Víctor Rivera, Leslie Ayala y Martín Browne
La Tercera, 28/05/2024
Los investigadores llegaron al país por expresa instrucción del fiscal general de Venezuela, Tarek Williams. El objetivo era reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y con el investigador del homicidio del exmilitar, Héctor Barros; sin embargo, los persecutores declinaron recibirlos y dejaron radicado todo en el jefe de la UCIEX, un funcionario que solo es administrativo y no cuenta con detalles del caso.
“Me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que el Dr. Ángel Fuenmayor, en su carácter de director general contra Delitos Comunes, y el Lic. Álvaro Cabrera, en su carácter de director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, realizarán una visita a la República de Chile desde el día martes 28 de mayo hasta el día sábado 1 de junio de 2024, con la finalidad de sostener reuniones en materia de cooperación penal internacional con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda”.
De esta manera, el viernes 24 de mayo, el fiscal general de Venezuela, Tarek Williams Saab, notificó al fiscal nacional, Ángel Valencia, de la vista de dos de sus fiscales a Chile, y así recabar antecedentes para colaborar en la causa por secuestro con homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda, en febrero de este año.
La carta enviada a Valencia activó una serie de dudas en el Ministerio Público y, por lo mismo, se solicitó coordinar todo por correo electrónico.
Pero lo que más sorprendió en el ente persecutor fueron los seis puntos adjuntos en la misiva, pues el fiscal Williams redactó una “propuesta de agenda” para la visita de los fiscales.
En concreto, se pidió una reunión con el fiscal nacional; otra con el fiscal regional, Héctor Barros -quien indaga el caso-; con el abogado Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda; con el equipo de policías de la PDI a cargo de la investigación; una cita con los familiares del teniente (R) que están en Chile, y visitar en la cárcel al único detenido por el secuestro.
Además, se pidió conocer en qué están las pesquisas, en base a los antecedentes que existen en el expediente.
Tanto la visita al detenido como conocer los antecedentes que se manejan en el expediente de la causa son escenarios que no gustaron en nada en el Ministerio Público. Reunirse con el único imputado en la causa lo ven prácticamente imposible por razones de seguridad, aunque esa decisión tendría que ser resorte del propio implicado.
El formalizado de 17 años es de nacionalidad venezolana e ingresó irregularmente al país, por lo cual pertenece a los miles de ciudadanos venezolanos que huyeron de su país por el régimen de Maduro.
El otro “imposible” es conocer los detalles que se manejan en la investigación, pues la causa está en estado de reservada, y ni las partes pueden acceder a ella.
Además, comentan fuentes de la indagatoria, lo que se pidió a Venezuela fue ubicar a los sospechosos que habrían huido hacia allá, como también los datos de Ojeda en su país.
Ni Valencia, ni Barros. El fiscal Valencia ya se excusó de no participar por “razones de agenda”, dado un viaje programado con anterioridad a Antofagasta.
El jefe del Ministerio Público indicó que “el fiscal Saab me informó que concurrirían dos funcionarios de la Fiscalía Venezuela y que vendrían con el ánimo de cooperar (…) Con ellos tenemos múltiples lazos, tenemos muchos temas que hablar que van más allá del caso de Ojeda. Nos alegra saber que reiteren su disposición a colaborar y, por su puesto, uno esperaría que eso se traduzca en hechos concretos, pero el hecho de manifestarlo siempre es positivo”.
Con Valencia en Antofagasta, el designado para asumir la reunión fue el jefe de la Unidad Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Juan Pablo Glasinovic, quien se reunirá con los persecutores venezolanos el jueves 30 de mayo.
Por su parte, el fiscal Héctor Barros tampoco recibirá a la comitiva, pues no fue notificado de un requerimiento penal internacional, el cual regula este tipo de instancias entre organismos de países distintos, no existiendo así una obligación a reunirse, por lo que todo quedará radicado en la UCIEX.
Los fiscales venezolanos, por ahora, tendrán reuniones solo con autoridades vinculadas a la investigación, y en el gobierno descartan -hasta el cierre de esta edición- la coordinación para algún tipo de cita con los persecutores.
En La Moneda prefieren mirar a las nuevas visitas desde lejos.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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