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“Vamos a ir por ellos””, Advirtió SEREMI sobre terrenos de las Fuerzas Armadas. La Prensa Austral, 10/07/ 2022

Gloria Aravena asumió el 4 de abril la titularidad de la seremi de Bienes Nacionales. Arquitecta de profesión, tiene dos hijas y está “felizmente separada”. Tiene una importante experiencia en el ámbito público y privado; y posee un vínculo muy especial con Magallanes, puesto que trabajó como arquitecta revisora del Cadi UMAG y, desde 2018, comenzó a tener más trabajos en la zona, lo que terminó con asentarse definitivamente en Punta Arenas.

En una de esas conversaciones para cambiar el mundo, la ahora seremi de Bienes Nacionales se reunió con su amigo e histórico militante del Partido Comunista, Octavio Rogel. Él le dijo que tenían este cupo partidario y la invitó a ser parte del gobierno. No lo dudó.

En entrevista con El Magallanes, la seremi Aravena o también llamada cariñosamente “ministra”, anunció que tienen identificado cerca de diez terrenos de las Fuerzas Armadas, aunque asegura que necesitarán menos para la construcción de viviendas sociales y desclasifica conversación con el Presidente Boric sobre la Casa de los Derechos Humanos en Avenida Colón: “¡Presidente! No le puedo prometer que va a cortar la cinta, pero sí que vamos a avanzar”.

– ¿Cómo avanza la identificación de los terrenos Fach? El gobierno ha dicho que quieren construir viviendas en esos predios, por ejemplo, los que están en Costanera de Punta Arenas.

– Esos terrenos no, porque tienen destinación al Bienestar de las Fach. Los terrenos traspasados internamente de las reparticiones armadas a su Bienestar, legalmente, como Bienes Nacionales, no existen mecanismos jurídicos para poder acceder a ellos.

El acuerdo de Chena tiene que ver con las destinaciones. Sí tenemos diversos terrenos en destinación en la región y en esta comuna donde hay más demanda de vivienda y ese tema, desde el punto de vista técnico, ya lo vimos con el Minvu.

Gloria Aravena enfatizó en que se buscarán los mejores terrenos para utilizarlos dado el déficit habitacional existente y también anunció que la Casa de los Derechos Humanos es su máxima prioridad.

Las relaciones se están dando entre Bienes Nacionales y el Ministerio de Defensa, esa es la estructura. Nosotros levantamos la información a la ministra, para definir claramente con los ministerios cuáles son los terrenos más aptos para ir por ellos, porque no tiene sentido pedir cualquiera y la idea es negociar.

El mejor negocio es donde todos ganan, si alguien se siente perjudicado no. Aquí hay que ser responsable, porque la inversión es alta y, por ende, hay que buscar cuál es la mejor inversión y nosotros, una vez que se defina cuáles son esos terrenos, definiremos la gestión técnica para conseguirlos.

– ¿Cuántos terrenos son?

– El dato es que tengo todos identificados, en toda la región podrían ser 10, pero necesitamos menos. Va a depender del volumen, porque hay terrenos que aparentemente se ven interesantes y son amplios, pero técnicamente para construir viviendas dignas, de calidad y que estén con una infraestructura de conexión al área urbana, empieza a haber más restricciones. Hay un par de terrenos que vamos a ir por ellos.

– ¿Se ha avanzado en la regularización y entrega de títulos de dominio?

– A fines de diciembre hubo una resolución de Contraloría que condicionó el proceso y nos restringe a nivel nacional, que es sobre las exigencias para poder avanzar en el proceso de títulos de dominio, ya que es un proceso jurídico que tiene varias etapas. La Contraloría objetó cómo se estaba aplicando la ley de saneamiento de pequeña propiedad raíz.

Obviamente se ha frenado y seguirá, porque se está haciendo un filtro mayor, aunque el ministerio está en un proceso continuo. Claramente no es la situación más favorable.

– ¿Esto es retroactivo? ¿Podría afectar a quienes ya lo poseen?

– No es retroactivo, pero si hay una objeción de un vecino u ocurriera una oposición frente a un título en particular, hay un tiempo legal que efectivamente se podría resarcir. No creo que ocurra, pero la jurisprudencia da una holgura de tiempo. Todos sabemos que esto es un beneficio.

Algo simbólico, porque cuando una persona recibe el título se siente segura, que es algo por lo que ha luchado, si bien no fue la forma más perfecta de conseguir este bien; el hecho de recibirlo le hace sentir segura.

– Sobre la Casa de los Derechos Humanos en Avenida Colón, ¿se ha podido avanzar en algo?

– Es mi primera prioridad. Estuvimos muy mal, porque las acciones que hubo en los últimos periodos donde hubo pocos recursos y mala disposición de ese recurso. Estoy llevando una investigación que está en curso. Proyecto hay, que está validado y eso se puede volver a tomar, a reconstruir y la preocupación a título personal y mi compromiso es con el Partido Comunista, y con Octavio Rogel, es que no aumente el deterioro y recuperar el edificio.

Que sí será sitio de memoria o un museo, se verá en el camino, me voy a ocupar de que el edificio no se destruya. Cuando estuvo el Presidente le pedí expresamente que quisiera hacerme cargo de este tema en todas sus aristas, y le dije: “No le puedo prometer que va a cortar la cinta, pero sí que vamos a avanzar, ya que lo que hubo antes fue solo retroceso”.

– ¿En qué hubo retroceso en administraciones pasadas?

– Eso habría que preguntárselo a las administraciones anteriores. Yo sólo puedo responder a lo que puedo leer, a lo que se invirtió; cómo se hizo y lo que no se manifiesta de lo que ahí se pagó. Entonces, no puedo decir por qué no se hizo, de aquí para adelante me haré cargo.

Desarrollo de Puerto Williams y destinación de terrenos.

– ¿En qué va el Plan Navarino?

– Esto viene de la gestión anterior. El ministerio encargó un estudio que se llama “Plan Navarino” que es entender la vocación del territorio y su borde costero. Convengamos que el borde costero del territorio nacional en la franja de los 80 metros tiene la tuición de la Armada.

El ministerio desarrolló la vocación del territorio fuera del área del plan regulador que está en estudio. Nosotros trabajamos del límite del plan regulador al resto del territorio, más del 90% de la isla es territorio fiscal y participó la ciudadanía en este proceso, ya estamos en la etapa final donde van a salir los lineamientos generales de la vocación de distintas áreas: En la costa y áreas urbanas. Y eso no es obligatorio, pero es una línea que nos permite definir cuando alguna empresa o comunidad pide un terreno fiscal para algo, ya sea uso agrícola, turístico y forestal y que lamentablemente es necesario porque no hay una solución todavía.

Tuvimos reunión -agrega- con distintas agrupaciones, de armadores, pescadores y están pidiendo terrenos porque en sus casas tienen su propiedad, pero se les hace pequeña; no tienen espacios en condiciones industriales por su actividad productiva, y ver cómo ponemos terrenos a disposición de los antiguos pobladores y al pueblo yagán, por ejemplo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Columna de Opinión

Frente a una criminalidad poderosa. El Mercurio, Editorial, 12/07/2022

Los trascendidos de la visita del juez Fernando Guzmán a la cárcel Santiago Uno son espeluznantes. “Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamiento. No existe agua caliente. Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados”.

Las dependencias están destinadas a personas que no registran condenas anteriores. Pero como Gendarmería no sabe si este es el caso tratándose de extranjeros —pues, aunque parezca increíble, no existen acuerdos internacionales para obtener esta información—, más de la mitad de los internos puede tener un largo prontuario de condenas.

Aunque hay cámaras de seguridad, estas no cubren los dormitorios y el sector de duchas. La sobrepoblación impide cualquier control medianamente eficaz. “Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (…) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad”. En el módulo 34 había 196 presos, en circunstancias que tiene capacidad para 84. “Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches”.

En este contexto, al que se suma la carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles, no sorprende “la gran cantidad de teléfonos y droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros”.

El verdadero problema en Chile es la incapacidad de las instituciones responsables para cumplir con lo más elemental de sus respectivas funciones.

También se constataron las extorsiones que realizan los presos más avezados a los imputados primerizos, como es el caso de una persona que primero fue llevada a una celda de aislamiento con otras tres, pero luego fue trasladada al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazada. “Lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirle dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre 30 mil y 50 mil pesos al día”.

Al mismo tiempo, es patente el avance de las organizaciones criminales que, como señaló a “El Mercurio” el subsecretario del Interior, “son más grandes, más poderosas, más peligrosas, usan más armas y tienen control de más territorios en el país”.

Estos fenómenos dan cuenta de que la criminalidad ha crecido, se ha sofisticado y presenta niveles crecientes de violencia y compromiso delictivo.

Ante todo esto, es legítimo preguntarse si las instituciones del sistema de prevención y persecución del delito, y también el sistema penitenciario, están en condiciones de adaptarse a estas formas de criminalidad.

Pese a su relevancia, sin embargo, esta pregunta oscurece el verdadero mensaje tras las palabras del magistrado Guzmán y del subsecretario del Interior. Pues el verdadero problema en Chile es la incapacidad de esas instituciones —reflejo de una incapacidad más general del Estado— para cumplir con lo más elemental de sus respectivas funciones: la Fiscalía y las policías, para investigar y llevar a juicio causas con imputado desconocido; Gendarmería, para garantizar siquiera mínimamente la seguridad personal de los reclusos.

Este no es un problema de textos constitucionales ni proclamaciones de derechos. Tampoco es asunto de carreras funcionarias, ni en estos momentos depende de la existencia de tribunales especializados en la ejecución de las penas o de fiscales expertos en crimen organizado.

Por ahora, solo se necesita que Gendarmería, las policías y la Fiscalía cumplan siquiera con la parte más elemental de su trabajo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Columna de Opinión

Impuestos patrimoniales y sus alcances. El Mercurio, Editorial, 13/07/2022

Como es natural en este ámbito, la presentación de la reforma tributaria ha generado múltiples inquietudes respecto del alcance de algunas de sus propuestas.

Uno de los focos ha sido el impuesto a la riqueza, que, junto con el llamado exit tax, o impuesto al patrimonio ante un cambio de domicilio tributario, y el impuesto a las utilidades acumuladas en las sociedades de inversión —también denominado en el proyecto como “tasa de diferimiento de impuestos personales”—, representan un cambio importante en la manera de concebir el sistema tributario.

Las implicaciones de un impuesto a la riqueza han sido ampliamente debatidas. Desde luego, la riqueza se construye sobre la base de rentas que ya han tributado, por lo que parece conceptualmente discutible hacerlas tributar doblemente.

Más allá de ese debate, la evidencia es contundente respecto de las dificultades recaudatorias de este tipo de impuestos, toda vez que generan un fuerte incentivo a la salida de capitales. De hecho, son varios los países que, en contraste con la orientación de esta propuesta, establecen políticas de regímenes especiales —tanto tributarios como legales— para atraer capitales.

En Chile, la discusión se complejiza por otras dos propuestas tributarias adicionales en el proyecto del Gobierno.

Puede resultar más atractivo para ciertos inversionistas pagar una sola vez un 5% y cambiar su domicilio tributario.

Una es el referido “impuesto de salida”, que permite tributar por una sola vez un 5% sobre el patrimonio cuando la persona realiza un cambio de domicilio tributario. En tal circunstancia, el traslado —que, entre otras cosas, exige pasar la mayor parte del tiempo en el extranjero y requiere que la mayor parte de las rentas provengan de actividades domiciliadas fuera del país— exime a la persona de pagar impuestos localmente.

Así, del modo en que aparece diseñado, puede resultar más atractivo para ciertos inversionistas pagar de una sola vez un 5% y dejar Chile que pagar todos los años el impuesto al patrimonio propuesto.

Otra dimensión compleja dice relación con el impuesto a las utilidades acumuladas en sociedades de inversión. Este impuesto busca gravar aquellas utilidades acumuladas que no han sido distribuidas a personas naturales, por lo que solo han pagado impuesto corporativo y no personal. En muchos casos, este impuesto de 1,8% puede representar un verdadero impuesto al patrimonio.

En efecto, para personas cuyo patrimonio se encuentra ahorrado en sociedades de inversión cuyos activos son inversiones financieras o rentas inmobiliarias, se aplica un impuesto igual al tramo más alto de impuesto a la riqueza, independientemente del tamaño del patrimonio.

Así, contribuyentes con un patrimonio inferior a cinco millones de dólares podrían terminar pagando el equivalente a la tasa más alta del llamado impuesto a la riqueza.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Seguridad y defensa

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: CONGRESO DESPACHA EL PROYECTO Y GOBIERNO ADVIERTE QUE HAY MATERIAS QUE DEBERÁN RESOLVERSE POR REGLAMENTO

Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la Comisión Mixta por 97 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones. Así la reforma quedó lista para ser promulgada por el Presidente, Gabriel Boric.

Este lunes el Congreso despachó a ley el proyecto de reforma constitucional que habilita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar la Infraestructura Crítica del país sin necesidad de que se decrete un Estado de Excepción Constitucional.

El debate se dio luego de que el martes pasado el Senado aprobara por 37 votos a favor, un voto en contra y 3 abstenciones el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara Alta y Cámara Baja respecto de la iniciativa.

Es así como este lunes la Cámara de Diputados aprobó por 97 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones, la reforma constitucional, la que quedó lista para ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Entre quienes votaron en contra hubo legisladores de la bancada del Partido Comunista, Partido Humanista y Partido Ecologista Verde Social y del Frente Amplio; mientras que en las abstenciones también se registraron votos de diputados de Apruebo Dignidad y de miembros del Partido Republicano.

Sobre el proyecto, el ministro Segpres, Giorgio Jackson, quien acudió al Congreso para ver su tramitación, aseguró que “esto requiere sin duda un reglamento que defina varios aspectos que no quedaron, a juicio del legislador, dentro de la reforma. Y es verdad que hay materias que tienen que verse, como la cadena de mando, relacionado a también a la forma en que se tiene que informar al Congreso”.

El secretario de Estado agregó que “lo que podemos garantizar como Ejecutivo es que el utilizar herramientas como ésta es para nosotros de especial sensibilidad el poder garantizar a la población tiene que ser contrapesado con un resguardo y cuidado y garantías de no violación a los derechos humanos”.

Historia legislativa. En mayo de este año el gobierno de Boric decidió avanzar en una iniciativa de Estado intermedio para proteger las rutas del país -específicamente de la Macrozona Sur debido a los últimos hechos de violencia que se habían registrado en la zona- sin necesidad de decretar Estado de Excepción. En ese sentido, recogió el proyecto presentado en 2019 por los senadores de Chile Vamos, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.

Aquella iniciativa se encontraba “durmiendo” en el Parlamento tras no obtener el apoyo de ambas Cámaras del Congreso, por lo cual fue rechazada y debió pasar a una Comisión Mixta, sin poder avanzar.

Fue así que, en primera instancia, la discusión resurgió a raíz de una petición del Ejecutivo, pero luego de fallidas negociaciones con el oficialismo, el Ejecutivo optó por desechar el camino de la Mixta y optó por decretar un Estado de Excepción en la Macrozona Sur, al que llamó “acotado”.

En efecto, Jackson y su par del Interior, Izkia Siches, informaron que el gobierno no presentaría una propuesta en la materia.

Sin embargo, pese a la decisión de La Moneda, el proyecto no quedó en pausa, ya que los parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta decidieron seguir discutiéndolo y lograron llegar a un acuerdo para emanar un informe final.

De hecho, el martes pasado, Jackson afirmó que el gobierno de igual manera -en caso de aprobarse- haría uso de la medida: “Desde el Ejecutivo nosotros hoy venimos a manifestar que esta atribución adicional al poder Ejecutivo, nosotros, en caso de ser aprobada, la tomamos con el peso de la responsabilidad que implica una definición como ésta”.

“Queríamos dar la garantía de que cuenten con que el gobierno la tendrá en plena consideración dentro de las herramientas a utilizar para resguardar la seguridad tanto de la infraestructura crítica, y por ende, de manera indirecta, pero sustantiva, al bienestar y seguridad de la población”, complementó el ministro de la Segpres.

Con todo, este lunes la reforma finalizó su tramitación en el Parlamento y quedó lista para ser promulgada por el Mandatario.

¿Qué establece el proyecto?  Se estableció que se entenderá como Infraestructura Crítica “el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país”.

¿Cuáles serán las funciones de las Fuerzas Armadas? Se dispondrán para la protección de la Infraestructura Crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional.

Asimismo, se fija que “en ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público”.

Una de las limitaciones de la iniciativa es que no se podrá extender por más de 60 días, “sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional”.

Debate parlamentario. El diputado Mauricio Ojeda (Ind-Republicanos) indicó que “ningún parlamentario sensato, mucho menos siendo de la Región de La Araucanía, podría estar en contra de votar este proyecto (…) proyecto que parlamentarios que han estado acá por varios períodos ya estuvieron discutiendo largamente, fue así también que fuimos testigos de que el propio Presidente de la República, el propio ministro que nos acompaña (Giorgio Jackson) en la sala, la ministra vocera Camila Vallejo, ya votaron respecto de este proyecto en contra, yo felicito el que las personas puedan cambiar de parecer y opinión y en ese sentido que cuenten con el apoyo de este parlamentario”.

Mientras que el RD, Jorge Brito (RD), sostuvo que “nosotros por supuesto que no nos oponemos a dar seguridad a la Infraestructura Crítica, la seguridad es uno de los aspectos fundamentales que requiere todo pueblo para poder desarrollarse y salir adelante, lo que si no compartimos es que sea con los militares y no con las policías con quienes hay que proteger la infraestructura crítica”.

Por su parte, el diputado del PS, Marcos Ilabaca declaró que “desde la bancada del Partido Socialista hemos dicho hasta el cansancio que vamos a apoyar cada una de las iniciativas que este gobierno implemente para ir en pos de la paz social y lo que hoy día estamos votando es dotar al presidente de la República de un instrumento que efectivamente le permite cuidar la infraestructura critica”.

Finalmente, el Republicano Luis Sánchez aseguró que “esta es una buena iniciativa, pero en la medida de lo posible es lo más lejos que podemos llegar con un gobierno que es tímido con la seguridad pública, un gobierno acotado, yo lamento mucho que la izquierda le complique tanto el resguardo de la seguridad de todos los chilenos”.