La estrategia de seguridad para el día cero de Kaiser, Kast o Matthei
Para entender qué se puede hacer en los primeros 100 días debemos entender con qué recursos se cuentan y sobre qué capacidades se puede apalancar para hacer lo que se conocen en jerga militar como “Hit the ground running”.
Al igual que la gran mayoría de los chilenos, asumo que el próximo gobierno será de derecha. En ese sentido, e independiente de quien salga electo Presidente de la República, sea José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei (colocados en orden del abecedario de sus apellidos), las expectativas que ellos han generado en lo que se refiere a una mejora sustancial del ambiente de seguridad es no menor. Se espera que un gobierno por ser de derecha tenga resultados relevantes y rápidos, especialmente en lo que se refiere al crimen organizado, delincuencia, insurgencia y terrorismo en la Macrozona Sur, control de las fronteras al norte y noreste de Chile, y con el ello el termino de la inmigración ilegal y la operación del crimen transnacional transfronterizo.
La luna de miel se estima será corta. No creo que la opinión pública y la oposición les den más de 100 días para demostrar resultados, los que obviamente deben ser más que sólo anuncios del tipo presentar querellas como fue en el segundo gobierno de Sebastian Piñera, o de la presentación de proyectos de ley que no ven la luz, una práctica habitual del actual gobierno.
Claramente contar con un Senado y una Cámara de Diputados del sector ayuda mucho, no es mucho lo que ese apoyo da en los primeros 100 días, ya que estos se juegan principalmente con los recursos que existen y no con los que puedan existir a futuro. Obviamente un proyecto de derecha que busca enderezar a Chile necesita de mayorías en el Congreso que superen el corte de los 4/7s, pero esa mayoría va a ser clave en la reforma estructural que se debe realizar objeto cortar las amaras y estructuras que la izquierda implemento en Chile en los gobiernos de Bachelet 2 y del actual Presidente, Gabriel Boric.
Para entender qué se puede hacer en los primeros 100 días debemos entender con qué recursos se cuentan y sobre qué capacidades se puede apalancar para hacer lo que se conocen en jerga militar como “Hit the ground running”, que no es otra cosa que impactar en forma efectiva y con resultados desde el día uno, es decir, desde el mismo 11 de marzo de 2026 y en los días siguientes. Para los que se puedan tentar, no estamos hablando de ir a sacarse fotos en la frontera o de visitar el cuartel Los Álamos vestido de militar.
Lo primero, olvídense de tener más carabineros, soldados del Ejército (que no sean de la reserva), marinos e infantes de marina que los que existen actualmente, los que son por cierto pocos, y también olvídense de usar para fines de seguridad interior soldados conscriptos que no tengan a lo menos un año de instrucción. El primer tiempo se juega con el equipo que tendrán para el 11 de marzo, y por ende cualquier estrategia que sea intensiva en mano de obra militar o policial queda por de pronto descartada hasta que esos recursos existan en las cantidades necesarias y con las capacidades requeridas.
Claro que podemos eventualmente usar los institutos militares y las escuelas de formación de Carabineros, enviando a sus alumnos a terreno, pero el sentido común deja claro que pueden estar inmaduros para los fines buscados, y que es algo que a futuro pagaremos, al afectar sus periodos iniciales de entrenamiento y de adquisición de capacidades.
Lo segundo es que iniciativas de seguridad que requieran de financiamiento no van a estar inmediatamente disponibles. Eso debido a que algunas van a tener que pasar por ambas cámaras del Congreso, y otras del tipo reasignaciones no son tan simples de realizar como han querido indicar algunos en extremo optimistas. El presupuesto con el cual se va a contar es que el quede aprobado en el 2025 para el 2026, que en la práctica deja a las policías y las fuerzas armadas como están actualmente, sin mayores capacidades o de hacer más de lo que ya hacen ahora, que no es mucho más de lo que hoy existe en términos policiales, o de despliegues en las fronteras del norte y noreste, o en las provincias que están bajo estado de constitucional de excepción de emergencia.
Y si así están las cosas, ¿qué es lo que sí se puede hacer? La respuesta es que claro que las hay, pero claramente no son con exactitud las que los candidatos publican en sus programas de gobierno, los que están más enfocados en soluciones que requieren de financiamiento como son las cárceles o son del tipo estructural, como es la creación de un cuerpo militar de fronteras. Hasta ahora, la competencia en el ámbito de la seguridad ha estado en pasar mensajes que causen impacto más que estar caracterizado por su racionalidad y claridad en los objetivos a lograr. Vale más el que anuncia cosas que parezcan importantes, pero sin especificar el cómo se van a financiar, los plazos y forma en que se implementarán. Vale más el que aparece más duro y que genera más credibilidad ante la opinión pública, no el que tiene la mejor estrategia, y la mayor experiencia.
Lo primero es la eficacia del trabajo actual que se está realizando en el combate al crimen organizado. Por un lado, se debe mejorar la efectividad del Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo tener gente apropiada en las subsecretarías y seremis. Estamos hablando de profesionales que saben de lo que están hablando, lo que de inmediato produce un efecto positivo. Por otro lado, hay que rescatar lo bueno que están haciendo fiscales como Santiago Sur, Temuco y Antofagasta, los cuales han logrado implementar equipos de trabajo multi-agenciales que incluyen el Ministerio Público y las policías, lo que ha resultado en un aumento notable de la eficacia de la investigación y detención de criminales. Nada de lo aquí indicado implica un presupuesto adicional. Es solo hacer mejor las cosas, algo que en los últimos cuatro años ha estado ausente en buena parte del aparato estatal. Copiar y escalar lo bueno es algo de implementación inmediata.
Lo segundo es el trabajo que se está realizando en las fronteras del norte y noreste. Después de un tiempo de estar trabajando las policías junto al Ejército y otras agencias del Estado se están logrando resultados. El esfuerzo conjunto sumado al uso efectivo de las tecnologías ha ido generando un mayor control. Esto se debe mantener y seguir perfeccionando. Decir que las fronteras están completamente descontroladas es un error, es algo del pasado, es más percepción que realidad.
Lo tercero es la eficacia de los estados de emergencia en la Macrozona Sur. Claro que tener tropas desplegadas tiene un efecto positivo, pero como solo están en modo espantapájaros lo único que logran es bajar la temperatura. Si se declara en cambio un estado de sitio en esa zona y se les ordena a los jefes de la defensa detener a todos los insurgentes y terroristas, el problema se resuelve rápido. Sí se debe tener claro que no hay solución que no tenga costos. Puede haber bajas de uno y otro lado, pero se resuelve el problema y se termina con los despliegues que tienen un muy alto costo para el personal del Ejército y la Armada.
Lo cuarto es el apoyo político y la responsabilidad de mando. No cuesta dinero. Sólo es necesario tener un Presidente que asuma la responsabilidad por sus órdenes, tanto en lo que se debe realizar en el sur como en el norte, y en el combate al crimen organizado. Claro que todos somos responsables ante la justicia, pero otra cosa es que los cabos Zamora o los soldados Robledo sean los que paguen por órdenes superiores. Si un candidato a la presidencia no está dispuesto a esto, mejor que no se presenten y nos ahorre la acusación constitucional que correspondería.
Lo quinto es colocar a profesionales competentes en el Ministerio de Seguridad Pública y el de Defensa Nacional. Esto es algo que ya se mencionó en la primera medida. Tener gente competente y con experiencia a cargo de la seguridad pública, la defensa nacional y la inteligencia son medidas obvias, pero no tanto cuando caen bajo la lógica de reparto de cuotas entre partidos. La seguridad y la defensa deben quedar exentas de esa lógica.
Lo sexto es designar a un Asesor de Seguridad Nacional. Separar el segundo piso en dos oficinas, una dedicada a la seguridad nacional y la otra a otras materias de gobierno, tiene toda lógica considerando el contexto y necesidades que tenemos. Un asesor de seguridad nacional sería clave para apoyar a la presidencia, coordinar e implementar estrategias y buscar efectividad en las acciones que se tomen. Tampoco cuesta mucho su implementación.
Lo séptimo, tener una estrategia de seguridad pública. A la fecha se conoce una que recientemente lanzó el gobierno, que como toda cosa que venga de esta administración debe ser revisada. Tan pronto el que salga elegido tenga acceso a información reservada sobre las policías y la data que ellos manejan podrán establecer objetivos, recursos y medios, y formas de uso. Por de pronto han comunicado solo cosas de sentido común, pero mientras no tengan claro los recursos de los cuales disponen, no es más que música. Todos estarán de acuerdo que tener una estrategia es mandatorio.
Y, por último, revisar antes del cambio de mando el estado de las finanzas públicas para ver el real estado de la caja y cuentas relativas a seguridad y defensa. Se sabe que esta administración indica una cosa y hace otra. Una auditoría profunda al estado de las finanzas públicas es prioritario para iniciativas que impliquen reasignaciones, o un uso más intensivo de militares y policías. El fondo de contingencia estratégica no fue financiado en el 2025 y tampoco viene considerado para el 2026.
Fuente:Antenalab.org