¿Chile vulnerable? Motivo: diez años de exclusión deliberada en investigación en materia de seguridad y defensa. Loreto Correa. El Líbero

En el marco de la actual decisión de la Ministra de Ciencias respecto de la priorización de áreas de investigación en Fondecyt, quisiera llamar la atención sobre la trayectoria que los estudios en Ciencias Sociales llevan en el país y traer a colación ciertos patrones que se han consolidado en el sistema científico nacional.

Los datos

Entre 2015 y 2025, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) adjudicó 3.593 proyectos en Ciencias Sociales, Historia y Jurídicas. De ellos, 95 tienen que ver con el siglo XXI y apenas dos se relacionan con seguridad y defensa contemporánea. La cifra es tan contundente como preocupante: en una década, el Estado chileno ha financiado miles de investigaciones sobre dictadura, memoria, migraciones y relaciones internacionales históricas, pero ha dejado prácticamente sin respaldo académico los temas estratégicos que definen la autonomía y la capacidad de respuesta soberana de un país en el siglo XXI. A partir de la revisión de la base documental de la adjudicación de proyectos Fondecyt Regulares y de Iniciación, cercanos a la seguridad, defensa y relaciones internacionales (95/ de 3.593 proyectos) encontramos:

• 22 proyectos sobre dictadura cívico-militar.
• 18 sobre memoria y violencia política.
• 15 sobre migraciones y fronteras.
• 14 sobre relaciones internacionales históricas.
• 2 sobre seguridad y defensa contemporánea.

La reiteración de agendas es evidente. Los mismos grupos, centros, las mismas líneas de investigación, las mismas redes de influencia se repiten una y otra vez. De la revisión temática de la adjudicación, se evidencia que el sistema de investigación nacional es responsable de haber generado una endogamia académica que asegura la reproducción de ciertos enfoques y la exclusión sistemáticamente otros. En algunos casos, esta dinámica se tradujo en iteración —la repetición de temas ya legitimados— y en otros, en lo que podría interpretarse como patrones ideológicos de influencia: esto es, la articulación de redes de investigadores que capturan los fondos públicos y cierran el acceso a nuevas disciplinas, enfoques y problemáticas.

¿Cómo puede ser posible que no existan investigaciones basales sobre el impacto de la ocupación de las cuencas, del uso del suelo, de la explotación minera, del crimen organizado, del contrabando, de los efectos de la violencia y el delito en barrios del país? Pues no los hay. Tampoco hay evidencia de estudios que revisen la evolución del gasto en las fuerzas armadas, la situación del Estado en el manejo de la frontera norte o la macrozona sur en estados de excepción o la evolución del delito transnacional. Ni hablar de propuestas, prospectiva o escenarios proyectables. La pregunta es obvia: ¿por qué?

La evidencia

Del estudio de la evolución de la adjudicación de proyectos en Ciencias Sociales, Historia y Jurídicas, lo que se observa es una política científica desequilibrada. Mientras Chile acumula conocimiento sobre la dictadura y la memoria —temas relevantes, sin duda, pero en ningún caso únicos y determinantes para el incierto mundo que nos golpea todos los días— carece de insumos científicos para enfrentar desafíos estratégicos como la seguridad fronteriza, la ciberdefensa, la defensa marítima y antártica, la gestión de riesgos y resiliencia frente a los desastres naturales o antrópicos o la cooperación internacional en defensa regional. Ámbitos todos presentes en las encuestas de opinión, el debate público y el mismo Estado, que han señalado como prioritarios. En suma, estamos sin respaldo en el sistema de investigación nacional.

Una explicación a esta ausencia es que la inexistencia de un comité específico para estas áreas ha permitido que los estudios estratégicos y de defensa queden diluidos dentro de las ciencias sociales y jurídicas, compitiendo con historia, antropología y humanidades. Sin embargo, ello omite que los pocos investigadores que se aproximan a este campo lo hacen como outsiders, sin pertenencia real al sector y sin conocimiento efectivo de la nomenclatura. O sea, lo hacen con los sesgos propios de la coyuntura política o de formación teórica. Por ello, con franqueza, la exclusión no ha sido accidental, sino estructural. Y esa omisión explica por qué los think tanks han ocupado el espacio que la academia optó por abandonar.

¿Qué hacer?

Los fondos públicos de investigación no pueden seguir capturados por agendas endogámicas. Las universidades estatales tienen recursos propios para investigar lo que quieran —desde la prensa del siglo XX hasta la literatura colonial—, todas tienen vicerrectorías de investigación que pueden priorizar estudios. Sin embargo, los fondos nacionales deben responder a problemas pertinentes, urgentes y con foco. Por ello, es que la actual discusión sobre la priorización de áreas temáticas del Estado es relevante y comprensible.

Hoy circula la idea de que los fondos basales en Ciencias Sociales quedarán ausentes en próximas convocatorias. Lo que ha hecho el Ministerio de Ciencia es abrir un espacio de reflexión y poner el acento en la necesidad de un cambio urgente y pertinente. Si efectivamente, los fondos en ciencias sociales no son prioridad, y si los científicos de estas áreas lo piensan con calma, esta es una oportunidad para poner al día la ciencia social con los problemas país. Ello obligará a la interdisciplinariedad, a mejorar el impacto país de las investigaciones y sobre todo a investigar lo pertinente.

Chile necesita investigación aplicada en seguridad y defensa, no sólo por razones académicas, sino por razones de soberanía efectiva. La vulnerabilidad de las zonas extremas y fronterizas, la amenaza creciente en el ciberespacio, la importancia del territorio marítimo y la proyección antártica, la resiliencia ante desastres naturales y la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional son desafíos que no pueden seguir sin respaldo científico. ¿Alguien se ha preguntado por qué no hemos podido acabar con los Estados de Excepción constitucional en el norte y sur del país? ¿Acaso hemos recibido propuestas concretas desde el mundo académico para hacerlo? Hoy, el Estado no cuenta con herramientas desde las ciencias sociales para diseñar políticas públicas en áreas críticas.

En suma, la exclusión de seguridad y defensa de la investigación nacional no es sólo un problema académico: es un problema político que compromete directamente la autonomía del país. Chile no puede darse el lujo de seguir omitiendo la seguridad en todos los niveles de la política científica país. La gran omisión en la adjudicación de fondos entre 2015 y 2025 debe ser corregida en las futuras convocatorias; de lo contrario, la vulnerabilidad del país en todas las esferas estratégicas seguirá intacta. Es de aplaudir que el gobierno haya definido estas áreas por fin como prioridad del Estado desde este 2026, pero entonces la política científica deberá de una vez alinearse con esa urgencia y garantizar la existencia de recursos públicos que respondan a los desafíos reales y al interés nacional.