REV 4

Revista UNOFAR N° 49

Resumen:

El dolor militar. Mientras el país sigue su marcha con variados temas en diferentes campos que aparentemente significan una prioridad y una importancia para el futuro de los chilenos, los militares retirados seguimos tratando de buscar posibles soluciones a nuestro tema más doloroso, los procesos y condenas de nuestros camaradas de armas.

Indice:

 

EDITORIAL

GDB René Norambuena Véliz, co-Presidente de la Unión

El dolor militar. Mientras el país sigue su marcha con variados temas en diferentes campos que aparentemente significan una prioridad y una importancia para el futuro de los chilenos, los militares retirados seguimos tratando de buscar posibles soluciones a nuestro tema más doloroso, los procesos y condenas de nuestros camaradas de armas.

El ver cada cierto tiempo noticias de procesos y nuevas y altas condenas por hechos ocurridos hace cincuenta años, produce dolor e impotencia. El no saber que hacer, el no saber que puerta golpear, el no tener interlocutores que se interesen en escucharnos y / o apoyarnos es doloroso. El ver señoras de amigos desoladas por años, hijos de ellos buscando respuestas y viviendo con su padre ya deteriorado psíquica y físicamente en continuas citaciones a declarar por años es difícil y doloroso. El encontrarse con viudas de militares que lloran en silencio a sus maridos uniformados que murieron privados de libertad es realmente difícil emitir una palabra de consuelo. El encontrarse con jóvenes oficiales activos del Ejército y escucharlos con orgullo mencionar su nombre y a continuación el decir, soy hijo del Coronel o General o Mayor, detenido en Punta Peuco o Colina, es difícil para uno responder y decir algo, solo reconocer y recordar con el máximo de positivismo al camarada y amigo privado de libertad.

Este tema es sin duda el más delicado y doloroso para nosotros, no hay reunión militar donde no se toque el tema.

Muchos pensamos que la relación civil política y militar se había recompuesto por el periodo de transición con una bullada mesa de diálogo en los años dos mil, pero eso lamentablemente pasó al olvido y los procesos y altas condenas en estos últimos años se triplicaron especialmente en la época del primer periodo de Piñera.

El desconocimiento de lo complejo que resultó el logro de los niveles alcanzados en estas temáticas lleva a sectores políticos y sociales de Chile a incorporar altas cuotas de subjetividad, que generan actitudes y demandas extremas, que podrían confundirse con afanes de venganza.

Eso se ve porque curiosamente cada vez qué hay situaciones políticas complejas en el país, los medios de comunicación en paralelo presentan casos especiales donde la imagen del militar es absolutamente negativa.

Al respecto los últimos acontecimientos han significado una seria regresión en los logros obtenidos de reconciliación y percepción positiva de las FF. AA.

La consecuencia más grave es que esta situación puede situar a las FF. AA. en un ámbito político propio del pasado, haciéndolas aparecer como un actor que puede ser interpelado por un sector de la sociedad, como si no hubiese ocurrido el proceso de transición política tan particular de Chile.

Por otra parte la imagen pública de personal militar, fundamentalmente en retiro, vuelve a ser objeto de un sensacionalismo mediático que afecta su honra y genera en el ámbito de los militares activos y en retiro una sensación de exclusión con relación a la normalidad que Chile en su gran mayoría disfruta.

En tal sentido Oficiales y Suboficiales en retiro tanto personal como grupalmente, por una parte ven como sectores desconocen el rol y aporte de sus Instituciones y por otra parte viven en la desesperanza de ser el “únco objeto de persecución y castigo por hechos sucedidos hace casi 50 años”.

En dicha situación inciden las resoluciones de los jueces que ejercen sus atribuciones en sentido maximalista dictando sentencias que no se conocieron en el pasado y argumentando con “ficciones jurídicas que muchas veces vulneran el debido proceso”.

A los militares se les aplica un sistema de justicia derogado para todos, se les condena por presunciones sin dar valor de la prueba bajo los estándares vigentes y se les han puesto cargas en los procedimientos de detención, traslado a cumplir condenas y beneficios post condena que cada día son de mayor discrecionalidad y que llevan a sufrir a personas, en su casi absoluta mayoría, anciana y enferma. Tales situaciones y otras van generando un ambiente civil militar impropio de un sistema democrático pleno que constituía un objetivo vital en la transición política chilena.

La forma de abordar la temática de los DD. HH. es percibido a nivel militar como un actuar que genera injusticia en cuanto al tratamiento del pasado de Chile. Lo anterior se exacerba, cuando se observa que otros actores, que cometieron hechos punibles, pareciera que no hubieran estado nunca involucrados en la ruptura del tejido social y político del ayer, permitiéndoseles a todos ellos una plena inserción a todo nivel, incluso en altos cargos del Estado el cual a los militares les está vedado por algunos que persisten en excluirlos del tejido social y ahora a mantenerlos como “únicos responsables de un pasado” del cual todo el resto de la sociedad se ha exculpado en cuanto a su responsabilidad y participación pudiendo disfrutar del Chile en la normalidad.

Lo anterior, incluso con aquellos que atentaron en democracia y cometieron hechos de sangre por los cuales fueron beneficiados con distintas formas lo que les permite desarrollar su vida sin restricciones de ningún tipo.

Creo que los temas más importantes a abordar hoy y que necesitamos solucionar a base de un estudiado y planificado lobby con políticos serían los siguientes:

Resolver la situación de vejación que sufren quienes condenados son detenidos para ser encarcelados logrando una presentación a los lugares de detención que no implique la exposición a funas y concurrencia a lugares públicos con traslados carentes de seguridad. Conozco de oficiales que han cambiado su domicilio a regiones para evitar estos difíciles momentos.

Encontrar una solución para que ancianos mayores de 75 años y enfermos (salvo excepciones) cumplan condenas en su domicilio ya que actualmente o mueren presos o bien están presos con un deterioro de salud y vida carente de dignidad que atenta contra todo derecho humano.

III.

Buscar con políticos ojala definir un acuerdo judicial que no siga en la escalada de condenas cada día más altas y una persecución a actores que no eran responsables directos de los delitos ya que se ha distorsionado el ámbito de la persecución a personal muy subalterno y no directamente involucrado y se han aumentado las condenas con fallos de una severidad que no se conocía.

Resolver la escalada de procesos volviendo a la persecución de los casos de muertes y desaparición pero no seguir con la persecución penal de supuestas torturas o apremios a 50 años de producidos los hechos donde simples acusaciones, sin posibilidad de aportar pruebas fehacientes, llevan a un número de casos difíciles de imaginar y a procesos donde se vulneran los derechos de debido proceso a quienes se involucra muchas veces con absoluta arbitrariedad.

 

 

Conclusión:

A un año de cumplirse 50 años del pronunciamiento militar las organizaciones de retirados debemos dejar de lado muchos temas internos de funcionamiento, celebraciones y de procedimientos repetidos por años y buscar un gran acercamiento con el mundo político y golpear todas las puertas posibles para tratar de:

– Lograr la voluntad de la Corte Suprema de avanzar en la resolución de las causas vinculadas a DD. HH., en forma tal que, aunque no existan plazos, resulta del todo necesario, por una parte, cerrar los procesos en desarrollo y, por otro, evitar la apertura de nuevas causas que ya no se refieren a casos de personas muertas o desaparecidas, sino que están ampliando los ámbitos de investigación a hechos de distinta naturaleza que pueden resultar infinitos. En ese sentido se han iniciado investigaciones ya no vinculadas con muertes o detenidos desaparecidos sino con torturas o detenciones, también a Consejos de Guerra lo que está abriendo un espacio infinito de causas que son acogidas y generan procesos ante hechos de naturaleza muy especial y difícil prueba.

 

– Buscar cómo sensibilizar a los Ministros instructores e instancias superiores de resolución judicial de la necesidad de incorporar el contexto en la ponderación de los hechos y las penas lo cual llevaría a sentencias que de aplicarse ese criterio rebajan las condenas evitando impunidad pero al mismo tiempo dando consideración a aspectos humanos de personas de avanzada edad. Otorgar a las personas que sean condenadas los beneficios que la ley entrega beneficios intra penitenciarios, salidas dominicales y otros de naturaleza parecida.

 

– Encontrar una fórmula para cumplir condenas en domicilio a mayores de 75 años, salvo excepciones, evitando la situación actual que atenta contra los derechos humanos de ancianos que mueren o se deterioran por una estadía en la cárcel que no se condice con su salud y edad. – Cautelar que se proteja con el mismo rigor el derecho de las personas vinculadas con situaciones del pasado a un trato digno y justo, y se evite exponer a personas inocentes o a sus familias a tratos discriminatorios o enjuiciamiento público. Especial consideración exige los procesos de detención y traslado a interrogatorios o a cumplir condena de procesados y condenados. Esas situaciones han generado un ambiente que crecientemente afecta a muchos militares y su efecto está provocando un malestar y sensación de injusticia que no existía entre el personal activo. – Buscar el definir criterios que circunscriban las investigaciones a lo que es racional y tratar de incorporar exclusiones como los hechos que no provocaron muertes; también puede ser interesante tratar con criterio diferencial a los hechos del primer año (Sept 73 – Sept 74) como asimismo las responsabilidades de personal subalterno (Capitanes y Tenientes; Cabos y Soldados).

 

– Evitar la tendencia imperante que lleva a abrir juicios por simples detenciones o torturas muy difíciles de ser probadas. Lo anterior tiene a cientos de personal subalterno afrontando querellas por este tipo de hechos.

 

– Revertir la tendencia generalizada de los Ministros Instructores a subir en las penas (hasta hace pocos años era normal la media prescripción y penas sin cárcel); hoy, sin embargo, los mismos hechos llevan a penas mucho más altas. Ello genera que personal que era muy subalterno este siendo condenado a altas penas que les significa que parte de su ancianidad e incluso la muerte los vivirán encarcelados.

 

– Revertir la tendencia generalizada actualmente, a diferencia de años anteriores, que las penas se aplicaban a los autores directos. Hoy se amplía el radio de responsabilidad sin mayores fundamentos sobre la base que al menos personal muy subalterno podría haber conocido y como tal evitado aún hecho punible en el cual no participaron ni directa ni indirectamente y es más mal podrían haber evitado habida consideración del alto rango de los responsables directos que no respondieron al haber muerto o al declararse mentalmente impedidos por su edad hoy de responder siendo lo más grave que esa generación de altos mandos jamás asumió sus responsabilidades.

 

 

– Revisar el tema del sistema procesal, el concepto de lesa humanidad y las normas internacionales para el respeto y dignidad para los adultos mayores; “Convención Inter americana sobre derechos de personas mayores”. Todo lo anterior a mi parecer es vital para buscar el apoyo soñado con nuestros camaradas de armas y lograr los grados de humanidad y dignidad e igualdad que ellos se merecen. El acercamiento con políticos es la base de todo lo escrito y señalado. El seguir lamentando la situación desde nuestras casas o cómodas oficinas o lamentándonos en encuentros con nuestros pares o en redes sociales, no nos conduce a nada y seguiremos igual o peor que en la actualidad.

 

Descargar Revista
Revista UNOFAR N° 49

 

 

HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS

Asalto y Toma de Pisagua

Asalto y Toma de Pisagua 

Ricardo Valenzuela Benavente * 

Brigadier de Ejército 

Con la captura del Huáscar en la batalla naval de Angamos el 8 de octubre de  1879, las aguas del Pacífico se encontraban a la disposición de Chile. La sección  ofensiva de la armada peruana se halló reducida a la corbeta La Unión y esta  tuvo que retirarse a El Callao, permitiendo a las fuerzas chilenas la posibilidad  de invadir el territorio enemigo desde Iquique hasta Lima. Para las autoridades chilenas, había llegado el momento extender la campaña terrestre más allá de  Antofagasta.

La elección del punto de irrupción pasó a tener primera prioridad y fue objeto de  arduas discusiones. Una corriente de la opinión pública, a la cual el ministro  Santa María se adhirió inicialmente, sostenía que un ataque directo sobre Lima  desmoralizaría completamente a los aliados y rápidamente le pondría término a  la guerra. Esta opinión se vio contrastada por aquellos que centraron su atención  sobre Tarapacá, cuyo control podía significar una cuantiosa indemnización al  momento de entrar en negociaciones para ponerle fin al conflicto.

Esta última posición terminó por predominar ante la posibilidad de la  intervención de potencias exteriores. Tanto los Estados Unidos como Europa  tenían intereses comprometidos en la disputa y su creciente presión diplomática  podía forzar a las partes a tener que llegar a un acuerdo. Mientras antes  obtuviera Tarapacá como baza de negociación, más favorable sería la posición  chilena.

La ubicación del ejército peruano del sur concentrado en Iquique, y del ejército  del norte concentrado en la zona de Arica-Tacna, hacía evidente la elección de  un punto que impidiera la reunión de ambos. Debía elegirse un lugar al norte de  Iquique.

Decidido este asunto, se presentaron tres localidades del departamento peruano  dónde dar inicio a la Campaña de Tarapacá: Pisagua, Iquique o Patillos. La  elección se llevó cautelosamente y pendiente de varios factores particulares, el principal siendo la presencia de una línea férrea que pudiera llevar a la fuerza  expedicionaria hacia el interior del desierto. Otros elementos bajo consideración  fueron la existencia de pozos de agua accesibles y la presencia de las fuerzas  peruanas-bolivianas, las que se hallaban concentradas principalmente en  Iquique y en la zona de Tacna-Arica.

Finalmente, la decisión recayó sobre el ministro de guerra Rafael Sotomayor y  el puerto elegido para iniciar la campaña fue Pisagua. Iquique fue rechazado  por el gran número de fuerzas peruanas y bolivianas que allí se hallaban  concentradas y Patillos fue descartado porque, a pesar que presentaba una base  bien sostenible en su costa, no contaba con un fácil acceso hacia el interior. La  caleta de Pisagua estaba a 190 kilómetros al norte de Iquique, tenía acceso  directo al pozo de Dolores y poseía un ferrocarril en buen estado. Su conquista  tenía el beneficio adicional de producir una brecha entre las fuerzas aliadas  contenidas en Iquique y las que se estaban concentrando en el norte.

Un poco antes, el Ejército Expedicionario chileno terminó su concentración en  Antofagasta y para el 28 de octubre ya se hallaba embarcado 9.500 soldados  para el asalto anfibio, a la espera de la decisión final. Una vez que esta fue  hecha, la armada expedicionaria encaló sin oposición el 2 de noviembre en la  rada frente al puerto nortino.

El convoy naval zarpó el 28 de octubre desde Antofagasta y a las 7 de la mañana  del 2 de noviembre recaló en Pisagua. El blindado “Cochrane” y la corbeta  “O’Higgins”, a cargo del comandante Juan José Latorre Benavente y el Capitán  Jorge Montt Álvarez, respectivamente, atacaron el fuerte sur. Casi  simultáneamente rompían el fuego contra el fuerte norte la cañonera  “Magallanes” y la goleta “Covadonga”, mandadas por el Capitán Manuel Orella  Echanez y el Capitán Carlos Condell de la Haza.

Sus defensores, una guarnición aliada de alrededor de 1.400 efectivos y cuya  bahía estaba defendida en sus extremos norte y sur con cañones Parrot de 100  lbs. se atrincheraron en torno a la bahía y en las zanjas de la empinada pendiente  que la rodeaba. Ahí esperaron poder rechazar el embate de la fuerza militar  chilena.

La rápida operación inutilizó los dos cañones Parrot que resguardaban la entrada  de la playa y le permitió el acceso a la flotilla de botes que llevaba a las tropas  terrestres. Cerca de las diez de la mañana, la primera de tres olas de desembarco llegó al punto de la bahía llamado Playa Blanca, bajo nutrido fuego  del enemigo.

El desembarco inicial lo realizaron 450 hombres provenientes del Cuerpo Cívico  Movilizado Atacama y de la Brigada de Zapadores, un número mucho menor al  planeado originalmente para la operación. Esta también estuvo a punto de ser  fracasar debido a la confusión reinante en el desembarco, en dónde los remeros  de la flotilla se dejaron llevar por la pasión del momento y se unieron la fuerza  del ataque cuando debían haber vuelto a los buques a transportar la segunda  ola de desembarco. Frente a este retraso que bien podía hacer fracasar la  completa operación anfibia, los buques de guerra de la expedición tuvieron que  reanudar su bombardeo en auxilio de los soldados en Playa Blanca.

Gracias a este respiro, las fuerzas ya desembarcadas pudieron reorganizarse y  la flotilla de desembarco se devolvió en busca del resto de las tropas. A tres  horas del primer desembarco y dos oleadas después, la fuerza de ataque se halló  con suficientes efectivos para hacer retroceder al enemigo.

Con la artillería de los buques se atacó exitosamente el ferrocarril y los montones  de carbón y salitre, donde se mantenían refugiadas gran parte de las tropas  enemigas. Las granadas navales encendieron el salitre y comenzaron los  incendios.

Siguió un encarnizado combate en las trincheras inmediatas a la costa, la  vanguardia expedicionaria inició el penoso ascenso por la empinada pendiente  que rodeaba a la bahía. En un período de dos horas, los soldados chilenos  lograron alcanzar la meseta de Alto Hospicio, realmente agobiados por el  cansancio, coronando la cima y con ello, el acceso al desierto interior.

A las dos y media de la tarde, el territorio se hallaba bajo el control de las fuerzas  chilenas. Frente a una pérdida de cincuenta y ocho muertos y 173 heridos, la  fuerza expedicionaria había logrado poner en fuga a la guarnición aliada e inició  con una entrada triunfante, la Campaña de Tarapacá.

El enemigo había retirado ya sus efectivos hacia el interior. Las naves, que ya  silenciaban sus cañones pudieron ver a las tres de la tarde como el teniente  Rafael Torreblanca del Regimiento Atacama, clavaba la bandera chilena en un  poste de Alto Hospicio.

Las bajas de los adversarios aliados fueron calculadas en 200 entre muertos y  heridos. Con este desembarco, las fuerzas chilenas se ubicaron como cuña entre  el ejército aliado de Tarapacá y el de Tacna y abrieron un importante acceso al  territorio enemigo. La campaña terrestre se había iniciado con una victoria  conjunta de las Fuerzas Armadas de Chile.

Este hecho constituye el primer desembarco anfibio orgánico efectuado en el  mundo y se convirtió en un ejemplo típico de este tipo de operación militar, tanto  por su organización, como por su ejecución, que hasta nuestros días se estudia  en las Academias Militares y Navales del mundo.

Honremos pues hoy, la memoria de estos ciudadanos de uniforme, que con su  sangre y arrojo nos legaron el país que hoy habitamos y de cuyos nombres ni  siquiera recordamos, seamos capaces de pregonar que allí murieron por  defender la Patria y sus seres amados.

* Especialista en Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército

Edición del sitio Web de Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”  

Av. Bernardo O’Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl

Seguridad y defensa

LAS FUERZAS ARMADAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA Y LOS POLÍTICOS

LAS FUERZAS ARMADAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA Y LOS POLÍTICOS

Richard Kouyoumdjian Inglis, AthenaLab

El Líbero, Ensayos, 16/10/2022

Habiendo escrito muchas veces sobre este tema, encontré apropiado volver a escribir acerca de las relaciones de las Fuerzas Armadas de Chile con la política y los políticos, algo que cobra aún más importancia cuando el ambiente político, económico y social está revuelto, y la seguridad interior del Estado está en riesgo.

Lo hago ya que Chile tiene una tradición de dirigir la mirada a sus institutos armados cuando las cosas se ponen feas.

Es cosa de mirar la Guerra Civil de 1891, la inestabilidad política de las décadas de 1920 y 1930, la intervención de 1973, y muchas otras oportunidades en que las cosas no llegaron a mayores, como también por el hecho de que a diestra y siniestra los han estado usando para fines no principales en los estados de excepción que tenemos presentes desde el llamado “Estallido Social”, la superación de la reciente pandemia, como también para apoyar a las policías en los resguardos de las fronteras del norte, al punto que, hoy en día, la opinión pública asume este despliegue como algo normal, siendo que no es normal que estén siendo usadas para fines de seguridad interior, ya que esa es una responsabilidad propia de las policías.

Otro caso es lo que ocurre en la macrozona sur donde las FF. AA. son empleadas en forma restringida y acotada porque no se quiere reconocer que el fenómeno que enfrentan se llama “insurgencia armada”, acompañada de los delitos que normalmente se dan en esas circunstancias como son el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales.

La relación entre el instrumento militar del poder nacional y la política nunca ha sido fácil, ya que el primero dispone del monopolio incontrarrestable del poder de las armas y puede, si así lo quiere, tomarse el poder, como ha sucedido múltiples veces en la historia de la humanidad.

El más famoso caso fue el cruce del Río Rubicón por el gobernador de las Galias, Julio César, en 49 a. C., quien pasó a llevar la restricción que impedía a las legiones romanas traspasar ese río por el riesgo de que las tropas intervinieran en la política romana.

Al parecer esa restricción era bien pensada, ya que Julio César al cruzar el río con sus tropas inició el término de la República, y se hizo nombrar cónsul y dictador vitalicio.

Es correcto que la opinión pública reaccione ante los intentos del PC de reformar la educación militar.

Lo normal hasta tiempos recientes era que el poder militar y el poder político estuviesen integrados, pero en Occidente, con el pasar de los años, eso dejó de ser lo usual con el asentamiento de la democracia como forma de gobierno y la separación de los poderes del Estado con sus balances y contrapesos políticos e institucionales.

Solo se mantiene en algunos países en que la democracia no está desarrollada, como China, Rusia, Cuba, Venezuela, Myanmar, Corea del Norte, y algunos países del Medio Oriente, en donde es clave tener el control efectivo de las armas para sostenerse en el poder.

En Chile hemos evolucionado desde la figura del gobernador general, que a la vez era el capitán general y presidente de la Real Audiencia, a la situación actual en que los institutos armados están bajo la autoridad, pero no integrados, al Ejecutivo.

El presidente, que debe ser un civil, solo en caso de guerra asume la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. En condiciones de normalidad designa y destituye a los comandantes en jefe y al jefe del Estado Mayor Conjunto, aprueba la conformación anual de sus altos mandos y retiene el control de los actos administrativos incluyendo la asignación y control de recursos presupuestarios.

Para llegar a la situación actual pasamos por varios eventos en donde las Fuerzas Armadas se involucraron en la política, como son, por nombrar algunos: la Guerra Civil de 1891, los ruidos de sables de 1924, el Tacnazo de 1969, la participación de generales y almirantes en servicio activo como ministros en los gabinetes de Balmaceda o Allende, el pronunciamiento o golpe militar de 1973 que derivó en un gobierno militar de un poco más de 16 años y, en tiempos más recientes, el “boinazo” del 1993.

Considerando tanto las evidencias históricas, sean propias o de otros, la realidad que existe en países no democráticos y asumiendo que estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas no deben participar en política, la pregunta es: ¿Cómo sostenemos la realidad de FF.AA. no participativas y no deliberantes más allá de los resguardos legales y constitucionales?

Partiendo de la base que estas cumplen con ser efectivas, eficientes, bien administradas y, por ende, que no deben ser intervenidas en su administración, las debemos respetar por su rol de protección de la soberanía y de la independencia política, de la existencia de la democracia como sistema de gobierno, el desarrollo económico y el bienestar de los chilenos.

Ese respeto debería implicar su buen remunerar, reconocer que su régimen de pensiones debe ser distinto producto de sus funciones y que se entienda que tienen la capacidad de pensar, de opinar, lo que no es igual a deliberar, pero, por sobre todo, se debe evitar que sean usadas o capturadas por grupos de interés o partidos políticos que las quieran anular, las requieran para acceder o permanecer en el poder, o usar para fines distintos a su naturaleza.

En ese sentido es correcto que la opinión pública reaccione ante los intentos del PC de reformar la educación militar.

Dicho todo lo anterior, corresponde preguntarse si en las circunstancias actuales estamos o no empujando a las Fuerzas Armadas a situaciones que las puedan acercar a la contingencia política. La respuesta es un claro y rotundo sí.

El haber sacado a las Fuerzas Armadas para el Estado de Emergencia del 18 de octubre de 2019, nuevamente para el Estado de Catástrofe que se inició a mediados de marzo del 2020 y que nos acompañó hasta bien entrado el 2021, para después seguir con los Estados de Emergencia en la macrozona sur, que aún siguen vigentes, y lo que se les ha pedido en la frontera norte, transforma a las instituciones en actores políticos de primera línea.

En los Estados de Excepción los jefes de la defensa actúan por delegación presidencial y reportan al jefe de Estado. Están por sobre los delegados presidenciales y actúan en el nivel político, teniendo a su cargo las fuerzas militares y policiales asignadas a su mando.

Como si lo anterior fuera poco, los políticos ahora insisten en que se hagan cargo de la infraestructura crítica, o bien, la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional denominado de cuidado y resguardo. Es seguir pidiéndole al gato que saque con sus manos las castañas del fuego. Es seguir involucrándolas en problemas que son de orden político o que se han transformado en problemas políticos, por la inacción de los políticos.

No solo las circunstancias actuales las transforman en actores políticos, sino también el hecho de que con el paso de los años se les han asignado una serie de áreas de misión que van más allá de las propias de la defensa nacional.

Tener áreas de misión en donde se puedan usar las capacidades polivalentes es eficaz y eficiente, pero implica involucrarlas en aspectos que tienen bastante más de política que de defensa nacional pura y dura. A modo de ejemplo, cualquiera de las tres instituciones –aparte del área de misión de defensa de la soberanía e integridad territorial– tiene responsabilidades asignadas en cooperación internacional y apoyo a la política exterior, emergencia nacional y protección civil, contribución al desarrollo nacional y acción del Estado, seguridad e intereses territoriales, marítimos y aéreos.

La pregunta que sigue es: Si tienen la capacidad y ya están muy involucradas en lo que sucede en Chile, ¿por qué no se toman el poder y gobiernan ellas? Mi respuesta personal es que no tienen interés alguno en hacerlo ni vocación política en el sentido de gobernar y de elegir entre posturas de las izquierdas o de las derechas. No está en su ADN.

Eso no quiere decir que no piensen y tengan una evaluación propia de lo que sucede, que no hagan saber su opinión a través de los conductos regulares correspondientes en forma muy reservada. Saben que tienen el monopolio del poder de las armas, tienen muy clara la responsabilidad que la sociedad les ha entregado y saben que su opinión será escuchada y tomada en cuenta.

Les interesa el bienestar de Chile, de los chilenos y proteger a su patria, tal como lo indica el juramento a la bandera que cada uno de sus integrantes realiza cuando se incorpora al servicio.

La experiencia de más de 200 años les ha enseñado que ser gobierno no es rol de las FFAA y que es mejor actuar como Fuerzas Armadas apolíticas, profesionales, jerarquizadas y no deliberantes, centradas en Chile y alejadas de todo lo que suene o tenga olor a política partidista. Saben que quienes quieren subvertir el orden institucional y el estado de derecho por la vía revolucionaria buscarán tenerlas a su lado o al menos anularlos, ya que no hay revolución que resulte si no se tiene el poder de las armas. Saben que buscarán neutralizarlas a través de acciones y ataques legales, comunicacionales o de cualquier otro medio que les permita ir adelante con sus planes.

Estimo que la institucionalidad de las FF. AA. de Chile permite que tengamos instituciones de lujo, arraigadas en el sentir nacional y valoradas por la ciudadanía. Las FF. AA. saben que tienen una responsabilidad muy grande, porque la patria confía en ellas. Eso las obliga a tener claridad absoluta de su propósito y a actuar con estricto apego a la ley y a los reglamentos vigentes.

Para terminar, no veo en el horizonte posibilidades de repetición de un 1891 o un 1973, a pesar de que hay quienes están tratando de encontrar paralelos entre las situaciones actuales y las pasadas.

Las instituciones tienen memorias más profundas que las personas y esto es especialmente así si consideramos que el Ejército y la Marina nacieron junto con la República y la Fuerza Aérea se encamina a su primer siglo de vida institucional.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

EN BUSCA DEL VEREDICTO

EN BUSCA DEL VEREDICTO

Orlando Sáenz, Empresario

El Líbero, Opinión, 19/10/2022

En mis dos últimas reflexiones (“Comunismo y Estado” y “Comunismo en Tres Etapas) creo haber dejado perfectamente en claro cuál es el fundamento teórico de Marx y Engels que Lenin transformó en un programa político para los partidos comunistas que nacieron de esas concepciones.

Para ello, y para evitar cualquier duda de que yo pudiera estar tergiversando o mal entendiendo esos postulados, invoqué la comparecencia como testigo del propio Lenin a través de su copiosa literatura.

Cumplida esas dos etapas, corresponde que ahora cierre mi rol de fiscal y lo quiero hacer no con una interpretación ética, sino que con la máxima prueba a que puede aspirarse, cual es la de los resultados prácticos que ha producido la aplicación del camino marxista-leninista hacia la sociedad sin clases auto establecida como meta.

Son muchos los países en que se ha experimentado la constitución de ese utópico Estado sin clases que, finalmente, culmina en la propia extinción. Todos terminaron en desastres políticos, económicos y sociales.

Lenin planteó su programa político para los PC durante el primer cuarto del siglo XX, o sea, hace exactamente un siglo. Durante ese lapso, son muchos los países en que se ha experimentado la constitución de ese utópico Estado sin clases que, finalmente, culmina en la propia extinción. La lista incluye a la Unión Soviética, a todos los países satélites en Asia y en Europa Central y Oriental, en China, Vietnam, Camboya, etc., en algunas partes de África como Etiopía, y en América en Cuba y Nicaragua.

De esa enorme experiencia se pueden extraer, sin posibilidades de argumentación contraria, las siguientes conclusiones: 1) Todos terminaron en desastres políticos, económicos y sociales; 2) Solo en uno se llegó a intentar la disolución del Estado (Camboya) y en todos los otros, y después de larguísimos monopolios en el poder, impera el estado comunista con enorme nivel de violación de los derechos humanos.

El fracaso económico ha sido estruendoso si se compara el crecimiento con relación a los países democráticos capitalistas.

Si se le pregunta a internet cuáles han sido los dictadores más genocidas de la historia, de su listado de 10, son 5 los de regímenes comunistas, y la pavorosa lista la encabeza el chino Mao Zedong con 78 millones de víctimas y lo sigue José Stalin, con 23 millones.

El horroroso recuento es tan impresionante que parece increíble que todavía haya quienes proponen entrar por la senda de ese paraíso comunista que ni existe ni llega.

Pienso que basta todo lo señalado para aquilatar, en su cabal dimensión, la increíble tontería de estar tratando de escribir una nueva constitución para una proyectada progresista democracia libertaria y representativa, con un Partido Comunista programáticamente preparado para subvertirla y destruirla.

Eso tiene tanto sentido como esperar las proverbiales peras del proverbial olmo.

En lo que a mí respecta, no lo podía creer cuando escuché que los partidos democráticos estaban invitando al presidente del PC a acordar los fundamentos básicos de una nueva constitución para un remozado Chile democrático.

¿Es que nunca han leído los fundamentos y el programa de este partido? ¿Es que estaban dormidos cuando saltaron hechas pedazos las tres alianzas políticas que ha integrado el PC para acceder al gobierno de Chile (Frente Popular, Unidad Popular, Nueva Mayoría)?

Habiendo cerrado mi alegato final, solicito de mi imaginario jurado el veredicto de culpabilidad y mi propuesta de condena para el PC.

Comprendo que, para emitir sentencia, es necesario discutir si una democracia puede acordar medidas preventivas frente a partidos que programáticamente legitiman la violencia, la sedición y la sistemática eliminación de clases sociales y de “compañeros de ruta”.

Para ilustrar esa posible duda, propongo recurrir a la historia y al sentido común.

Este último señala que privar de defensas preventivas a un sistema político en relación con sus enemigos declarados es proponerse una tontería sin nombre. Aquella muestra que existen, y han existido, democracias que han tomado esas precauciones, como ocurrió con el funcionamiento de las leyes contra las actividades antinorteamericanas en los Estados Unidos y con varios estados que han prohibido constitucionalmente la existencia de PC en sus territorios.

Es apoyado en esas realidades incontestables que solicito se apruebe la exigencia de que la nueva constitución proscriba la existencia legal del Partido Comunista chileno y les imponga a sus miembros la obligación de suscribir un compromiso de abandono de todo acto político basado en la violencia.

Quedaré a la espera del veredicto de mis lectores.

 Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

DEFINIENDO EL LIBERALISMO

 

DEFINIENDO EL LIBERALISMO

Lucía Santa Cruz

El Mercurio, Columna de opinión, 04/11/2022

El momento constitucional actual nos interpela a definir aquellos conceptos de la teoría política que subyacen a la confrontación ideológica imperante en nuestro país.

El texto que fue derrotado el 4 de septiembre tenía como objetivo global la eliminación del llamado “neoliberalismo” de modo que, como afirmó una vez el Presidente Boric, si Chile supuestamente había sido su cuna fuera también su tumba.

Al igual como ocurre con otros conceptos tales como populismo o democracia, que son utilizados con múltiples y variados significados, con definiciones algo porosas y muchas veces contradictorias entre sí, la noción de “neoliberalismo” ha pasado a ser una idea que debe partir cada vez por una definición propia de cada autor y, por lo tanto, como categoría de análisis, no sirve para definir un modelo único y, en consecuencia, no constituye el mejor marco teórico para entender la realidad.

Tal vez sería conveniente comenzar por definir el sentido que el liberalismo clásico en general, desde sus orígenes, entrega a la libertad.

Una idea esencial es que las atribuciones del Estado deben ser constreñidas debido a su enorme potencial para vulnerar la libertad de los ciudadanos; también se halla asociado a la importancia del imperio de la ley por sobre el poder arbitrario o discrecional, al valor de los derechos individuales, especialmente la libertad de pensamiento, religión, expresión, asociación y movimiento y, finalmente, a la defensa de la vigencia plena del derecho de propiedad como base material para la expresión y el ejercicio de todos los anteriores.

En este sentido, el liberalismo es un movimiento ligado a la modernidad occidental, cuando el individuo empieza a consolidar un lento proceso de emancipación respecto a las limitaciones que la colectividad, en sus distintas expresiones, había ejercido sobre su autonomía personal, convirtiéndose así, por derecho natural o algo parecido, en soberano sobre sí mismo, sus talentos y su propiedad.

La consecuencia lógica de ello es la teoría del gobierno acotado, el imperio del Estado de Derecho y de la economía capitalista.

En suma, el liberalismo clásico es, en esencia, una teoría política del gobierno limitado, que trata de proteger a los ciudadanos de las restricciones arbitrarias externas que le impiden la realización de todo su potencial; se ampara en la separación de poderes y en la vigencia de garantías institucionales para la libertad personal y, en fin, se opone al absolutismo político y a cualquier obstáculo a la libertad del individuo, salvo en los casos que su ejercicio sea dañino para la libertad de otros.

Una de las consecuencias más relevantes de la introducción del liberalismo clásico es el surgimiento de una distinción entre la esfera pública y la privada, fundada en la idea de que existen espacios propios del ámbito de cada ser humano en los cuales se incluyen diversas actividades hasta entonces sometidas a la esfera pública que deben quedar fuera de la intervención de la autoridad, vale decir, no deben estar sometidas ni deben ser decididas por ninguna soberanía ajena a la voluntad del individuo.

Uno de los chilenos exégetas de la idea liberal más lúcidos fue tal vez José Victorino Lastarria, quien concluyó: “El derecho de pensar y juzgar, el de tener una creencia religiosa y practicar libremente su culto, el de enseñar y comunicar por medio de la palabra lo que tenemos por verdadero, constituyen de tal modo nuestra individualidad, que si los enajenáramos, o si la ley, el poder público, o la mayoría de la sociedad a título de mayoría, nos pusieran límites en su uso, o se arrogasen la facultad de dirigirlo, imponiéndonos un juicio, una creencia, una enseñanza, una verdad, no podríamos desarrollar libremente nuestra personalidad, y estaríamos sometidos a la más injustificable esclavitud”.

 Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional