– ¿Qué le parece la propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar al crimen organizado en barrios críticos? ¿Las FF.AA. están preparadas?
-En principio parece políticamente muy rentable desplegar militares en zonas urbanas críticas, porque es lo que solicitan muchos alcaldes apoyados por el clamor popular.
Sin embargo, asumo que esta iniciativa despierta aprensiones en las FF. AA. En primer lugar, no están preparadas para cumplir funciones policiales que, aunque se presenten como una acotada y transitoria “protección de un perímetro” o de cierta “infraestructura crítica”, no podrían estar exentas de tener que enfrentar al crimen organizado, que cuenta con armamento de guerra y no tiene escrúpulos en utilizarlo. Eso necesariamente conlleva la posibilidad de enfrentamientos con muertos y heridos.
Miguel A. Vergara Villalobos, excomandante en Jefe de la Armada y Doctor en Filosofía, rechaza la idea de que las FF. AA. puedan realizar acciones policiales contra el crimen organizado. El riesgo es que “se termine eternizando a las FF. AA en funciones de orden público, descuidando su función prioritaria que es la Defensa”.
De allí surge un segundo problema, cual es, el desamparo político, legislativo y judicial que probablemente enfrentarían los miembros de las FF. AA., en caso de muerte de uno o más delincuentes. Al menos hasta ahora la experiencia no resulta muy halagadora para quienes deben hacer cumplir la ley.
Un tercer problema es el riesgo de que, en vez de potenciar a las policías, se termine eternizando a las FF. AA en funciones de orden público, descuidando su función prioritaria que es la Defensa. Esto porque, aun cuando el crimen organizado sea cada vez más avezado y potentemente armado, es políticamente complejo pasar de una situación prioritariamente policial a una militar.
Así, es grande la tentación de perpetuar una ambigua situación policiaco-militar en desmedro de la Defensa.
-El propio Kast puso una primera condición para avanzar hacia un eventual despliegue militar: que antes sean aprobadas en el Congreso las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en comisión mixta. ¿Está de acuerdo?
-Sin duda es fundamental tener claras Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), con un robusto respaldo político y legal. Pero éstas no deben ser elaboradas desde un escritorio, donde no se palpa el apremio que significa una situación de vida o muerte, con escaso o nulo margen para cumplir con determinados pasos secuenciales antes de reaccionar.
Las RUF que hasta ahora se han discutido parecen más bien destinadas a salvaguardar de cualquier demanda a la autoridad política que dispuso el uso de la fuerza. En cambio, deja a los militares desamparados ante una justicia civil que poco entiende de situaciones de apremio militar y mucho de garantismo para los delincuentes.
Además, es un error asumir que la sola presencia militar es disuasiva, ignorando que ésta opera en la mente del potencial adversario, ante la posibilidad cierta de enfrentar a unas FF. AA. no solo con capacidades superiores, sino con la voluntad de emplear todos los medios necesarios para vencer.
Si el crimen organizado, los delincuentes o los subversivos detectan que los militares tienen las manos amarradas por temor a la “judicialización”, pasarán a ser meros espantapájaros.
El “buenismo” y el garantismo judicial no solo no disuaden, sino que incentiva el accionar del crimen organizado y la subversión, aumentando los procesamientos y condenas contra los militares.
Tampoco basta con las RUF. Se debe tener muy clara la línea de mando y dependencia de las FF. AA actuando en funciones policiales. No se puede cambiar la subordinación jerárquica propiamente militar a una policial sin que se produzca confusión de procedimientos y se pierda la eficacia en el accionar.
-¿Cómo evalúa la experiencia durante el estallido? ¿Carabineros y militares fueron sobrepasados?
-La experiencia del mal llamado “estallido social” muestra a las claras el desamparo político, legal y judicial en que se encuentran quienes debieron reprimir la subversión, que a estas alturas es difícil negar que se proponía derrocar al gobierno democráticamente elegido.
En los hechos, los subversivos pasaron a ser víctimas generosamente compensadas, mientras las fuerzas del orden han sido enjuiciadas y condenadas. Es el mundo al revés.
Más allá, en lontananza, esta Punta Peuco, Colina I y San Joaquín, donde muchos inocentes –hombres y mujeres– cumplen condenas gracias a un arbitrario sistema judicial penal ya suspendido en Chile, excepto para los militares.
Para muchos civiles resulta más cómodo aliviar sus conciencias metiendo a todos los militares acusados por violaciones a los DD. HH., en el saco de los “criminales de lesa humanidad”. Para otros tantos, lograr condenas es un buen negocio por las compensaciones económicas o por la promoción de carreras funcionarias; todos ganan, menos los militares condenados.
De indultos, nada. Ni siquiera para los mayores de 80 años, enfermos terminales que no saben de su cabeza. Con estos antecedentes me temo que los miembros de las FF. AA deben estar intranquilos por su eventual participación en tareas del combate a la delincuencia en zonas urbanas críticas.
-¿Usted diría que las FF.AA. deben priorizar la defensa nacional?
-Por supuesto que las FF. AA. deben dedicarse fundamentalmente la Defensa Nacional, que ya ha sido descuidada por la prolongada presencia militar en el Norte para efectos de control de la migración y, en La Araucanía, por la subversión armada.
Las FF. AA. llevan cuatro años cumpliendo estas tareas ajenas a su función prioritaria, lo que hace desconfiar de la supuesta transitoriedad con que cumplirían las funciones policiales que se anuncian. Es como los impuestos: una vez que se imponen difícilmente son suprimidos.
A eso se suma el sensible tema del presupuesto de las FF. AA., dado que no se ha cumplido en absoluto la ley que vino a reemplazar a la Ley del Cobre. Se están realizando ingentes esfuerzos para mantener las capacidades estratégicas y cumplir con los estándares de entrenamiento.
Estas nuevas funciones policiales, que previsiblemente se eternizarán, debilitarán aún más nuestra capacidad disuasiva ante unos vecinos que se están potenciando militarmente.
-¿Qué piensa de las exigencias de EE. UU. de alinearse a su política y a sus intereses? ¿Cuál debe ser la postura frente a China?
-Es complejo mantenerse en la cuerda floja, haciendo equilibrios entre EE. UU y China, puesto que ambos son socios importantes para Chile. No obstante, deberíamos mantener nuestra dignidad y tomar las decisiones que más convengan al interés nacional.
En todo caso, es preocupante la unilateralidad con que actúa el presidente Trump. Confío en que nuestra Cancillería sabrá manejar este sensible asunto.