Cristián Labbé Galilea
Las recientes objeciones surgidas en Argentina frente al comercio entre Punta Arenas y las islas Falkland merecen una respuesta serena, pero categórica. Una cosa es la controversia sobre la soberanía de las islas, respecto de la cual Chile ha mantenido una posición conocida, y otra muy distinta pretender extender esa controversia hasta condicionar las decisiones comerciales de nuestro país.
Digámoslo fuerte y claro: Argentina no tiene soberanía sobre Punta Arenas, sobre sus puertos ni sobre las decisiones comerciales que legítimamente adopten empresarios chilenos. Mientras esas actividades respeten la legislación chilena y el derecho internacional, corresponde a Chile determinar con quién comercia y desde qué puertos lo hace.
En materia de navegación, los antecedentes son todavía más claros. El artículo V del Tratado de Límites de 1881, suscrito por Chile y Argentina, estableció que el Estrecho de Magallanes quedaba neutralizado a perpetuidad y aseguraba la libre navegación para las banderas de todas las naciones.
Más de un siglo después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 no debilitó ese principio: lo reafirmó expresamente. En él Argentina asumió, además, la obligación de mantener, “en cualquier tiempo y circunstancias”, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de manera expedita y sin obstáculos por sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho.
Esta pluma recuerda además a sus lectores la existencia de una dimensión histórica que no debiéramos olvidar: nuestra vocación austral nace en los albores de la República. Estadistas y gobernantes comprendieron que Magallanes era mucho más que una geografía distante: era una cuestión estratégica para el futuro de Chile y sus proyecciones sobre el continente Antártico.
O’Higgins fue probablemente quien con mayor lucidez temprana comprendió esa realidad. Durante sus últimos años insistió en la necesidad de que Chile afirmara su presencia en el extremo austral. La historia ha conservado incluso aquella palabra que habría pronunciado entre sus últimas preocupaciones: “¡Magallanes!” Poco después, en 1843, Chile tomó posesión efectiva del Estrecho, consolidando una presencia que sería decisiva para nuestra proyección austral.
Punta Arenas no puede ser concebida como una ciudad periférica obligada a pedir autorización para aprovechar su privilegiada posición geográfica. Es puerta del Estrecho, plataforma hacia el Atlántico Sur, y pieza fundamental para el desarrollo regional.
Al respecto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue claro al separar comercio y soberanía en una rueda de negocios, realizada los días 28 y 29 de septiembre, entre empresarios magallánicos y representantes de las Falkland, al reclamar su derecho a: recuperar un mercado que terminó desplazándose hacia Montevideo; beneficiar a las pymes magallánicas en un mercado que podría alcanzar más de US$20 millones anuales. La rueda terminó con más de 800 reuniones y varios contratos cerrados. Como dicen en el campo: ¡más claro echarle agua!
En concreto: podemos respetar a nuestros vecinos, cumplir nuestros tratados, y mantener nuestras posiciones diplomáticas, pero respeto no significa subordinación. En comercio, navegación, y defensa de nuestros legítimos intereses nacionales, hay un principio que no admite ambigüedades…¡Chile se gobierna desde Chile!
Un aporte de nuestro Director Secretario Luis Cabezón
