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VENEZUELA: LA ENCRUCIJADA DE BACHELET

María José Ahumada, La Tercera, 03/02/2019

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

La presión para que la exmandataria -hoy alta comisionada de DD. HH. de la ONU- visite Venezuela no ha parado- En marzo Bachelet debe entregar un reporte oral ante el Consejo de DD. HH. de Naciones Unidas sobre la situación en Caracas, la que podría ser su primera intervención sobre el régimen de Maduro

“Soy una mujer de izquierda”,solía comentar la presidenta Michelle Bachelet a su entonces par de Venezuela, Hugo Chávez. Se lo dijo en 2006 cuando acabada de asumir su primer periodo como Mandataria y -según recuerdan varios de sus cercanos- se lo repitió en diversas ocasiones.

Militante socialista desde su juventud, la imagen de Chávez -símbolo de la nueva revolución bolivariana- era por esos años admirada por la izquierda de América Latina y, por lo mismo, quienes participaron de los encuentros entre Bachelet y Chávez los describen como momentos gratos donde ambas autoridades terminaron forjando una relación cargada de afinidad y simpatía, que incluso daba espacio para el humor.

“Anda tú, Michelle, a ti te van a hacer más caso”,le decía Chávez a la expresidenta cuando necesitaba conseguir apoyos para alguna misión internacional. La exmandataria, sin haberse reconocido nunca como chavista, respondía animadamente al llamado y, según señalan quienes trabajaron con ella, no dudaba en realizar gestiones a favor del país sudamericano, preocupada de entregar señales a las fuerzas progresistas del continente, como Argentina, conCristina Fernández, y Brasil, con Lula da Silva.

Chávez, por su parte, no escondía su admiración por la expresidenta. “Michelle es una buena amiga, sé del coraje que tiene. Es una mujer extraordinaria”, señaló el 11 de marzo de 2006, durante su participación en el cambio de mando presidencial que invistió a Bachelet como la primera mujer mandataria en Chile.

Trece años después, sin embargo, con dos periodos como Jefa de Estado y tras haber asumido en uno de los cargos más importantes de Naciones Unidas, Bachelet -en su debutante rol como alta comisionada de Derechos Humanos- surgió como una protagonista inesperada de la crisis más grave que atraviesa Venezuela, y hoy todos los ojos están puestos sobre ella, luego de que Juan Guaidó se autoproclamara -el jueves 24 de enero- como “presidente encargado”de Venezuela y pusiera en jaque al sucesor del comandante.

Bajo el mandato de Nicolás Maduro, excanciller de Chávez, el país sudamericano atraviesa por una de sus peores crisis económicas y políticas, con manifestaciones que han dejado a más de ochocientas personas detenidas, incluyendo menores de edad y con cifras de fallecidos que ya van en las cuarenta personas.

Encargada de resguardar el respeto de los derechos humanos en todos los países del mundo, la situación de Venezuela ha comenzado a copar la agenda de la exmandataria, y por estos días las presiones para que visite el país gobernado por Maduro han ido en aumento. En un comienzo, en noviembre del año pasado, fue el mismo cuestionado Mandatario venezolano quien le envió una carta para que pisara suelo venezolano, días después y desde entonces, Bachelet no ha parado de recibir solicitudes que le exigen viajar a Venezuela. “Tendremos que mirar cuál es el mejor momento para ir y en qué condiciones”, ha sido su respuesta.

La inflexión que mantiene en alto las críticas a Bachelet llegó el jueves 29, cuando el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Rupert Colville, señaló que en estos momentos “no estamos cerca de que eso (la visita de Bachelet a Venezuela) pueda suceder”.

Su silencio frente al tema ha sido comentario obligado en Chile y en el extranjero. Incluso sus más cercanos admiten que su imagen se deteriora a medida que no se suma a las voces cada vez más numerosas que condenan al régimen de Maduro.

Fuentes diplomáticas aseguraron a Reportajes, que aun cuando la expresidenta ha recibido la invitación de Maduro para viajar a Venezuela, el libre acceso a ese país para la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. está cerrado desde años, situación -señalan- que no ha cambiado con la llegada de Bachelet.

Cercanos a la expresidenta reconocen que por estos días Bachelet pasa por una prueba de fuego. Ante la mirada expectante de Chile, y del mundo, la exmandataria ha señalado a quienes trabajan con ella que debe demostrar su capacidad de actuar con total imparcialidad. “Las personas deben tener confianza que, si yo voy allá, en condiciones en que yo pueda realizar mi tarea, lo voy a hacer de manera objetiva”,ha transmitido Bachelet.

La batalla del canciller. Nadie lo pone en duda. Durante su primer gobierno 2006-20010, la relación de Bachelet con Venezuela pasó por su mejor momento. La cercanía fue tan intensa que hasta le generó diferencias con su entonces canciller, Alejandro Foxley (DC), quien le advirtió -en reiteradas ocasiones- la necesidad de mantener distancia con las autoridades de ese país, pues el pronóstico no era el mejor, debido a la creciente ideologización que estaba liderando Chávez por esos años.

Las palabras de Foxley, no obstante, parecen no haber sido escuchadas, y cercanos al excanciller reconocen que el vínculo de Bachelet con Venezuela fue un factor determinante para que en diciembre de 2008 presentara su renuncia a la exmandataria, salida que finalmente se concretó en marzo de 2009.

En esa época, Foxley y distintas figuras de la Concertación resentían el respaldo que Bachelet entregó a la creación del organismo de integración Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), emblema internacional de Chávez. El excanciller y su equipo escuchaban con inquietud las palabras de Chávez que alentaban el fortalecimiento de Unasur: “Que el sur enfrente al norte, al imperio”.

“Éramos varios los países que no estábamos de acuerdo con ese enfoque. Hubo una negociación entre cancillerías y se aceptó por todos que la toma de decisiones en Unasur debería ser siempre por consenso. Ello aseguró el respeto a la diversidad política que existe en la región e impidió su captura por gobiernos con ideologías extremas”,recuerda Foxley.

Fue durante ese periodo también cuando Bachelet materializó la única visita de Estado que ha realizado a Venezuela en sus dos periodos como Presidenta. La reunión se llevó a cabo el 18 abril de 2007, día en que Bachelet también fue declarada Ciudadana Ilustre de Caracas, por el entonces alcalde Freddy Bernal -ministro para la Agricultura Urbana de Nicolás Maduro hasta junio de 2018-.

La visita de Estado se dio en el marco de la I Cumbre Energética Sudamericana en Isla Margarita, y el viaje fue aprovechado por Bachelet para encontrarse personalmente con Chávez.

Unos años antes, y cuando recién asumía sus labores como Mandataria, Bachelet ya le había entregado señales de respaldo a Chávez. Fuentes del gobierno aseguran que la Mandataria comprometió, personalmente, el voto de Chile para que Venezuela alcanzara un escaño en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El hecho le significó duras críticas internas a la Mandataria, al punto que llevó a la DC a condicionar su apoyo político al gobierno. Razones no faltaban, entonces, para que el canciller Foxley le aconsejara a la Mandataria que su voto podría polarizar las relaciones internas y externas del país. Finalmente, las presiones tuvieron efecto y Chile se abstuvo.

“Se generó un debate político entre los partidos de la Concertación. La DC se manifestó en contra de votar por la Venezuela de Chávez. Otros partidos se manifestaron a favor. La Presidenta zanjó la discusión dando instrucciones a Cancillería para que Chile se abstuviera en la votación”,afirma Foxley.

La conversión. Durante su segundo mandato presidencial, Bachelet mantuvo la misma línea de acción que había defendido hace cuatro años: priorizar las relaciones con América Latina.En esta oportunidad, Venezuela estaba gobernada por Nicolás Maduro y la expresidenta puso todas sus cartas en mantener una buena relación con ese país. Hechos, hay varios.Bachelet optó por nombrar al exministro de Salvador Allende y militante de la Izquierda Ciudadana, Pedro Felipe Ramírez, como embajador ante Caracas.

Ramírez cuenta a Reportajes que “los dos primeros años fueron un intento nuestro de buscar mecanismos de colaboración: en el campo petrolero, en el campo cultural”.“Se vio la posibilidad de poder comprar petróleo a Venezuela para que Enap pudiera explotar una parte pequeña de la faja petrolífera del río Orinoco”,señala. Incluso desclasifica que el 2014, en el marco del encuentro del Mercosur en Caracas, donde Chile participaría como invitado observador, se organizó una desconocida bilateral entre Bachelet y Maduro. La cita nunca se realizó, pues la expresidenta canceló su viaje a Venezuela.

Consciente de la compleja situación que se comenzaba a generar con el gobierno de Maduro y recibiendo los reportes de Ramírez que daban cuenta de una delicada situación en el país sudamericano, fue el canciller del segundo gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, quien jugó un rol clave para dar un giro en la relación que hasta ese momento se intentaba tener con Venezuela.

Miembros del gobierno anterior aseguran que en reiteradas ocasiones Muñoz le transmitió a Bachelet la necesidad de tomar distancia del gobierno de Maduro y entregar señales claras en esa línea.

Los llamados de Muñoz no eran en vano. El 2015 estuvieron de visita en Chile Lilian Tintori y Mitzy Capriles, esposas de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes se reunieron con los exmandatarios Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera. En esa oportunidad, sin embargo, no fueron recibidas por la Presidenta Bachelet.

Ese mismo año, sin embargo, Bachelet realizó gestiones a favor de la oposición venezolana. Durante una bilateral que sostuvo con Maduro, en Costa Rica, la Presidenta chilena salió en defensa de la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado. “No se atreva a detener a Machado. Eso lo único que va a generar es movilizar a todas las mujeres de Latinoamérica”,le dijo en tono de advertencia la exjefa de Estado a Maduro, según recuerdan excolaboradores de Bachelet.

Solo dos años más tarde, tras intensas gestiones de Muñoz, la Mandataria comenzó a dar señales públicas de su distanciamiento con Maduro, convenciéndose de que, en vista de los sucesos que se estaban generando en Venezuela, el liderazgo del líder de ese país no entregaba señales democráticas. Los gestos comenzaron a materializarse.

Uno de ellos se dio a fines de marzo de 2017, cuando Bachelet llamó por dos meses a consulta a Ramírez luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela decidiera suspender de sus funciones al Parlamento, entonces de mayoría opositora. Ese mismo año, Bachelet respondió a la solicitud del exdiputado DC y presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) Juan Carlos Latorre, quien pidió al gobierno abrir las puertas de la embajada chilena en Venezuela para dar asilo al político opositor y presidente del Partido Social Cristiano, Copei, Roberto Enríquez, quien hasta hoy permanece resguardado en la residencia. Sin embargo, hubo un episodio que la marcó. Funcionarios de la entonces Cancillería, recuerdan la molestia que generó en la expresidenta que Venezuela se negara a recibir ayuda humanitaria en medicamentos desde Chile.

Consultado por Reportajes el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, señaló que “Maduro tiene la mejor opinión personal de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Reporte ante la ONU. La actuación de Bachelet en su calidad de alta comisionada también ha mantenido alerta al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, donde han cuestionado la neutralidad con la que ha actuado la exmandataria, evitando criticar públicamente al gobierno de Maduro.

En la Cancillería sostienen que Bachelet ha mantenido distancia de la postura del gobierno de Piñera y -por ejemplo- sostienen que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, se contactó con las autoridades chilenas para obtener información de la situación de Venezuela. No así Bachelet. Tampoco se ha podido constatar que la exmandataria haya abordado el tema con dirigentes de la oposición de Chile.

El próximo mes, la alta comisionada deberá entregar un reporte oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que, en septiembre de 2017, a pocas semanas de que Bachelet haya asumido su cargo, concluyó la necesidad de que se entregue una completa información respecto de la situación del país sudamericano. En junio, en tanto, deberá hacerse por escrito.

Por ahora, miembros de la diplomacia que trabajan cerca a la exmandataria aseguran que la prioridad de las labores de Bachelet está radicada en Venezuela, y es más, señalan que habría sido el mismo secretario general de la ONU, António Guterres, quien le habría ordenado suspender su visita a ese país y ha comenzado a ser él quien ha tomado un rol más protagónico en la crisis.

En la sentencia judicial más esperada del siglo 21, el juez Alejandro Madrid ha establecido, como una “verdad judicial”, que el expresidente Eduardo Frei Montalva no murió por razones únicamente clínicas el 22 de enero de 1982, sino que fue asesinado.

Un homicidio, sin embargo, que no ha podido tener el rango de “calificado”, sino solo de “simple”, porque el juez no encontró alevosía, ni premio, ni veneno, ni ensañamiento ni planificación, que son las condiciones para pasar al homicidio “calificado”.

¿Ni planificación? Esto es muy curioso: el juez Madrid no dice que no la haya, sino que no la encontró. En el plano de la verdad verdadera, esto último importa mucho, por varias razones. En lo positivo, porque asume las limitaciones de la investigación sobre un hecho muy distante en el tiempo. En lo negativo, porque debilita estructuralmente la imputación de homicidio. Si no hubo planificación, ¿Qué tipo de acto fue?

El expresidente Frei Ruiz-Tagle ha dicho que ahora es necesario buscar las responsabilidades políticas.

Es cierto, porque en la sentencia el crimen se comete prácticamente dentro de la DC: el único autor es el doctor Patricio Silva Garín, ex-subsecretario de Salud de Frei Montalva, hombre de confianza en la DC; y sus cómplices principales son el chofer Luis Becerra, “Luchito”, empleado de confianza de Frei Montalva y de la DC, convertido en informante de la CNI por las razones de siempre: dinero más amenazas; y Raúl Lillo Gutiérrez, el agente que la jerga de inteligencia llama “de control”, el encargado de mantener activo al soplón.

No es inútil recordar además que el jefe superior de la CNI en ese momento era el general Humberto Gordon, ex-edecán de Frei Montalva y por mucho tiempo considerado filo DC. Una lectura por descarte llegaría a la conclusión de que el marco y el clima del delito están en el ethos de la DC…

Los otros tres condenados son médicos, y dos de ellos tanatólogos (enviados por un médico jefe amigo de Frei Montalva). Ninguno de los tres estuvo en las cirugías que derivaron en la muerte del expresidente. Se los inculpa porque participaron en lo que confusamente se ha descrito como “autopsia”, cuando en realidad se trató de retirar órganos que entrarían en putrefacción, con el olor consiguiente, en unas pocas horas. Los tanatólogos hablan de “preparar el cadáver” cuando se refieren a estas maniobras.

Y parece como si los acusados lo hubiesen hecho sin el conocimiento de nadie. Se ignora de manera ominosa la presencia de la DC como fuerza política.

En aquel momento, el cadáver de Frei Montalva debía servir para dar al régimen una demostración de fuerza como no había tenido nunca antes. El féretro fue instalado en la Catedral para recibir a miles de personas que durante tres días hicieron filas interminables para saludar al insigne muerto. El funeral fue el más grande que se conociera.

Y fue un enorme desafío en uno de los momentos en que el régimen no estaba débil -como se ha dicho, con olímpica ignorancia de los hechos-, sino que se sentía más fuerte que nunca. Ese desafío no era posible si el cuerpo invadido por la septicemia no era previamente depurado.

En las operaciones que sufrió Frei Montalva, el primer médico fue Augusto Larraín. Por años se ha discutido la calidad de su intervención y la infección feroz que se derivó de ella. El fallo del juez Madrid se concentra en la segunda y siguientes operaciones -que no habrían existido sin la primera-, realizadas por Silva Garín. En ellas hubo diversas maniobras que habrían causado la muerte, pero no ha logrado establecer cuáles.

No ha encontrado ni el momento ni el arma.

Tampoco ha podido “acreditar con certeza “que hubiese una autoridad superior tras el crimen. En consecuencia, por ahora, nadie ordenó ese crimen. Por ahora, el doctor Silva Garín lo cometió solo.

Esto es un oxímoron. La solución simple y lógica es decir que la orden y el plan vinieron de la dictadura, de Pinochet y de sus aparatos represivos. Pero el juez no ha encontrado ni la orden ni el plan, ni escritos ni verbalizados ni insinuados.

El país ha subido mucho sus estándares de “verdad jurídica “para aceptar estos vacíos como el reflejo fidedigno de una verdad verdadera. Los casos de derechos humanos han sido minuciosos para establecer momentos, instrumentos, móviles, órdenes y circunstancias en los delitos; así lo han buscado también los mejores ejemplos de periodismo de investigación.

Ese estándar lo comenzó a fijar el Informe Rettig y desde entonces no ha hecho más que elevarse. Gracias a eso no impera en la sociedad la idea de que se hayan cometido injusticias flagrantes en los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad.

Por duro que parezca, la sentencia del juez Madrid está lejos de esos estándares.

Algunos penalistas sostienen que en el procedimiento penal antiguo lo más importante son las presunciones. La principal del juez Madrid es que en el momento de la muerte de Frei el régimen militar ya no podía cometer crímenes tan resonantes como los de Prats o Letelier. Debía ser más sofisticado.

Pero apenas un mes después, en el mismo verano del 82, Tucapel Jiménez fue asesinado por la misma CNI con los métodos más bárbaros que se recuerde, y abandonado en su propio taxi para que fuera notorio.

¿Y el móvil? Parece obvio: Frei era el líder más importante de la oposición. Sin embargo, el régimen lo había derrotado con el plebiscito fraudulento de 1980 y el año siguiente al presidente de la DC, Andrés Zaldívar, se le había impedido regresar a Chile, sin que Frei ni nadie pudieran hacer nada.

Una parte de la CNI estaba dedicada a vigilar a Frei, qué duda cabe. Resulta estremecedor conocer el modo en que la DC estaba infiltrada y para muchos militantes de entonces será doloroso leer que el muy popular “Luchito “era un soplón.

Pero nadie ignoraba en aquellos días que ser opositor era peligroso y suponía estar vigilado. ¿Es distinto en alguna dictadura? Este contexto es otro de los fundamentos del juez.

Los contextos no matan. Pero pueden sacralizar ciertas cosas. El mayor éxito de quienes han estado convencidos de que Frei fue asesinado -convicción no es lo mismo que certeza- no es esta sentencia, sino el clima social que ha creado.

Más aún: la sentencia será apelada por todas las partes, porque a todas les ha parecido insuficiente, pero qué corte se atrevería a contradecir esta “verdad jurídica “sin el temor de ser acusada de negacionismo o, peor aún, de complicidad con la CNI y con la dictadura?

Hay una verdad verdadera que no está en el laborioso fallo del juez Madrid ni en las ceremonias que se iniciaron minutos después de que lo liberara. ¿Alguien se interesará en ella?

FREI: UN FALLO SIN SUSTENTO

Socio Director CN Abogado Adolfo Paúl Latorre/ 03/02/2019

Señor Director: No importa que la sentencia dictada por el ministro Madrid en el caso Frei sea un completo dislate, un simple despropósito. Ella se funda en consideraciones o argumentos absolutamente insuficientes para destruir la presunción de inocencia; carece de fundamentos fácticos que la sustenten; y condena sobre la base de una hipótesis distinta a la del envenenamiento establecida en la acusación.

Tampoco importaría que, eventualmente, dicha sentencia fuese revocada por los tribunales superiores de justicia —como correspondería jurídica y procesalmente— puesto que ya se logró uno de los principales objetivos de la querella: instalar en el inconsciente colectivo, nacional y mundial, que el expresidente Frei fue asesinado por la dictadura del general Pinochet.

Atentamente le saluda.

LGO QUE QUIERO DECIR SOBRE EL CASO FREI

Las opiniones en este sitio son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Cristián Rillon Fontaine

Desde que salió la sentencia hace pocos días y se supo el resultado condenatorio, espere pacientemente hasta conocerla y ver si los discursos y reacciones de la DC eran compatibles con ella.

La DC dijo, a través de su Presidente Fuad Chain y de la miembro de la familia Frei, doña Carmen, ambos en muy “sentido “discurso, que la muerte de don Eduardo Frei Montalva, ex Presidente de Chile, se habría producido por un envenenamiento provocado por agentes del Estado en tiempos de Pinochet: En suma, que Pinochet habría mandado a matar a Frei y el fallo confirmaba esa tesis.

Lo hice, es decir, leí el fallo en sus partes relevantes, pues son más de 800 páginas. Me di el trabajo.

Bien, antes de manifestar mi modesta opinión sobre lo anterior, útil y necesario me resulta comprimir al máximo, pero al máximo lo esencial para que pueda ser comprendido por todos:

1.- La muerte de Frei se produjo el 22 de enero de 1982.

2.- El 22 de octubre de 2002, es decir, 20 años después de su muerte, la familia Frei presentó querella por homicidio calificado y magnicidio, sosteniendo que don Eduardo Frei Montalva había sido envenenado y asesinado por agentes de Estado (todo esto en albores de elecciones políticas).

3.- A partir de esa fecha, se designa al Juez y Ministro Alejandro Madrid para su investigación quien durante 17 años investigó, acusó y condenó.

4.- Ese juez dictó sentencia condenando a 6 médicos y auxiliares como autores de homicidio simple, es decir, por matar a alguien solo por matar.

5.- Entre esos condenados hay miembros de la DC, médicos de cabecera de Frei y otros cuestionados e, incluso, expulsados o suspendidos de la militancia DC, como lo son Patricio Rojas y Patricio Silva, ambos médicos: uno Ministro y el otro subsecretario en tiempos de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

6.- Útil es mencionar a Juan Pablo Beca quien, dicho sea de paso, dijo en una entrevista a El Mercurio, que la muerte de su suegro, a quien acompañó y asistió hasta su muerte, obedeció a una muerte no provocada.

6.- La causa de muerte del expresidente, fue una septicemia, atribuible a un estropcoco dorado, es decir, a una bacteria que adquirió en todo el proceso médico y en la clínica donde fue tratado (asunto frecuente).

7.- Lo que dice el juez, sin relación causal alguna y con una inconsistencia argumental y probatoria enorme de la que, como abogado, me avergüenza, es que ellos, los hoy condenados y que ya portan más de 80 años, como parte del equipo médico que asistió a Frei, asesinaron al ex presidente. En otras palabras, el juez dice que mientras los médicos intentaban salvar la vida de Frei por su infección interna, sus actos estuvieron destinados a matarlo, sin decir el cómo, el por qué, su motivación ni las circunstancias.

8.-El fallo descarta el uso de cualquier sustancia nociva o venenosa, para lo cual se valió de, al menos, 4 pericias de entidades extranjeras, además de profesionales médicos en toxicología. ¡¡Es decir, Frei no fue envenenado!!

9.- El falló descarta cualquier vínculo entre agentes del Estado y la muerte de Frei. ¡¡Es decir, el Estado no intervino en su muerte!!

10.- No obstante, el fallo condena a los médicos que intentaron salvar la vida de Frei, como autores de homicidio simple, es decir, sin la concurrencia de causales agravantes, tales como la premeditación o la alevosía.

Dicho lo anterior, cada uno juzgue.

La DC hizo vítores por el fallo e insistió en que se trató de un homicidio con envenenamiento y premeditado por agentes de Estado, no obstante haber sido desechadas tales hipótesis por ese mismo fallo, luego de 17 años de investigación.

La DC ya apeló pidiendo penas aún más severas – por sobre los 10 años- a los médicos que trataron al occiso y la recalificación del delito de homicidio simple a calificado.

¿Uds. se imaginan a un cuerpo médico, muy, pero muy cercano a Frei, que pretenda matarlo en circunstancias que hicieron todo lo posible por salvarle la vida, incluso, con medicamentos traídos desde el extranjero por la propia familia Frei?

¿Les parece sano que hoy, parte de la familia pretenda, a través de este juicio, revivir a ese partido y, en definitiva, valerse de la muerte de uno de sus miembros para reposicionar a un parido que está perdido en el espacio?

¿Les parece correcto mentirle a la gente merced o usando o manipulando la muerte de una persona? manipulando la verdad de forma grotesca e infame? ¿Más aún, viniendo ese propósito de sus propios hijos o algunos de ellos?

¿Esa es la política? ¿Esa es la DC?

¡Y hoy, aún frente a tan clara evidencia que he descrito, pues son los hechos de la causa, el gobierno del Presidente Piñera – querellante en la causa- y por quien vote, haya anunciado que apelará del fallo para obtener que los médicos que trataron de salvar una vida obtengan una pena aún mayor!!

Quiere ser o seguir siendo amigo de la DC con esto?

¡¡Esto me dan ganas de vomitar!! Y más aún, viendo la complicidad del gobierno por el cual me la jugué entero solo para obtener dividendos políticos. ¡Ver a familiares de una persona que murió por razones que muchos en Chile mueren, siendo utilizados políticamente me parece repugnable!

Ojalá los abogados encargados de la defensa de los condenados hagan las cosas bien.

Este es otro asunto que me aleja irremediablemente de los señores Piñera, Chadwick y Cía. Ltda.

Si a alguien ofendo, lo lamento. Un tribunal justo dirá la verdad. Yo ya la conocí.

 ESTADISTICA DE DDHH DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES.

PODER JUDICIAL Y DERECHOS HUMANOS

Haroldo Brito, Presidente Corte Suprema – El Mercurio, Tribuna, 16/01/2019

La Corte Suprema realizará hoy el seminario “Poder Judicial y Derechos Humanos: Labor y Proyección”, que busca enfrentarse a lo realizado en los últimos 30 años para dar justicia y paz a miles de víctimas de delitos de lesa humanidad, a sus familiares y, asimismo, a Chile entero.

También se observará otra faceta actual de los derechos humanos -los derechos de los trabajadores- desde esta particular perspectiva.

Daremos a conocer cifras dolorosas, qué duda cabe, pero estamos seguros de que fortalecerán nuestro país, ya que serán un llamado para que todas las instituciones persistan en su trabajo diario por construir un país que respete por sobre cualquier otro interés los derechos fundamentales de las personas, su dignidad de tales.

Entre el año 2002 y 2018, la Corte Suprema ha dictado 457 sentencias en procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. De ellas, 394 son penales y 53 civiles. Se han acogido 217 sentencias de demandas de indemnización de perjuicios por un monto total cercano a los 55 mil millones de pesos. El detalle de las sentencias corresponde a hechos de muy difícil comprensión: 175 por secuestro calificado, 108 por homicidio calificado, 50 por homicidio, 37 por secuestro, 16 por detención ilegal, 9 por torturas, entre otras.

Pero no es todo, ya que los ministros en visita -siete en la actualidad- aún investigan hechos relativos a este tipo de delitos. Entre el año 2014 y 2018 se han fallado 353 causas en primera instancia. En el 2018 se cerraron 151 sumarios, hubo 72 acusaciones contra 322 personas. Además, se iniciaron 245 nuevas causas y con 57 autos de procesamientos, lo que se traduce en 191 personas sometidas a proceso.

Los terribles atropellos a los derechos humanos han dejado una huella imborrable en nuestro país. No obstante aquello, la experiencia acumulada tras este oscuro momento, vivenciado también en otros tantos países, ha permitido aglutinar a la comunidad internacional para asumir la imperiosa tarea de crear un sistema de protección de las personas frente a los abusos del Estado, lo que se ha plasmado en el reconocimiento de derechos humanos y generación de catálogos de derechos de esta clase y, también, mecanismos destinados a promover y proteger internacionalmente a las personas mediante la instalación de la jurisdicción internacional de los derechos humanos ante la desprotección de los estados nacionales.

A la actividad de hoy, se suma el esfuerzo de fortalecer la Unidad de Coordinación de Procesos de Derechos Humanos de la Corte Suprema, ya que se pretende que cuente con mayores capacidades técnicas, de gestión y mejores estadísticas, para que sea más conocida la reacción jurisdiccional en estas materias. A estos propósitos, contamos con el sitio web Memoria Histórica Digital, en donde cualquier ciudadano puede ingresar y leer las sentencias dictadas por la Corte Suprema en estas materias y consultar un historial de las causas en todas sus instancias, un registro de las conformaciones de salas y la votación de sus integrantes entre otros valiosos antecedentes históricos.

Creemos que es muy importante que existan proyectos como el que hoy se ejecuta. Es fundamental que la ciudadanía conozca y evalúe cuál ha sido la actuación del Poder Judicial en esta materia, para mayor protección de las personas. El año 2013 esta Corte Suprema reconoció la actitud omisiva durante la dictadura, dando inicio a un pronto proceso de socialización de los antecedentes generados.

Chile es un país que ha dado pasos relevantes al sancionar penalmente las infracciones a los derechos humanos, constituyéndose en un ejemplo para avanzar en justicia y paz social. Conscientes de que la jurisdicción debe vincularse con la ciudadanía, hoy la recibimos para dar cuenta y, también, para conocer su entendimiento de lo que la judicatura realiza a estos respectos.

La libertad de expresión prevalece

Lucía Santa Cruz, El Mercurio, Columnistas, 21/12/2018

Opinión

Se suele afirmar que habría una contradicción entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos y que, en caso de conflicto, siempre debería primar la consideración por estos últimos.

Este supuesto ignora que la libertad para expresar las ideas y las opiniones es uno de los derechos humanos más fundamentales.

No es una mera coincidencia que la primera declaración de derechos, de 1789, ya afirmaba que “la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente”.

Desde entonces, este principio ha sido recogido en las cartas fundamentales como un derecho inalienable, incluida, por cierto, la Declaración Universal de Derechos Humanos.

John Stuart Mill iba más lejos aún y sostenía que debería existir la libertad más plena para “profesar y discutir, como una cuestión de convicción ética, cualquier doctrina, por inmoral que pueda ser considerada”, y que “la vergüenza social”,o el clima de opinión imperante, no debía ejercer censura sobre el pensamiento.

Antes que él, Tocqueville ya había expresado su temor al predominio de la “tiranía de la opinión”que no respeta el derecho al disenso y se ejerce por la opinión dominante de las mayorías (lo que hoy llamaríamos “la corrección política”), que condena al silencio o al escarnio público a quienes se atreven a disentir.

Esto representa “un modo de coerción invisible y no violento, que deja el cuerpo y va derecho al alma”, lo cual termina por imponer una avasalladora homogeneidad e impide el surgimiento de individuos originales.

Esta fragilidad permanente de la libertad puede deberse al olvido o ignorancia de cuánto le ha costado al ser humano hacerla realidad. El pasado, hasta hace poco más de 200 años, fue la historia de la censura, la opresión, el imperio de verdades reveladas incuestionables y el predominio de ortodoxias que sofocaron la creatividad y la innovación: las iglesias, los monarcas, todos quienes ejercieron el poder sin límites, siempre adujeron muy “buenas razones”para reprimir el desacuerdo y silenciar la diversidad política, religiosa o social.

Galileo y Sócrates no fueron excepciones y hoy mismo, a pesar de los avances, se ciernen graves amenazas sobre ciertas ideas, no solo en los países totalitarios, donde por definición imperan “verdades oficiales”, sino también en lo que ha sido la cuna de la civilización.

Es evidente que la libertad de expresión, como todas, tiene límites, al menos si su ejercicio implica daño para otros. También es cierto que existen áreas grises en que distintos derechos colisionan, pero siempre será mejor si el peso de la prueba recae sobre la necesidad de restringir la libre expresión de ideas.

Relacionada con esta, también se yergue la sombra odiosa de la censura a la libertad académica para investigar y difundir el pensamiento y el conocimiento sin temor a represalias políticas, económicas, físicas o sociales. Hoy se multiplican las publicaciones que denuncian alarmadas la represión de cualquier pensamiento que cuestione las nuevas verdades reveladas en temas de género, condición étnica o de diversidad sexual, y subordinan la libre expresión al presunto derecho a “no ser ofendido”.

Hay innumerables ejemplos, especialmente en universidades norteamericanas, de silenciamiento forzoso, incluso violento, de ciertas visiones académicas que cuestionan la opinión de la mayoría, que por lo demás no son necesariamente de las mayorías, sino de quienes monopolizan la expresión de la opinión.

            Vale la pena reafirmar que la academia consiste precisamente en esa búsqueda desapasionada de la verdad, aunque ella nos disguste, y que no hay ninguna causa, por noble que ella sea, a la cual esta deba someterse.