Categoría: Seguridad y defensa

ALTO MANDO DE CARABINEROS DE CHILE 2023

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EDUCACIÓN MILITAR: EL NUEVO FRENTE QUE COMPLICA LA RELACIÓN GOBIERNO – FF. AA.

Matías Bakit y Juan Pablo Guzmán

El Mercurio, Reportajes, 09/10/2022

“Pasamos de estado de emergencia a estado de shock”. Así recuerda un integrante de las Fuerzas Armadas la sensación que hubo, tanto entre los funcionarios activos como entre los retirados, cuando se supo, el 1 de febrero de este año, que el nuevo subsecretario de FF. AA. sería el ingeniero académico y profesor comunista Galo Eidelstein.

Conocido por ser exvicerector de Finanzas de la Universidad Arcis en el período de la crisis económica del establecimiento, tenía un conocimiento previo del área defensa, pues fue el primer militante comunista en cursar el Magíster de Seguridad y Defensa en la Anepe, entre 2000 y 2002, donde se graduó con calificación máxima, con la tesis “Estrategia total, una visión crítica”.

Congregaba una mezcla de ideologías e interés en el área que en las fuerzas armadas veían con temor. No pocos auguraban que tendría ganas de “hacer cambios”.

Según altas fuentes consultadas por Reportajes, estos temores se vieron refrendados desde los primeros días del nuevo gobierno, cuando en las reuniones de saludo y presentación, centró sus preguntas a los comandantes en jefes en la educación, un ámbito especialmente sensible para el mundo militar.

Luego, la confianza disminuyó aún más cuando se supo de la salida de 72 funcionarios de la subsecretaría, que fueron reemplazados solo por civiles. Entre ellos, según constató “El Líbero” en mayo pasado, 10 militantes del PC.

Pero lo que hizo que todas las alertas saltaran ocurrió en julio y septiembre, meses en los que el subsecretario firmó dos documentos que, de acuerdo con fuentes relacionadas con el mundo militar, apuntarían a lograr una mayor influencia en el llamado “corazón” de la carrera castrense: precisamente, la educación.

Es un tema que inquieta a muchos, incluidos los comandantes en jefe.

La resolución de la polémica. Era casi agosto de este año cunado los comandantes en jefe de las tres ramas de las fuerzas armadas se enteraron de un resolución exenta, emitida el 20 de julio por el subsecretario Eidelstein, en la que se modificaba el funcionamiento de la Unidad de Educación Militar, dependiente de la cartera.

Un departamento que, según consta en sus objetivos específicos -mencionados en el documento- busca, entre otras cosas, “proponer al subsecretario para las Fuerzas Armadas directrices educativas para las instituciones de educación de las Fuerzas Armadas”; “Realizar estudios en materias de educación militar, que contribuyan a la toma de decisiones y generación de directrices” y “apoyar el desarrollo de la Política Militar en lo que respecta a la Política de Educación Militar”.

No es todo.

Pocos meses después, como complemento a esa resolución, llegaría otra que generó aún más preocupación en las FF. AA.: una solicitud formal de información a cada institución.

La subsecretaría pedía el listado de profesores de las escuelas matrices, junto a sus currículums y situación contractual; los planes de estudio de cada asignatura que se imparte en las escuelas de oficiales y suboficiales y la bibliografía existente en las bibliotecas de estas.

Para nadie pasó inadvertido que se especificaba que los documentos se le debían entregar directamente, vía digital a otro militante comunista, el nuevo encargado de la Unidad de Educación Militar, Ernesto Uribe Cifuentes, profesor, con títulos en la USACH y la Universidad de Playa Ancha, y que trabajó entre 2015 y 2018 en el ministerio de Desarrollo Social dirigido por Marcos Barraza, exconvencional y también destacado dirigente del PC.

Tras esto, en las fuerzas armadas hubo reuniones. Y consultas. Incluso, ante la preocupación “totalmente compartida” de los comandantes en jefe. Se le hizo saber al “poder político” de la molestia e inquietud.

En concreto, según un entendido en el tema, se teme que en la resolución haya un intento de “integrar contenido político e ideológico” a las mallas, con el objetivo de tener “mas control sobre la formación, a largo plazo.

Si bien esta intención es negada por el subsecretario Eidelstein, lo cierto la confianza no abunda entre Apruebo Dignidad y las fuerzas armadas. Algo que en este último mundo refrendan al recordar lo que dice el programa e gobierno del presidente Boric al respecto. “Los proyectos educativos institucionales y sus respectivos planes curriculares deben ser autorizados por el ministerio de Defensa en consulta con el ministerio de Educación y deberá incorporar una perspectiva de género y de DD. HH. dando base a un perfil de egreso básico y común”.

Igualmente, otro punto que genera interrogantes es que la citada unidad existe desde 2017, creada en la segunda administración de Michelle Bachelet. Algo que hace preguntarse a algunos ¿Por qué la modifican ahora?

Unidad ¿Técnica o política. “Cuando me nombraron subsecretaria, yo di impulso a esta unidad dependiente de mi gabinete, para revisar políticas institucionales, fundamentalmente el tema de los Derechos Humanos”, recuerda la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quién en 2027, cuando era subsecretaria, fue la encargada de crear la unidad de Educación militar. Agrega que las organizaciones educativas castrenses “no tenían políticas educativas en DD. HH. Ni género. Por eso, hicimos el trabajo de levantar toda la información, de trabajar con las divisiones de educación y modificar los planes de estdio”.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de los departamentos educacionales del mundo militar cuentan que en aquella época la intención ya generó algo de “molestia”. Sin embargo, en ese momento, la buena relación entre el gobierno y los militares logró moderarla.

Más aún, muchos especialistas en el tema recuerdan que el departamento en cuestión “solo tenía competencias técnicas”, o de “coordinación entre las Fuerzas Armadas, Defensa y otros ministerios”. Algo que se mantuvo e incluso se moderó aún más, en la administración Piñera.

Es precisamente por eso que hoy “llama la atención e inquieta” que haya una intención de modificar su funcionamiento. “¿Por qué cambiar lo que funciona bien?”, se pregunta un oficial en retiro.

Otra fuente especifica que “el gobierno puede tener un rol coordinador, sugerir, conversar sobre nuestra educación, pero no ordenar. Esto debido a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que dice específicamente, en su artículo 18, que la formación y perfeccionamiento del personal de planta de las Fuerzas Armadas será impartida por las propias instituciones de acuerdo con sus propios planes y programas de estudio”.

Sin embargo, otros advierten que “esto podría ser el primer paso” para cumplir otra de las promesas de gobierno. Precisamente, modificar la citada Ley Orgánica.

Es algo que en el mundo político también preocupa.

Para el diputado integrante de la comisión de Defensa Miguel Becker, “el trabajo que implica la elaboración de la educación militar responde a un nivel muy técnico y altamente especializado. ¿Con qué conocimiento y finalidad quieren revisarlo”?

En esta línea, el presidente de la misma comisión, Andrés Jouannet, ve la situación con cautela. “Esto de meterse en los cambios curriculares de las FF. AA. no contribuye, dado el problema de gobernabilidad que tenemos”. En contraste, su par en el Senado Francisco Huenchumilla no ve problema alguno. “La educación tiene que estar actualizándose conforme al mundo que cambia, y se han producido en el mundo muchos cambios, por lo cual es necesario contar con fuerzas armadas moderna”, expresa.

Mientras, el exministro de Defensa Jorge Burgos opina que “si bien no tengo elementos para decir que se quiere ideologizar a las FF. AA., siempre hay que estar atentos, porque son una institución que requiere de mucho cuidado en su funcionamiento para que no se vean afectadas por doctrinas ultraizquierdistas o ultraderechistas”.

Es este último el tema que mas preocupa al mundo militar. Y si bien el subsecretario Eidelstein ha intentado generar lazos y desmentir posibles “intenciones ideológicas”, la desconfianza esta sembrada. Y el frente de conflicto, totalmente desarrollado.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

DEBATE SOBRE DEFENSA, FUERZAS ARMADAS Y ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Miguel Navarro Meza

El Mostrador, 05/10/2022

En una reciente columna de opinión publicada en este medio, Eduardo Santos fundamenta su argumentación en una serie de premisas acerca de la Defensa Nacional que resultan, al menos, altamente discutibles y muy posiblemente carentes de efectivo anclaje, por lo que resulta necesario ponderarlas cuidadosamente.

Las premisas esgrimidas por Santos son tres: la pretendida falta de cuestionamiento a los planteamientos que sobre las Fuerzas Armadas contenía la propuesta constitucional rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, permitiría inferir que “cuentan con una amplia aprobación de los chilenos”, lo que habilitaría pasar de ahí a estadios superiores del debate respectivo; en segundo término, argumenta el autor en torno a la existencia de una zona de paz en la región sudamericana y, asociado a esto, una pretendida inmunidad local frente a los riesgos y tendencias de los esquemas globales de seguridad; y, en tercer lugar, plantea la existencia un inaceptable nivel de autonomía militar –que la propuesta constitucional se encargaba de superar– y, por lógica inversa, una incapacidad jurídica de las autoridades políticas de conducir la Defensa y a las Fuerzas Armadas.

Ponderando cada una, se advierte cuán discutibles resultan. Desde luego, y más allá de lo inoficioso que resulta intentar dilucidar cuáles aspectos de la fallida propuesta constitucional pudieron haber contado con aprobación ciudadana pese al rechazo del conjunto, y anclar esta argumentación en una pretendida falta de cuestionamiento público, es un hecho que sí hubo instancias de análisis y debate acerca de lo que el proyecto constituyente planteó sobre la Defensa y las Fuerzas Armadas, solo que no fueron masivas ni de gran connotación mediática.

Por el contrario, fueron reflexiones de alto nivel académico y político, pero desarrolladas en escenarios más especializados.

Por lo demás, algo similar ocurrió con los planteamientos constituyentes relacionados con la Política Exterior y la diplomacia. Esto, en el fondo, obedeció a que tanto la Política de Defensa como la Política Exterior constituyen lo que Edmonds califica como high politics, es decir, políticas públicas de alto contenido técnico, que deben ser definidas por burocracias expertas y no son susceptibles de decisiones corporativas.

Por otra parte, cuestiones como la plurinacionalidad tenían efectos significativos sobre la Función de Defensa, la estrategia nacional y la seguridad nacional y estos sí fueron objeto de debates y cuestionamientos intensos durante todo el proceso.

En consecuencia, en modo alguno puede argumentase que la falta de debates masivos y mediáticos específicos impliquen una aceptación, por parte de la ciudadanía, de los planteamientos sobre Fuerzas Armadas y la Función de Defensa contenidos en el proyecto constitucional.

Tampoco el tema de la zona de paz presenta mucha solidez, como no sea meramente retórica. En el campo de los estudios estratégicos, la aproximación al concepto de zona de paz es difusa.

No existe una descripción ampliamente aceptada del mismo y más bien tiende a identificárselas en torno a iniciativas regionales específicas. Una cuestión central en esto es su institucionalidad.

Una zona de paz requiere de una arquitectura política y diplomática en la cual sustentarse. A falta de esta, se mantendrá solo en el discurso.

De ahí que puedan ser asociadas a las Comunidades de Seguridad, concepto acuñado originalmente por Karl Deutsch y luego reformulado y ampliado por Adler y Barnett. En esta lógica, una zona de paz sería la resultante natural de la existencia de una comunidad de seguridad.

Considerando los diversos elementos y perspectivas sobre el concepto, es posible describir a las comunidades de seguridad como estructuras interestatales en las cuales sus integrantes han asumido en forma permanente el diálogo y la negociación como forma de dirimir sus diferencias y, al mismo tiempo –y esto es de la esencia del concepto–, han descartado el uso de la fuerza entre ellos.

Las comunidades de seguridad descansan, más allá de los instrumentos jurídicos que las crean y sostienen, en elementos fundamentalmente subjetivos, especialmente la existencia de una identidad común de seguridad –es decir, la adopción de prácticas y doctrinas comunes en la materia– ,visiones estratégicas y políticas de Defensa compartidas y, en sus formas más desarrolladas, una ausencia de agendas de seguridad propias, las que se transfieren a la comunidad.

De igual modo, supone que los Estados que las componen hayan descartado real y definitivamente sus hipótesis de conflicto recíprocas y hayan ajustado su planificación militar y desarrollo de fuerzas a esta realidad.

Ahora bien, una mirada somera a las realidades estratégicas regionales evidencia cuán alejadas están del concepto de zona de paz. Faltan los tres elementos básicos: no hay una identidad común de seguridad, la región carece de una institucionalidad de Seguridad y Defensa y, además, subsisten las agendas de seguridad propias de cada país.

La cuestión de la zona de paz debe ser ponderada con extremada precisión conceptual y política, y en esto no caben ni los exitismos ni los apresuramientos, todo lo cual se aplica en la especie a la situación de seguridad de Chile.

Finalmente está el tema de la presunta autonomía militar. También en esto la evidencia muestra un cuadro distinto.

Desde luego, a lo largo de la historia republicana del país, el estamento político ha conducido eficazmente la Función de Defensa y a las Fuerzas Armadas. La mayoría de los 56 ministros de Defensa nombrados entre 1932 y 2022 –excluyendo el régimen militar– han sido civiles (75%).

Esto consolidó una tendencia que se acuñó ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la generalidad de los ministros de Guerra y Marina fueron civiles, incluyendo, desde luego, los ministros en campaña durante la Guerra del Pacífico. Podría argumentarse y no sin razón, que hasta la promulgación de la Ley Nº 20.424, en 2010, la conducción de la Defensa que podía efectuar el ministerio era más bien nominal.

Sin embargo, los 9 ministros que han ejercido el cargo desde entonces –tres en la primera administración Piñera, dos en la segunda administración Bachelet, tres en la segunda administración Piñera y una en la administración actual– y los 5 subsecretarios de Defensa y 6 subsecretarios para las Fuerzas Armadas que han conducido la Defensa en sede política, han tenido y tienen a su disposición las amplias facultades jurídicas y capacidades materiales que la citada ley franqueó al Ministerio de Defensa y han hecho uso pleno de las mismas.

La aprobación de la Ley Nº 21.174, que reemplazó al Sistema de la Ley del Cobre, el Libro de la Defensa 2017 y la Política de Defensa Nacional 2020, de reciente publicación –que, dicho sea de paso, no tiene nada de “fracasada” como argumenta Eduardo Santos–, dan buena cuenta de esto.

De ello se sigue que, al dotar la Ley Nº 20.424 al Ministerio de Defensa de todas las potestades normativas y materiales para conducir la Defensa en sede política y estratégica, ha puesto la responsabilidad firmemente en el campo de los civiles que han de ocupar los cargos correspondientes, los que, en general, han servido con prudencia, sapiencia y discreción.

Por lo mismo, no cabe hablar de una presunta –o quizás mítica– autonomía militar.

En síntesis, los futuros debates sobre la Defensa, las Fuerzas Armadas, una estrategia nacional de Seguridad y Defensa –aún pendiente– y la institucionalidad superior de la seguridad nacional, deben necesariamente partir de planteamientos realistas y objetivos, carentes de voluntarismos y exitismos, especialmente considerando el deterioro de los esquemas de seguridad internacional, el debilitamiento del multilateralismo y el cuestionamiento a la institucionalidad internacional de seguridad, fenómenos, todos, a los que ni la región ni Chile están ajenos o resultan inmunes a ellos.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

CIBERATAQUES. ESTAMOS AL DEBE

René Leiva V.

El Tipógrafo, Columnas de Opinión, 26/09/2022

Los recientes y bullados ciberataques al Estado Mayor Conjunto, al Poder Judicial (Cryptolocker, informado por CHV) y a la Banca, nuevamente llevan la atención a la necesidad permanente y crítica de resguardar la seguridad de la información de las personas, el estado y la sociedad toda, en un plano de lograr un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente para el país.

Pero todos estos casos no son lo mismo y su alcance implica la delimitación de la disyuntiva entre ciberdefensa y ciberseguridad.

La Ciberdefensa contempla la capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional. Por ello, la ciberdefensa se relaciona con el desarrollo y aseguramiento de capacidades, preocupándose de sus recursos, actividades, tácticas y procedimientos para preservar la seguridad de los sistemas y la información que manejan, así como permitir la explotación y respuesta sobre los sistemas necesarios para garantizar el libre acceso al ciberespacio.

El Estado de Chile para ello tiene una Política Nacional de Ciber Defensa, conteniendo los alcances de ello.

Lo ocurrido en el ciberataque al Estado Mayor Conjunto es parte de la Ciberdefensa. Por su parte la Ciberseguridad, en la definición que nos da Jeimy Cano, puede ser entendida como el conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio contra el uso indebido del mismo, defendiendo su infraestructura tecnológica, los servicios que prestan y la información que manejan. Entonces, asegura el uso de las redes propia y niega su empleo irregular, ilegal o malicioso de ello a terceros.

A mayor abundamiento, el concepto de ciberseguridad es descrito por Larrieu-Let como “El conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, directrices, métodos de gestión, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización y a los usuarios en el ciberentorno”. Por ello, comporta un conjunto de acciones de carácter preventivo que tienen por objeto asegurar el uso de las redes propia y negarlo a terceros.

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) dice que la ciberseguridad garantiza que se alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos, cuales son amenazas, de seguridad correspondientes en el ciberentorno.

Sintéticamente entonces, la ciberseguridad puede ser definida como la capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética.

Para ese entorno, el Estado de Chile tiene definida una Política Nacional de Ciberseguridad.

Lo eventualmente ocurrido en lo Judicial es parte de la Ciberseguridad. Dado lo indicado, podemos concluir que la ciberseguridad tiende a ser un objetivo y la ciberdefensa apunta a ser un medio para su concreción.

En una analogía de los conceptos de Seguridad y Defensa Nacional, que sabemos se encuentran férreamente relacionados; también la ciberseguridad y la ciberdefensa en términos generales están estrechamente vinculados, donde la diferencia consiste en que la segunda (ciberdefensa) tiene como propósito preservar la ciberseguridad, haciendo frente a un conjunto particular de riesgos y amenazas, los que identificados, controlados, neutralizados y/o contenidos darán paso a una condición de ciberseguridad.

Lo presentado en estos días nos ha dado cuenta de que, si no se controla adecuadamente el ciberespacio, desde allí una nación puede ver amenazada su libertad de acción y su Seguridad, no sólo su ciberseguridad sino todo su entorno seguro.

El ciberespacio es pues un espacio estratégico a considerar, con objetivos a alcanzar y medidas de prevención, disuasión, protección y reacción de la ciberdefensa.

También la ciberseguridad y la ciberdefensa tienen puntos de encuentro en la forma como impulsan, aglutinan y coordinan los diferentes estamentos del Estado (incluidas sus Fuerzas Armadas y Policía), privados y académicos para generar un uso con libertad de acción del ciberespacio.

Independiente de quién lidere estos esfuerzos, lo importante es que exista el concepto de empleo interagencial o multiactores, porque los esfuerzos de compartimientos estancos poco o nada podrán hacer contra una amenaza que se presentará asimétrica, plurifocal, artera y sorpresiva.

A ese respecto, en su coordinación a nivel nacional, los hechos nos demuestran que estamos “al debe”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional