EL PRESTIGIO DE LA CONVENCIÓN, por Humberto Julio Reyes —- JUEZ ACUSADOR (El Mercurio, Editorial, 05/09/2021) — Artículo Homofóbico por Adolfo Paúl Latorre
Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.
No puedo ocultar mi satisfacción con estas cifras que en gran medida coinciden con mis propias preferencias y ello me lleva a postular que en la medida que los convencionales no se alejen de estos parámetros su labor será reconocida y no tendrán que preocuparse por campañas de desprestigio
Por salud mental me había propuesto no escribir respecto a la Convención pero la carta de la directora de una fundación, donde llama a la responsabilidad de las redes sociales, me ha motivado a salir de este voluntario ostracismo parcial.
En ella la firmante alude a una campaña de desprestigio en contra de ese organismo la que ha sido denunciada por su presidenta.
Agrega que en las redes sociales circulan cuentas falsas cuyo objetivo es desprestigiar a personalidades e instituciones y que la aludida presidenta aseguró que se ha usado la mentira para invalidar el trabajo de la Convención.
MENTIRA: fuerte palabra ¿verdad?
Iba a exponer mi personal punto de vista al respecto cuando vino en mi ayuda el resultado de una reciente encuesta en que participé y que compartiré con usted estimado lector.
La encuesta fue elaborada por “Diario Constitucional” y consta de 15 preguntas cuyas respuestas expondré junto con la preferencia porcentual obtenida por la opción más votada o por las dos más votadas cuando sean muy similares en el planteamiento.
1) El 49,92 % señala que ha funcionado pésimo y un 12,58 que ha funcionado deficientemente.
2) El 75,31 indica que no ha funcionado en forma ordenada ni protocolar.
3) El 84,86 señala que no ha actuado dentro de la normativa que la rige.
4) El 54,28 responde que se extralimitó en su declaración sobre los detenidos del 18/O ya que su único rol es redactar la nueva Constitución y un 31,58 también lo piensa. La diferencia está en que este segundo porcentaje corresponde a considerar que excede el marco de su competencia.
5) Un 74,86 considera que el ambiente está polarizado.
6) En una selección múltiple el trabajo se caracteriza por un 40,41 de obstrucción; un 52,3 por desorden; un 72,03 por intolerancia; un 48,1 por desconfianza; un 52,06 por inconsecuencia y un 22,11 por opacidad. Los conceptos opuestos fluctúan entre 3,49 y 10,86 solamente.
7) Un 38,47 considera que el Gobierno entregó todas las condiciones necesarias y un 26,47 que sí lo hizo pero tardíamente.
8) Un 52% opina que la Mesa Directiva tiene un número excesivo de personas (9).
9) Un 49,96 considera inadecuado no haber redactado el reglamento en la primera semana y un 31,63 opina que debieron haberse ceñido al modelo de trabajo del Parlamento.
10)Un 54,49 estima muy extenso el plazo de 30 días para redactar el reglamento definitivo.
11)Corresponde a materias que debieran ser reguladas en el reglamento (selección múltiple): trasparencia tiene 77,45% y referéndum intermedio 28,71.
12)Respecto al presupuesto un 79,15 considera que el aumento de presupuesto era innecesario o excesivo.
13)Un 56,29 opina que el ingreso de la prensa debe ser libre para garantizar la trasparencia, publicidad y libertad de expresión.
14)El 69,53 está en desacuerdo con realizar plebiscitos intermedios (tal como postula e insiste el PC).
15)Finalmente el 79,97% considera apropiado el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales.
No puedo ocultar mi satisfacción con estas cifras que en gran medida coinciden con mis propias preferencias y ello me lleva a postular que en la medida que los convencionales no se alejen de estos parámetros su labor será reconocida y no tendrán que preocuparse por campañas de desprestigio, por lo demás, tratándose de un organismo nuevo al que estamos conociendo justamente por su dedicación a las funciones para las cuales fue creado, debiera primero construir su prestigio.
“Por sus obras los conoceréis”.
4 de sept. de 2021
JUEZ ACUSADOR
El Mercurio, Editorial, 05/09/2021
La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional recibió y ovacionó el 25 de agosto al magistrado Daniel Urrutia, quien ha adquirido extraordinaria notoriedad por una serie de actuaciones de alto impacto comunicacional.
Estas parecen dar cuenta de una cierta “agenda” que le ha llevado a constituirse personalmente y con publicidad en lugares donde se supone tendrían lugar violaciones a los derechos humanos, a anticiparse en el conocimiento de una causa suspendiendo o postergando una licencia ya solicitada, o a revocar sin previa audiencia los efectos de una decisión reciente de la Corte de Santiago en materia de prisión preventiva.
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Desconocer la separación de poderes y considerarse moralmente superior suele ser el camino más corto al atropello de los DD. HH.
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Pero su mayor notoriedad proviene tal vez de haberse erigido en una especie de Catón al interior del Poder Judicial, rol autoasignado que le lleva a juzgar con especial dureza a sus superiores. “Detrás de cada violación a los derechos humanos —dijo ante los convencionales— hay un juez que por su acción u omisión permitió dicha violación”.
El reproche no se queda en esta máxima general, sino que se concreta en la persona de los ministros de la Corte de Santiago que rechazaron recursos de protección para prohibir el uso de balines por las fuerzas policiales: “La Corte ha rechazado todos y cada uno de los recursos que intentaron poner freno a la represión de Carabineros de Chile y el Gobierno. Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir”.
Incluso dejando de lado el que los jueces tienen prohibido atacar en cualquier forma la conducta de otros jueces o magistrados; obviando también por un momento que la aparente agenda de Urrutia le resta imparcialidad, ya que no es propio de un actuar imparcial equiparar por adelantado, y sin conocimiento de los detalles, situaciones que son o pueden ser muy diferentes entre sí; dejando, en fin, entre paréntesis la falta de prudencia y modestia que demuestra el hecho de levantar el dedo acusador en forma indiscriminada, sin tener la misión o encargo de hacerlo. Incluso así, la acusación es errónea e infundada.
Afirmar que los jueces son responsables de las conductas autónomas de terceros, ya que aquellos habrían omitido impedirlas al resolver de una determinada manera un recurso de protección, sería como hacer responsable a un juez que rechaza la prisión preventiva por los delitos que el imputado comete después de haber quedado en libertad.
Hay al menos dos tipos de razones por las cuales, por regla general, ni en uno ni otro caso es posible hacer responsable al juez por hechos de terceros.
En primer lugar, los jueces resuelven casos concretos, sobre la base de los antecedentes que se les presentan y conforme a la ley que están obligados a aplicar. No son omniscientes ni investigadores. Y en segundo término, en nuestro sistema legal los magistrados no están llamados a adoptar decisiones de política pública, cuyo objeto es dirigir la conducta de las personas hacia el futuro; estas decisiones corresponden a los otros poderes del Estado.
Hacer caso omiso de la separación de poderes, junto con considerarse poseedor de la verdad y moralmente superior, ha sido siempre el camino más corto hacia el atropello de los derechos humanos que se proclama defender.
Fuente: El Mercurio. Editorial 05 sep.2021
Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.
Artículo homofóbico
En su edición de ayer este diario informa sobre una denuncia que iba a presentar ante la Contraloría General de la República el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra un artículo publicado en la Revista de Marina (enero-febrero 2020) titulado “La revolución sexual global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad”, cuyo autor es el doctor en filosofía Miguel Ángel Vergara Villalobos y que dicho Movimiento califica como homofóbico.Comparto plenamente los fundamentos morales, filosóficos y antropológicos expuestos en dicho artículo, contrarios a la “ideología de género” y a los postulados de la conocida feminista Simone de Beauvoir, para quien “una no nace, sino que se hace mujer”. Por otra parte me preocupa el atentado a la libertad de expresión que encierra la denuncia de Movilh y también me hago la pregunta que el autor formula al final de su escrito: “¿Debemos estar avergonzados y pedir disculpas quienes profesamos la fe católica y postulamos el matrimonio entre un hombre y una mujer?Adolfo Paúl Latorre. Publicada en el Mercurio de Valparaíso el 04 de septiembre bajo el titulo “Cuestionada Publicación”