Resumen:
El dolor militar. Mientras el país sigue su marcha con variados temas en diferentes campos que aparentemente significan una prioridad y una importancia para el futuro de los chilenos, los militares retirados seguimos tratando de buscar posibles soluciones a nuestro tema más doloroso, los procesos y condenas de nuestros camaradas de armas.
Indice:
EDITORIAL
GDB René Norambuena Véliz, co-Presidente de la Unión
El dolor militar. Mientras el país sigue su marcha con variados temas en diferentes campos que aparentemente significan una prioridad y una importancia para el futuro de los chilenos, los militares retirados seguimos tratando de buscar posibles soluciones a nuestro tema más doloroso, los procesos y condenas de nuestros camaradas de armas.
El ver cada cierto tiempo noticias de procesos y nuevas y altas condenas por hechos ocurridos hace cincuenta años, produce dolor e impotencia. El no saber que hacer, el no saber que puerta golpear, el no tener interlocutores que se interesen en escucharnos y / o apoyarnos es doloroso. El ver señoras de amigos desoladas por años, hijos de ellos buscando respuestas y viviendo con su padre ya deteriorado psíquica y físicamente en continuas citaciones a declarar por años es difícil y doloroso. El encontrarse con viudas de militares que lloran en silencio a sus maridos uniformados que murieron privados de libertad es realmente difícil emitir una palabra de consuelo. El encontrarse con jóvenes oficiales activos del Ejército y escucharlos con orgullo mencionar su nombre y a continuación el decir, soy hijo del Coronel o General o Mayor, detenido en Punta Peuco o Colina, es difícil para uno responder y decir algo, solo reconocer y recordar con el máximo de positivismo al camarada y amigo privado de libertad.
Este tema es sin duda el más delicado y doloroso para nosotros, no hay reunión militar donde no se toque el tema.
Muchos pensamos que la relación civil política y militar se había recompuesto por el periodo de transición con una bullada mesa de diálogo en los años dos mil, pero eso lamentablemente pasó al olvido y los procesos y altas condenas en estos últimos años se triplicaron especialmente en la época del primer periodo de Piñera.
El desconocimiento de lo complejo que resultó el logro de los niveles alcanzados en estas temáticas lleva a sectores políticos y sociales de Chile a incorporar altas cuotas de subjetividad, que generan actitudes y demandas extremas, que podrían confundirse con afanes de venganza.
Eso se ve porque curiosamente cada vez qué hay situaciones políticas complejas en el país, los medios de comunicación en paralelo presentan casos especiales donde la imagen del militar es absolutamente negativa.
Al respecto los últimos acontecimientos han significado una seria regresión en los logros obtenidos de reconciliación y percepción positiva de las FF. AA.
La consecuencia más grave es que esta situación puede situar a las FF. AA. en un ámbito político propio del pasado, haciéndolas aparecer como un actor que puede ser interpelado por un sector de la sociedad, como si no hubiese ocurrido el proceso de transición política tan particular de Chile.
Por otra parte la imagen pública de personal militar, fundamentalmente en retiro, vuelve a ser objeto de un sensacionalismo mediático que afecta su honra y genera en el ámbito de los militares activos y en retiro una sensación de exclusión con relación a la normalidad que Chile en su gran mayoría disfruta.
En tal sentido Oficiales y Suboficiales en retiro tanto personal como grupalmente, por una parte ven como sectores desconocen el rol y aporte de sus Instituciones y por otra parte viven en la desesperanza de ser el “únco objeto de persecución y castigo por hechos sucedidos hace casi 50 años”.
En dicha situación inciden las resoluciones de los jueces que ejercen sus atribuciones en sentido maximalista dictando sentencias que no se conocieron en el pasado y argumentando con “ficciones jurídicas que muchas veces vulneran el debido proceso”.
A los militares se les aplica un sistema de justicia derogado para todos, se les condena por presunciones sin dar valor de la prueba bajo los estándares vigentes y se les han puesto cargas en los procedimientos de detención, traslado a cumplir condenas y beneficios post condena que cada día son de mayor discrecionalidad y que llevan a sufrir a personas, en su casi absoluta mayoría, anciana y enferma. Tales situaciones y otras van generando un ambiente civil militar impropio de un sistema democrático pleno que constituía un objetivo vital en la transición política chilena.
La forma de abordar la temática de los DD. HH. es percibido a nivel militar como un actuar que genera injusticia en cuanto al tratamiento del pasado de Chile. Lo anterior se exacerba, cuando se observa que otros actores, que cometieron hechos punibles, pareciera que no hubieran estado nunca involucrados en la ruptura del tejido social y político del ayer, permitiéndoseles a todos ellos una plena inserción a todo nivel, incluso en altos cargos del Estado el cual a los militares les está vedado por algunos que persisten en excluirlos del tejido social y ahora a mantenerlos como “únicos responsables de un pasado” del cual todo el resto de la sociedad se ha exculpado en cuanto a su responsabilidad y participación pudiendo disfrutar del Chile en la normalidad.
Lo anterior, incluso con aquellos que atentaron en democracia y cometieron hechos de sangre por los cuales fueron beneficiados con distintas formas lo que les permite desarrollar su vida sin restricciones de ningún tipo.
Creo que los temas más importantes a abordar hoy y que necesitamos solucionar a base de un estudiado y planificado lobby con políticos serían los siguientes:
Resolver la situación de vejación que sufren quienes condenados son detenidos para ser encarcelados logrando una presentación a los lugares de detención que no implique la exposición a funas y concurrencia a lugares públicos con traslados carentes de seguridad. Conozco de oficiales que han cambiado su domicilio a regiones para evitar estos difíciles momentos.
Encontrar una solución para que ancianos mayores de 75 años y enfermos (salvo excepciones) cumplan condenas en su domicilio ya que actualmente o mueren presos o bien están presos con un deterioro de salud y vida carente de dignidad que atenta contra todo derecho humano.
III.
Buscar con políticos ojala definir un acuerdo judicial que no siga en la escalada de condenas cada día más altas y una persecución a actores que no eran responsables directos de los delitos ya que se ha distorsionado el ámbito de la persecución a personal muy subalterno y no directamente involucrado y se han aumentado las condenas con fallos de una severidad que no se conocía.
Resolver la escalada de procesos volviendo a la persecución de los casos de muertes y desaparición pero no seguir con la persecución penal de supuestas torturas o apremios a 50 años de producidos los hechos donde simples acusaciones, sin posibilidad de aportar pruebas fehacientes, llevan a un número de casos difíciles de imaginar y a procesos donde se vulneran los derechos de debido proceso a quienes se involucra muchas veces con absoluta arbitrariedad.
Conclusión:
A un año de cumplirse 50 años del pronunciamiento militar las organizaciones de retirados debemos dejar de lado muchos temas internos de funcionamiento, celebraciones y de procedimientos repetidos por años y buscar un gran acercamiento con el mundo político y golpear todas las puertas posibles para tratar de:
– Lograr la voluntad de la Corte Suprema de avanzar en la resolución de las causas vinculadas a DD. HH., en forma tal que, aunque no existan plazos, resulta del todo necesario, por una parte, cerrar los procesos en desarrollo y, por otro, evitar la apertura de nuevas causas que ya no se refieren a casos de personas muertas o desaparecidas, sino que están ampliando los ámbitos de investigación a hechos de distinta naturaleza que pueden resultar infinitos. En ese sentido se han iniciado investigaciones ya no vinculadas con muertes o detenidos desaparecidos sino con torturas o detenciones, también a Consejos de Guerra lo que está abriendo un espacio infinito de causas que son acogidas y generan procesos ante hechos de naturaleza muy especial y difícil prueba.
– Buscar cómo sensibilizar a los Ministros instructores e instancias superiores de resolución judicial de la necesidad de incorporar el contexto en la ponderación de los hechos y las penas lo cual llevaría a sentencias que de aplicarse ese criterio rebajan las condenas evitando impunidad pero al mismo tiempo dando consideración a aspectos humanos de personas de avanzada edad. Otorgar a las personas que sean condenadas los beneficios que la ley entrega beneficios intra penitenciarios, salidas dominicales y otros de naturaleza parecida.
– Encontrar una fórmula para cumplir condenas en domicilio a mayores de 75 años, salvo excepciones, evitando la situación actual que atenta contra los derechos humanos de ancianos que mueren o se deterioran por una estadía en la cárcel que no se condice con su salud y edad. – Cautelar que se proteja con el mismo rigor el derecho de las personas vinculadas con situaciones del pasado a un trato digno y justo, y se evite exponer a personas inocentes o a sus familias a tratos discriminatorios o enjuiciamiento público. Especial consideración exige los procesos de detención y traslado a interrogatorios o a cumplir condena de procesados y condenados. Esas situaciones han generado un ambiente que crecientemente afecta a muchos militares y su efecto está provocando un malestar y sensación de injusticia que no existía entre el personal activo. – Buscar el definir criterios que circunscriban las investigaciones a lo que es racional y tratar de incorporar exclusiones como los hechos que no provocaron muertes; también puede ser interesante tratar con criterio diferencial a los hechos del primer año (Sept 73 – Sept 74) como asimismo las responsabilidades de personal subalterno (Capitanes y Tenientes; Cabos y Soldados).
– Evitar la tendencia imperante que lleva a abrir juicios por simples detenciones o torturas muy difíciles de ser probadas. Lo anterior tiene a cientos de personal subalterno afrontando querellas por este tipo de hechos.
– Revertir la tendencia generalizada de los Ministros Instructores a subir en las penas (hasta hace pocos años era normal la media prescripción y penas sin cárcel); hoy, sin embargo, los mismos hechos llevan a penas mucho más altas. Ello genera que personal que era muy subalterno este siendo condenado a altas penas que les significa que parte de su ancianidad e incluso la muerte los vivirán encarcelados.
– Revertir la tendencia generalizada actualmente, a diferencia de años anteriores, que las penas se aplicaban a los autores directos. Hoy se amplía el radio de responsabilidad sin mayores fundamentos sobre la base que al menos personal muy subalterno podría haber conocido y como tal evitado aún hecho punible en el cual no participaron ni directa ni indirectamente y es más mal podrían haber evitado habida consideración del alto rango de los responsables directos que no respondieron al haber muerto o al declararse mentalmente impedidos por su edad hoy de responder siendo lo más grave que esa generación de altos mandos jamás asumió sus responsabilidades.
– Revisar el tema del sistema procesal, el concepto de lesa humanidad y las normas internacionales para el respeto y dignidad para los adultos mayores; “Convención Inter americana sobre derechos de personas mayores”. Todo lo anterior a mi parecer es vital para buscar el apoyo soñado con nuestros camaradas de armas y lograr los grados de humanidad y dignidad e igualdad que ellos se merecen. El acercamiento con políticos es la base de todo lo escrito y señalado. El seguir lamentando la situación desde nuestras casas o cómodas oficinas o lamentándonos en encuentros con nuestros pares o en redes sociales, no nos conduce a nada y seguiremos igual o peor que en la actualidad.
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Revista UNOFAR N° 49
