Efemerides

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE.

Mario Barrientos Ossa.

Vicepresidente Instituto O’higginiano de Rancagua.

            Recordamos hoy que el 1 de enero del año 1818, el Director Supremo don Bernardo O’Higgins Riquelme, suscribió en el Palacio Directorial de Concepción el acta que proclamaba la independencia de Chile. Fue jurada posteriormente, en todo el país, el 12 de febrero de 1818, primer aniversario de la batalla de Chacabuco.

Mariano Osorio amenazaba, nuevamente, poner fin a nuestra independencia, y el gobierno se percató que aquélla no estaba declarada formalmente, lo que se estimó necesario llevar a cabo, para que nuestro ejército enfrentara al realista con la calidad de pertenecer a una nación soberana y no a una simple colonia del invasor.

El acta finaliza de esta manera: “Dada en el Palacio Directorial de Concepción, a 1 de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la nación, y refrendada por nuestros ministros y secretarios de Estado, en los departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra: Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Zenteno”.

La anécdota recuerda que cuando se presentó el borrador del acta al Director Supremo, este intercaló, de su puño y letra, la oración “y de cualquiera otra dominación”, inmediatamente después de las palabras “la Monarquía de España”, precisando la entera y completa independencia de Chile.

Hoy se cumplen 205 años desde la declaración de nuestra independencia nacional, obra magna de nuestro apreciado prócer don Bernardo O’Higgins, acto solemne que basta para ponerlo en la cúspide de nuestra historia patria.

Columna de Opinión

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL

Ignacio Sánchez D., Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile

El Mercurio, Columnistas, 31/12/2022

En el marco de la reforma que se discute actualmente en el Senado para la realización de un nuevo proceso constituyente, se hace una referencia explícita a la participación ciudadana (art. 153, inciso 3), lo que abre nuevamente caminos de diálogo ciudadano, respecto de los cuales, con la redacción de una iniciativa popular de norma, las universidades tendrán un rol fundamental.

Recogiendo la experiencia de más de dos años de trabajo en terreno desde la iniciativa de escucha activa “Tenemos que Hablar de Chile”, con la experiencia que se ha obtenido hasta la fecha y el trabajo realizado en torno a la previa Convención Constitucional, esperamos responder a la necesidad que existe en la sociedad de estar presentes y ser parte de este nuevo proceso.

El proyecto “Tenemos que Hablar de Chile”, que promueve una cultura de participación y diálogo ciudadano con el objetivo de promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país, ya ha movilizado la participación de más de doscientas mil personas, provenientes de todos los rincones de nuestro país.

Sus distintos espacios participativos han recogido una enorme cantidad de información que, en el marco de la Convención Constitucional, fueron entregados a través de informes, presentaciones en las audiencias y más de veinte documentos puestos a disposición de la Convención, de todos los poderes del Estado, junto al análisis de la ciudadanía.

Poniendo en valor nuestras diferencias, sabiendo que las personas e instituciones tenemos distintas historias y puntos de vista, hemos impulsado desde el año 2020 múltiples espacios participativos. Hemos buscado comprender esa diversidad de miradas, preocupaciones y anhelos que conviven en nuestro país.

Durante el proceso constitucional profundizamos en este esfuerzo, no con el objetivo de tener una voz institucional común, sino que buscando ofrecer un camino que complementara oportunidades de participación para la ciudadanía.

Hace ya algunas semanas, realizamos una nueva entrega conjunta, tras un gran esfuerzo de escucha, en tiempos de grandes desafíos para nuestro país, que superan las capacidades de cualquier individuo u organización. Se trata del informe “Reflexiones de una ciudadanía constituyente”, realizado desde esta iniciativa, proyecto impulsado por las universidades Católica y de Chile, con la colaboración de otras 27 casas de estudio, cerca de sesenta organizaciones de la sociedad civil y la participación de miles de personas de todas las comunas de Chile.

“…desde las universidades y en alianza con la sociedad, invitamos a potenciar el diálogo. No hay una propuesta de camino fácil, ni respuestas infalibles, sino una gran gama de visiones y opiniones que se nutren y complementan entre sí…”.

Es urgente hacer un análisis de lo que hemos vivido como sociedad, para poder reflexionar sobre el futuro de un proceso político que aún tiene la tarea de encauzar los anhelos de cambio y mejoras que vemos muy presentes en el relato ciudadano.

Con los datos y la información que se han levantado en todo el país buscamos, en parte, responder a nuestro compromiso con todas aquellas personas que participaron y dedicaron su tiempo, con el convencimiento de que lo conversado se haría parte del debate público.

Hoy, este desafío se hace manifiesto con un reglamento que contemplará mecanismos de participación ciudadana una vez instalado el Consejo Constitucional y que será coordinado por las universidades Católica y de Chile, en conjunto con el sistema universitario del país.

Cabe destacar que aún falta la total tramitación de la reforma constitucional en el Congreso —esperamos durante el mes de enero— y la definición del reglamento respectivo, el que probablemente entregará mayores detalles de los mecanismos de participación y sus plazos.

Sin embargo, hasta la fecha, los mecanismos de participación comenzarían cuando empiece a sesionar el Consejo Constitucional, es decir, durante junio del próximo año.

Estamos en un momento en el cual, desde las universidades y en alianza con la sociedad, invitamos a potenciar el diálogo. No hay una propuesta de camino fácil ni respuestas infalibles, sino una gran gama de visiones y opiniones que se nutren y complementan entre sí.

Desde nuestras instituciones de educación superior trabajaremos para abrir nuevas reflexiones y así aportar, desde lo vivido, a los desafíos futuros. Es la contribución de las universidades al país en momentos cruciales para su desarrollo.

Es un desafío que nos compromete y alegra.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

LA DEMOCRACIA EN LA TORRE DE BABEL

LA DEMOCRACIA EN LA TORRE DE BABEL

Lucía Santa Cruz

El Mercurio, Columnistas, 30/12/2022

Cuando dos realidades muy distintas, o incluso contradictorias, son descritas con el mismo nombre, entramos al preludio de una Torre de Babel y es muy difícil entendernos entre nosotros. Eso sucede con el término “democracia”.

Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal, incluido el de la ex Alemania Oriental y el de la China Popular.

Los comunistas, por ejemplo, que en su doctrina postulan la “dictadura” del proletariado y cuya historia está ligada a los regímenes más totalitarios de que se tenga memoria, consideran que Cuba, Venezuela o Corea del Norte son mejores “democracias” que la nuestra.

Los convencionales afirmaban que la refundación que ellos imaginaban nos llevaba a una “verdadera” democracia, concepto que fue reforzado por el propio Presidente de la República, pues, a su juicio, dicha propuesta representaba la “profundización” de la democracia.

Por el contrario, para una gran mayoría la razón principal para rechazarlo fue la convicción de que destruía las bases de la democracia tal como la hemos conocido en nuestra historia y en la de los países occidentales.

Ello, porque eliminaba la idea de un Estado Nación unitario, la separación de poderes, varios derechos y libertades individuales inviolables, ciertas restricciones al poder arbitrario de los gobiernos, un sistema judicial autónomo y la igualdad ante la ley.

“Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal”.

Desde sus inicios, la democracia evolucionó en dos vertientes. Por una parte, las llamadas democracias totalitarias que se caracterizan por la primacía de los derechos colectivos por sobre los de cada persona individual; un régimen donde la soberanía no reside en la nación, sino en colectivos específicos como el género, la clase, la etnia, la raza o la condición sexual; y los gobiernos son concebidos, antes que nada, como los proveedores de toda suerte de bienes sociales, más que como los guardianes de la libertad y, por el mero hecho de ser electos, se cree que actuarían siempre para el bien del conjunto y, en consecuencia, no necesitarían límite alguno.

Un elemento de esta gran confusión ha surgido a propósito de la reforma constitucional para permitir un nuevo proceso constitucional. Muchísimas voces se han alzado para denunciar que el Congreso —aunque legítimo representante de la soberanía popular y depositario de la potestad constituyente— habría violado la democracia al permitir que el futuro Consejo quede integrado por una minoría de “expertos” nombrados por ellos, además de por una mayoría elegida en votación popular.

La implicancia de esto es que solo las constituciones escritas enteramente por miembros electos podrían garantizar un régimen democrático. Pues bien, de aplicarse este principio, quedarían fuera de esta clasificación la mayoría de las constituciones existentes y solo serían democráticamente válidas aquellas que han emanado de asambleas constituyentes en Latinoamérica.

El elemento más obvio de una democracia es que se trata del gobierno de las mayorías. Sin embargo, una democracia electoral no garantiza necesariamente una verdadera democracia y estamos plagados de ejemplos de gobiernos elegidos, pero tiránicos, desde Hitler en adelante.

Una verdadera democracia debe asegurar la igualdad ante la ley, las libertades públicas, los derechos individuales y de las minorías, la alternancia en el poder, mantener esferas de la vida personal al margen de los dictados de la soberanía popular y operar en un clima de deliberación racional respetuoso de la tolerancia.

Así, la prueba de la calidad democrática del futuro Consejo no depende tanto de cuántos de sus miembros son elegidos por el voto popular, sino de que efectivamente nos entregue un texto que cumpla con los requisitos mínimos necesarios para ser clasificado como tal.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional