El título original, así como la parte central de su contenido, eran originalmente muy distintos pero una buena y reconfortante noticia me ha llevado a cambiarlos.
Quizás algún paciente lector recuerde mi anterior columna que titulé “El tribunal aplicó la ley”.
Al finalizar, traicionado por mi natural escepticismo, preguntaba si acaso el tribunal superior, en este caso la Corte Suprema, respaldaría el contundente fallo de la Corte de Apelaciones que concedió al General César Manríquez Bravo el derecho a fallecer en su hogar, sin evadir el cumplimiento de condena, pero permitiéndole hacerlo en forma digna dados sus 95 años y deteriorada condición de salud física y mental.
Un milagro, sin pretender ironía alguna, ya que los querellantes habían adelantado sus críticas al fallo y la interposición de nuevos recursos, dentro de los cuales, como espada de Damocles, pende siempre el recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tienen el triunfo asegurado.
Pero, esta vez, los jueces de la segunda sala no se dejaron amedrentar y resolvieron, por simple mayoría y “en cuenta”, es decir sin alegatos, respaldar lo obrado por la instancia previa.
¡Bravo! Por volver a aplicar la ley, por la tenaz abogada Carla Fernández y por la familia y amigos del General Manríquez entre los que me considero.
Don Nelson Caucoto et al debieran irse acostumbrando a que el triunfo en sus querellas no está siempre garantizado y lo mismo vale para los abogados del programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, que parecieran entender que cumplen con su deber logrando condenas a toda costa y sin importar el mérito de los antecedentes.
Era esto último, justamente, lo que me había motivado a plantear que ya en otras causas recientes, donde el factor humanitario es el relevante, estos funcionarios, sea por incentivo, motivaciones personales o sesgada interpretación de su deber, demuestran un encarnizamiento digno de mejor causa y que las actuales autoridades aún no lograrían controlar.
Promesas, programa y su ejecución merecen ser examinados por quienes votaron por el actual gobierno, justamente por estar de acuerdo en que existían aspectos de la administración anterior que debían ser revisados y, eventualmente corregidos. Este es uno, no puede existir sombra de parcialidad en la administración de justicia.
Puede entenderse que no toda promesa de campaña quede finalmente incorporada en un programa, pero, si quien la formuló no ha cambiado su predicamento, alguna señal al respecto debiera advertirse ya que, de lo contrario, se producen inevitablemente confusiones, dudas y fundadas críticas.
Son las orientaciones a que se refiere en reciente columna don Carlos Peña, aspecto en el cual concuerdo, ya que no basta con designar autoridades y después dejarlas que obren según su personal criterio.
Dicho de otra forma y aun asumiendo que estas nuevas autoridades están debidamente calificadas por su experiencia y preparación, se les debe decir qué se espera de ellas y, naturalmente, quien debe hacerlo es aquel que las nombra.
Distinto el caso del Poder Judicial ya que es independiente, aunque en el pasado el ejecutivo, mediante la propia interpretación de la ley, lo ha orientado a la forma de aplicarla.
¿Recuerdan la ley de amnistía?
Inicialmente se aplicó y masivamente respecto a quienes fueron perseguidos durante el gobierno militar; después se la consideró “impropia” así que se les dijo a los tribunales que la aplicaran después de investigar y sentenciar; finalmente terminó siendo ignorada absolutamente por los tribunales y ello solamente en perjuicio de los “agentes del estado”.
Años atrás, personas cercanas al presidente Aylwin pensaban que él, ya próximo a fallecer, habría estado arrepentido por el efecto provocado en la aplicación de dicha ley y meditaba alguna forma de equilibrarlo. Si efectivamente lo pensó ya no tuvo tiempo de hacer algo.
Pero, respecto a autoridades del poder ejecutivo, los detalles de ejecución podrán quedar al buen criterio de ellas, sin embargo, la orientación básica no debiera omitirse.
Digo lo anterior como simple ciudadano absolutamente independiente, ya que no he militado en partido alguno y así espero mantenerme, debiendo periódicamente cumplir con mi deber de votar, cosa que habitualmente me ha llevado a optar no necesariamente por el mejor candidato, sino que por el que me parece menos inconveniente de acuerdo con mis personales convicciones.
Finalizo celebrando lo ocurrido en la Corte Suprema, pero esperando ello no termine siendo como una golondrina que no hace verano.
7 de mayo de 2026
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacinal
OTRO TRIBUNAL APLICÓ LA LEY
Humberto Julio Reyes
El título original, así como la parte central de su contenido, eran originalmente muy distintos pero una buena y reconfortante noticia me ha llevado a cambiarlos.
Quizás algún paciente lector recuerde mi anterior columna que titulé “El tribunal aplicó la ley”.
Al finalizar, traicionado por mi natural escepticismo, preguntaba si acaso el tribunal superior, en este caso la Corte Suprema, respaldaría el contundente fallo de la Corte de Apelaciones que concedió al General César Manríquez Bravo el derecho a fallecer en su hogar, sin evadir el cumplimiento de condena, pero permitiéndole hacerlo en forma digna dados sus 95 años y deteriorada condición de salud física y mental.
Un milagro, sin pretender ironía alguna, ya que los querellantes habían adelantado sus críticas al fallo y la interposición de nuevos recursos, dentro de los cuales, como espada de Damocles, pende siempre el recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tienen el triunfo asegurado.
Pero, esta vez, los jueces de la segunda sala no se dejaron amedrentar y resolvieron, por simple mayoría y “en cuenta”, es decir sin alegatos, respaldar lo obrado por la instancia previa.
¡Bravo! Por volver a aplicar la ley, por la tenaz abogada Carla Fernández y por la familia y amigos del General Manríquez entre los que me considero.
Don Nelson Caucoto et al debieran irse acostumbrando a que el triunfo en sus querellas no está siempre garantizado y lo mismo vale para los abogados del programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, que parecieran entender que cumplen con su deber logrando condenas a toda costa y sin importar el mérito de los antecedentes.
Era esto último, justamente, lo que me había motivado a plantear que ya en otras causas recientes, donde el factor humanitario es el relevante, estos funcionarios, sea por incentivo, motivaciones personales o sesgada interpretación de su deber, demuestran un encarnizamiento digno de mejor causa y que las actuales autoridades aún no lograrían controlar.
Promesas, programa y su ejecución merecen ser examinados por quienes votaron por el actual gobierno, justamente por estar de acuerdo en que existían aspectos de la administración anterior que debían ser revisados y, eventualmente corregidos. Este es uno, no puede existir sombra de parcialidad en la administración de justicia.
Puede entenderse que no toda promesa de campaña quede finalmente incorporada en un programa, pero, si quien la formuló no ha cambiado su predicamento, alguna señal al respecto debiera advertirse ya que, de lo contrario, se producen inevitablemente confusiones, dudas y fundadas críticas.
Son las orientaciones a que se refiere en reciente columna don Carlos Peña, aspecto en el cual concuerdo, ya que no basta con designar autoridades y después dejarlas que obren según su personal criterio.
Dicho de otra forma y aun asumiendo que estas nuevas autoridades están debidamente calificadas por su experiencia y preparación, se les debe decir qué se espera de ellas y, naturalmente, quien debe hacerlo es aquel que las nombra.
Distinto el caso del Poder Judicial ya que es independiente, aunque en el pasado el ejecutivo, mediante la propia interpretación de la ley, lo ha orientado a la forma de aplicarla.
¿Recuerdan la ley de amnistía?
Inicialmente se aplicó y masivamente respecto a quienes fueron perseguidos durante el gobierno militar; después se la consideró “impropia” así que se les dijo a los tribunales que la aplicaran después de investigar y sentenciar; finalmente terminó siendo ignorada absolutamente por los tribunales y ello solamente en perjuicio de los “agentes del estado”.
Años atrás, personas cercanas al presidente Aylwin pensaban que él, ya próximo a fallecer, habría estado arrepentido por el efecto provocado en la aplicación de dicha ley y meditaba alguna forma de equilibrarlo. Si efectivamente lo pensó ya no tuvo tiempo de hacer algo.
Pero, respecto a autoridades del poder ejecutivo, los detalles de ejecución podrán quedar al buen criterio de ellas, sin embargo, la orientación básica no debiera omitirse.
Digo lo anterior como simple ciudadano absolutamente independiente, ya que no he militado en partido alguno y así espero mantenerme, debiendo periódicamente cumplir con mi deber de votar, cosa que habitualmente me ha llevado a optar no necesariamente por el mejor candidato, sino que por el que me parece menos inconveniente de acuerdo con mis personales convicciones.
Finalizo celebrando lo ocurrido en la Corte Suprema, pero esperando ello no termine siendo como una golondrina que no hace verano.
7 de mayo de 2026
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacinal