EL DÍA QUE EL ESTADO LLORÓ CON UNA MANO Y OFENDIO CON LA OTRA.
ing. Jorge Sepúlveda Haugen
El sábado 18 de julio, Chile hizo tres cosas al mismo tiempo. Confirmó la muerte del cabo primero Marcos Cosme, baleado en el rostro mientras cumplía una orden judicial.
Decretó tres días de duelo nacional. Y envió a una jefatura del Instituto Nacional de Derechos Humanos al Hospital Base de Valdivia a verificar el estado de salud del hombre imputado por dispararle.
Las tres cosas las hizo el mismo Estado. Con la misma bandera. Con los mismos impuestos.
Que nadie se apure a la trampa fácil: la visita era legal. El INDH visitó también al carabinero herido. Cumplió su padrón, su protocolo, su mandato. Y ahí, exactamente ahí, está el problema. Porque lo que quedó demostrado ese sábado no es que el instituto viole la ley.
Es algo peor: que puede cumplirla íntegramente y aun así ser incapaz de percibir que estaba certificando el bienestar del presunto homicida en la hora exacta en que su víctima entraba al panteón de los mártires.
Un organismo cuya única moneda es el juicio, decidir cuándo actuar, contra quién, con qué énfasis, exhibió que no tiene juicio. Tiene procedimiento. Y el procedimiento no distingue un trámite de una profanación.
Miremos la serie completa, porque un hecho aislado no condena y una serie sí. El detenido está imputado por el crimen del cabo Eugenio Naín, asesinado en 2020. El mismo Naín cuyo nombre lleva la ley que protege a los carabineros cuando usan su arma de servicio.
Esa ley, el Consejo del INDH la objetó públicamente. Los carabineros que fueron a capturar al prófugo de ese crimen cayeron baleados; uno de ellos murió. Y el instituto que se opuso a la ley que los protegía acudió a tomarle el pulso al que disparó.
Cada eslabón es defendible por separado. Encadenados, dibujan una dirección. Y la dirección tiene testigos internos: fue el propio director Sergio Micco, no un adversario, su director, quien admitió en 2020 que dentro del instituto “evidentemente hay un sesgo”.
La planta funcionaria respondió movilizándose contra él hasta empujarlo a la salida.
Cuando los funcionarios pueden expulsar a la autoridad que modera, la institución dejó de tener dueño. Tiene línea.
En dieciséis años, el INDH presentó miles de querellas contra agentes del Estado. Ni una por el cabo Cosme, ni por Naín, ni por los tres carabineros quemados en Cañete.
No puede: su ley se lo impide. Se dirá que ese es el estándar internacional, que los derechos humanos son obligaciones del Estado. Correcto en 2010.
Pero el Chile de 2026 no es el de 2010: hoy la principal máquina de triturar derechos no viste uniforme, viste crimen organizado, y el instituto quedó calibrado para un país que ya no existe.
Un termómetro que solo mide fiebre en un cuerpo que se está desangrando no es neutral.
Es ciego por diseño. Y la ceguera de diseño no se reforma con gobernanza: se reemplaza.
Que la Fiscalía persiga de oficio la violencia estatal, como es su deber.
Que la víctima de abuso policial tenga abogado gratuito, de verdad, en la Defensoría de Víctimas que llevan quince años prometiendo.
Que el monitoreo de cárceles lo asuma un órgano sin línea política. Ninguna función queda huérfana. Solo queda huérfano el aparato.
El sábado, mientras una familia recibía un ataúd, un organismo del Estado informaba a la prensa que el imputado no podía hablar por una inflamación en la laringe.
El cabo Cosme tampoco podía hablar. La diferencia es que él ya no esta.
Un país que financia con el sueldo de sus muertos la certificación médica de sus verdugos no tiene un problema de protocolos. Tiene un problema de vergüenza. Y la vergüenza no se reforma. Se clausura.
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional