PROHIBICIÓN INSÓLITA. El Mercurio, Editorial

PROHIBICIÓN INSÓLITA

El Mercurio, Editorial, 27/06/2026

Una serie de reacciones ha producido la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera, de prohibir la difusión de la identidad del conductor que fuera detenido por manejar a 264 kilómetros por hora en la Costanera Norte.

Igualmente controversial resultó el hecho de que la magistrada desestimara la solicitud de la fiscalía de arresto domiciliario total mientras dure la investigación y dictaminara, en cambio, la libertad con firma mensual y arraigo nacional, pese a que el conductor tenía antecedentes de conducción bajo efectos del alcohol.

Tampoco le fue suspendida su licencia, como consecuencia del tipo penal imputado, conducción temeraria.

Sin duda, resulta difícil de comprender que, frente a un caso como este, las medidas cautelares no impidan, en la práctica, que el imputado pueda seguir conduciendo su vehículo sin restricciones por los próximos 90 días, con el consiguiente peligro para el resto de la sociedad.

Aún más inentendible —además de jurídicamente cuestionable— es, sin embargo, la decisión de prohibir informar la identidad del involucrado.

Ello contraría principios básicos de nuestro sistema procesal, el cual consagra el carácter público de todas las actuaciones de la judicatura, salvo excepciones precisas, expresamente señaladas en la ley, ninguna de las cuales aplica para este caso.

Siendo el imputado una persona adulta, tampoco corresponde aquí la prohibición que contempla la legislación respecto de la divulgación de los nombres de menores de edad que hayan sido víctimas o partícipes de un delito.

De este modo, una decisión como la adoptada por la magistrada carece de fundamento legal y resulta arbitraria, vulnerando flagrantemente el mandato constitucional que consagra “la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”.

En cambio, retrotrae a épocas pretéritas de nuestra historia jurisdiccional, cuando prohibiciones de informar dictadas arbitrariamente campeaban.

Dejar atrás ese secretismo fue uno de los grandes avances que representó la reforma procesal penal y no debe aceptarse que decisiones carentes de criterio signifiquen un retroceso.

Todo ello, al margen de lo extemporánea e ineficaz que puede ser una medida así en los tiempos actuales —el nombre del imputado ya circula profusamente en redes sociales desde hace varios días— y de la facilidad con que puede dar pie a todo tipo de especulaciones, dañando el prestigio de la propia judicatura y a la institucionalidad.

En ese entendido, “El Mercurio” ha decidido responsablemente informar la identidad del referido imputado en la nota sobre el tema que se publica hoy (ver pág. C1).

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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