OTRA EXPRESION DEL NI PERDÓN NI OLVIDO.
Humberto Julio Reyes
Recientemente nos hemos enterado del despido por “pérdida de confianza” de una persona recién seleccionada por el sistema de alta dirección pública. Me refiero a doña Isabel Amor, quien recién había asumido un cargo en Los Ríos como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
Más allá que la causal aplica, necesariamente, en forma habitualmente subjetiva, en esta oportunidad ni siquiera hubo tiempo para que se generara desconfianza hacia su persona. Bastaron 48 horas.
Informada la autoridad responsable que se trataba de la hija de un médico militar, hace poco condenado como encubridor de un delito contra los derechos humanos del hijo de quien fuera presidente del Partido Comunista, hace ya 50 años, se procedió a su “cancelación”, eufemismo hoy de moda que se emplea para diversas formas de abierta discriminación.
Señalemos que el padre de la persona despedida se “benefició” de una pena de baja cuantía que, dada la habitual severidad de las condenas que en estos casos aplica el poder judicial, deja en evidencia su escasa participación en los hechos, si es que efectivamente la tuvo.
Pero otra cosa es dejar pasar algo así, aunque la evidente arbitrariedad no inquiete a cuanta persona u organización practique el feminismo o cautele la no discriminación.
Los descendientes directos de muchos jerarcas de la Unidad Popular, que tuvieron decisiva responsabilidad en la crisis generada en esos años, pueden acceder a todo cargo público sin problemas y sin pasar por proceso de selección alguno, en una práctica que ha llegado a constituir un verdadero simbolismo de la revancha.
Esa es la igualdad ante la ley, con la que habitualmente hacen gárgaras justamente quienes mantienen una tenaz guerra judicial y mediática contra todo aquel que “huela” a ex uniformado.
Estando por agotarse la disponibilidad de quienes efectivamente sirvieron en las filas y pudieran ser perseguidos judicialmente, hay que proseguir con su descendencia sin horizonte de término, el odio es más fuerte.
Días atrás era quien ejerce la presidencia de la comisión de derechos humanos de la cámara, hoy es la autoridad superior de quien depende la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género. ¡Vaya ironía!
Dicha autoridad ha intentado explicar la decisión en una carta que más bien confunde, ya que parece redactada en “Karamanés”. Otra ha sido más directa: “relativizó la condena de su padre”, cosa que no hemos leído ni escuchado pero que justifica el título de esta columna.
Tanta dedicación a mantenernos divididos no es de fácil comprensión.
Ha habido reacciones, menos mal. Incluso la afectada, valientemente, ha anunciado la interposición de recursos judiciales.
Supongamos que la arbitrariedad es corregida y se le restituye en su cargo, ¿Podrá ejercerlo con razonable tranquilidad?
En todo caso, imagino que algún creativo asesor propondrá excluir, en forma explícita, de cualquier cargo público a quien tenga familiares que hayan sido condenados en causas de derechos humanos o, mejor, que tenga o haya tenido parientes uniformados. En este tema no hay límite.
15 de ago. de 24
