta estrategia está bien, la apoyamos, pero creo que no tiene que ser a dedo, no puede ser a través de un indicador, si hay cinco, por ejemplo”.

El narco funeral que paralizó una comuna. La crítica del alcalde Astudillo se da luego que desde el 27 de marzo en la zona sur de la comuna ha ocurrido una serie de desórdenes públicos en el contexto del funeral de Moisés Gallardo Cornejo, quien murió a fines de marzo en Roma, Italia, país en el que residía desde hace siete años.

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, y otros ediles apuntan a una mala distribución de las zonas involucradas y a la falta de recursos policiales para llevarlo a cabo.

Según informó el diario Las Últimas Noticias, el sujeto estaba con arresto domiciliario en esa ciudad, lo que lo habría llevado a quitarse la vida.

El sujeto de 32 años contaba en Chile con un amplio prontuario policial. Según el coronel Gonzalo Urbina, de la Prefectura Santiago Rinconada, tenía 23 causas, entre las que se encontraban los delitos de robo con violencia e intimidación, receptación y tráfico de drogas.

Desde que fue conocida su muerte, el sector Lo Valledor Sur ha sido escenario de múltiples desórdenes, entre lo que se encuentran disparos, fuegos artificiales y alta música, hechos que se intensificaron desde el viernes, tras el arribo del féretro al país.

Este lunes comenzó el funeral del sujeto, lo que generó un amplio operativo policial en la comuna. Estos hechos llevaron a la Municipalidad a suspender por tercera vez en tres semanas las clases de los colegios en la comuna, y además, a suspender las atenciones médicas en los centros de salud comunal.

Respecto a esto, el alcalde sostiene que “hoy tuvimos que tomar medidas extremas para poder garantizar la seguridad y la integridad física de nuestra comunidad en general, tuvimos que suspender clases, en escuelas, en jardines infantiles, turnos éticos en nuestros consultorios. Deberían ser esos elementos que hagan tomar en cuenta la inclusión de nuestra comuna, pero no reaccionar a críticas ni lo que uno pueda estar diciendo, son hechos reales que están ocurriendo, acá hay una gran afectación de nuestra comunidad”.

“Nosotros estamos viviendo un verdadero toque de queda de facto impuesto por estas bandas del crimen organizado, que lo que han hecho es sembrar terror en nuestra comuna”, asevera Astudillo.

Algo que también ocurrió semanas antes de la muerte de Gallardo, luego de que un joven de 18 años se quitara la vida tras lo que habría sido -presuntamente- el término de una relación amorosa. Aquello generó enfrentamientos armados entre ambas familias, por lo cual también tuvieron que suspenderse las clases.

“Un plan quirúrgico y estratégico”. Durante el lanzamiento del plan “Calles sin Violencia”, el cual incluye a 22 comunas de la Región Metropolitana, el gobierno entregó mayores detalles respecto a la metodología que se siguió para elegir a las 46 comunas a nivel nacional que estarían afectas al plan de tres ejes sobre más patrullaje policial, focalización de infracciones e incivilidades y sobre la persecución penal más afectiva.

Para elegir a las comunas, primero se consideraron las capitales regionales y el índice de frecuencia de ocurrencia de homicidios según el Observatorio de Homicidio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De esta manera, se eligió a las comunas que registran el 65% de estos hechos.

Respecto a la RM, la delegada presidencial Constanza Martínez, asegura que la iniciativa del gobierno “es un plan quirúrgico y estratégico que contempla cuatro líneas de acción”. Ante las críticas de las autoridades comunales, “en el caso de la RM este aspecto se desarrollará a nivel regional y no hará distinciones entre fronteras comunales”.

Martínez concluye que la decisión de las zonas selecciones fue “en base a criterios objetivos otorgados por el Observatorio de Homicidios y abarcará cerca del 64% de la población de la RM (8.310.984 personas) y es que frente a una criminalidad cada vez más organizada requerimos un Estado organizado, sofisticar y mejorar su forma de reacción es un objetivo que solo podremos lograr trabajando de forma colaborativa entre el gobierno central, las policías, la fiscalía y los municipios”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

SE VIENE EL ESTALLIDO

Javier Sajuria

La Tercera PM, 24/04/2023

Uno de los aparentes consensos en la opinión pública es que con los eventos de 2019 y el consiguiente proceso constituyente la balanza política se fue a un extremo, el de la izquierda.

Tanto las propuestas del fallido proceso como las consignas del 2019 y 2020 hacían referencia al fin del neoliberalismo, a los derechos de los pueblos originarios, a las luchas del feminismo, entre otras.

Para algunos, la combinación de estas ideas rompía con el límite de lo políticamente aceptable y, finalmente, terminaron rechazándolas. Pero al contrario de lo que prometían los sectores que se denominaban de centro, el fracaso del proceso no ha traído moderación, sino que una vuelta al otro extremo, el de la derecha.

En los 90, el académico italiano Piero Ignazi planteaba la idea de que en el mundo se venía una contrarrevolución silenciosa.

Esta sería una reacción al proceso de la segunda mitad del siglo XX, en el que los ciudadanos comenzaron a gozar de mejores condiciones materiales de vida y, con ello, mover sus intereses hacia valores posmaterialistas como la igualdad de género, las luchas LGBTQ y el cuidado del medio ambiente. Desde entonces, distintos expertos han tratado de trazar la ruta en la que estas reacciones se desencadenan en distintos países.

Si con la elección de Gabriel Boric se esperaba que el péndulo ideológico se mantendría en la izquierda, lo cierto es que no ha sido así en una serie de temas relevantes. El discurso en seguridad, por ejemplo, se mueve al ritmo de lo que proponen los sectores más reaccionarios de la ultraderecha. Lo mismo ha ocurrido con el debate sobre inmigración.

Los eventos electorales ocurridos desde 2016, en especial el Brexit, la elección de Trump y la de Bolsonaro, han sido ocupados como ejemplos de esta reacción conservadora, en la que sectores que han gozado de privilegios y patrones culturales se sienten amenazados ante el creciente énfasis en la protección de minorías.

Si bien es un fenómeno que alimenta el liderazgo y crecimiento de la ultraderecha, su efecto no se limita a ella.

Sectores de izquierda, ansiosos por la transformación de la noción de clases social, tienden a minimizar las luchas de grupos minoritarios en búsqueda de supuestos valores universales (que, coincidentemente, se relacionan con la noción tradicional de clase).

Si con la elección de Gabriel Boric se esperaba que el péndulo ideológico se mantendría en la izquierda, lo cierto es que no ha sido así en una serie de temas relevantes. El discurso en seguridad, por ejemplo, se mueve al ritmo de lo que proponen los sectores más reaccionarios de la ultraderecha.

Lo mismo ha ocurrido con el debate sobre inmigración, en que se habla de la criminalización de la inmigración irregular sin mayor interés en buscar medidas eficaces para controlarla.

Para qué hablar de pensiones, donde hay quienes buscan torpedear una reforma que lleva 12 años atrasada. O del general de Carabineros que decidió censurar a un medio de comunicación, algo más propio de gobiernos como los de Rafael Correa, Jair Bolsonaro o Donald Trump.

El debate constitucional no ha estado exento del mismo espíritu reaccionario; los representantes de la derecha han desplegado todos sus esfuerzos para evitar cambios relevantes y entronizar aún más el sistema político e ideológico de la constitución de 1980.

A diferencia de Ignazi, que anunciaba la eventual llegada de una contrarrevolución, lo cierto es que ya estamos en medio de un contra-estallido. Uno que es poco cariñoso con la evidencia y muy cercano a los prejuicios. Sobre todo, aquellos que se entienden de buena manera con valores conservadores y autoritarios.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

EL “FRENO” QUE ACTIVÓ INTERIOR ANTE LANZAMIENTO DE PLAN CALLE SIN VIOLENCIA EN CONJUNTO CON IRACÍ HASSLER

Víctor Rivera y Isabel Caro

La Tercera PM, 18/04/2023

Finalmente serán 22 las comunas de la Región Metropolitana que serán parte del denominado plan del gobierno “Calle sin Violencia”, iniciativa que el Ejecutivo anunció el 6 de abril, un día después del crimen del cabo Daniel Palma, efectivo de Carabineros que murió en pleno centro de Santiago, tras recibir dos disparos en Avenida Matta.

Doce días después del anuncio, el Ministerio del Interior ya tiene clara las bajadas de la medida, donde la idea es concentrar más efectivos policiales en zonas que acumulan más del 60% de los homicidios en la vía pública. Sin embargo, el diseño y la puesta en escena del anuncio volvió a tensionar la relación entre la repartición liderada por Carolina Tohá y a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

En un inicio para este martes 18 de abril se tenía contemplado hacer el lanzamiento en terreno. Interior daría el comienzo a este refuerzo policial en la emblemática comuna de Santiago, sin embargo, no contemplaron las pretensiones propias de la alcaldesa Hassler.

Según comentaron quienes conocieron estos preparativos, el gobierno se “encontró” -sobre la marcha- con la idea que tenía la alcaldesa -cuestionada estos últimos días por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella- de lanzar ese mismo día el “Plan Operativo Santiago Seguro”.

La iniciativa tiene como objetivo contar con un equipo de 40 agentes municipales -denominados “Destacamento Santiago Seguro”– que trabajarán en coordinación con Carabineros para el refuerzo de las labores preventivas y de seguridad en el casco histórico.

Desde el municipio comentan que este trabajo estaba pensado desde el verano, lo cual ya se le había comunicado a La Moneda, por lo tanto, niegan que haya existido un problema de coordinación, pues lo de ellos siempre había estado en agenda.

En el Ejecutivo, en tanto, al enterarse de que Hassler quería hacer este lanzamiento -y que coincidía con Calle sin Violencia- decidieron dar marcha atrás y suspender la actividad. ¿Por qué? Querían evitar dar una señal que pudiera entenderse como una suerte de preferencia hacia Santiago en materia de seguridad.

El ministerio que lidera Carolina Tohá tenía contemplado lanzar la iniciativa en la comuna de Santiago, sin embargo la alcaldesa tenía otros planes: dar a conocer su propio plan de copamiento, lo que hizo recular al gobierno y así evitar reclamos de los otros jefes comunales. Este es un episodio más que se suma a anteriores tensiones entre ambas autoridades.

La decisión de separar ambos anuncios fue de la ministra Tohá, pues, explican, también quería evitar que el resto de los alcaldes pidiera planes de “copamiento” en sus comunas cuando ambos son hitos completamente distintos.

Quien tuvo que establecer el nexo entre Interior y Hassler para volver a coordinar el anuncio fue el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC). El encargado de visar el financiamiento hacia los municipios fue quien ofició de puente con el municipio para explicar por qué, finalmente, se aplazaba el lanzamiento de la medida en Santiago.

Esta no es la primera vez que ambas autoridades chocan por el tema de seguridad. A principio de marzo, La Tercera PM daba cuenta de los “tira y afloja” entre Interior y Santiago por la violencia en los liceos emblemáticos.

En esa oportunidad el episodio que tensionó las relaciones entre el gobierno y el municipio fue una reunión que se realizó a fines del año pasado cuando en una reunión el subsecretario Manuel Monsalve pidió al entonces director de Educación de Santiago, Rodrigo Roco, “colaborar” con la entrega de información de aquellos estudiantes que estaban protagonizando incidentes. “No somos sheriff”, habría respondido un presente en la cita manifestando su molestia con la solicitud de Interior.

El gobierno igual participó. A pesar de esta “descoordinación”, el gobierno igual fue parte de la actividad convocada por la alcaldesa de Santiago, a través de la presencia de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Monsalve, señaló que “el plan Calle sin Violencia se lanzará el día lunes. Los chilenos y chilenas son testigos de la tendencia persistentemente de aumento en los delitos violencia. La tarea que se ha puesto el gobierno es contender este aumento y en una comuna, como podría ser Santiago, Arica o Iquique, se sabe en qué lugares hay mayor presencia de estos ilícitos”.

En esa misma línea añadió que “el plan no es toda la estrategia en materia de seguridad. No hay que colocar en este plan expectativas que no corresponde, lo que sí incorporará es persecución penal y efectivo, por lo mismo, incluye un acuerdo con el Ministerio Público. Cuando se resuelve un delito violento como un homicidio, se desarticula una organización violenta que actuaba en varias comunas, es por eso que es tan importante tener una persecución penal efectiva”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel